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San Onofre (sucre) martes 17 de julio del 2012 Señores Vicepresidencia de crédito y cartera del Banco Agrario de Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO. REFERENCIA: pequeño productor agropecuario afectado por los fenómenos climáticos ocurridos en los años 2009 2010 y 2011. YO VICENTE MARTÍNEZ BERRIOS, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía cuyo número y lugar de expedición aparecen al pie de mi firma, residente en EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, (SUCRE) actuando en nombre propio y en representación de, MI FAMILIA comedidamente me dirijo a la Vicepresidencia de crédito y cartera del Banco Agrario de Colombia al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO. Con el fin de poner en conocimiento del estado mi crítica situación financiera y de salud. Y el riesgo que corremos mi familia y yo de quedarnos sin vivienda por las siguientes causas Primera por la negativa del Banco Agrario de Colombia de no aceptar los Certificados del Fondo Agropecuario de Garantías FAG, como garantía de mi crédito segunda por problemas de salud tercera por los fenómenos climáticos conocidos como el niño y la niña que sufrimos en forma continua en los años 2009 2010 y 2011. PETICIONES 1º Solicito a las autoridades que mencione al comienzo de este escrito petitorio, Coordinar de manera ordenada, eficiente, y armónica, sus Actuaciones para que en mi caso se apliquen todos los beneficios del orden social, económicos, y financieros establecidos en la Ley y por el Gobierno Nacional, para beneficiar a los pequeños

Author: vicentemartinezb278

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San Onofre (sucre) martes 17 de julio del 2012

Seores Vicepresidencia de crdito y cartera del Banco Agrario de Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO.

REFERENCIA: pequeo productor agropecuario afectado por los fenmenos climticos ocurridos en los aos 2009 2010 y 2011.

YO VICENTE MARTNEZ BERRIOS, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadana cuyo nmero y lugar de expedicin aparecen al pie de mi firma, residente en EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, (SUCRE) actuando en nombre propio y en representacin de, MI FAMILIA comedidamente me dirijo a la Vicepresidencia de crdito y cartera del Banco Agrario de Colombia al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO. Con el fin de poner en conocimiento del estado mi crtica situacin financiera y de salud. Y el riesgo que corremos mi familia y yo de quedarnos sin vivienda por las siguientes causas Primera por la negativa del Banco Agrario de Colombia de no aceptar los Certificados del Fondo Agropecuario de Garantas FAG, como garanta de mi crdito segunda por problemas de salud tercera por los fenmenos climticos conocidos como el nio y la nia que sufrimos en forma continua en los aos 2009 2010 y 2011.

PETICIONES

1 Solicito a las autoridades que mencione al comienzo de este escrito petitorio, Coordinar de manera ordenada, eficiente, y armnica, sus Actuaciones para que en mi caso se apliquen todos los beneficios del orden social, econmicos, y financieros establecidos en la Ley y por el Gobierno Nacional, para beneficiar a los pequeos productores agropecuarios afectados por los fenmenos climticos ocurridos en los aos 2009 2010 y 2011.

Solicito al Banco Agrario de Colombia, que se me condone mi deuda o se me congele, ya que mis cultivos se perdieron debido a los fenmeno del nio en el 2009 y en el 2010 2011 por la ola invernal adems tengo serios problemas de salud. Objeto de esta peticin

El objeto de esta peticin es evitar que el proceso de cobro iniciado por el Banco Agrario de Colombia, termine en el embargo y posterior desalojo de nuestra vivienda lo anterior sera altamente inconveniente y fuera de lugar, en un estado social de derecho como el que nos rige.

La peticin tiene los siguientes fundamentos:De Hecho

Con el propsito de mejorar mi situacin econmica hacen ms de tres aos acud al Banco Agrario de Colombia en busca de un prstamo agropecuario al solicitar por la lnea especial de crdito establecida para desplazados se me inform que el Banco Agrio no estaba manejando esa lnea de crditos.

El Banco Agrario de Colombia se neg a aceptar la fianza del fondo nacional de garantas agropecuaria. Al yo como persona desplazada no tener ningn bien inmueble presento a mi seora madre como fiadora por cuestiones de edad fue rechazada por el Banco.

fuimos inducidos mi madre y yo por la directora del Banco agrio oficina de San Onofre (Sucre) a protocolizar una venta fraudulenta ante la notaria segunda de Sincelejo Sucre cuyo contenido y alcance favorecen solamente a los intereses del Banco agrio de Colombia, esta accin esta por fuera de la normatividad vigente en materia crediticia para desplazados por la violencia en Colombia, este hecho engaoso se realizo a travs de una amiga que la seora directora tena en esa notaria o sea volvieron nuestro patrimonio familiar en una cosa comercial para que todo fuera a favor del banco agrario y en contra de nosotros quienes por ley debemos recibir las garantas y prerrogativas que nos corresponden por ley de esa entidad Bancaria por estar adscrita al ministerio de agricultura y desarrollo rural.

Como una muestra de las grandes dificultades que tuve para acceder al crdito expongo la sguete anormalidad entre otras se hace una primera escritura a mi favor luego se ase otra a favor del banco agrario para ese momento la seora directora de la oficina del banco aqu en san Onofre haba sido suspendida espere hasta que se nombrara un director encargado quien tampoco poda firmar en forma muy eficiente el nuevo director encargado se comunica con la directora de la oficina del banco agrario de mara la baja departamento de Bolvar quien en principio dijo que hacia el favor firmar dicha escritura cuando es elaborada la una nueva escritura la llevo asta la oficina de mara la baja la directora de esa oficina llama a su superior en la ciudad de Cartagena quien le prohbe firmar la mencionada escritura finalmente me toca nuevamente pagar por la modificacin de la escritura y entonces me toco ir hasta la regional costa en barranquilla donde me hicieron esperar ms de seis horas para firmar la escritura a favor del banco

Finalmente se realiza el desembolso del crdito en forma demorada y por fura del ciclo de cosechas, vindose mi proyecto seriamente afectado por la inoportunidad del crdito

Finalmente me correspondi afrontar la incidencia del cambio climtico sobre mis cultivos en los ltimos aos. Primero un fenmeno del nio en el 2009 que afecto dramticamente mis siembras. Seguido por un extremo fenmeno de la nia en el 2010 y que continuo en el 2011.Estos fenmenos climticos Destruyeron mis siembras

Adems de la afectacin directa en mis cultivos las lluvias generaron un serio deterioro en las vas, debido a esto nos toco sacar nuestros productos hasta donde los reciben los intermediarios a lomo de mulos y en algunos casos en tractores el transporte de cada bulto de 60 kilos nos cost 3500 pesos de otra parte la poca demanda de los alimentos que producimos provoco una permanente cada en los precios estas situaciones perjudicaron el mercadeo de nuestros productos. Por las razones anteriores llegada la fecha del primer pago y no pude cumplir con mi obligacin

En el primer semestre del ao 2010 en la bsqueda de recuperar las perdidas del ao anterior haciendo esfuerzos sobrehumano, logro sembrar, diez hectreas entre llame yuca y maz amarillo esta vez mis cultivos no se perdieron por culpa del intenso verano si no por la ola invernal.

Para el segundo. Semestre del ao 2010 con lo poco que pude cosechar sembr cinco hectreas de maz amarillo tecnificado pero la mala suerte se me haba cruzado en el camino, pues en esa oportunidad el fenmeno de La Nia, hizo estragos en mi siembras y quede nuevamente con los brazos cruzados

Gracias a las inclemencias del tiempo y a la Poltica despiadada con los pobres del campo. Habr una familia en la calle, toda una vida dedicado a la produccin agrcola, para que al final el gobierno nos deje en la calle.

La sumatorias de todas las situaciones anteriores generaron en mi un sentimientos de angustia y zozobra finalmente mi estado de salud se desbordo es as como el da 07 de agosto, del 2011 ingrese, alaria de emergencia del Hospital local de san Onofre (sucre) con la presin arterial en 280, a partir de ese da quede con dficit auditivo y alteraciones nerviosas problemas continuos de presin arterial los medicamentos que tomo para el tratamiento de mis alteraciones nerviosas me producen aturdimiento cansancio mareos irritabilidad dificultad para concentrarme

el da 16 julio del 2012 fui evaluado sicolgicamente y remitido a psiquiatra por trastornos de ansiedad con episodios de alucinaciones sueos constantes de que me estn persiguiendo personas armadas pnico. A consecuencia de estos padecimientos y debido a mi limitacin fsica para realizar cualquier actividad laboral, me vi obligado a abandonar el trabajo que desempeaba en el rea rural y comercial actualmente no tengo trabajo, ni ningn recurso econmico.

Mi esposa tiene un negocio clandestino de compra y venta de combustibles y de all es de donde derivamos el sustento diario sin embargo somos vctimas de la persecucin policial mi esposa atiende dicho negocio y yo estoy al cuidado de mi madre persona de 78 aos y de mis dos hijos menores de 8 y10 aos.

Realmente me preocupa la posibilidad de perder la vivienda que ha sido nuestro hogar durante cuarenta y cinco aos y que por causas fortuitas estamos a punto de perder, a pesar que existen dos leyes vigentes que nos amparan y nos dan la oportunidad de seguir manteniendo nuestra vivienda, continuar sembrando y que con el plazo que establecen las normas vigentes, pagar la deuda que un da contraje, sin pesar en las vicisitudes que iba a tener que pasar en estos tres aos, cuando acud al Banco Agrario de Colombia en busca de ese prstamo financiero.

