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    Brasil: la democracia al borde del caos y los peligros del desorden jurdico

    Boaventura de Sousa Santos

    Traduccin de Antoni Aguil y Jos Luis Exeni Rodrguez

    Cuando, hace casi treinta aos, empec los estudios sobre el sistema judicial en diferentes pases, la administracin de justicia era la dimensin institucional del Estado con menos visibilidad pblica. La gran excepcin era Estados Unidos debido al papel crucial del Tribunal Supremo en la definicin de las polticas pblicas ms decisivas. Siendo el nico rgano de soberana no electo, con un carcter reactivo (no pudiendo, en general, movilizarse por propia iniciativa) y dependiendo de otras instituciones del Estado para hacer cumplir sus decisiones (servicios penitenciarios, administracin pblica), los tribunales tenan una funcin relativamente modesta en la vida orgnica de la separacin de poderes instaurada por el liberalismo poltico moderno, y tanto es as que la funcin judicial se consideraba apoltica. A ello tambin contribua el hecho de que los tribunales slo atendan conflictos individuales y no colectivos y estaban diseados para no interferir en las lites y las clases dirigentes, protegidas por inmunidades y otros privilegios. Poco se saba sobre cmo funcionaba el sistema judicial, las caractersticas de los ciudadanos que recurran a l y con qu objetivos.

    Todo ha cambiado desde entonces hasta nuestros das debido, entre otros factores, a la crisis de representacin poltica que afect a los rganos de la soberana electos, a una mayor conciencia de los derechos por parte de los ciudadanos y al hecho de que las lites polticas, desafiadas por algunos impasses polticos sobre temas controvertidos, han comenzado a ver el recurso selectivo a los tribunales como una forma de descargar el peso poltico de ciertas decisiones. Tambin fue importante el hecho de que el neoconstitucionalismo emergente de la Segunda Guerra Mundial otorgara un peso muy fuerte al control de constitucionalidad por parte de los tribunales constitucionales. Esta innovacin tuvo dos lecturas opuestas. Segn una de ellas, se trataba de someter la legislacin ordinaria a un control que impidiese su fcil instrumentalizacin por fuerzas polticas interesadas en hacer tabula rasa de los preceptos constitucionales, como sucedi, de manera extrema, en los regmenes dictatoriales nazis y fascistas. Segn la otra lectura, el control de constitucionalidad era el instrumento del que se servan las clases polticas dominantes para defenderse de posibles amenazas a sus intereses resultantes de las vicisitudes de la poltica democrtica y de la tirana de la mayora. Sea como sea, por todas estas razones surgi un nuevo tipo de activismo judicial que se conoci como judicializacin de la poltica y que inevitablemente condujo a la politizacin de la justicia.

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    La gran visibilidad pblica de los tribunales en las ltimas dcadas result, en buena medida, de los casos judiciales que involucraron a miembros de las lites polticas y econmicas. El gran punto de inflexin fue el conjunto de procesos criminales que alcanz a casi toda la clase poltica y a gran parte de la lite econmica de Italia conocido como operacin Manos Limpias. Iniciada en Miln en abril de 1992, consisti en investigaciones y detenciones de ministros, dirigentes partidarios, miembros del Parlamento (en un momento dado estaban siendo investigados alrededor de un tercio de los diputados), empresarios, funcionarios pblicos, periodistas, miembros de los servicios secretos acusados de delitos de soborno, corrupcin, abuso de poder, fraude, quiebra fraudulenta, contabilidad falsa y financiacin poltica ilegal. Dos aos ms tarde, 633 personas haban sido detenidas en Npoles, 623 en Miln y 444 en Roma. Por haber alcanzado a toda la clase poltica con responsabilidades de gobierno en el pasado reciente, el proceso Manos Limpias sacudi los cimientos del rgimen poltico italiano y estuvo en el origen de la emergencia, aos ms tarde, del fenmeno Berlusconi. Con los aos, por estas y otras razones, los tribunales han adquirido gran notoriedad pblica en muchos pases. El caso ms reciente, y quiz el ms dramtico de todos los que conozco, es la operacin Lava Jato en Brasil.

