BOLETÍN MENSUAL DICIEMBRE 2009 Nº 51 www.ir-pv.com ir-pv@hotmail.com

Izquierda Republicana es un partido político que defiende el

republicanismo de izquierdas como forma de pensamiento y práctica política que haga avanzar la sociedad reduciendo las desigualdades sociales y creando una estructura estatal en la que las nacionalidades y regiones puedan convivir sin recortes en su desarrollo y donde la Educación y la Cultura carezcan de supersticiones religiosas, dando lugar a que los ciudadanos de hoy y mañana dispongan de un pensamiento racional y libre.

Un republicanismo que frente a una monarquía impuesta por el dictador Franco exige que la Igualdad se cumpla en todos los ámbitos de la vida política, comenzando por la Jefatura del Estado que debe ser también elegida por libre Sufragio. Un presidente electo para una República parlamentaria en la que la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial sea estricta, buscando la máxima participación de los ciudadanos en los procesos de elección de sus miembros. Izquierda Republicana se fundó como partido el 3 de abril de 1934 eligiendo como presidente a Manuel Azaña, que fue Presidente de la República de 1936 a 1939. IR formó parte de todos los gobiernos hasta el final de la Guerra Civil. El último presidente de IR en el exilio fue el alicantino Carlos Esplá, que falleció en México en 1971. Con la reinstauración de la monarquía IR fue postergada de tal manera que no fue legalizada en las primeras elecciones, sino cinco meses después, imposibilitándonos el poder presentarnos. En cambio otros partidos totalitarios sí pudieron presentarse. Así se aseguró la dictadura y la mal denominada transición que IR y el republicanismo no fuera una opción democrática a la que pudieran votar los ciudadanos. Pese a esto IR continuó sus actividades políticas como miembro de la Mesa por el Referéndum OTAN en 1984 y participando en la creación de Izquierda Unida en 1986 hasta marzo de 2002, comenzando a partir de entonces una nueva andadura en solitario.

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El pasado sábado 14 de noviembre se celebró en el hotel Goya de Alicante un Congreso Extraordinario de Izquierda Republicana del País Valencià.

Hubo un gran número de asistentes, con presencia de afiliados de las provin- cias de Alicante, Castellón y Valencia. Asistieron como invitados la Secretaria de Organización Federal, Concepción Moreno y el secretario General de IR, Angel Verdura.

Angel Verdura, Secretario General de IR

Se renovaron los principales cargos de IRPV (Comisión Ejecutiva Regional y Comisión de Disciplina) Las agrupaciones provinciales con mayor peso en IRPV, Alicante y Valencia, detallaron cuales son sus objeti- vos a corto plazo y los planes de acción acordados.

El Secretario General de IR clausuró el Congreso Extraordinario de IRPV.

CONGRESO EXTRAORDINARIO DE IRPV

Izquierda Republicana de AlicanteSecretaría de Comunicación

La verdad es que no podía haber empezado mejor esta nueva sección. La idea que empezamos a debatir aquí, creadacon vuestras aportaciones, la enviamos a la Comisión de Economía y Mundo laboral de IR. El resultado es un documentopolítico que realiza propuestas realistas y perfectamente realizables para proteger a la mayoría de los ciudadanos en loscasos en los que se está despidiendo a muchas personas de forma arbitraria e injustificable. A continuación os copiamosel texto definitivo en el que TODOS hemos participado.