Debido a las prdidas ocasionadas y a mi estado de salud mi estado de calamidad econmica persiste hasta el momento

Corresponde al Banco Agrario de Colombia, al exigir el pago de mi obligacin considerar los estragos causados por los fenmenos climticos acaecidos en los aos 2009 2010 y 2011 respectivamente en forma especial se debe considerar por parte del gobierno que somos personas desplazadas por la violencia y que en la casa que nos quieren quitar vivimos mis dos hijos de 7 y 10 aos y mi mama de 78 aos y yo que que padescos grandes trastornos de salud.

no obstante el desconocimiento de lo anotado anteriormente como lo ha dicho la corte rompe el deber de solidaridad frente a las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, en cuyo caso, es deber del Estado o de los particulares, segn laSituacin, de acudir con la ayuda necesaria, dentro de la rbita de su competencia,

JUSTIFICACIN El caso fortuito y la fuerza Mayor son las nicas excusas que el obligado a dar o a hacer algo en virtud de un contrato puede dar a la otra parte para justificar su incumplimiento o su cumplimiento defectuoso. No se le podr exigir responsabilidad por los daos y perjuicios que su incumplimiento o cumplimiento defectuoso haya causado pues el derecho las considera excusas razonables. En concreto se trata de sucesos Imprevisibles, o que an siendo previsibles son inevitables. Para valorar si el suceso que ha afectado al cumplimiento de las obligaciones era imprevisible o inevitable, hay que tener en cuenta la diligencia exigible al obligado por razn de su profesin, conocimientos, experiencia En la mayora de los contratos se pacta expresamente mediante la inclusin de una clusula-, la responsabilidad del deudor en caso de incumplimiento de la obligacin, incluyendo, en un sentido u otro, el caso fortuito o la fuerza mayor.

La honorable corte constitucional se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre el deber de solidaridad que deben contemplar las entidades financieras cuando el deudor enfrenta una circunstancia ajena a su voluntad, que le impide responder por la obligacin contrada. En la sentencia T-520 de 2003, la Corte estudio un caso en el que se plante el siguiente problema jurdico:se vulneran los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad cuando una entidad bancaria exige el pago a un deudor secuestrado y posteriormente liberado, sin considerar los efectos que tuvo su secuestro sobre sus posibilidades de cumplir? En este caso, la Corte explor la situacin de una persona secuestrada, la posibilidad que tena de responder por sus obligaciones financieras y el deber de solidaridad que deba contemplar la entidad en el momento de proceder al cobro ejecutivo de la deuda:En efecto, el concepto mismo de culpa en materia de responsabilidad civil est fundado sobre la nocin de libertad, que es eminentemente individual. La culpa presupone que el sujeto tiene determinadas posibilidades de accin, dentro de las cuales estn la de cumplir y la de no cumplir sus obligaciones civiles. Por lo tanto, para poder atribuirle culpa a una persona, sta debe estar en la posibilidad de elegir, y de dirigir sus acciones de acuerdo con su eleccin. Slo cuando se dan estos presupuestos, el individuo se vuelve plenamente responsable civilmente.Esto trae como consecuencia que para incurrir en culpa, la persona debe ser consciente de sus opciones, estar en capacidad de valorarlas y de llevar a cabo sus actividades conforme a sus propias valoraciones. Slo en este entendido la atribucin de culpa en materia civil resulta compatible con la definicin constitucional de dignidad humana, segn la cual, el individuo es un ser moral y libre, con la capacidad de elegir y de asumir las consecuencias de sus propios actos. Dentro de tal orden de ideas, se vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad de un individuo al atribuirle culpa cuando, por circunstancias ajenas a su voluntad, no es libre para obrar conforme a sus propias valoraciones. Esto se debe a que se le estn atribuyendo responsabilidades que escapan por completo su mbito de accin y control. Especficamente, en el caso del incumplimiento o retraso en el cumplimiento de las obligaciones, la mora requiere un elemento de anti juridicidad que no est presente cuando las circunstancias determinantes de la conducta del deudor superan el estndar exigible, dadas sus posibilidades reales de accin y control. Email [email protected]

Telfono de contacto 3126840849

Atentamente:

________________________________ Vicente Martnez Berrios CC No79336.551 de Bogot DC

Crdito, novacin, desplazamiento forzado, teora de la imprevisin, principio de solidaridad Corte Constitucional. Sala Octava de Revisin. M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. Sentencia T-697 del 20 de septiembre de 2011. Expediente T-2948870.

Sntesis: La Sala reafirma que el hecho del desplazamiento forzado constituye un impedimento que influye en la exigibilidad de la obligacin al hacer, para el afectado por este delito y deudor de una obligacin, ms onerosa su situacin. Se impone al acreedor la reestructuracin de las obligaciones dinerarias, como efecto de lo que la doctrina ha denominado teora de la imprevisin, pues ante una dificultad de caractersticas graves que influye en el cumplimiento de la obligacin, el deudor contina obligado a responder con la prestacin, empero se impone un ajuste de acuerdo con la equidad contractual. Sobre la base del principio de solidaridad y los mandatos especiales de proteccin a esta poblacin, se ha erigido el deber de las entidades financieras de tener en cuenta las restricciones propias de su condicin para cumplir con los pagos a los que se han comprometido y disponer, en consecuencia, frmulas de arreglo coherentes con la situacin econmica de esas personas. La novacin de la deuda se erige, entonces, en la alternativa ms prxima al mandato de solidaridad y el equilibrio entre las partes, ya que se exhorta a la consecucin de un consenso respecto a las condiciones para el cumplimiento de la prestacin.

()

II. CONSIDERACIONES

Competencia.

Esta Corporacin es competente para revisar la presente accin de tutela, de conformidad con los artculos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitucin Poltica, los artculos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991 y dems disposiciones pertinentes.

Presentacin y planteamiento del problema jurdico.

Los accionantes impetran el amparo con el propsito de lograr la salvaguarda de los derechos fundamentales a la vivienda digna, al acceso a la administracin de justicia, al debido proceso, al derecho de defensa, al trabajo, al mnimo vital, a la igualdad, a la restitucin de tierras y a la dignidad humana, cuya amenaza alegan consumada debido a que en su contra cursa un proceso ejecutivo garantizado con un bien inmueble de naturaleza rural de su propiedad, no obstante el incumplimiento de la obligacin respectiva se debi a la ocurrencia del desplazamiento forzado.

En efecto, en el ao de 1997 stos fueron beneficiarios de un subsidio para la adquisicin de un inmueble rural otorgado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -hoy INCODER- bajo la condicin de que suscribieran con la Caja Agraria contrato de mutuo para el otorgamiento del resto del dinero. Dos aos despus de suscrita la obligacin, stos fueron vctimas del desplazamiento forzado y en el 2001 la Caja Agraria promovi en su contra proceso ejecutivo para el cumplimiento de las obligaciones respaldadas en los pagars N 1341110, 1341111 y 1451139. [footnoteRef:2] Este trmite, en el que aparecen como ejecutados la Empresa Comunitaria () y otros, cursa en el despacho demandado, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo, que inform que hasta la fecha no se ha fijado fecha para REMATE y por ende no se ha registrado auto aprobatorio del mismo.[footnoteRef:3] [2: Folios 4 a 7, cuaderno 2] [3: As fue certificado mediante informe fechado el da 11 de julio de 2011 recibido en el despacho del Magistrado Sustanciador en la misma fecha, suscrito por la Secretaria del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo, Audith del Socorro Prez Martnez. ]

En el interregno el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, mediante resolucin No. 997 de 2007, orden la inscripcin del predio de propiedad de los accionantes en el Registro nico de Predios (RUP) y la respectiva anotacin en la Oficina de Registro e Instrumentos Pblicos en la prohibicin de enajenar o suscribir cualquier acto jurdico respecto de dicho bien, de conformidad con el sistema de proteccin de tierras y patrimonios de la poblacin desplazada.[footnoteRef:4] [4: De manera puntual, de acuerdo con la copia del certificado de tradicin que fue adjuntada al expediente de tutela, a la anotacin sobre la medida cautelar de embargo real mixto en cuestin (de fecha 2 de agosto de 2001), le sigue una anotacin de la medida cautelar de prevencin registradores abstenerse de inscribir actos de enajenacin o transferencia a cualquier ttulo hecha el da 17 de septiembre de 2007 en virtud de la resolucin N 997 de 2007 del INCODER de Montera. Folio 57, cuaderno 3.]

Con posterioridad, mediante escrito radicado el da 21 de noviembre de 2007 los accionantes solicitaron al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo abstenerse de rematar el predio perseguido en el proceso ejecutivo, toda vez que el incumplimiento de las obligaciones se debi a su condicin de desplazados por la violencia; sin embargo, el da 12 de diciembre de 2007, el Juez Segundo Civil del Circuito de Sincelejo respondi la solicitud mediante oficio dirigido a la empresa comunitaria (), en donde se indic que el derecho de peticin no resultaba pertinente en este tipo de actuaciones, ya que ste no procede para poner en marcha el aparato judicial.[footnoteRef:5] [5: Folio 50, cuaderno 3.]

As las cosas, el problema a resolver consiste en determinar, de un lado, si en el particular se configuraron las causales genricas y especiales que justifican la interposicin de la accin de tutela en contra de decisiones judiciales e igualmente si al caso concreto resultan aplicables las reglas construidas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relacin con la aplicabilidad del principio de solidaridad ante la iniciacin de procesos ejecutivos en contra de un deudor que haya adquirido la calidad de vctima del desplazamiento forzado luego de la suscripcin del respectivo contrato de mutuo. Para zanjar esta cuestin, se har referencia a i) las causales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales y ii) la jurisprudencia constitucional sobre la aplicabilidad del principio de solidaridad una vez iniciados procesos ejecutivos en contra de vctimas del desplazamiento forzado que hayan adquirido ese estatus con posterioridad a la suscripcin del contrato de mutuo.

Causales de procedibilidad de la accin de tutela contra providencias judiciales. Defectos por desconocimiento del precedente e interpretacin inadecuada.

El artculo 86 de la Constitucin Poltica seala que la accin de tutela es procedente contra toda actuacin de una autoridad pblica[footnoteRef:6] con la que se perturbe un derecho fundamental. Dicha norma no establece distincin alguna sobre la naturaleza de la autoridad susceptible de tutela, por lo que, de acuerdo con este mandato, es posible interponer esta accin incluso contra la providencia de un juez, autoridad pblica cuyas decisiones pueden ser sometidas al control estricto de constitucionalidad en eventos en los cuales se vislumbre la amenaza o vulneracin de derechos de esta entidad. [6: () Los trminos "autoridades pblicas" se reservan para designar aquellos servidores pblicos llamados a ejercer, dentro del ordenamiento jurdico que define sus funciones o competencias, poder de mando o decisin, cuyas determinaciones, por tanto, afectan a los gobernados. Sentencia C-543 de 1992]

Inicialmente, el Decreto 2591 de 1991, expedido por el Presidente de la Repblica en desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas por el artculo 5 transitorio de la Constitucin nacional, reglament la accin de tutela, y en sus artculos 11, 12 y 40 trataba el tema de la interposicin de esta accin contra decisiones judiciales. Sin embargo, dichos artculos fueron objeto de control abstracto de constitucionalidad y una consecuente declaratoria de inexequibilidad mediante Sentencia C-543 de 1992, en la que la Corte Constitucional defini que esos artculos eran contrarios a los principios de cosa juzgada, autonoma funcional del juez y a la seguridad jurdica.

