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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIASnúm. 75 de 31-iii-2015 1/5
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I. Principado de Asturias
Otras DispOsiciOnes •Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente
ACuerdo de 25 de marzo de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el reconocimiento de la línea de término jurisdiccional entre los concejos de Bimenes y Laviana (Principado de Asturias).
examinado por el Consejo de Gobierno del Principado de asturias el expediente de referencia mU/01/05, tramitado ante el Centro de Cartografía del Principado de asturias, órgano instructor del mismo, vistos los informes técnico y jurí-dico, y de acuerdo con el Consejo Consultivo del Principado de asturias y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.
antecedentes de hecho
Primero.—el procedimiento objeto de este expediente consiste en el reconocimiento de la totalidad de la línea de término entre los concejos de Bimenes y Laviana, dadas las divergencias que parecen haber aflorado en cuanto a la manera de apreciar el sitio por donde debe discurrir la línea límite, surgiendo la necesidad de precisar la ubicación de los mojones. en lo que respecta a los mojones extremos de la línea, estarían afectados los ayuntamientos de san martín del rey aurelio (mojón primero) y de nava (mojón octavo y último).
Segundo.—el procedimiento se inicia a instancias de los ayuntamientos de bimenes y laviana que, mediante escritos de fechas 11 de julio y 6 de noviembre de 2008, respectivamente, remiten al Principado de asturias sendas actas de disconformidad correspondientes a la reunión celebrada el día 25 de abril de 2008, por las Comisiones de deslinde, junto con los datos, antecedentes y detalles que ambos Ayuntamientos estimaron necesarios para justificar sus apreciaciones, siendo órgano instructor el Centro de Cartografía del Principado de asturias.
Tercero.—recibidas las actas de disconformidad de las Comisiones de deslinde; el Principado de asturias, mediante oficio de fecha 10 de diciembre de 2008, procede a su envío al Instituto Geográfico Nacional (en adelante, IGN) junto con copia de todo el expediente, para que ése órgano designase personal para la realización del reconocimiento de los mojones sobre el terreno.
Cuarto.—a propuesta del propio iGn, el Centro de Cartografía del Principado de asturias convoca a dicho iGn y a las Comisiones de deslinde de bimenes y laviana a una reunión que se celebró el día 20 de mayo de 2009, tras la cual, dichos ayuntamientos remitieron sendas actas de disconformidad al órgano instructor, a fechas de 3 de julio de 2009, laviana, y 15 de julio de 2009, bimenes.
Quinto.—a instancias del iGn y a los efectos de completar el deslinde de los términos municipales, el Centro de Carto-grafía convoca al propio iGn y a los ayuntamientos de bimenes, laviana, nava y san martín del rey aurelio, a una nueva reunión a celebrar el 16 de diciembre de 2009, haciéndose constar que las Comisiones de deslinde estarán compuestas de conformidad con el artículo 17.1 del r.d. 1690/1986.
Sexto.—tras la reunión, se reciben las propuestas de los ayuntamientos junto con los datos, antecedentes y detalles que éstos estimaron necesarios para justificar sus apreciaciones. Esta documentación se envió al IGN. Recibido el infor-me-propuesta del iGn, se remite una copia del mismo a los ayuntamientos afectados, a fecha 29 de junio de 2010.
Séptimo.—el iGn, a petición del órgano instructor, remite a fecha 14 de febrero de 2012, un informe conteniendo aclaración sobre la fundamentación de la línea límite propuesta, cuya copia es remitida a los ayuntamientos afectados, el 29 de febrero de 2012.
octavo.—el órgano instructor acuerda la apertura de un período de prueba de treinta días, a efectos de la presenta-ción de la documentación a que se hacía referencia en el texto del Acuerdo, lo que fue notificado a los Ayuntamientos interesados, a fecha de 22 de marzo de 2012, recibiéndose a continuación, determinada documentación remitida por éstos.
Noveno.—Con fecha de 4 de octubre de 2012, el órgano instructor remite copia del expediente al servicio de montes de la Dirección General de Política Forestal del Principado de Asturias, solicitándose aclaración sobre el Deslinde del Mon-te de Utilidad Pública n.º 266 “Peñamayor” y requiriéndose la remisión de cualquier documentación que pudiera afectar al deslinde jurisdiccional entre los términos municipales de bimenes y laviana. el Centro de Cartografía, recibe dicho informe a fecha 4 de abril de 2013.
décimo.—redactados los informes jurídico y técnico por el Centro de Cartografía, a fecha 3 de julio de 2013, se da por instruido el procedimiento y se abre el trámite de audiencia. Recibidas las alegaciones remitidas por los Ayuntamientos de nava, laviana y bimenes, se emite un nuevo informe jurídico del Centro de Cartografía y se elabora la correspon-diente propuesta de resolución.