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Propuesta de la Agrupación Local de IR de Alicante que recoge la Comisión de Economía y Mundo Laboral Para realizar propuestas que interesen a la mayoría de los ciudadanos y tras el informe que realizó nuestra Comisión de Economía y Mundo Laboral sobre la Banca Pública -publicado en el boletín Nº 47, págs 4 y 5- en el que detallamos el papel que para los republicanos de IR debe cumplir dicha Banca, hemos abierto un debate sobre la facilidad con la que se está despidiendo, injustamente, a muchos trabajadores y lo que supone para esas familias. El final de este debate debe ser un conjunto de normas que defiendan al trabajador cuando una empresa rentable decida arbitrariamente su despido. Es algo que creemos de Justicia y nadie está intentando solucionarlo. Obviamente cualquier opinión o sugerencia no sólo será bienvenida sino que para nosotros es fundamental. Este es el objetivo de esta nueva sección "Debate abierto". Todos conocemos a personas que en la situación de crisis que vivimos han sido despedidas. Es cierto que si una empresa ve disminuidos sus ingresos durante un período medio de tiempo, deberá hacer ajustes pues en caso contrario incluso podría verse en peligro su continuidad. Que en estos ajustes se pierdaalgún puesto de trabajo es triste, pero asumible. En estos casos además de una cobertura económica por parte del Estado, se debe acompañar una formación adecuada que facilite la reincorporación al mercado laboral de las personas afectadas. Esto es lógico y razonable. Pero lo que no es ni una cosa ni otra es el despedir trabajadores por parte de empresas que no disminuyen sus ingresos y que se aprovechan de la crisis para realizar despidos que en otra situación serían absolutamente implanteables. Y lamentablemente este tipo de casos afectan a un montón de familias y nadie hace nada para evitarlo. Los poderes públicos lo consideran algo así como una tragedia inevitable y no es eso. Se podría evitar con una legislación adecuada y que velara por el interés de la mayoría, que somos los que trabajamos por cuenta ajena. Las dos líneas generales de la propuesta que estamos debatiendo actualmente son: I - Imposibilidad de despido improcedente cuando los resultados económicos sean positivos y similares a los de ejercicios anteriores. II - Reubicación del empleado en otros puestos "rentables" de la empresa mediante la formación profesional necesaria. Hay países en el norte de Europa donde existe algo similar. En España hay ciertos Colegios Oficiales que en ocasiones impiden el despido y la contratación de otro trabajador para ese puesto… ¿Qué opinas? Esperamos tus comentarios

Para una adecuada comprensión de la situación actual en relación con los despidos que se están produciendo actualmente en las empresas relacionados con la crisis económica, el punto de partida no puede ser otro que el análisis de la normativa básica que regula las relaciones laborales, que no es otra que el Estatuto de los Trabajadores. En principio el artículo 49.1.l) establece que el contrato de trabajo podrá extinguirse por “causas objetivas legalmente procedentes”. Esto debe ser puesto en relación con lo previsto en el artículo 52.c): “El contrato podrá extinguirse: (…) c) Cuando exista la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo por alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 de esta Ley y en número inferior al establecido en el mismo. A tal efecto, el empresario acreditará la decisión extintiva en causas económicas, con el fin de contribuir

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a la superación de situaciones económicas negativas, o en causas técnicas, organizativas o de producción, para superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa, ya sea por su posición competitiva en el mercado o por exigencias de la demanda, a través de una mejor organización de los recursos. Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa en el supuesto al que se refiere este apartado.” Finalmente, el artículo 51.1, referido al despido colectivo establece lo siguiente: “A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, cuando, en un período de noventa días, la extinción afecte al menos a: a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores. b) El 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores. c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen trescientos o más trabajadores. Se entenderá que concurren las causas a que se refiere el presente artículo cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya, si las aducidas son económicas, a superar una situación económica negativa de la empresa o, si son técnicas, organizativas o de producción, a garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo en la misma a través de una más adecuada organización de los recursos.” Para finalizar esta introducción hay que apuntar que en caso de despido improcedente, el trabajador no tiene la facultad de poder reincorporarse a su puesto de trabajo si no que la opción es ejercitada por la empresa entre la reincorporación o la indemnización. Todo ello da lugar a que podamos hablar de un despido libre con indemnización. No conviene olvidar por otro lado, que, aunque el Estatuto de los Trabajadores contenga una serie de previsiones acerca de la necesidad de que las empresas justifiquen la situación económica negativa, la jurisprudencia ha cambiado notablemente a raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2008. Desde entonces se ha facilitado la acreditación de las circunstancias que dan lugar a los despidos por causas económicas. Simplemente hay que acreditar la existencia de pérdidas cuantiosas y continuadas que presuman que la amortización de puestos de trabajo contribuirá a la superación de la situación. Desde el comienzo de la crisis económica que ahora nos azota hemos asistido a un goteo cada vez más intenso en la destrucción de empleo por parte de las empresas tratando de mantener sus cuentas de resultados. En España, uno de los mecanismos más utilizados ha sido la no renovación de los diversos tipos de contratos temporales cada vez más precarios. Una fórmula ágil y barata para los empresarios que recurrieron a este tipo de contratación con las bendiciones de los gobiernos. Es una forma de mejorar las estadísticas del paro y el empresario se ahorra costes sociales y futuras indemnizaciones. Evidentemente, todo confluye en aumentar los beneficios. No obstante, no podemos decir que estos privilegios sean nada nuevo en la historia de las relaciones laborales en nuestro país. Históricamente se ha facilitado a las empresas la realización de ajustes en la plantilla de trabajadores en cuanto las cuentas de resultados lucían unos resultados menos lustrosos.