No obstante, en un aparte de esa sentencia se plante una excepcin a la intangibilidad de las decisiones judiciales que, por su importancia, ser presentada en extenso:

De conformidad con el concepto constitucional de autoridades pblicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la funcin de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y tambin para el Estado. En esa condicin no estn excluidos de la accin de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha accin contra sus providencias. As, por ejemplo, nada obsta para que por la va de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilacin injustificada en la adopcin de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los trminos judiciales, ni rie con los preceptos constitucionales la utilizacin de esta figura ante actuacionesde hechoimputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisin pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual s est constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente (artculos 86 de la Constitucin Poltica y 8 del Decreto 2591 de 1991). En hiptesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurdica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia. (Subrayas por fuera del texto original)

De acuerdo con este punto, la tutela no procedera contra una decisin judicial propiamente dicha, sino contra la actuacin de un operador judicial que encarnara el desconocimiento de derechos fundamentales o la creacin de un perjuicio irremediable. Lo esencial es que, a travs de este fallo se sent la doctrina de las vas de hecho, que permitira en adelante justificar la procedencia de una accin de tutela en contra de omisiones o acciones provenientes de jueces con las que se ocasionara la violacin de derechos fundamentales.

La va de hecho fue conceptuada como una trasgresin protuberante y grave de la normatividad fundada en el capricho o el arbitrio de un funcionario, completamente extraa al ordenamiento jurdico e irrespetuosa de los derechos fundamentales[footnoteRef:7]. En un primer momento, se identificaron cuatro circunstancias generadoras de una va de hecho o un defecto judicial grave: si este comportamiento -abultadamente deformado respecto del postulado en la norma- se traduce en la utilizacin de un poder concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la disposicin (defecto sustantivo), o en el ejercicio de la atribucin por un rgano que no es su titular (defecto orgnico), o en la aplicacin del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal (defecto fctico), o en la actuacin por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental) ()[footnoteRef:8] (Cursivas por fuera del texto original) [7: Sentencia T-212 de 1995] [8: Sentencia T-231 de 1994]

Mucho despus, la Sentencia T-441 de 2003 incorpor las condiciones que hasta la fecha se haban calificado como configurativas de una va de hecho judicial y las denomin causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial; redujo las tradicionales cuatro primeras a dos -el defecto sustantivo y el fctico-; y adicion a ese par otros cuatro vicios, a saber: la va de hecho por consecuencia o error inducido, la insuficiente sustentacin o justificacin del fallo, el desconocimiento del precedente judicial, y la violacin directa de la Constitucin. A estas se adicion, como requisito para la viabilidad del amparo, la exigencia de unos requerimientos generales relativos a los que tradicionalmente se han reclamado para la prosperidad de la accin.

As pues, las causales de procedibilidad de la accin de tutela contra providencias judiciales, en la forma en que aparecen formuladas actualmente, son el resultado de la evolucin de la doctrina de las vas de hecho.

Posteriormente, mediante sentencias T-606 y la T- 698 de 2004, esta Corporacin revalid lo dicho en fallos precedentes sobre la existencia de unos requisitos generales y otros especiales de procedibilidad de la tutela contra una providencia judicial. En relacin con los primeros se sostuvo que hacen referencia al deber de asegurar, para la procedencia de la tutela contra providencias, que se de: a) la inexistencia de otro o de otros medios de defensa judiciales (recursos ordinarios o extraordinarios) como se ha visto, y b) la verificacin de una relacin de inmediatez entre la solicitud de amparo y el hecho vulnerador de los derechos fundamentales, bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad. De otra parte, los requisitos especiales estn asociados directamente al control excepcional por va de tutela de la actividad judicial, y tienen que ver especficamente con el concepto de va de hecho.

Finalmente, la Sentencia C-590 de 2005, que estudi un cargo sobre la constitucionalidad del artculo 185 parcial de la Ley 906 de 2004 por una supuesta disparidad con los artculos 4 y 86 de la Constitucin[footnoteRef:9], reuni los criterios jurisprudenciales sobre la procedibilidad de la accin de tutela contra providencias judiciales. Se dijo, entonces, que los presupuestos o causales generales implican: [9: En aquella ocasin se demand la inexequibilidad de la expresin ni accin contenida en el artculo 185 de la Ley 906 de 2004 porque su incorporacin en el texto del mismo daba a entender que contra un fallo dictado en sede de casacin ni siquiera la accin de tutela resultaba procedente. El aparte en el que se encontraba la frmula demandaba rezaba: Artculo 185.Decisin. Cuando la Corte aceptara como demostrada alguna de las causales propuestas, dictar el fallo dentro de los sesenta (60) das siguientes a la audiencia de sustentacin, contra el cual no procede ningn recursoni accin, salvo la de revisin.La Corte decidi declarar inexequible la precitada expresin.]

a. Que se trate de un asunto de evidente relevancia constitucional. Lo cual significa que la cuestin est enmarcada en el mbito de inters de la jurisdiccin constitucional, y no se trate de un asunto de simple legalidad carente de conexidad con los derechos fundamentales o el control de constitucionalidad que esta Corte efecta.

b. Que se haya agotado todos los mediosde defensa judicial, salvo que stos no resulten efectivos para la garanta de los derechos involucrados o que con la aplicacin de los mismos no se logre evitar la consumacin de un dao iusfundamental irremediable.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que haya trascurrido un lapso razonable entre la fecha de presentacin de la demanda de tutela y la aparicin de los hechos que produjeron la afectacin de los derechos fundamentales, a menos que exista razones objetivas que justifiquen la demora.

d. Si se trata de una irregularidad procesal, sta debe causar un efecto decisivo o determinante en la sentencia atacada. Sin embargo, sobre este punto se hizo la advertencia de que si la irregularidad comporta una grave lesin de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilcitas susceptibles de imputarse como crmenes de lesa humanidad, la proteccin de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulacin del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneracin como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneracin en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se pretenda la interposicin de una tutela contra otra tutela.

En adicin a los antedichos, debe acreditarse la satisfaccin de otros requisitos para la procedencia de la accin de tutela contra fallos de autoridades judiciales, denominados causales especiales. Estos corresponden a los defectos que imputables a los funcionarios y fueron reunidos en la referida sentencia de la siguiente manera:

a. Defecto orgnico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profiri la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicacin del supuesto legal en el que se sustenta la decisin.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]o que presentan una evidente y grosera contradiccin entre los fundamentos y la decisin.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue vctima de un engao por parte de terceros y ese engao lo condujo a la toma de una decisin que afecta derechos fundamentales.

f. Decisin sin motivacin, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fcticos y jurdicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivacin reposa la legitimidad de su rbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hiptesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurdica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].h. Violacin directa de la Constitucin.

La aplicabilidad del principio de solidaridad frente a la exigibilidad de las obligaciones crediticias contradas por vctimas del desplazamiento forzado. Lnea jurisprudencial de la Corte Constitucional en la materia.

Nuestro ordenamiento jurdico ha encaminado el diseo de parte de la legislacin comercial y civil, sobre el mandato de que al incumplimiento de una obligacin resultante de un negocio jurdico siguen consecuencias jurdicas perjudiciales para quien la inobserv, con motivo de lo cual se han establecido tanto obligaciones expresas de cumplimiento y sanciones por incumplimiento, como mecanismos jurdicos para lograr su acatamiento o el resarcimiento. No obstante, en virtud del principio de solidaridad, esto no ha sido incompatible con la consideracin de las causas particulares que suscitan la omisin en el pago de una obligacin.

Verbigracia, en Sentencia C-1011 de 2008, a propsito de la constitucionalidad de los reportes de deudores a las llamadas centrales de riesgo, se defini que en aquellos casos en que por evidente fuerza mayor el sujeto concernido se ha visto compelido a incumplir con el pago de la obligacin comercial y crediticia, resultara desproporcionado e irrazonable que, como consecuencia de ese incumplimiento, se incorpore la informacin sobre mora en los archivos o bancos de datos destinados al clculo del riesgo crediticio y, con ello, resulte aplicable el juicio de desvalor para el acceso a productos comerciales y de crdito que involucra la presencia de ese reporte, conforme se ha indicado en esta sentencia. Estas conclusiones son aplicables cuando la mora tiene relacin directa con el hecho que el titular del dato sea vctima de los delitos de secuestro, desaparicin forzada o desplazamiento forzado. En cada uno de estos eventos, la jurisprudencia constitucional ha sealado, de manera reiterada, que las distintas entidades del Estado e, inclusive los particulares, tienen la obligacin de evitar que las consecuencias de los mencionados delitos se extiendan a los distintos mbitos personales de la vctima, de manera que se hagan ms gravosas. Ello con fundamento en el contenido y alcance del principio de solidaridad, del cual se derivan deberes constitucionales concretos y oponibles al Estado y a los ciudadanos. [footnoteRef:10] [10: Sentencia C-1011 de 2008.]

De manera enftica en relacin con las personas secuestradas, en Sentencia T-520 de 2003[footnoteRef:11] se sostuvo que su condicin describa la categora constitucional de ciudadanos en estado de debilidad manifiesta, por lo cual eran acreedoras de un tratamiento diferenciado, que significaba en el caso concreto la inexigibilidad de las obligaciones adquiridas con entidades financieras, mientras permanecieran los efectos del delito, periodo que incluye el lapso de readaptacin de la persona liberada. Ello debido a la imposibilidad de estructuracin del incumplimiento civil, puesto que la falta de pago tena origen en la afectacin de la libertad y la autonoma individual del deudor.[footnoteRef:12] [11: En el mismo sentido pueden ser consultadas las sentencias T-676 y T-212 de 2005. ] [12: Sentencia T-520 de 2003.]