    Iniciada en marzo de 2014, esta operacin judicial y policial de lucha contra la corrupcin, en la que estn involucrados ms de un centenar de polticos, empresarios y administradores, ha venido convirtindose poco a poco en el centro de la vida poltica brasilea. Al entrar en su 24 fase, con la implicacin del expresidente Lula da Silva y la forma en que fue ejecutada, est provocando una crisis poltica de dimensiones similares a la que precedi el golpe de Estado que en 1964 instaur una odiosa dictadura militar que durara hasta 1985. El sistema judicial, que tiene a su cargo la defensa y garanta del orden jurdico, se transforma en un peligroso factor de desorden jurdico. Medidas judiciales flagrantemente ilegales e inconstitucionales, la selectividad grosera del celo persecutorio, la promiscuidad aberrante con los medios de comunicacin al servicio de las lites polticas conservadores, el hiperactivismo judicial aparentemente anrquico, traducido, por ejemplo, en 27 medidas cautelares que buscan el mismo acto poltico (impedir la nominacin ministerial de Lula da Silva), todo esto conforma una situacin de caos judicial que resalta la inseguridad jurdica, profundiza la polarizacin social y poltica y pone la propia democracia brasilea al borde del caos.

    Con el orden jurdico transformado en desorden jurdico, con la democracia secuestrada por el rgano soberano que no es elegido, la vida poltica y social se convierte en un potencial campo de despojos a merced de aventureros y buitres polticos. Llegados hasta aqu, se imponen varias preguntas. Cmo se ha llegado a este punto? Quin se aprovecha de esta situacin? Qu debe hacerse para salvar la democracia brasilea y las instituciones que la sostienen, incluyendo en particular a los tribunales? Cmo atacar esta hidra de muchas cabezas de modo que a cada cabeza cortada no crezcan ms cabezas? Trato de identificar en este texto algunas pistas de respuesta.

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    Cmo hemos llegado a este punto?

    Por qu razn la operacin Lava Jato est sobrepasando todos los lmites de la polmica que normalmente suscita cualquier caso destacado de activismo judicial? Tngase en cuenta que a menudo se ha invocado la similitud con el proceso de Manos Limpias en Italia para justificar la notoriedad y agitacin pblicas causadas por el activismo judicial. Sin embargo, las similitudes son ms aparentes que reales. Hay, por el contrario, dos diferencias decisivas entre ambas operaciones. Por un lado, los magistrados italianos mantuvieron un escrupuloso respeto por el proceso penal y, a lo sumo, se limitaron a aplicar normas estratgicamente olvidadas por un sistema judicial conformista y connivente con los privilegios de las elites polticas dominantes en la vida poltica italiana de posguerra. Por otro, procuraron investigar con el mismo celo los delitos de dirigentes polticos de diferentes partidos polticos con responsabilidades gubernamentales. Asumieron una posicin polticamente neutral precisamente para defender el sistema judicial de los ataques que sin duda recibira por parte de los afectados de sus investigaciones y acusaciones. Todo esto est en las antpodas del triste espectculo que un sector del sistema judicial brasileo est dando al mundo. El impacto del activismo de los magistrados italianos lleg a ser designado como Repblica de los Jueces. En el caso del activismo del sector judicial lavajatista, podemos hablar, como mucho, de Repblica judicial bananera. Por qu? Por el impulso externo que con toda evidencia est detrs de esta instancia especfica de activismo judicial brasileo y que estuvo en gran medida ausente en el caso italiano. Este impulso dicta la selectividad flagrante de celo investigador y acusador. A pesar de estar involucrados responsables de varios partidos, la operacin Lava Jato, con la complicidad de los medios de comunicacin, se ha esmerado en la implicacin de lderes del PT con el objetivo, hoy indisimulable, de suscitar el asesinato poltico de la presidenta Dilma Rousseff y del expresidente Lula da Silva.

    Por la importancia del impulso externo y la selectividad de la accin judicial que tiende a provocar, la operacin Lava Jato tiene ms similitudes con otra operacin judicial llevada cabo en Alemania, durante la Repblica de Weimar, tras el fracaso de la revolucin alemana de 1918. A partir de ese ao, y en un contexto de violencia poltica proveniente tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha, los tribunales alemanes revelaron una dualidad chocante de criterios: castigar severamente la violencia de la extrema izquierda y tratar con gran benevolencia la violencia de la extrema derecha, la misma que aos ms tarde llevara a Hitler al poder.