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undécimo.—en reunión celebrada el día 20 de enero de 2014, la Comisión de secretarios Generales técnicos informa favorablemente el acuerdo por el que se aprueba el reconocimiento de la línea de término jurisdiccional entre los conce-jos de bimenes y laviana; tras lo cual, Presidencia del Principado de asturias solicita el preceptivo dictamen del superior órgano consultivo de la Comunidad autónoma.
duodécimo.—a continuación, se recibe el dictamen núm. 38/2014 del Consejo Consultivo del Principado de asturias, por el que se dictamina que no procede aprobar el reconocimiento de la línea límite y que debe retrotraerse el procedi-miento al objeto de realizar nuevos actos de instrucción.
decimotercero.—el Centro de Cartografía acuerda la retroacción del expediente, al efecto de realizar nuevos actos de instrucción, elaborándose nuevos informes jurídico y técnico y abriéndose, a continuación, un nuevo período de au-diencia a los interesados, cuyo plazo inicial de quince días fue ampliado a petición del ayuntamiento de laviana; tras lo cual los Ayuntamientos de Laviana y Bimenes remiten en tiempo y forma sus respectivas alegaciones, cuyo análisis fue objeto de un nuevo informe del Centro de Cartografía.
decimocuarto.—elaborada una nueva propuesta de resolución, se somete a la Comisión de secretarios Generales técnicos que, en reunión celebrada el día 26 de diciembre de 2014, la informa favorablemente; tras lo cual, Presiden-cia del Principado de asturias vuelve a solicitar un nuevo dictamen del superior órgano consultivo de la Comunidad autónoma.
decimoquinto.—se recibe el dictamen núm. 38/2015 del Consejo Consultivo del Principado de asturias, que concluye que “procede aprobar el reconocimiento de línea de término entre los concejos de bimenes y laviana”. Finalmente y de acuerdo con este último dictamen del superior órgano de consulta de la Comunidad autónoma, se elabora la correspon-diente Propuesta de resolución para su remisión al Consejo de Gobierno del Principado de asturias.
Fundamentos de derecho
Primero.—el artículo 13.1 de la ley 7/1985, de bases de régimen local, establece que la alteración de los términos municipales se regulará por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local. La materia de alteración de términos municipales viene recogida en la ley del Principado de asturias 10/1986, de 7 de noviembre, reguladora de la demarcación territorial de los Concejos del Principado de asturias. no obstante, esta ley no regula el concreto procedimiento de deslinde jurisdiccional, por lo que, al no existir en el Principado de asturias normativa propia relativa a la materia de deslindes jurisdiccionales, habrá que atenerse a la regulación recogida en los artículos 17 a 25 del Regla-mento de Población y demarcación territorial de las entidades locales, aprobado mediante el real decreto 1690/1986, de 11 de julio.
Segundo.—el artículo 4.1.d) de la ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local atribuye a los municipios la potestad de deslinde, que es la operación por la cual se fijan los términos jurisdiccionales de un municipio.
La intervención de la Comunidad Autónoma sólo se producirá en caso de existir divergencias entre los municipios a la hora de apreciar el sitio por donde debe pasar la línea divisoria o en el que deban colocarse los hitos o mojones, según viene establecido por el artículo 24 del reglamento de Población y demarcación territorial, previo informe del iGn y dictamen del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de aquélla, si existiere o, en su defecto, del Consejo de estado.
Las competencias para resolver las controversias entre Concejos que susciten los deslindes no están expresamente atribuidas a ningún órgano de la Comunidad Autónoma; no obstante, la práctica seguida en el Principado de Asturias es la de aprobar los deslindes de términos municipales por acuerdo del Consejo de Gobierno, decisión que tiene amparo legal, en el artículo 25.z) de la ley del Principado de asturias 6/1984, de 5 de julio.
Tercero.—en cuanto al fondo del asunto, como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones a lo largo del expediente tramitado, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo proclama unánimemente que “en los expedientes de deslinde ha de atenderse con preferencia a lo que resulta de deslindes anteriores practicados de conformidad con los municipios inte-resados, y a falta de ellos, a los documentos que aun no siendo de deslinde expresen de un modo preciso la situación de los terrenos cuestionados, ateniéndose, finalmente a las circunstancias de las fincas o heredades que se encuentren enclavadas en el terreno litigioso y a las demás pruebas que contribuyan a formar juicio sobre el asunto y de las que pueda deducirse con certeza a cuál de las partes favorece la posesión de hecho”.
a la vista de la documentación obrante en el expediente, no se pudo extraer la existencia de documentación jurisdic-cional relativa a deslindes anteriores practicados de conformidad con los municipios interesados, ni tampoco documentos que, aun no siendo de deslinde, expresasen de un modo preciso la situación de los terrenos cuestionados. asimismo, se entendió que los Ayuntamientos afectados no aportaron documentación de la que pudiera deducirse con certeza a cuál de las partes favorecía la posesión de hecho.