A la exigibilidad de la obligacin debe subyacer, entonces, el reconocimiento de que el deudor secuestrado est impedido fsicamente para cancelarlas, por lo que, en esa medida, el incumplimiento de las obligaciones del secuestrado est justificado.[footnoteRef:13] Incluso las obligaciones vencidas durante el lapso del secuestro no resultaran por ende exigibles, y la persona no se encontrara en mora, en tanto para que la mora se configure dentro del rgimen civil general, aplicable a estos casos, es necesario que la responsabilidad por el incumplimiento sea atribuible al sujeto a ttulo de culpa o dolo.[footnoteRef:14] Y, como quiera que la persona se encuentra sujeta a una circunstancia eximente de responsabilidad, no le es imputable la mora, pues no est presente el elemento subjetivo de la misma, necesario para que se configure.[footnoteRef:15] [13: T-520 de 2003.] [14: C-1011 de 2008 y T-523 de 2003] [15: Ibdem]

Culmina este criterio jurisprudencial con la aseveracin de que el concepto mismo de culpa en materia de responsabilidad civil est fundado sobre la nocin de libertad, que es eminentemente individual. La culpa presupone que el sujeto tiene determinadas posibilidades de accin, dentro de las cuales estn la de cumplir y la de no cumplir sus obligaciones civiles. Por lo tanto, para poder atribuirle culpa a una persona, sta debe estar en la posibilidad de elegir, y de dirigir sus acciones de acuerdo con su eleccin. Slo cuando se dan estos presupuestos, el individuo se vuelve plenamente responsable civilmente. Esto trae como consecuencia que para incurrir en culpa, la persona debe ser consciente de sus opciones, estar en capacidad de valorarlas y de llevar a cabo sus actividades conforme a sus propias valoraciones.[footnoteRef:16] [16: Ibdem]

En esta misma lnea se ha entendido que en los casos de desaparicin[footnoteRef:17] y desplazamiento forzado se constituye tambin una afectacin a la autonoma del individuo de tal entidad que el incumplimiento de las obligaciones civiles no es predicable de la simple omisin en el pago, sino en la incapacidad de ejercer la autonoma del sujeto.[footnoteRef:18] [17: Sobre la equiparacin entre secuestrados y desaparecidos forzadamente, respecto al reconocimiento de proteccin especial y tratamiento diferenciado frente al cumplimiento de sus obligaciones, la Sentencia T-676/05, seal: Como ha reconocido la jurisprudencia constitucional las personas secuestradas y desaparecidas se hallan en un estado de debilidad manifiesta , de dicha circunstancia puede derivarse que sus derechos fundamentales sean afectados por la conducta de terceros, ajenos a los hechos que originaron tal situacin. En tales casos adquiere relevancia la figura jurdica de los deberes constitucionales entre los cuales se cuenta el deber de solidaridad respecto de las personas secuestradas, pues si el tercero que se encuentra en posibilidad fctica y jurdica de cumplir los deberes de esta naturaleza, decide no hacerlo estara vulnerando, prima facie, los derechos fundamentales de la persona en situacin de debilidad, incluso cuando el incumplimiento de su deber corresponda al ejercicio de un derecho o de una libertad protegida por el ordenamiento jurdico. || Si bien por regla general la jurisprudencia constitucional ha condicionado la justiciabilidad de los deberes fundamentales a la existencia de previsiones legales que delimiten su alcance y contenido , excepcionalmente ha admitido su exigibilidad por va de tutela , aun cuando no hayan sido previamente definidos por el legislador, como ha sido precisamente el caso de las personas secuestradas. || Entre los deberes de solidaridad que vinculan a terceros respecto de las personas secuestradas la jurisprudencia constitucional ha sealado especficamente dos cuales son: el deber a cargo de los patronos trtese de entidades estatales o de particulares- de continuar pagando el salario de las personas secuestradas o desaparecidas para la proteccin de su ncleo familiar , y el deber -predicable de sus acreedores especialmente cuando se trate de entidades bancarias- de no exigir las cuotas de la deuda durante el secuestro ni durante la fase de readaptacin de la persona demandada . Deberes que adicionalmente ya han sido ampliamente recogidos por el ordenamiento jurdico vigente, especialmente por la Ley 589 de 2000. || A juicio de esta Corporacin el cumplimiento de tales deberes guarda estrecha relacin con derechos fundamentales de las personas secuestradas, desaparecidas, y de su ncleo familiar, tales como el derecho al mnimo vital, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho general de libertad o la dignidad humana, razn por la cual pueden ser exigibles por medio de la accin de tutela. || En todo caso la exigibilidad de tales deberes por medio de la accin de tutela depender de las circunstancias fcticas que caractericen la situacin en que se encuentra el secuestrado o desaparecido y su ncleo familiar y de la efectiva demostracin de la vulneracin de derechos fundamentales. En efecto, carecera de sentido, desde la perspectiva de proteccin de los derechos fundamentales, exigir el cumplimiento del deber de pago del salario si no se comprueba una afectacin del mnimo vital del ncleo familiar o de las personas que dependan econmicamente del plagiado. Igualmente no sera razonable impedir que las entidades bancarias acreedoras satisficieran los crditos de los cuales son titulares cuando el secuestrado o desaparecido cuente con un patrimonio suficiente para responder por las obligaciones a su cargo y haya sido designado un curador responsable de sus bienes. Sentencia C-1011 de 2008] [18: C-1011 de 2008.]

Lo anterior, debido a la naturaleza del fenmeno que ha sido caracterizado en la legislacin interna como la migracin forzada que tiene lugar dentro del territorio nacional y resulta del esfuerzo de las vctimas del conflicto armado interno y en general de violaciones masivas de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, por salvaguardar los derechos fundamentales en titularidad suya y sus familiares[footnoteRef:19]; definicin que se aproxima a la propuesta en el texto de los Principios Rectores de los desplazamientos internos informe presentado por el representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la cuestin de los desplazados internos, seor (), ante la Comisin de Derechos Humanos, en su 54 perodo de sesiones. En este instrumento se precisa que constituyen vctimas de este fenmeno las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catstrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.[footnoteRef:20] [19: Artculo 1 de la Ley 387 de 1997. ] [20: Principio N 2 del texto de los Principios Deng. ]

En concreto, esta situacin determina que las vctimas del delito de desplazamiento forzado vean viciada su autonoma por la coaccin fsica que obliga a la vctima a abandonar su domicilio y, por ende, el lugar donde desarrolla sus actividades productivas, () [y] como es evidente, impiden de forma objetiva que la persona desplazada pueda responder sus obligaciones de crdito (); [por lo cual se debe dispensar] un tratamiento diferenciado positivo en lo que respecta a la exigibilidad de las obligaciones financieras.[footnoteRef:21] [21: Ibdem.]

En efecto, desde la teora de la imprevisin[footnoteRef:22] el desplazamiento forzado, para la vctima que contrajo una obligacin con anterioridad al acaecimiento de este suceso, representa una circunstancia que imposibilita gravemente, aunque no de manera absoluta, el cumplimiento de esa obligacin, dado su carcter extraordinario, imprevisible e inimputable a la parte, lo que le ubica en una situacin mucho ms onerosa de la advertida al momento de obligarse y, en consecuencia, justifica la flexibilizacin de las condiciones para el cumplimiento. [22: En trminos de la Corte Suprema de Justicia [e]sta teora radicalmente distinta de la nocin de error y de fuerza mayor, tiene por base la imprevisin, es decir que se trate de hechos extraordinarios posteriores al contrato, que no hayan podido ser previstos por las partes, cuyo acaecimiento sin hacer completamente imposible el cumplimiento de la obligacin, lo dificulta en forma extrema, hacindolo tan oneroso, que el contrato pierde para la parte obligada todo sentido y finalidad. No se trata en suma de una imposibilidad absoluta de cumplir, lo que constituye ya la fuerza mayor, sino de una imposibilidad relativa, como la proveniente de una grave crisis econmica, de una guerra, etc. Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 25 de febrero de 1937.]

A fin de atender esta problemtica la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atencin, asistencia y reparacin integral a las vctimas del conflictos armado interno y se dictan otras disposiciones, hace una remisin expresa a los artculos 16, 32, 33 y 38 de la Ley 418 de 1997[footnoteRef:23], por la cual se consagran unos instrumentos para la bsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones. [23: Artculo 128 de la Ley 1448 de 2011, ubicado en el captulo V del ttulo IV, titulado crditos y pasivos.]