    En el caso brasileo, el impulso externo son las lites econmicas y las fuerzas polticas a su servicio que no se conforman con la prdida de las elecciones en 2014 y que, en un contexto global de crisis de acumulacin del capital, se sintieron fuertemente amenazadas por cuatro aos ms sin controlar la parte de los recursos del pas directamente vinculada al Estado en el que siempre se bas su poder. Esta amenaza ha llegado al paroxismo con la perspectiva de que Lula da Silva, considerado el mejor presidente de Brasil desde 1988 y que dej el gobierno con un ndice de aprobacin del 80%, se postule como candidato presidencial en 2018. A partir de ese momento, la

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    democracia brasilea dej de ser funcional para este bloque poltico conservador y comenz la desestabilizacin poltica.

    La seal ms evidente de la pulsin antidemocrtica fue el movimiento por el impeachment [proceso de destitucin] de la presidenta Dilma pocos meses despus de su toma de posesin, algo si no inslito, al menos muy poco comn en la historia democrtica de las ltimas tres dcadas. Bloqueados en su lucha por el poder a travs de la regla democrtica de las mayoras (la tirana de las mayoras), trataron de poner a su servicio el rgano de soberana menos dependiente del juego democrtico y especficamente diseado para proteger a las minoras, es decir, los tribunales. La operacin Lava Jato, en s misma extremamente meritoria, fue el instrumento utilizado. Contando con la cultura jurdica conservadora dominante en el sistema judicial, en las facultades de derecho y en el pas en general, y con un arma meditica de alta potencia y precisin, el bloque conservador ha hecho todo lo posible para desvirtuar la operacin Lava Jato, desvindola de sus objetivos judiciales, en s mismos fundamentales para la profundizacin democrtica, y convirtindola en una operacin de exterminio poltico. Esta alteracin consisti en mantener la fachada institucional de la operacin Lava Jato, pero adulterando profundamente la estructura funcional que la animaba mediante la sobreposicin de la lgica poltica a la lgica judicial. En tanto la lgica judicial se asienta en la coherencia entre medios y fines dictada por las reglas procesales y las garantas constitucionales, la lgica poltica, cuando es animada por la pulsin antidemocrtica, subordina los fines a los medios y define su eficacia por el grado de esa subordinacin.

    En todo este proceso, tres grandes factores juegan a favor de los designios del bloque conservador. El primero result de la dramtica descaracterizacin del PT como partido democrtico de izquierda. Una vez en el poder, el PT decidi gobernar a la antigua usanza (es decir, oligrquica) para fines nuevos e innovadores. Ignorante de la leccin de la Repblica de Weimar, crey que las irregularidades que cometiese seran tratadas con la misma benevolencia con que eran tradicionalmente tratadas las irregularidades de las lites y clases polticas conservadoras que haban dominado el pas desde la independencia. Ignorante tambin de la leccin marxista que deca haber asumido, no fue capaz de ver que el capital solo confa en los suyos para gobernar y que nunca es grato con quien, no siendo suyo, le hace favores. Aprovechando un contexto internacional de excepcional valorizacin de los productos primarios, provocado por el desarrollo de China, incentiv a los ricos a enriquecerse como condicin para disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo las extraordinarias polticas de redistribucin social que hicieron de Brasil un pas sustancialmente menos injusto al liberar a ms de 45 millones de brasileos del yugo endmico de la pobreza. Terminado el contexto internacional favorable, solo una poltica "a la nueva moda" podra dar sustento a la redistribucin social, o sea, una poltica que, entre muchas otras vertientes, se asentase en la reforma poltica para neutralizar la promiscuidad entre el poder poltico y el poder econmico, en la reforma fiscal para que tributen los ricos a fin de financiar la redistribucin social despus del fin del boom de las commodities, y en la reforma de los medios de comunicacin, no para censurar sino para garantizar la diversidad de la opinin publicada. Era, sin embargo,

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    demasiado tarde para tanta cosa que solo podra haber sido hecha a su tiempo y fuera del contexto de crisis.

