balotario de preguntas examen

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BALOTARIO DEL CURSO DE DERECHO JUDICIAL GRUPOS A, C Y D 1.- Con relación al Principio de la unidad jurisdiccional, cuáles son sus rasgos comunes? Los siguientes rasgos comunes a toda la judicatura ordinaria: (i) estatuto personal único, (ii) jueces técnicos (letrados) y de carrera, (iii) formación de un cuerpo único (el Poder Judicial) y (iv) sujeción a los órganos de gobierno del Poder Judicial. 2.- En cuanto al principio de “exclusividad” del Poder Judicial, en sentido Positivo y Negativo? En este sentido positivo, el principio de exclusividad es el resultado de la confluencia del principio de separación de poderes (artículo 43, párrafo 3, Constitución) y del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 139.3, párrafo 1, Constitución). En sentido negativo, que es el sentido propio, la exclusividad judicial significa que los jueces y tribunales ordinarios no pueden ejercer nada más que la potestad jurisdiccional, quedando así excluidos de otras funciones y cometidos públicos. 3.- Cuáles son el conjunto de garantías mínimas que debe tener un proceso para su validez. Tales garantías mínimas incluyen el derecho de recibir asistencia gratuita de traductor o intérprete, la comunicación previa y detallada de la acusación, la concesión del tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa, el derecho a la defensa personal y letrada, el derecho de interrogar a los testigos y de hacer comparecer en juicio a otras personas, el derecho a no declarar contra sí mismo y a no reconocer culpabilidad, y el derecho de

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BALOTARIO DEL CURSO DE DERECHO JUDICIAL GRUPOS A, C Y D

1.- Con relacin al Principio de la unidad jurisdiccional, cules son sus rasgos comunes?Los siguientes rasgos comunes a toda la judicatura ordinaria: (i) estatuto personal nico, (ii) jueces tcnicos (letrados) y de carrera, (iii) formacin de un cuerpo nico (el Poder Judicial) y (iv) sujecin a los rganos de gobierno del Poder Judicial.2.- En cuanto al principio de exclusividad del Poder Judicial, en sentido Positivo y Negativo?

En este sentido positivo, el principio de exclusividad es el resultado de la confluencia del principio de separacin de poderes (artculo 43, prrafo 3, Constitucin) y del derecho a la tutela judicial efectiva (artculo 139.3, prrafo 1, Constitucin). En sentido negativo, que es el sentido propio, la exclusividad judicial significa que los jueces y tribunales ordinarios no pueden ejercer nada ms que la potestad jurisdiccional, quedando as excluidos de otras funciones y cometidos pblicos.3.- Cules son el conjunto de garantas mnimas que debe tener un proceso para su validez. Tales garantas mnimas incluyen el derecho de recibir asistencia gratuita de traductor o intrprete, la comunicacin previa y detallada de la acusacin, la concesin del tiempo y los medios adecuados para la preparacin de la defensa, el derecho a la defensa personal y letrada, el derecho de interrogar a los testigos y de hacer comparecer en juicio a otras personas, el derecho a no declarar contra s mismo y a no reconocer culpabilidad, y el derecho de interponer recursos impugnatorios (artculo 8.2, Convencin Americana de Derechos Humanos).

4.- Caractersticas de las resoluciones judiciales firmes.De las resoluciones judiciales firmes que son inimpugnables, irrevocables, inmodificables y coercitivas se dice que constituyen cosa juzgada (artculos 139.2 y 139.13, Constitucin). El Poder Ejecutivo, por prescripcin constitucional, debe prestar su colaboracin al Poder Judicial y cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los rganos jurisdiccionales (artculo 118.9, Constitucin).5.- Los rganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial son los siguientes:1. La Corte Suprema de Justicia.2. Las cortes superiores de justicia.3. Los juzgados especializados y mixtos.4. Los juzgados de paz letrados.5. Los juzgados de paz.6.- Los rganos de gobierno del Poder Judicial son los siguientes:1. El presidente del Poder Judicial.2. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.3. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.4. La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).5. El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).7.- Corte Suprema de JusticiaCorresponde a la Corte Suprema fallar en casacin, o en ltima instancia, cuando la accin se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforme a ley, aadiendo que asimismo, conoce en casacin las resoluciones del Fuero Militar, con las limitaciones que establece el artculo 173, el cual se refiere a los muy excepcionales supuestos de imposicin de pena de muerte (artculo 141, Constitucin). Las funciones casatorias de la Corte Suprema estn relacionadas con el control que debe ejercer el mximo tribunal de justicia ordinaria sobre la correcta aplicacin del Derecho por los juzgados y tribunales inferiores, as como con la labor de unificacin jurisprudencial (sentencias uniformes y reiteradas) que el principio de igualdad ante la ley y el principio de seguridad jurdica exigen del Poder Judicial. Por contraste, la intervencin jurisdiccional como ltima instancia importa que la Corte Suprema expida sentencias sobre el fondo de las controversias, resolvindolas de manera definitiva.