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Las formulas han sido diversas: Expedientes de regulación de empleo (EREs), prejubilaciones, despidos individuales… El interés empresarial cada vez ha sido más poderoso y los controles externos han ido disminuyendo hasta convertirse en una mera formalidad. Hemos llegado a nuestros días con una flexibilidad casi absoluta tanto en la entrada como en la salida de trabajadores del mercado laboral. Poco a poco, se ha transformado el empleo estable y con derechos laborales por un empleo precario y sin derechos, llegando a sustituir las relaciones laborales por relaciones comerciales (contratos mercantiles, falsos autónomos). Es por ello que no nos debe extrañar que actualmente nos encontremos con despidos en empresas que muestran beneficios en su contabilidad. Pueden revestir la forma de despidos individuales o de despidos colectivos (EREs y otros similares). ¿Qué planteamos desde Izquierda Republicana? Los republicanos de IR nos oponemos de forma tajante a que la masa salarial sea la que cargue con los costes sociales de la crisis. Estamos ante una crisis del propio sistema con un claro origen financiero. Además entendemos que los sacrificios de los trabajadores tanto en términos de pérdida de empleo como de congelaciones o reducciones salariales no van a ser la puerta de salida de esta situación sino que contribuirá a que ahondemos cada vez más en ella. Proponemos una modificación normativa inmediata que se debe reflejar en el Estatuto de los Trabajadores. Se prohibirán los despidos por causas económicas en empresas que tengan beneficios en sus últimos resultados presentados. En el caso de empresas con pérdidas en el último ejercicio pero con resultados positivos en los tres anteriores se establecerán limitaciones en cuanto al porcentaje de posibles despidos en función del tamaño de la plantilla y de la cuantía de las pérdidas en último ejercicio. Se reforzaran los mecanismos de acreditación de las circunstancias económicas que puedan dar lugar a los despidos incluyendo los controles externos que deberán correr a cargo de comisiones mixtas con la participación de representantes de los trabajadores, de la empresa y de los servicios públicos de empleocuyo dictamen será vinculante. Por otra parte, en los casos de despidos improcedentes, la posibilidad de elección entre reincorporación del trabajador o indemnización no será facultad de la empresa sino que deberá decidir el Juzgado de lo Social correspondiente habiendo escuchado las alegaciones de empresario y trabajador. En determinados casos la reincorporación podrá ir ligada al compromiso del trabajador y la empresa de recibir una formación que permita a aquel reubicarse en otro puesto de trabajo más adecuado a los intereses del empresario. No nos olvidamos de que el marco socio-económico en el que España se sitúa es el de la Unión Europea. En este sentido, es evidente que desde este marco, los contenidos sociales y singularmente las relaciones laborales no han sido nunca una prioridad. Los aspectos mercantiles y financieros siempre han ido muy por delante buscando siempre la mayor flexibilización del empleo para favorecer una falsa competitividad de los productos europeos en los mercados mundiales a costa del sacrificio de los trabajadores. Por ello, después de 52 años de andadura, las instituciones europeas han de reorientarse en un sentido social que garantice para sus ciudadanos unas condiciones dignas en sus puestos trabajo incluyendo la prohibición de despidos en empresas con beneficios.

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Se trata en definitiva, de recuperar para los trabajadores unos espacios de derechos que nunca debieron de perderse en nombre de una modernización y una competitividad que en el contexto actual de crisis han mostrado su verdadera y desagradable cara. La situación actual, tal y como ya se apuntaba en nuestro anterior documento sobre Banca Pública, viene a cuestionar al capitalismo como sistema económico que pueda permitir a la humanidad progresar de una forma digna y sostenible. Hay que ir buscando alternativas sobre todo a través de una mayor participación pública en la economía y en las relaciones laborales. El Estado, con la participación de unos ciudadanos implicados puede y debe tener un papel notable en la configuración de lo que debería ser un nuevo sistema socioeconómico que todavía está por definir. Desde Izquierda Republicana vamos a seguir trabajando en nuevas propuestas en ese sentido.