Inicialmente es menester precisar que el mbito de aplicacin personal de esta ley est dado por el concepto de vctimas, categora en la que explcitamente se incluye a quienes han sido obligados al desplazamiento forzado, en los trminos del artculo 1 de la Ley 387 de 1997. [footnoteRef:24] Base sobre la cual se regula, en el artculo 16, el otorgamiento de la ayuda humanitaria[footnoteRef:25]; en el artculo 32, la asistencia para el cubrimiento de crditos destinados a la reposicin o reparacin de vehculos, maquinaria, equipo, equipamiento, muebles, enseres, capital de trabajo de personas naturales o jurdicas e inmuebles destinados a locales comerciales.[footnoteRef:26] Finalmente el artculo 38 regula lo atinente a crditos financieros de la siguiente forma: el establecimiento de crdito ante el cual la vctima de la violencia eleve la respectiva solicitud, despus del estudio de la documentacin, deber determinar la imposibilidad del solicitante de ofrecer una garanta suficiente de acuerdo con las sanas prcticas del mercado financiero () Cuando las vctimas de los actos a que se refiere el artculo 15 de esta ley se encontraren en imposibilidad de ofrecer una garanta suficiente, para responder por los crditos previstos en los artculos anteriores, dichos crditos sern garantizados por el Fondo Nacional de Garantas, FNG, o la entidad financiera de naturaleza oficial sealada por el Gobierno Nacional.[footnoteRef:27] [24: Artculo 15 de la Ley 418 de 1997.] [25: ARTCULO 16. En desarrollo del principio de solidaridad social, y dado el dao especial sufrido por las vctimas, estas recibirn asistencia humanitaria, entendida por tal la ayuda indispensable para sufragar los requerimientos esenciales, a fin de satisfacer los derechos que hayan sido menoscabados por los actos enunciados en el artculo 15. Esta ayuda humanitaria ser prestada por las entidades pblicas as: Por la Red de Solidaridad Social, en desarrollo de su objeto legal y de acuerdo con las directrices que para el efecto seale su Consejo Directivo, y por las dems entidades pblicas sealadas en la presente ley, dentro del marco de sus competencias, siempre que la solicitud se eleve dentro del ao siguiente a la ocurrencia del hecho.PARGRAFO 1o. En caso fuerza mayor o caso fortuito que impidan a la vctima presentar oportunamente la solicitud, el trmino a que se refiere la presente disposicin debe contarse a partir del momento en que cesen los hechos motivo de tal impedimento.PARGRAFO 2o. El Gobierno Nacional apropiar los recursos necesarios en el Presupuesto General de la Nacin Red de Solidaridad Social, con el objeto de prestar asistencia humanitaria, conforme a los fines previstos en la presente ley.PARGRAFO 3o. La ayuda humanitaria ser entregada por la Red de Solidaridad Social en forma directa, asegurando la gratuidad en el trmite, para que los beneficiarios la reciban en su totalidad.PARGRAFO 4o. Los beneficios de contenido econmico que se otorguen a los desplazados se regirn por la Ley 387 de 1997.] [26: ARTCULO 32. DE LAS PLIZAS DE SEGUROS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE O FLUVIAL. La entidad financiera de naturaleza oficial que determine el Gobierno Nacional, redescontar los prstamos que otorguen los distintos establecimientos de crdito para financiar la reposicin o reparacin de vehculos (terrestres o fluviales), maquinaria, equipo, equipamiento, muebles y enseres, capital de trabajo de personas naturales o jurdicas, tengan o no la calidad de comerciantes, y la reparacin o reconstruccin de inmuebles destinados a locales comerciales, cuando se trate de vctimas de los actos a que se refiere el artculo 6 de la Ley 782 de 2002 o en los casos en que la alteracin del orden pblico lo amerite. Todos estos muebles, enseres e inmuebles, deben ser afectados cuando se trate de vctimas de los actos a que se refiere el artculo 6 de la Ley 782 de 2002 o en los casos en que la alteracin del orden pblico lo amerite. As mismo, en desarrollo del principio de solidaridad la entidad financiera de naturaleza oficial que determine el Gobierno Nacional, otorgar directamente a las vctimas de los actos a que se refiere el artculo 6 de esta ley, prstamos para financiar la reconstruccin o reparacin de inmuebles afectados.] [27: Artculo 38 de la Ley 418 de 1997.]

Con base en este panorama normativo, en sede de revisin han sido adoptadas distintas frmulas de solucin en eventos en que las vctimas del desplazamiento forzado han reclamado el amparo tutelar, dada la exigibilidad de una obligacin adquirida con anterioridad a la ocurrencia del delito con garanta en los bienes inmuebles que se vieron forzados a abandonar.

De manera puntual, mediante Sentencia T-419 de 2004 se resolvi la demanda instaurada por una persona en situacin de desplazamiento que alegaba la afectacin del derecho a la vida en condiciones dignas en titularidad suya y de su familia, debido a que el Banco Agrario le exiga el pago de una deuda asumida con anterioridad al desplazamiento, a pesar de esa eventualidad. En aquella ocasin, con base en las razones jurdicas esgrimidas en la Sentencia T-520 de 2005[footnoteRef:28], se encontr efectivamente configurada una violacin de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se orden[] al Banco que le suministr[ara] [al actor] una respuesta adecuada a la situacin que plantea[ba]. Es decir, que le inform[ara] si existen alivios de crdito por hacer parte de la poblacin desplazada por la violencia; si puede acceder a algunos de los crditos de que trata la Ley 418 de 1997 por la cual se consagran unos instrumentos para la bsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones; si el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, puede hacer el redescuento de la obligacin del actor; si tiene derecho a subsidios; si se cuenta con otras garantas adems de la hipoteca, que prevean situaciones como la que padece el demandante: abandono del inmueble que garantiza la obligacin y prdida de los dems bienes. En todo caso, el Banco deb[a] resolver el pedido del actor y garantizarle que en la frmula de arreglo que ac[ordaran] se tendr[a] en cuenta su condicin de desplazado y sus condiciones econmicas.(negrillas pro fuera del texto original) [footnoteRef:29] [28: En esta sentencia de tutela se analiz el supuesto de hecho en el cual, en contra de una vctima del secuestro, dos entidades bancarias iniciaron un juicio ejecutivo con el fin de hacer exigible obligaciones derivadas de un ttulo ejecutivo suscrito antes de la ocurrencia del delito. En esta providencia; partiendo del deber de solidaridad que deben tener las entidades financieras -en razn a que prestan un servicio pblico- con respecto a las personas vctimas del secuestro, se sentaron grosso modo las siguientes subreglas:a) El hecho del secuestro, considerado como una circunstancia imprevisible e irresistible y por tanto constitutiva de fuerza mayor, poda ser alegado en el proceso ejecutivo, por medio de la excepcin a la accin cambiaria contenida en el numeral 12 del artculo 784 del Cdigo Comercio. Dicho artculo trata de que se puede proponer como excepciones las derivadas del negocio jurdico que dio origen a la creacin o transferencia del ttulo, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa.b) A pesar de existir esta va procesal para alegar la situacin del secuestro, en este caso la tutela fue procedente bajo la consideracin de que probar el secuestro como un hecho imprevisto, imprevisible e irresistible, y probar a su vez la relacin causal entre este hecho y el incumplimiento de la obligacin, es una carga probatoria desproporcionada e irracional para el afectado.b) La circunstancia del secuestro al constituir una fuerza mayor exime de responsabilidad al deudor dentro del proceso ejecutivo (artculo 1604 del C.C., aplicable por remisin a la normatividad civil que hace el artculo 822 del Co.Co.)c) Una vez liberada, la persona secuestrada se enfrenta a unas determinadas condiciones mentales y econmicas que prohbe a la entidad bancaria imponerle cargas, como quiera que no est en condiciones de igualdad con el resto de la poblacin. De este modo, a pesar que la entidad bancaria tiene el derecho a exigir el cumplimiento de la obligacin, el deudor no est en capacidad de cumplirla por la coaccin de un tercero.d) El ejercicio del derecho a la autonoma privada es protegido si con su uso se respeta los derechos ajenos, el inters general y se contribuye al progreso y al bienestar general (T-338-93). Empero, los lmites a la autonoma contractual no es posible fijarse de antemano con prescindencia del bien jurdico que est enfrentado en cada caso. El artculo 333 de la Constitucin Poltica faculta limitar a la autonoma individual en aras del bien comn.e) El deber de solidaridad limita la autonoma de las relaciones contractuales cuando una desproteccin en materia contractual compromete derechos fundamentales. Las controversias contractuales son resueltas por las disposiciones legales. Sin embargo, si de las obligaciones contractuales depende la subsistencia autnoma y libre de una de las partes y no existe remedios legales, este asunto se torna de relevancia constitucional. f) Si se protegen las desigualdades en el contrato, an mas se pueden limitar los derechos del acreedor, pues stos no son absolutos.g) Por medio de figuras como la buena fe, la fuerza mayor, el caso fortuito y la imprevisin se protegen a los deudores, limitando la autonoma privada, esto es, el pacta sunt servanda. Estas figuras reconocen circunstancias ajenas al deudor que escapan de su control que impiden el cumplimiento de la obligacin o la hacen onerosa, y por ende le impiden al acreedor exigir el cumplimiento de la obligacin al deudor, difiriendo su exigibilidad o cambiando las condiciones. Si lo anterior no fuera as, esto es, si se desconociera las circunstancias que impiden o hacen mas oneroso el cumplimiento de la obligacin se violara el derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad.h) Teniendo en cuenta las anteriores premisas se consider que no es exigible los instalamentos vencidos durante el trmino del secuestro, pues este hecho fsicamente impide cumplir las obligaciones. Como no eran exigibles, no se causa mora, pues el deudor no estaba en la facultad de decidir libremente si cumpla o no con sus obligaciones, de all que no se pueda generar responsabilidad de sus actos. De este modo, la fuerza mayor exime de responsabilidad al deudor y por ende no le es imputable la mora. Si no se generara esta consecuencia, se vulnerara el derecho al libre desarrollo de la personalidad del secuestrado, pues se le estara atribuyendo una conducta culposa por circunstancias ajenas a su voluntad, ya que la responsabilidad imputada escapaba de su mbito de accin y de control.i) La fuerza mayor se atribuye a la circunstancia en que se encontraba el secuestrado y tambin la de toda su familia, pues, en este caso, la persona vctima del secuestro desarrollaba personalmente y por cuenta propia la actividad econmica de que era dependiente la familia, irradiando de esta forma la fuerza mayor a los dems obligados. Adems, por este hecho la familia se encontraba en una situacin de extrema necesidad.j) Prolongacin de los efectos del secuestro e inexigibilidad las cuotas durante la fase de readaptacin, esto es, la no exigibilidad de las cuotas durante el ao siguiente a la terminacin del secuestro, pues se considera que en este tiempo el sujeto adquiere su capacidad econmica y laboral, y supera la afectacin psicolgica a la que fue sometido. De este modo, si se cobra durante este tiempo las obligaciones es una carga econmica desproporcionada, onerosa, imprevista, imprevisible y adicional a la persona vctima del secuestro que implica una amenaza a la capacidad de retomar su propio plan de vida. Bajo la misma consideracin, durante este lapso no se deben cobrar intereses, pues el deudor secuestrado y liberado no tiene culpa al no poder materialmente cumplir su obligacin.k) El hecho de que las entidades bancarias adelantaran un proceso ejecutivo a sabiendas de la situacin en que se encontraba el deudor, afecta la buena fe de las relaciones contractuales y abusa de la administracin de justicia, pues desconoce las circunstancias excepcionales del incumplimiento.Con base en lo anterior se tutel el derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad del accionante y en consecuencia se orden suspender el proceso ejecutivo por el trmino de un mes. En ese mes las partes debern novar los contratos iniciales, el demandante debe suscribir nuevamente los pagars y dems ttulos valores que respaldaban el cumplimiento de las obligaciones en las relaciones contractuales iniciales, as como las hipotecas y dems garantas reales que se hubieran constituido. Una vez se hayan novado los contratos y se hayan otorgado las garantas reales y personales, en los mismos trminos que en los contratos iniciales, los bancos debern solicitar a los jueces, la terminacin anticipada de los procesos ejecutivos interpuestos. El nuevo acuerdo debe tener en cuenta que: los intereses remuneratorios desde el secuestro hasta la sentencia deben calcularse de acuerdo con las circunstancias del deudor, si no se llega a un acuerdo puede cobrar los intereses corrientes bancarios que correspondan a ese perodo; las entidades bancarias se abstienen de cobrar anticipadamente la deuda mediante uso de clusulas aceleratorias; no se puede exigir al deudor intereses moratorios por incumplir el pago durante el periodo del secuestro y hasta el mes siguientes de notificacin..] [29: Sentencia T-419 de 2004.]