    El segundo factor, relacionado con ste, es la crisis econmica global y el frreo control que tiene sobre ella quien la causa, el capital financiero, entregado a su vorgine autodestructiva, destruyendo riqueza bajo el pretexto de crear riqueza, transformando el dinero de medio de intercambio en mercanca por excelencia del negocio de la especulacin. La hipertrofia de los mercados financieros no permite el crecimiento econmico y, por el contrario, exige polticas de austeridad mediante las cuales los pobres son conferidos al deber de ayudar a los ricos a mantener su riqueza y, si es posible, a ser ms ricos. En estas condiciones, las precarias clases medias creadas en el perodo anterior quedan al borde del abismo de la pobreza abrupta. Intoxicadas por los media conservadores, convierten fcilmente a los gobiernos responsables de lo que son hoy en responsables de lo que les puede suceder maana. Esto es tanto ms probable en cuanto que su viaje desde la senzala hacia los patios exteriores de la Casa Grande fue realizado con el billete del consumo y no con el de la ciudadana [1].

    El tercer factor a favor del bloque conservador es el hecho de que el imperialismo norteamericano est de regreso en el continente despus de sus aventuras en Oriente Medio. Hace cincuenta aos, los intereses imperialistas no conocan otro medio sino las dictaduras militares para alinear a los pases del continente con sus intereses. Hoy disponen de otros medios que consisten bsicamente en financiar proyectos de desarrollo local y organizaciones no gubernamentales en las que la defensa de la democracia es la fachada para atacar de forma agresiva y provocadora a los gobiernos progresistas ("fuera el comunismo", "fuera el marxismo", "fuera Paulo Freire", "no somos Venezuela", etctera). En tiempos en que la dictadura puede ser dispensada si la democracia sirve a los intereses econmicos dominantes, y en que los militares, todava traumatizados por las experiencias anteriores, parecen no estar disponibles para nuevas aventuras autoritarias, estas formas de desestabilizacin son consideradas ms eficaces porque permiten sustituir gobiernos progresistas por gobiernos conservadores manteniendo la fachada democrtica. Los financiamientos que hoy circulan abundantemente en Brasil provienen de una multiplicidad de fondos (la nueva naturaleza de un imperialismo ms difuso), desde las tradicionales organizaciones vinculadas a la CIA hasta los hermanos Koch, que en los Estados Unidos financian la poltica ms conservadora y tienen intereses sobre todo en el sector del petrleo, y las organizaciones evanglicas norteamericanas.

    Cmo salvar la democracia brasilea?

    La primera y ms urgente tarea es salvar el rgano judicial brasileo del abismo en que est entrando. Para eso, el sector ntegro del sistema judicial, que ciertamente es mayoritario, debe asumir la tarea de reponer el orden, la serenidad y la contencin en el interior del sistema. El principio orientador es simple de formular: la independencia de los tribunales en el Estado de derecho busca permitir a los tribunales cumplir con su cuota de responsabilidad en la consolidacin del orden y la convivencia democrticas. Para ello no pueden

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    poner su independencia al servicio de intereses corporativos, ni de intereses polticos sectoriales, por muy poderosos que sean. El principio es fcil de formular pero muy difcil de aplicar. La responsabilidad mayor en su aplicacin reside ahora en dos instancias. El STF (Supremo Tribunal Federal) debe asumir su papel de mximo garante del orden jurdico y poner trmino a la anarqua jurdica que se est instaurando. Muchas decisiones importantes recaern sobre el STF en los prximos tiempos y ellas deben ser acatadas por todos, cualquiera sea su tenor. El STF es en este momento la nica institucin que puede trabar la dinmica de estado de excepcin que est instalada. Por su parte, el CNJ (Consejo Nacional de Justicia), al que compete el poder disciplinario sobre los magistrados, debe instaurar de inmediato procesos disciplinarios por reiterada prevaricacin y abuso procesal, no solo al juez Srgio Moro sino tambin a todos los otros que siguieron el mismo tipo de actuacin. Sin medidas disciplinarias ejemplares, el rgano judicial brasileo corre el riesgo de perder todo el peso institucional que ciment en las ltimas dcadas, un peso que, como sabemos, no fue siquiera usado para favorecer fuerzas o polticas de izquierda. Solo fue conquistado manteniendo la coherencia y la isonoma entre medios y fines.