Comisión de Economía y Mundo Laboral de Izquierda Republicana.Noviembre de 2009

DESPIDOS Y BENEFICIOS EN TIEMPO DE CRISIS

La estrategia de privatizar la gestión de la sanidad pública está siendo muy negativa para todos los usuarios. El informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), es contundente: la peor es la Comunidad Valenciana que permanece en los últimos puestos desde hace seis años

Los principales aspectos analizados son el gasto sanitario por ciudadano, el gasto farmacéutico, el número de médicos y camas por cada mil habitantes. La diferencia entre las comunidades mejor puntuadas, Extremadura y País Vasco con 48 puntos, y la peor situada (la nuestra) con 28, es excesiva. Ya son seis años en los últimos puestos y el resultado es que los servicios sanitarios que recibimos aquí son tan inferiores a los de esas comunidades que de seguir así todos iremos allí a recibir tratamiento. El querer hacer negocios con servicios como la Sanidad y Educación, típico del PP allí donde gobierna, trae estos resultados.

La Comunidad Valenciana es la que tiene la peor sanidad pública, por tercer año consecutivo

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Desde Izquierda Republicana apoyamos la iniciativade la Comisión Cívica para la Recuperación de laMemoria Histórica y Herederos de Miguel Hernández.Es absolutamente vergonzoso e intolerable que elactual gobierno no se haya atrevido a anular lascondenas franquistas dejando ese lastre en personasque sólo lucharon por la legitimidad democrática dela República. Es una cuestión de principios y dignidad.Muchos de los condenados eran militantes del PSOEcon lo que aún es más incomprensible.

Se lo debemos: Honor, Justicia, Dignidad

"Éste es el PSOE que nos gusta", exaltó este miércoles el diputado de ERC, Joan Tardà, en la comisión de Educación del Congreso de los Diputados. El partido del Gobierno acababa de pactar con los republicanos una Proposición no de Ley que pide al Gobierno la incorporación al ordenamiento jurídico español de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDDHH) de Estrasburgo del pasado 3 de noviembre que señala que los crucifijos en clase vulneran el derecho a la libertad de pensamiento. El PSOE espera que el Gobierno active los mecanismos para retirar los símbolos religiosos en la anunciada reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, comprometió para la actual legislatura. La propuesta inicial de ERC reclamaba al Gobierno que estableciera "mecanismos adecuados para que los padres y madres puedan reclamar de manera efectiva la retirada inmediata de la simbología religiosa de los centros educativos públicos" Ley de Libertad Religiosa La enmienda pactada entre el PSOE y ERC va más allá de lo esperado porque señala que la sentencia de Estrasburgo sea tenida en cuenta, "en lo relativo a los centros escolares" sin matizar si son públicos o concertados. El diputado del PSOE que defendió la postura socialista, Luis Tomás, señaló que el ámbito de aplicación de la sentencia -público o privado- "corresponderá a la redacción de reforma de la ley de libertad religiosa en la comisión de Justicia". Sin embargo, Tardà aclaró que el texto aprobado no especifica que se quiten los crucifijos sólo de los centros públicos. "Se ha negociado, se ha pactado y se ha firmado así. Supongo que los diputados del PSOE han recibido presiones del sector de su partido que no está a favor, pero han tenido la valentía de aprobarlo así", señaló. De hecho, el grupo de CiU -que, según Tardà, iba "a abstenerse o a votar a favor"- cambió su posición al ver que la enmienda incluía a los centros concertados. Éstos tienen gran presencia en Catalunya y, en su mayoría, son confesionales. La diputada catalana Maria Mercé Pigem señaló que la postura de su grupo en contra de la propuesta estaba motivada "por la defensa de su cultura y por la defensa de la autonomía de los centros, tal y como defendió en su día la ex ministra de Educación Mercedes Cabrera". Por su parte, Tardà enfatizó que ganó "el PSOE de izquierdas": "No esperábamos llegar tan lejos y lo que se vota en el Parlamento va a misa", agregó. Al conocer la sentencia del TEDDHH, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, señaló que él es partidario de que la decisión de retirar los cristos sea iniciativa de los padres. Para afianzar esa postura, manifestó su apoyo al recurso interpuesto por la Consejería de Castilla y León contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad, que pidió la retirada de los símbolos sobre las pizarras del colegio público Macías Picavea de Valladolid. La proposición al Gobierno contó con el voto favorable del PSOE, ERC y BNG con un resultado de 20 diputados a favor y16 en contra. La diputada del BNG Olaia Fernández Davila explicó que los símbolos son "propios de épocas pasadas, con una clara connotación de imposición". Por su parte, el socialista Tomás añadió que el ordenamiento jurídico español debe tener en cuenta la sentencia de Estrasburgo y las que se han emitido en España, "en el Tribunal Constitucional y en el Supremo", que rechazan también los símbolos religiosos en clase. El diputado del PP, Juan Antonio Gómez Trinidad, criticó la "inoportunidad" de la proposición en un país de "inmensa mayoría creyente, incluido el millón de musulmanes". "¿Cuál será el siguiente paso? ¿Destruir la Sagrada Familia o la fachada del Obradoiro? ¿Es que vamos también a prohibir cantar villancicos en la vía pública? Deben darse cuenta de que la cruz está en la bandera de 11 estados europeos, e incluso en la bandera del Principado de Asturias", reflexionó el diputado conservador. El PP felicitó a Tardà "por su habilidad política" y criticó con rotundidad al PSOE "por ser un campeón de la ambigüedad y la frivolidad", según el diputado Gómez. El portavoz conservador recordó unas declaraciones del ministro Gabilondo en las que decía: "Espero que la sentencia de Estrasburgo no vuelva a abrir la guerra de los crucifijos". Tardà destacó el carácter "general y abierto" del texto aprobado que, del mismo modo que en este caso se centra en el ámbito educativo, "podría aplicarse, si alguien lo reclama, en hospitales o cuarteles". El diputado catalán destacó que el debate "polarizador" de la religión obliga a que la reforma de la ley de Libertad Religiosa sea aprobada lo antes posible "para no entrar en un año "preelectoral" que dificultaría el debate.