En Sentencia T-358 de 2008, de otro lado, se invoc el amparo una vez en curso el proceso ejecutivo promovido por el Banco Agrario igualmente en contra de un ciudadano vctima del desplazamiento forzado, controversia que result favorable a los intereses de la parte accionante. Concretamente, se orden a la entidad demandada acordar con el accionante nuevas opciones reales para el pago de la deuda, en consideracin a su condicin de desplazado.[footnoteRef:30] Se argument, in extenso: [30: Sentencia T-358 de 2008.]

Es claro que el principio de buena fe tambin impone deberes a los particulares y bien puede no haber lugar a que se extingan las obligaciones civiles ni sus garantas, pero lo que s debe ordenar la Corte al Banco Agrario de Colombia es que reprograme el crdito, como le viene instando el demandante, dentro de unas condiciones que le sean asequibles y pueda honrar dentro de su penosa situacin.

Debe la institucin financiera accionada realizar la actuacin que le corresponda como demandante en la accin civil iniciada en contra del actor en marzo 22 de 2007, que se adelanta ante el Juzgado Promiscuo Municipal de San Vicente del Cagun, para que sta no produzca los efectos ejecutivos correspondientes, lo cual no impide que se vuelva a intentar el cumplimento de las nuevas condiciones y el drama del desplazamiento hubiese sido atenuado, esto con el fin de hacer cumplir el acuerdo al que lleguen y segn la evolucin de la situacin provocada por el desplazamiento forzado. En este nuevo acuerdo ser considerada la abstencin del cobro anticipado de la deuda, de los intereses moratorios por el incumplimiento, de los honorarios de abogado y de los dems gastos y costas derivados del cobro judicial o extrajudicial de la deuda con el seor ().

En cuanto a la proteccin del buen nombre del actor, se ordenar a la referida entidad financiera, surepresentante legal o quien haga sus veces, que en caso de que se hubiere realizado alguna anotacin negativa del actor originada por el incumplimiento de su crdito en las bases de datos en CIFIN y Datacrdito, en el trmino de las 48 horas siguientes a la notificacin de esta providencia, gestione lo necesario para que sean excluidas.Adems, el Banco informar al demandante si existen alivios de crdito por hacer parte de la poblacin desplazada por la violencia, si tiene derecho a alguna clase de subsidio y si cuenta con garantas que prevean situaciones como la que soporta l ahora.[footnoteRef:31] [31: Sentencia T-358 de 2008.]

Esta misma frmula fue empleada en Sentencia T-312 de 2010 en la que se dispuso, nuevamente haciendo una interpretacin analgica de la regla prevista en la Sentencia T-520 de 2003, que el secuestro en el caso de la T-520 de 2003 tuvo un lmite de tiempo. Razn por la cual, la obligacin de pagar los instalamentos vencidos durante este periodo no era exigible; mientras que, a diferencia del secuestro, el desplazamiento en el presente caso no tiene un lmite de tiempo estimado, por lo tanto ordenar que no se haga exigible la obligacin crediticia durante el periodo de tiempo que dura el desplazamiento resulta a todas luces desproporcional y ajeno a los fines constitucionales de la accin de tutela. No obstante, la Sala adoptar el mismo criterio mencionado en la citada sentencia. Por lo tanto, en cuanto a la fase de readaptacin que all se menciona, para el caso particular, el incumplimiento de las obligaciones por parte del demandante desde la fecha de desplazamiento y hasta notificada la presente sentencia, no comportarn mora.[footnoteRef:32] La Sala Sptima de Revisin de Tutelas coligi, pues: [32: Sentencia T-312 de 2010.]

a) La obligacin contrada por una vctima del desplazamiento forzado previa su ocurrencia no es exigible mientras persistan las circunstancias de indefensin y debilidad que caracterizan el delito del desplazamiento y sus consecuencias, debido a que ello acarrea la prdida o alteracin de las medios de produccin que de forma tradicional haban sido empleados por la vctima para la manutencin propia y la de su familia. Sin embargo, debido a que ordenar que la suspensin de la obligacin crediticia hasta la estabilizacin socio-econmica de la vctima podra resultar desproporcionado, se hace imperiosa la renegociacin de la deuda y la terminacin de cualquier proceso ejecutivo que se hubiese iniciado para su exigibilidad.

b) En esa medida, el incumplimiento de las obligaciones por parte de la vctima desde la fecha del desplazamiento hasta la notificacin de la sentencia que resuelve el proceso de tutela no comportarn mora, lo que implica a su vez que sea inadmisible el uso de clusulas aceleratorias y el cobro de intereses moratorios durante dicho lapso.

c) Los intereses de mora causados sobre las cuotas que se llegaron a pagar desde el momento del desplazamiento hasta la notificacin de la sentencia sern abonados al capital total adeudado.

d) Se reconoce el derecho que le asiste a la entidad bancaria para reclamar el pago de intereses remuneratorios o de plazo causados a partir del momento del desplazamiento sobre las cuotas que hayan dejado de pagarse a partir de dicha fecha. Dichos intereses, al igual que las cuotas que estn pendientes de pagar, deben calcularse con sujecin al principio de solidaridad y teniendo en cuenta las condiciones de desplazamiento del actor, para lo cual debern llegar a nuevos acuerdos de pago. Si no se llega a un acuerdo, se debe aplicar el artculo 884 del Cdigo de Comercio.

Para concluir, cabe aludir a la Sentencia T-726 de 2010, mediante la cual fue resuelto un caso anlogo desde el punto de vista fctico y jurdico. En efecto, la tutela fue impetrada por un ciudadano que adquiri un crdito en el ao 1996 con la entonces Caja de Crdito Agrario, obligacin que se hizo exigible en el ao 2002 dado su incumplimiento debido al acaecimiento de una evento violento que le forz a la movilizacin. Durante el trmite del proceso ejecutivo mixto iniciado en su contra, en el que se profiri sentencia en el ao 2006, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural inscribi una medida de proteccin sobre el bien inmueble objeto de controversia.[footnoteRef:33] Luego, respecto de ese bien, de conformidad con la normatividad que regula el Sistema de Registro de Predios y Territorios Abandonados por la violencia RUPTA-, estaban restringidas las posibilidades de enajenacin o transferencia del dominio. [footnoteRef:34] [33: Punto 2.1.2 de los antecedentes de la Sentencia T-726 de 2010.] [34: El sistema de proteccin de tierras y patrimonios de la poblacin desplazada, que tiene como objetivos centrales la prevencin del desplazamiento y el aseguramiento de condiciones propicias para el retorno y reparacin de las vctimas de esta violacin, est constituido por las rutas de proteccin individual, colectiva y tnica, que estn orientadas por el mismo propsito, pero que se distinguen en razn de las particularidades del desplazamiento, es decir, dependiendo de si ste es individual, masivo o afecta a un grupo tnico minoritario, respectivamente.En sntesis, el sistema de proteccin de tierras y patrimonios de la poblacin desplazada, que nutre el Registro nico de Predios Abandonados por la Violencia, est integrado por tres rutas de proteccin: i) una individual, instrumento aplicable en los casos de desplazamientos no masivos soportados por sujetos que no sean identificados como miembros de un grupo tnicamente minoritario, es decir, los que afecten un nmero menor de 10 familias o 50 personas individualmente consideradas; ii) una colectiva, que es ajustable a los desplazamientos masivos igualmente de sujetos de los que no se predique tal condicin tnica, osea, en los que se vean involucradas ms de 10 familias o 50 personas; y iii) una tnica, cuyos parmetros fueron planteados en el auto 005 de 2009, prevista originalmente para la proteccin de los derechos territoriales en titularidad de la poblacin afrodescendiente, pero extensible a los dems grupos tnicamente representativos.]

Constatada la comisin de un defecto por desconocimiento del precedente constitucional en el trmite del proceso ejecutivo cuestionado, la Sala reafirm que el hecho del desplazamiento forzado constituye un impedimento que influye en la exigibilidad de la obligacin al hacer para el afectado por este delito y deudor de una obligacin, ms onerosa su situacin. De all que se imponga al acreedor la reestructuracin de las obligaciones dinerarias, como efecto de lo que la doctrina ha denominado teora de la imprevisin, como quiera que la consecuencia de dicha teora es que ante una dificultad de caractersticas graves que influye en el cumplimiento de la obligacin, el deudor contina obligado a responder con la prestacin, esto es, no queda exonerado de su cumplimiento, empero se impone un ajuste de acuerdo con la equidad contractual. [footnoteRef:35] [35: Fundamento jurdico N 12.5 de la sentencia T-726 de 2010. Es ms, en esta oportunidad se puso de presente que la injerencia del juez en la restructuracin de las obligaciones en asuntos concernientes al cumplimiento de stas ante la dificultad del deudor, es una situacin que no ha sido ajena a la regulacin jurdica de otros pases., como ejemplo de lo cual se trajo a colacin el artculo 1244 del Cdigo Civil francs, en el que se dispone:Artculo 1244: El deudor no puede obligar al acreedor a recibir el pago parcial de una deuda, aunque sta sea divisible.Artculo 1244-1: Sin embargo, teniendo en cuenta la situacin del deudor y considerando las necesidades del acreedor, el juez puede, mximo dentro de los dos aos siguientes, disminuir o escalonar el pago de las sumas debidas. Mediante decisin especial y motivada, el juez puede ordenar que, sobre las sumas que estn en mora, se cobre un inters a una tasa reducida que no puede ser inferior a la tasa legal o puede ordenar que esos pagos se imputen primero a capital. Adems, puede subordinar estas medidas al cumplimiento, por parte del deudor, de actos tendientes a facilitar o garantizar el pago de la deuda. Las disposiciones de este artculo no se aplican a las deudas de alimentos. Fundamento Jurdico N 13 de la sentencia T-726 de 2010. ]

Entonces, sobre la base del principio de solidaridad y los mandatos especiales de proteccin a esta poblacin, se ha erigido el deber de las entidades financieras de tener en cuenta las restricciones propias de su condicin para cumplir con los pagos a los que se han comprometido y disponer, en consecuencia, formulas de arreglo coherentes con la situacin econmica de esas personas.