Por tanto, dando por concluida la instrucción del expediente, el 17 de diciembre de 2013 el Centro de Cartografía procedió a elevar propuesta de resolución mediante la cual se recomendaba acudir a la línea de planeamiento urbanístico municipal de ambos concejos, al efecto de fijar la línea límite jurisdiccional entre ambos municipios en el tramo en el que existen discrepancias (mojón quinto al último), respetando la línea límite consensuada entre las partes en el tramo comprendido entre los mojones números 1 al 5.
Los argumentos que motivaron acudir a la línea fijada por el planeamiento urbanístico fueron que éste puede conside-rarse, de una parte y en sí mismo, un acto revelador del ejercicio de una potestad administrativa, —la llamada potestad de planeamiento—, pues en su elaboración, tramitación y aprobación participa activamente el ayuntamiento afectado; y, de otra parte, su aplicación implica, a su vez, el ejercicio de potestades administrativas por parte de los ayuntamien-tos, al otorgar o denegar, en su caso, licencias urbanísticas en el territorio comprendido dentro del ámbito geográfico delimitado por el planeamiento, en el que pueden ejercer potestades de policía, intervención, inspección, protección de
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la legalidad, sanción y expropiación. Potestades todas ellas, cuyo ejercicio se presupuso que habían estado ejerciendo los Ayuntamientos afectados en el ámbito geográfico de su competencia; presunción que no fue destruida mediante prueba en contrario.
no obstante los argumentos anteriores, se recibe el dictamen núm. 38/2014 del Consejo Consultivo del Principado de asturias, por el que se dictamina que no procede aprobar el reconocimiento de la línea límite y que debe retrotraerse el procedimiento al objeto de agotar el examen de los posibles elementos de hecho que acrediten la existencia de actos reveladores del ejercicio efectivo de potestades administrativas por parte de los ayuntamientos en la zona de litigio, dado que —a su juicio— no se han valorado correctamente los distintos elementos de prueba aportados, debiendo rea-lizarse los actos de instrucción que resulten necesarios en orden a determinar la posesión de hecho sobre los terrenos a que se refiere el Ayuntamiento de Bimenes, todo ello en relación con los actos administrativos que aporta en el período probatorio, así como la posible influencia de las delimitaciones de montes, tanto públicos como privados, que convergen sobre la zona, a los que a su vez alude dicho Ayuntamiento. En caso de que finalmente la controversia tampoco pudiera ser resuelta, considera más adecuado el superior órgano consultivo de esta Comunidad Autónoma, que el cierre de la línea entre los mojones quinto y octavo se realice mediante la traza de una línea recta, que en alguna medida dividi-ría el terreno litigioso, antes que acudir a una línea poligonal derivada de un mapa topográfico cuyas bases resultan desconocidas.
Por todo lo anterior, el Centro de Cartografía acordó la retroacción de la tramitación del procedimiento a la fase ins-tructora, realizándose a continuación, los meritados actos de instrucción, reflejados en nuevos informes, tanto jurídico, de fecha 30 de mayo de 2014, como técnico, de fecha 16 de julio de 2014. en los mismos se analiza nuevamente toda la documentación aportada por los ayuntamientos durante la tramitación, tanto los referidos a los actos administrativos aportados para acreditar la posesión de hecho, como la posible influencia de las delimitaciones de montes, tanto pú-blicos como privados, que convergen en la zona. ambos informes concluyen que toda esta documentación adolece de carácter probatorio respecto a la posesión de hecho en la zona de conflicto; los referidos a los actos administrativos, por no aportar documentación suficiente que acredite dichos actos, y los referidos a las delimitaciones de montes, por no contar con deslinde oficial aprobado en el caso de los públicos, y por no ser posible, con los datos aportados, delimitarlos inequívocamente, en el caso de los privados.
Posteriormente, se notificó el acuerdo de retroacción a las partes interesadas, abriéndose un nuevo período de au-diencia. los ayuntamientos de bimenes y laviana remiten escritos de alegaciones, junto con nueva documentación que pretende justificar el ejercicio de jurisdicción en la zona en conflicto.
de la documentación aportada, se desprende que ambos ayuntamientos han reivindicado haber ejercido jurisdic-ción, parcialmente, si bien en ninguno de los casos se ha acreditado documentalmente la localización concreta en que se materializó dicho ejercicio. En cualquier caso, se trataría de actos esporádicos de jurisdicción, realizados en un corto lapso de tiempo, de forma que no alcanzarían a justificar el uso que de este criterio hace el Tribunal Supremo, que reputa como lícita la utilización del precedente de los actos de autoridad y gestión administrativa efectuados durante un largo período de tiempo sin encontrar una oposición equivalente por parte de la Corporación vecina (sentencia de 30 de noviembre de 1964). y en la medida en que dichos documentos que pretenden acreditar actos jurisdiccionales son, además, aportados por ambas partes, ha de concluirse su inutilidad a efectos de dirimir la controversia, en razón a contrarrestarse mutuamente.