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El franquismo, además de ser una de las dictaduras más criminales que ha conocido Europa durante el siglo XX y la única tiranía del continente que no tiene encausado ni condenado a ninguno de sus artífices o colaboradores, fue un régimen esencialmente corrupto. No es que se diesen esporádicamente casos de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, robo o asesinato, es que todo eso, junto a una brutal represión física y psicológica, era su sustancia vital. En tal caldo de cultivo, se educaron durante décadas miles de personas que aprendieron a la perfección como se podía vivir sin tener el más mínimo sentido de la ética ni de la estética, siempre, por supuesto, con la bendición de la santa, apostólica y romana iglesia católica, que nunca vio pecado en ninguna de las fechorías cometidas por aquellos canallas, sino que las cubrió con su manto “inmaculado” y sus bendiciones sobrenaturales. Muerto el perro, no se acabó la rabia. El perro murió en la cama y todas las estructuras internas del régimen quedaron intactas, engrasadas para seguir funcionando durante muchos años más. Es comprensible, dada la correlación de fuerzas existente y la difícil coyuntura económica, que durante los años siguientes al deceso del tirano, las organizaciones políticas democráticas –aunque pregonasen lo contrario- se viesen abocadas a buscar un pacto con quienes seguían teniendo el poder verdadero, lo que es difícil de entender es que después del golpe de Estado de 1981, esas componendas siguiesen en vigor y que la llamada transición se convirtiese en algo que nada tenía de transitorio sino que había llegado para quedarse, de tal modo que hoy, políticos que habrían ocupado los más altos cargos durante el franquismo de haber seguido vivo el perro, que habrían prolongando sin pudor alguno aquel régimen infame, ostentan cargos de representación popular y han impuesto sus formas y su moral amoral a buena parte de la clase política y de la sociedad en general. Para muestra sólo hay que recordar el enfervorizado apoyo popular que han recibido muchos alcaldes de pueblos y ciudades de todo el Estado encausados por corrupción, hecho insólito en cualquier democracia que se precie de serlo. La corrupción sólo se cura con educación, con la inoculación dentro de las conciencias de un sentido ético de la vida que sirva tanto para la actividad pública como para la privada. Sin embargo, no cabe engañarse, el capitalismo también es un sistema esencialmente corrupto porque busca sólo y exclusivamente maximizar beneficios mediante la explotación del hombre por el hombre, cosa que se consigue únicamente desde la amoralidad. Si a ese carácter fundamental del capitalismo, que en mayor o menor medida afecta a todos los Estados del mundo, sumamos la herencia del franquismo y los pactos de la transición, el resultado no puede ser más descorazonador: Bajo el paraguas de una democracia formal, actúan libremente miles y miles de personas, entre las que descuellan quienes manejan los resortes del poder real que no es otro que el del dinero, que jamás han creído ni en la democracia, ni en la igualdad, ni en la justicia ni en el Progreso, que aceptaron los cambios acaecidos a finales de los setenta porque lejos de ver peligrar sus privilegios, atisbaron una oportunidad de oro para acrecer sus fortunas y consolidar las posiciones logradas tras la victoria de los golpistas de 1939. Así y sólo así, sin el menor temor a lo por venir, los prebostes del franquismo se convirtieron de la noche a la mañana en demócratas de toda la vida, en constitucionalistas acérrimos, en la avanzadilla del capitalismo neoconservador. Para ello, sólo tuvieron que despojarse –a veces ni eso- de sus viejas camisas y darle un pequeño cambio al fondo de armario. Desde hace meses, asistimos sin demasiada sorpresa al procesamiento o imputación por delitos de corrupción de cargos públicos de todas las tallas elegidos por la ciudadanía para el “buen gobierno”. Sin duda, es el Partido Popular, heredero directo