Caso concreto.

Los accionantes impetran tutela con el propsito de lograr la salvaguarda de los derechos fundamentales a la vivienda digna, al acceso a la administracin de justicia, al debido proceso, al derecho de defensa, al trabajo, al mnimo vital, a la igualdad, a la restitucin de tierras y a la dignidad humana, que alegan amenazados debido a que en su contra cursa un proceso ejecutivo garantizado con un bien inmueble de naturaleza rural de su propiedad, no obstante el incumplimiento de la obligacin se debi a la ocurrencia del desplazamiento forzado.

En efecto, stos fueron beneficiarios de un subsidio para la adquisicin de un inmueble rural ubicado en el corregimiento de Pita Abajo, municipio de San Onofre, otorgado en su favor por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -hoy INCODER- en el ao de 1997. Lo anterior bajo la condicin de que suscribieran contrato de mutuo con la Caja Agraria para el otorgamiento del dinero restante, exactamente el 30% del valor total del inmueble, debido a que el subsidio nicamente cubrira el 70% de ese monto.

Dos aos despus fueron vctimas del desplazamiento forzado y en el 2001 la Caja Agraria promovi en su contra proceso ejecutivo para el cumplimiento de las obligaciones respaldadas en los pagars N 1341110, 1341111 y 1451139. [footnoteRef:36] Este trmite, en el que aparecen como ejecutados la Empresa Comunitaria () y otros, entre ellos los accionantes, cursa en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo que inform, en cumplimiento de una de las rdenes dispuesta mediante auto de pruebas proferido el da 30 de junio de 2011, que hasta la fecha no se ha fijado fecha para REMATE y por ende no se ha registrado auto aprobatorio del mismo.[footnoteRef:37] [36: Folios 4 a 7, cuaderno 2] [37: As fue certificado mediante informe fechado el da 11 de julio de 2011 recibido en el despacho del Magistrado Sustanciador en la misma fecha, suscrito por la Secretaria del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo, Audith del Socorro Prez Martnez. ]

De otra parte, mediante resolucin No. 997 de 2007 el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural orden la inscripcin del predio cuyo nmero de matrcula inmobiliaria corresponde al consecutivo 340-64319, el inmueble La Alemana, en el Registro nico de Predios Abandonados (RUP) y la respectiva anotacin en la Oficina de Registro e Instrumentos Pblicos en cuanto a la prohibicin de enajenar o suscribir cualquier acto jurdico respecto de dicho bien. De manera puntual, de acuerdo con la copia del certificado de tradicin que aparece adjunta al expediente de tutela, a la anotacin sobre la medida cautelar de embargo real mixto (de fecha 2 de agosto de 2001), le sigue una anotacin de la medida de prevencin registradores abstenerse de inscribir actos de enajenacin o transferencia a cualquier ttulo hecha el da 17 de septiembre de 2007 en virtud de la resolucin N 997 de 2007 del INCODER de Montera.[footnoteRef:38] [38: Folio 57, cuaderno 3.]

Con posterioridad, mediante escrito radicado el da 21 de noviembre de 2007, los accionantes solicitaron al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo abstenerse de rematar el predio perseguido en el proceso ejecutivo, toda vez que el incumplimiento de las obligaciones se debi a su condicin de desplazados por la violencia; sin embargo, el da 12 de diciembre de 2007, el Juez Segundo Civil del Circuito de Sincelejo respondi a la solicitud mediante oficio dirigido a la empresa comunitaria La Alemana, en donde se indic que el derecho de peticin no resultaba pertinente en este tipo de actuaciones, ya que ste no procede para poner en marcha el aparato judicial.[footnoteRef:39] [39: Folio 50, cuaderno 3.]

Con base en ese panorama fctico se determin que el problema jurdico a considerar por parte de esta Sala de Revisin consista en establecer, de un lado, si el despacho accionado incurri en causales generales y especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales al proferir una providencia en la que se orden el mandamiento de pago, muy a pesar del uniforme precedente constitucional que dispone la aplicabilidad del principio de solidaridad frente al cobro de obligaciones pecuniarias contradas por vctimas del desplazamiento forzado, en el contexto de procesos ejecutivos iniciados para el cumplimiento de las mismas, siempre que stas hayan sido contradas previo el desplazamiento.

Se encontr, en el estudio preliminar, que una de las partes de la tutela, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo, alegaba la incursin, por parte de los accionantes, en el fenmeno de la temeridad, dada la interposicin previa de una demanda de tutela en relacin con hechos y pretensiones supuestamente anlogos. Sin embargo, del estudio del material probatorio contenido en el presente expediente de tutela se hizo evidente que, si bien eran idnticas las partes y los hechos caractersticos de la tutela impetrada con precedencia, las motivaciones eran dismiles. As consta en las sentencias proferidas el da 19 de junio y el 11 de septiembre de 2008 por la Sala III Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Sincelejo y la Corte Suprema de Justicia, respectivamente. En ambos fallos se puntualiz que el asunto objeto de controversia giraba alrededor de la notificacin del proceso ejecutivo, debate que fue resuelto en consideracin al principio de subsidiariedad, de cuya lectura se determin que los accionantes no acudieron a los recursos y/o excepciones que la ley le brinda para solicitar las nulidades que hoy pretende [sic] se decreten por va de tutela, pues si los actores consideran que no se les notific en debida forma, se les hizo el emplazamiento, o que con el edicto publicado el 19 de octubre de 2003 se notificaron personas que ya haban sido desaparecidas y asesinadas, debieron alegarlo en la oportunidad procesal pertinente para ello ()[footnoteRef:40] [40: Sala III Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Sincelejo. Sentencia T-08-077, radicacin 00258-01 del diecinueve de junio de dos mil ocho. ]

En definitiva, ello descarta la incursin de la parte accionante en una conducta temeraria, toda vez que la misma presupone que (i) se hayan presentado con anterioridad varias acciones de tutela por los mismos hechos y para el logro de las mismas pretensiones; en oportunidades diferentes, ya sea ante distintos jueces o ante el mismo juez; (ii) sean presentadas por la misma persona o en nombre suyo; y (iii) no exista un motivo que razonablemente justifique la interposicin reiterada de la tutela. En el particular, las pretensiones son claramente diferenciables, pues en la tutela impetrada en 2008 se aleg un defecto por indebida notificacin, mientras en la tutela aparentemente temeraria se discute la constitucionalidad de la de la actuacin judicial en la que se dispuso la exigibilidad de la deuda incumplida por los actores en razn de su condicin de vctimas. Luego, no hay lugar al juicio sobre la temeridad de la accin.

Ahora s, corresponde hacer un examen sobre la satisfaccin de los requisitos genricos y especficos para la interposicin de una tutela en contra de una decisin judicial.

En primer lugar, resulta evidente que se trata de un asunto constitucionalmente relevante, pues el efecto determinante de la culminacin del proceso ejecutivo, en el que ya fue aprobado el mandamiento de pago, es la prdida definitiva del inmueble de propiedad de los accionantes, quienes ya bastante se han visto afectados con el despojo arbitrario de sus tierras, en razn del conflicto armado. Resultara adems excesivamente gravoso que sujetos susceptibles de especial proteccin estatal, sean condenados a la privacin de sus tierras por motivos que exceden su voluntad y determinacin. As mismo se satisfizo la carga, en cabeza de los petentes, de exponer de forma razonable y suficiente los hechos que motivaron la accin de tutela, razones que igualmente fueron aducidas en el contexto del proceso ejecutivo, pero que no fueron de recibido por cuestiones estrictamente formales. [footnoteRef:41] [41: Folio 50, cuaderno 3.]

Las razones para cuestionar este ltimo punto coinciden con las que sustentan el cumplimiento de los requisitos sobre el agotamiento de los medios de defensa y la satisfaccin del criterio de inmediatez. En esencia, la accin de tutela constituye el instrumento judicial ms apropiado para obtener el amparo de los derechos fundamentales en cabeza de la poblacin desplazada, concretamente por el hecho de que respecto de los mismos es predicable una singular proteccin constitucional[footnoteRef:42], merced a las circunstancias particulares de vulnerabilidad, indefensin y debilidad manifiesta en la que se encuentran, mandato extensivo a todas las autoridades judiciales y administrativas, en virtud del artculo 2 de la Carta Poltica. En este caso, esa mxima habra de proyectarse en los operadores judiciales, que tenan el deber de orientar y acompaar de manera especial a los actores, en tanto sujetos en situacin de vulnerabilidad, lo cual se ech de menos en el particular. A ms de lo anterior, la prdida definitiva de la propiedad, como consecuencia ineludible de la culminacin de un trmite ejecutivo, parece una carga excesivamente gravosa para quienes incurrieron en incumplimiento por razones ajenas a su determinacin y voluntad. Este mandato igualmente obliga a considerar de forma flexible el juicio de inmediatez, ya que las condiciones mismas del desplazamiento justifican la activacin tarda del aparato judicial. [42: Ver al respecto la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento.]

Entonces, el argumento de la improcedencia de la tutela so pretexto de la existencia de otros medios ordinarios de defensa judicial, en particular la nulidad del proceso ejecutivo, deber ser derrotado no slo por tratarse de sujetos de especial proteccin constitucional que merecen singular amparo del Estado, sino por ser adems un asunto que requiere inmediata atencin a efectos de evitar la consumacin de un perjuicio irremediable, como sera el remate del bien inmueble de propiedad de los accionantes, vctimas del desplazamiento forzado que se vieron impedidos para el obedecimiento de sus obligaciones a raz de tales circunstancias extraordinarias.

Ahora s, en cuanto a las causales especficas para la procedibilidad de la tutela, las particularidades del caso ameritan su valoracin bajo la lupa de la jurisprudencia constitucional sobre la aplicacin del principio de solidaridad a favor de deudores en situacin de desplazamiento, a fin de establecer si se configur un defecto por inaplicacin del precedente.

