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Colaborador Invitado /
Indocumentados y
discriminación Colaborador Invitado
(29-mayo-2011).-
Ricardo Bucio Mújica
Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Imagine que un grupo de personas entra en su vecindario sin violencia para
vivir varios días ahí. No se nos ocurriría que la situación no nos incumbe, o que
sólo es tema de quién es responsable de la seguridad, pues no es así. Su
estancia involucra muchos aspectos de la vida común. O imagine que usted,
quizá en búsqueda de su familia o por necesidad extrema, es quien debe
hacerlo sabiendo que implica grandes riesgos.
La indiferencia y la desigualdad de trato a quienes migran en México de forma
indocumentada, o el rechazo y agresión expresa, son expresiones de racismo y
xenofobia, motivadas por miedos, prejuicios, sensación de amenaza o
inseguridad, falta de comprensión de la situación, o de la debilidad del Estado
de Derecho.
Es sabido que en México las personas migrantes indocumentadas se han
enfrentado a diversos tipos de riesgos durante décadas, incluida la posible
pérdida de la vida y de la integridad personal. Estos riesgos, sin embargo, se
han incrementado debido a los cambios en las dinámicas y actividades del
crimen organizado, en un contexto dentro del cual se han desarrollado
condiciones para que las y los migrantes sean víctimas de extorsión, trata,
tráfico y explotación.
Las personas migrantes indocumentadas quedan seriamente expuestas al
maltrato, robo, violencia física y abuso y, debido a la necesidad intrínseca de
ser invisible mientras se emigra, pierden de facto la posibilidad de acercarse a
las autoridades para denunciar, solicitar ayuda y exigir protección. En pocas
palabras, pierden la posibilidad de exigir lo que por derecho les corresponde en
lo más fundamental: protección y trato digno.
En la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010 se
identificó a las y los migrantes indocumentados como uno de los sectores de
población a quienes menos se respetan sus derechos. Una tercera parte de la
población opinó que los derechos de las personas migrantes centroamericanas
no se respetan nada y sólo una de cada diez piensa que se respetan mucho.
Hoy día quienes migran sin documentos enfrentan estereotipos históricos muy
ligados a su pobreza, uno de los principales -o el principal- motivos por lo que
se discrimina en México. La pobreza del migrante se puede asumir a priori
como alguna forma de delincuencia, o su vulnerabilidad es tal que se abusa de
las mujeres, o asumir que si se les emplea como trabajadoras del hogar, sus
condiciones pueden ser de explotación y negación de derechos y que de
cualquier manera estarán mejor que antes.
Uno de los grandes retos del Estado es lograr la protección de los derechos de
las personas migrantes indocumentadas en igualdad de condiciones, lo que
requiere que las políticas públicas y la legislación vigente que atiende o debiera
atender a las personas migrantes indocumentadas sean diseñadas y aplicadas
integralmente, no sólo como si se dirigieran a personas de origen mexicano,
sino que, considerando una situación particular de desigualdad y de
vulnerabilidad, se apliquen medidas especiales que permitan un acceso real a
la igualdad de derechos y que den efecto práctico a lo que la ley establece en
forma.
Los problemas de la migración deben ser planteados claramente y en todas
sus dimensiones para que las soluciones del Estado, en todos los órdenes y
Poderes, sean comprensivas y diseñadas atendiendo a la particularidad de un
fenómeno que involucra, directa o indirectamente, a todas las personas. Esto
implica una tarea de coordinación que se refleje en una estrategia integral de
atención y protección de los derechos de las y los migrantes, que fue una de
las preocupaciones de las y los expertos del Comité de Protección de todos los
Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares del Sistema de las
Naciones Unidas durante la última sustentación del Estado Mexicano llevada a
cabo en abril del presente año.
Si esto se logra hacer, estaríamos en el camino para cumplir las múltiples
obligaciones que nos plantean los tratados internacionales en materia de
derechos humanos y las reiteradas recomendaciones de los órganos de
protección del Sistema de las Naciones Unidas y de la Organización de los
Estados Americanos que, a pesar de los esfuerzos realizados, todavía estamos
lejos de cumplir.
Se requiere de una sensibilidad para tratar a quien teme, con razón, ser
abusado y violentado en sus derechos más fundamentales, a quien ha dejado
todo por lograr realizar sus planes de vida -enfrentando riesgos que sólo se
explican por la situación de la cual provienen-. No hay justificación alguna para
el maltrato y menosprecio de nadie, nacional o extranjero; no hay legitimidad ni
legalidad en la violación de ningún derecho en contra de ninguna persona.
Twitter: @ricardobucio
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Fecha de publicación: 29-mayo-2011