del franquismo –al que por cierto, y como es natural, se niega a condenar- el más afectado, hasta tal extremo que en una democracia avanzada correría serio riesgo de desaparecer víctima del hedor que sale de sus salones y que se extiende por los cuatro puntos cardinales del Estado. Pero no es el único, el resto de partidos, en menor medida, también están implicados en casos que denotan la ausencia total de ese sentido ético que afirmábamos imprescindible para la cualquier aspecto de la vida. Puede que en unos casos sea algo general y en otros sólo el resultado de acciones individuales, puede ser, pero lo cierto es que no es lícito dar por buenos los hábitos de un régimen repugnante como el franquista, convivir con sus herederos, compartir almuerzos, asistir a las instituciones con ellos y salir incólume: Al final, irremediablemente, se produce el contagio. Personalmente, no me escandalizan lo más mínimo las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción ni las detenciones de cargos públicos electos, es más creo que eso es un ejercicio de salud democrática, de salud pública, que hay que apoyar con todo el entusiasmo de que cada cual estime, lo que me escandaliza y subleva es que a Manuel Fraga Iribarne, franquista, le sigan llamando Don Manuel, que el principal partido de la actual oposición se haya negado una y otra vez a condenar el genocidio franquista, que herederos de aquel régimen ilegal estén infiltrados en todas las Administraciones Públicas y en los Consejos de Administración de las grandes empresas, que los jueces franquistas puedan declararse en huelga, que existan los jueces franquistas, que la Iglesia Católica reciba más de un billón de pesetas anuales y siga inmiscuyéndose en los asuntos terrenales que nada le importan, que el gobierno no sea capaz, de una vez por todas, de denunciar el Concordato y los acuerdos con el Estado vaticano, que los albertos –franquistas dónde los haya-, vean como los delitos de que se les acusa prescriben una y otra vez con una sonrisa de oreja a oreja, que los medios de comunicación convencionales no tengan más ideología que la que dimana de sus relaciones con el poder y su cuenta de resultados, que se intente desinformar al pueblo hasta convertirlo en un ente amorfo fragmentado sin ideas propias ni capacidad para valorar lo que ocurre por sí mismo, que ese pueblo desorientado termine por caer en el berlusconismo arrastrado por los que pregonan una y otra vez que todos son lo mismo, que da igual, que lo que hace falta es un gobierno con autoridad, es decir, con cojones, que acabe con toda esta putrefacción de un plumazo, ignorando que esos gobiernos con autoridad, que las demandas de autoridad suelen acabar con un señor con gorra y muchos fusiles sentado en lo más alto del poder. No, no da lo mismo todo, ni todos son lo mismo, ni la democracia burguesa, por podrida que esté, es equiparable al régimen fascista español. Ni mucho menos. Basta ya de confundir al personal. Alguien, con nombres y apellidos, ha mandado levantar las alfombras y que salga a la luz pública toda la mierda acumulada durante treinta años de democracia. Es una decisión loable, encomiable y peligrosa por las consecuencias que puede tener en el ánimo de la ciudadanía, por las derivas electorales insospechadas que puede -¡ojalá me equivoque!- acarrear. Pero con ser una decisión valiente, no basta, pues los tumores, cuando no se arrancan de raíz, vuelven a reproducirse. Aquí, y no hago ninguna diferencia de territorios, es necesario romper de una vez para siempre con las herencias de la tiranía franquista, con sus hábitos envenenados, cortar amarras con las ataduras herrumbrosas de la transición, abrir las ventanas, quemar la ropa sucia en la plaza pública, llenar las cárceles de chorizos de guante blanco e imponer, mediante la educación y la justicia, un código de conducta basado en la ética republicana de nuestros mayores, una ética que anteponga al interés personal, la vocación incorruptible por servir al pueblo.

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