A efectos de responder este interrogante tenemos, inicialmente, que de acuerdo con la resolucin No. 997 de 2007 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, el inmueble que habitaban los accionantes fue inscrito en el Registro nico de Predios Abandonas por la Violencia a partir de esa fecha, lo que constituye prueba documental del abandono del bien y el correlativo desplazamiento involuntario de los demandantes. Igualmente, se constat que los demandantes efectivamente haban suscrito la obligacin que ahora se hace exigible con anterioridad a la consumacin del desplazamiento; que en el proceso ejecutivo iniciado en su contra no se ha dictado auto de aprobacin del remate; y muchos menos hay involucrado un tercero adquirente de buena fe, supuestos que autorizan la aplicacin preferente del principio de solidaridad y la ratio decidendi contenida en las providencias referenciadas en el acpite anterior, especialmente en la Sentencia T-726 de 2010.[footnoteRef:43] [43: Por el contrario, mediante sentenica T-440 de 2010 se resolvi negativamente una tutela impetrada un desplazado en contra de quien se haba iniciado un proceso ejecutivo, debido a que durante el trmite de la demanda el inmueble fue rematado y adjudicado a un tercero adquirente de buena fe, circunstancia que imposibilitaba la declaratoria de nulidad del proceso y la utilizacin de las frmulas de resolucin empleadas en otros casos relativos a la exigibilidad de obligaciones dinerarias a la poblacin desplazada. ]

As pues, se trata de una controversia en la que el mandato de solidaridad demanda la consideracin, frente al incumplimiento por parte de vctimas del desplazamiento forzado, justamente de las particulares condiciones de los deudores, que han visto afectada su voluntad por circunstancias imprevisibles, extraordinarias y completamente ajenas.

Como se explic con precedencia, el hecho del desplazamiento forzado constituye un impedimento que influye en la exigibilidad de la obligacin al hacer para el afectado por este delito y deudor de una obligacin, ms onerosa su situacin. De all que se imponga al acreedor la reestructuracin de las obligaciones dinerarias, como efecto de lo que la doctrina ha denominado teora de la imprevisin, como quiera que la consecuencia de dicha teora es que ante una dificultad de caractersticas graves que influye en el cumplimiento de la obligacin, el deudor contina obligado a responder con la prestacin, esto es, no queda exonerado de su cumplimiento, empero se impone un ajuste de acuerdo con la equidad contractual. [footnoteRef:44] [44: Op. Cit. Fundamento jurdico N 12.5 de la sentencia T-726 de 2010. ]

La novacin de la deuda se erige, entonces, en la alternativa ms prxima al mandato de solidaridad y el equilibrio entre las partes, ya que se exhorta a la consecucin de un consenso respecto a las condiciones para el cumplimiento de la prestacin. De esta forma se asegura el acatamiento de una obligacin debidamente contrara y se evita la consumacin de un enriquecimiento sin justa causa, pero con atencin a las singulares caractersticas del sujeto obligado.

Con todo, debido a que el inmueble que constituye la garanta de la obligacin est sujeto al sistema de proteccin de patrimonios y tierras de la poblacin desplazada, es claro que el mismo est excluido del comercio jurdico, dado que el alcance de estas medidas. Recordemos que de conformidad con la normativa aplicable, nicamente es admisible la transferencia del derecho de dominio de los bienes sujetos a este sistema respecto de los cuales i) se obtiene la autorizacin del respectivo Comit, o ii) la transferencia se hara a favor del Incora ahora Incoder-, supuestos que estn condicionados a que la solicitud sea efectuada por el propietario del bien.[footnoteRef:45] [45: Op. Cit., artculo 19, numeral 1 de la Ley 387 de 1997.]

Lo anterior determina que respecto de los inmuebles sujetos a este sistema de proteccin no sea admisible la concrecin de negocio jurdico alguno, ya que stos constituyen objeto ilcito, al tenor del artculo 1502 del Cdigo Civil. As las cosas, se trata de un inmueble que no constituye garanta y que no podr cumplir con esa finalidad, dado que en virtud del sistema de proteccin de tierras y patrimonio de la poblacin desplazada, su enajenacin est prohibida. En razn de ello, se dispondr la nulidad del proceso ejecutivo, no slo porque se funda en una obligacin que fue incumplida por un evento imprevisible, sino porque la garanta del mismo est representada por un objeto ilcito, que no podr ser rematado en consecuencia.

Dada la nulidad del proceso ejecutivo, se dispondrn efectos inter pares respecto de todos los desplazados ejecutados en el proceso que cursa ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo bajo el radicado N 2001-00174-00, que fueron vinculados al proceso de tutela el da treinta (30) de agosto de dos mil diez (2010) por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo.[footnoteRef:46] As, se ordenar la realizacin de sendos acuerdos de pago entre las partes del proceso ejecutivo de referencia y la Compaa de Gerenciamiento Ltda., que sern pactados en consideracin a las posibilidades econmicas de cada uno de los deudores y las pautas dispuestas para el efecto en reiterada jurisprudencia constitucional. A falta de garanta suficiente por parte de las vctimas del desplazamiento forzado demandadas en el proceso ejecutivo de la referencia, de conformidad con el artculo 128 de la Ley 1448 de 2011, que remite al artculo 38 de la Ley 418 de 1997, la obligacin ser garantizada por el Fondo Nacional de Garantas. [46: Folio 13 de la sentencia]

III. DECISINEn la sentencia T-227 de 19971 se dibuj el desolador panorama que presenta tal fenmeno:"Cuando mujeres, nios y ancianos se ven precisados a dejar sus hogares y recorrer grandesdistancias desafiando toda clase de peligros, viendo sufrir y an morir a sus compaeros, comoles ha ocurrido a los colonos de la hacienda, la explicable huida no es un problema de ordenpblico propiciado por quienes desean seguir viviendo sino un problema de humanidad quedebe ser afrontado solidariamente por todas las personas, principiando, como es lgico, porlos funcionarios del Estado. "El desplazamiento masivo de por s ubica a los afectados en una gravsima e inusual situacinde desproteccin e indefensin. El Estado, por consiguiente, tiene la obligacin de emplearrpidamente las medidas efectivas para que sean una realidad los derechos constitucionales ylos Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre desplazamiento forzado.El grupo social de los desplazados, por su condicin de indefensin merece la aplicacin de lasmedidas a favor de los marginados y los dbiles, de acuerdo con el artculo 13 de laConstitucin Poltica, incisos 2 y 3 que permiten la igualdad como diferenciacin, o sea ladiferencia entre distintos.La sentencia T-530/93 seal los requisitos para justificar el trato diferente:El principio de igualdad consagrado en el artculo 13 de la Carta permite conferir un tratodistinto a diferentes personas siempre que se den las siguientes condiciones:- En primer lugar, que las personas se encuentren efectivamente en distinta situacin de hecho; En la sentencia T-227 de 19971 se dibuj el desolador panorama que presenta tal fenmeno:"Cuando mujeres, nios y ancianos se ven precisados a dejar sus hogares y recorrer grandesdistancias desafiando toda clase de peligros, viendo sufrir y an morir a sus compaeros, comoles ha ocurrido a los colonos de la hacienda, la explicable huida no es un problema de ordenpblico propiciado por quienes desean seguir viviendo sino un problema de humanidad quedebe ser afrontado solidariamente por todas las personas, principiando, como es lgico, porlos funcionarios del Estado. "El desplazamiento masivo de por s ubica a los afectados en una gravsima e inusual situacinde desproteccin e indefensin. El Estado, por consiguiente, tiene la obligacin de emplearrpidamente las medidas efectivas para que sean una realidad los derechos constitucionales ylos Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre desplazamiento forzado.El grupo social de los desplazados, por su condicin de indefensin merece la aplicacin de lasmedidas a favor de los marginados y los dbiles, de acuerdo con el artculo 13 de laConstitucin Poltica, incisos 2 y 3 que permiten la igualdad como diferenciacin, o sea ladiferencia entre distintos.La sentencia T-530/93 seal los requisitos para justificar el trato diferente:El principio de igualdad consagrado en el artculo 13 de la Carta permite conferir un tratodistinto a diferentes personas siempre que se den las siguientes condiciones:- En primer lugar, que las personas se encuentren efectivamente en distinta situacin de hecho;

La Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitucin,

RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el da 9 de diciembre de dos mil diez (2010) por la Sala de Casacin Civil de la Corte Suprema de Justicia en el trmite de la accin de tutela iniciada por () y otros en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo, la Caja Agraria- en liquidacin y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- INCODER.

SEGUNDO.- CONCEDER la tutela en favor de () y otros en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo, la Caja Agraria- en liquidacin y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- INCODER y, en consecuencia, ORDENAR la nulidad del proceso ejecutivo mixto que cursa en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo bajo el radicado N 2001-00174-00 promovido por la Caja de Crdito Agrario, Industrial y Minero en Liquidacin en contra de la Empresa Comunitaria () y otros, que fue cedido a la Compaa ().

Una vez notificada la sentencia, las partes en el proceso ejecutivo debern llegar a nuevos acuerdos de pago con el fin de continuar la relacin contractual, obligaciones que sern pactadas en atencin a las posibilidades econmicas actuales de los ejecutados, el principio de solidaridad y las siguientes pautas:

2.1. La Compaa de Gerenciamiento de Activos Ltda. se abstendr de cobrar intereses de mora respecto de los pagars N 1341110, 1341111 y 1451139, inicialmente suscritos entre la Empresa Comunitaria () y otros con la Caja Agraria, actualmente cedidos a la Compaa (). Lo anterior desde la fecha del desplazamiento hasta de la notificacin de la presente sentencia.

2.2. De haberse pactado clusulas aceleratorias, stas no tendrn aplicabilidad. En todo caso, la Compaa () no podr cobrar anticipadamente la totalidad de la deuda por las cuotas atrasadas a partir de la fecha del desplazamiento hasta la notificacin de la presente sentencia.

2.3. Los intereses moratorios que eventualmente hayan sido causados con anterioridad al desplazamiento debern pagarse en la forma convenida por las partes y, en su defecto de conformidad, con el mximo permitido por la ley. As, de existir una mora anterior al desplazamiento, los intereses moratorios adeudados sern aquellos que se causen sobre las cuotas que eran exigibles y no haban sido pagadas antes del desplazamiento. No obstante, desde el momento del desplazamiento y hasta notificada la presente sentencia, no se causarn intereses moratorios. Igualmente, si posterior al desplazamiento