En conclusión, y dado que la documentación unida no es clarificadora —como también sostiene el superior órgano consultivo de la Comunidad Autónoma que, en su Dictamen Núm. 38/2015, manifiesta que en la zona de litigio no se ha acreditado fehacientemente la existencia de actos que revelen el ejercicio efectivo de potestades administrativas que denoten una posesión de hecho—, parece acertado acoger el parecer del Consejo Consultivo del Principado de asturias, que considera más adecuado que el cierre de la línea entre los mojones quinto y octavo se realice mediante la traza de una línea recta, que dividiría el terreno litigioso. Ello tiene además fundamento en la jurisprudencia del Tribunal Supre-mo, que tiene declarado que “si los elementos aportados por ambos ayuntamientos no acreditan de manera clara el preferente derecho de ninguno de ellos, hubo de atenerse (...) en el deslinde a la situación de hecho existente, dividiendo por igual la superficie en discordia” (Sentencia de 23 junio de 1941).
Por todo lo anterior y según lo expuesto, la línea límite de deslinde jurisdiccional entre bimenes y laviana queda configurada de la siguiente manera:
— del mojón n.º 1 al mojón n.º 5 (tramo en que existe conformidad entre los ayuntamientos afectados), la línea propuesta de común acuerdo por los ayuntamientos.
— Del mojón n.º 5 al n.º 8 y último (tramo en que no existe conformidad), la línea de término será la línea recta que une ambos puntos.
Por lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Principado de asturias, el Consejo de Gobierno del Principado de asturias
a C U e r d a
Primero.—aprobar el reconocimiento de los mojones primero a octavo de la línea límite jurisdiccional entre los conce-jos de Bimenes y Laviana (Principado de Asturias), conforme al trazado que se refleja en el mapa anexo a este Acuerdo, cuyas coordenadas se definen a continuación, ello sin perjuicio del derecho de propiedad que pueda existir sobre las parcelas a las que afecte el deslinde.
Mojones XUTM ETRS89 YUTM ETRS89M1=M3T 292725 4796534
M2 293331 4796737
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Mojones XUTM ETRS89 YUTM ETRS89M3 294113 4796854M4 294497 4796610M5 294949 4796579
M8=M3T 296423 4797564
el mojón primero (m1=m3t) es común a los términos municipales de bimenes, laviana y san martín del rey aurelio, mientras que el mojón último (m8=m3t) es común a los términos municipales de bimenes, laviana y nava. la línea límite entre cada dos mojones consecutivos, desde el mojón m1=m3t al m5, es la divisoria de aguas por la que discurre la línea límite propuesta. del mojón m5 al m8=m3t, la línea de término jurisdiccional es la línea recta que los une. el listado de coordenadas se relaciona en el sistema de referencia geodésico etrs89, proyección Utm30.
Segundo.—disponer la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Tercero.—Notificar el presente Acuerdo a los Ayuntamientos afectados, en los términos previstos en el artículo 58 y concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Pro-cedimiento Administrativo Común. Asimismo, se dará conocimiento de este Acuerdo al Instituto Geográfico Nacional y al registro de entidades locales de la administración del estado, a efectos de su inscripción en el registro de entidades Locales. Se comunicará al Consejo Consultivo del Principado de Asturias, conforme a lo dispuesto por el artículo 6.4 del decreto 75/2005, de 14 de julio, por el que se aprueba el reglamento de organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo del Principado de asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él los interesados podrán interponer recurso contencioso-admi-nistrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Sin perjuicio de ello, los interesados podrán interponer con carácter previo al anterior y potestativo, recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación. En caso de que se interponga recurso de reposición, no se podrá in-terponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Las Administraciones Públicas legitimadas para impugnar el acto podrán interponer recurso contencioso-administra-tivo en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un requerimiento previo de anulación o revocación del acto en el plazo de dos meses, requerimiento que se entenderá rechazado si no es contestado en el plazo de un mes. Cuando se hubiera realizado tal requerimiento, el plazo de dos meses para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en el que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presunta-mente rechazado.
dado en oviedo, a 13 de marzo de 2015.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente.—Cód. 2015-05746.
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