    Si esta primera tarea fuese realizada con xito, la separacin de poderes estar garantizada y el proceso poltico democrtico seguir su curso. El gobierno de Dilma decidi acoger a Lula da Silva entre sus ministros. Est en su derecho de hacerlo y no compete a ninguna institucin, y mucho menos al rgano judicial, impedirlo. No se trata de huir de la justicia por parte de un poltico que nunca huy de la lucha, dado que ser juzgado (si ese fuera el caso) por quien siempre lo juzgara en ltima instancia: el STF. Sera una aberracin jurdica aplicar en este caso la teora del juez natural de la causa. Puede, eso s, discordarse del acierto de la decisin poltica tomada. Lula da Silva y Dilma Rousseff saben que hacen una jugada arriesgada. Tanto ms arriesgada si la presencia de Lula no significa un cambio de rumbo que arrebate a las fuerzas conservadoras el control sobre el grado y el ritmo de desgaste que ejercen sobre el gobierno. En el fondo, solo elecciones presidenciales anticipadas permitiran reponer la normalidad. Si la decisin de Lula-Dilma saliera mal, la carrera de ambos habr llegado a su fin, un fin indigno y particularmente indigno para un poltico que tanta dignidad devolvi a tantos millones de brasileos. Adems, el PT necesitar muchos aos hasta volver a ganar credibilidad entre la mayora de la poblacin brasilea, y para eso tendr que pasar por un proceso de profunda transformacin. Si todo sale bien, el nuevo gobierno tendr que cambiar urgentemente de poltica para no frustrar la confianza de los millones de brasileos que estn saliendo a las calles contra los golpistas. Si el gobierno brasileo quiere ser ayudado por tantos manifestantes, tiene que ayudarlos a tener razones para ayudarlo. Es decir, sea en la oposicin, sea en el gobierno, el PT est condenado a reinventarse. Y sabemos que en el gobierno esta tarea ser mucho ms difcil.

    La tercera tarea es todava ms compleja porque en los prximos tiempos la democracia brasilea tendr que ser defendida tanto en las instituciones como en las calles. Como en las calles no se hace formulacin poltica, las instituciones tendrn la prioridad debida incluso en tiempos de pulsin autoritaria y de excepcin antidemocrtica Las maniobras de desestabilizacin

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    van a continuar y sern tanto ms agresivas cuanto ms visible sea la debilidad del gobierno y de las fuerzas que lo apoyan. Habr infiltracin de provocadores tanto en las organizaciones y movimientos populares como en las protestas pacficas que realicen. La vigilancia tendr que ser total ya que este tipo de provocacin est hoy siendo utilizado en muchos contextos para criminalizar la protesta social, fortalecer la represin estatal y crear estados de excepcin, utilizando para ello la fachada de normalidad democrtica. De algn modo, como ha sostenido Tarso Genro, el estado de excepcin ya est instalado, por lo que la bandera "No habr golpe" tiene que ser entendida como denuncia del golpe poltico-judicial que ya est en curso, un golpe de nuevo tipo que es necesario neutralizar.

    Finalmente, la democracia brasilea puede beneficiarse de la experiencia reciente de algunos pases vecinos. El modo en que las polticas progresistas fueron realizadas en el continente no permiti dislocar hacia la izquierda el centro poltico a partir del cual se definen las posiciones de izquierda y de derecha. Por eso, cuando los gobiernos progresistas son derrotados, la derecha llega al poder poseda por una virulencia inaudita orientada a destruir en poco tiempo todo lo que fue construido a favor de las clases populares en el perodo anterior. La derecha viene entonces con un nimo revanchista destinado a cortar de raz la posibilidad de que vuelva a surgir un gobierno progresista en el futuro. Y logra la complicidad del capital financiero internacional para inculcar en las clases populares y en los excluidos la idea de que la austeridad no es una poltica con la que se puedan enfrentar, sino un destino al que se deben acomodar. El gobierno de Macri en Argentina es un caso ejemplar al respecto.

    La guerra no est perdida, pero tampoco se ganar si solamente se acumulan batallas perdidas, lo que suceder si se insiste en los errores del pasado.

    Notas

    [1] Casa-Grande e Senzala (1933), traducido al castellano como Los maestros y los esclavos, es una obra del antroplogo Gilberto Freyre que trata sobre la formacin de la moderna sociedad brasilea bajo el rgimen del monocultivo colonial de la caa de azcar. La Casa Grande alude al lugar donde vivan los seores explotadores de esclavos que cultivaban el azcar y la senzala se refiere a las habitaciones de los esclavos negros [N. del T.].