8.- Conocimiento de la Corte Suprema como rgano de instanciaConforme a la LOPJ, la Corte Suprema conoce, como rgano de instancia de fallo, los siguientes procesos:a) Los iniciados en las cortes superiores.b) Los de materia constitucional.c) Los originados en la propia Corte Suprema.d) Los dems que seala la ley (artculo 31, LOPJ).A la vez, la LOPJ contiene una norma de remisin en materia casatoria, al indicar que el tribunal supremo conoce de los procesos en va de casacin con arreglo a lo establecido en la ley procesal respectiva (artculo 32, LOPJ), aadiendo que conoce igualmente en va de casacin, las sentencias expedidas por las Salas de Familia en cualquier materia de su competencia e independientemente de la Ley que norme el proceso respectivo y que, en cualquier caso, el recurso debe reunir los requisitos de forma y fondo establecidos por el Cdigo Procesal Civil

9.- Las Salas Civiles conocenLas salas civiles conocen:1. De los recursos de apelacin de su competencia conforme a ley.2. De las quejas de derecho, contiendas de competencia y conflictos de autoridad que les corresponden conforme a ley.3. En primera instancia, de los procesos sobre responsabilidad civil derivados del ejercicio de sus funciones, contra los jueces especializados o mixtos, los jueces de paz letrados y los jueces de paz.4. De las contiendas de competencia entre los jueces civiles.5. Como primera instancia, de las acciones contencioso-administrativas de su competencia.6. De los dems procesos que establece la ley (artculo 40, LOPJ).

10.- Las salas penales conocen:Las salas penales conocen:1. De los recursos de apelacin de su competencia conforme a ley.2. Del juzgamiento oral de los procesos establecidos por la ley.3. De las quejas de derecho y contiendas de competencia promovidas en materia penal que les corresponden.4. En primera instancia, de los procesos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones por los jueces especializados o mixtos, jueces de paz letrados, jueces de paz y otros funcionarios sealados por la ley, aunque hayan cesado en el cargo.5. De los dems asuntos que correspondan conforme a ley (artculo 41, LOPJ).11.- Las salas laborales conocen:Las salas laborales conocen:1. De la accin popular en materia laboral.2. De la impugnacin de laudos arbitrales emanados de una negociacin colectiva.3. De la accin contencioso-administrativa en materia laboral y de seguridad social.4. Conflictos de competencia promovidos entre juzgados de trabajo, y entre stos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial.5. Conflictos de autoridad entre los juzgados de trabajo y las autoridades administrativas, en los casos previstos por la ley.6. Las quejas de derecho por denegatoria de recurso de apelacin.7. La homologacin de conciliaciones privadas.8. Los dems asuntos que seale la ley (artculo 42, LOPJ).

12.- Competencia jurisdiccional de los Juzgados de PazConforme a la LOPJ, la competencia jurisdiccional de los juzgados de paz que los habilita para emitir sentencias en caso de fracasar la conciliacin es la siguiente:1. Alimentos, siempre que el vnculo de entroncamiento est acreditado de manera indubitable2. Desahucio y aviso de despedida.3. Pago de dinero.4. Interdictos de retener y de recobrar respecto de bienes muebles.5. Intervenciones sumarias respecto de menores que han cometido acto antisocial, y con el solo objeto de dictar rdenes provisionales y urgentes sobre tenencia o guarda del menor en situacin de abandono o peligro moral. Concluida su intervencin, el juez de paz remite de inmediato lo actuado al juez de familia o al juez que corresponda.6. Los dems casos que correspondan conforme a ley (artculo 65, LOPJ).

13.- Sobre la modalidad de eleccin del mximo representante del gobierno judicialLa modalidad de eleccin del mximo representante del gobierno judicial es la siguiente: es elegido entre los vocales supremos titulares reunidos en Sala Plena, por mayora absoluta, por un perodo de dos aos, mediante votacin secreta, hallndose prohibida la reeleccin (artculo 74, prrafo 1, LOPJ).La eleccin debe realizarse el primer jueves de diciembre del ao que corresponda.Si ningn candidato obtiene la mitad ms uno de los votos, se procede a segunda eleccin, en la misma fecha, entre quienes merecieron las dos ms altas mayoras relativas, requirindose ahora slo mayora simple. Si el empate persistiera, ser electo el candidato de mayor antigedad (artculo 74, prrafo 2, LOPJ).

14.- Composicin del Consejo Ejecutivo del Poder JudicialSu composicin, es la siguiente:1. El presidente del Poder Judicial, quien lo preside y tiene voto dirimente.2. Dos vocales supremos titulares elegidos por la Sala Plena.3. Un vocal superior titular en ejercicio elegido por los presidentes de las cortes superiores de justicia de la Repblica, en sufragio directo, entre los candidatos designados por las salas plenas de las cortes superiores.4. Un juez titular especializado o mixto, elegido, entre ellos mismos, por los candidatos designados por las asambleas de jueces celebradas al efecto en cada distrito judicial.5. Un representante elegido por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Per (artculo 81, LOPJ).

15.- La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA)La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) tiene a su cargo la funcin disciplinaria al interior del aparato de administracin de justicia, y ejerce atribuciones tanto sobre los jueces como sobre los auxiliares de justicia. En tal sentido, la Ley Orgnica del Poder Judicial estipula que la Oficina de Control de la Magistratura es el rgano que tiene por funcin investigar regularmente la conducta funcional, la idoneidad y el desempeo de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial, facultad que, sin embargo, no excluye la evaluacin permanente que deben ejercer los rganos jurisdiccionales al conocer los procesos en grado (artculo 102, LOPJ).La Oficina de Control de la Magistratura es dirigida por un vocal supremo designado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. La integran vocales superiores y jueces especializados o mixtos, a dedicacin exclusiva, en el nmero determinado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que los nombra por un perodo improrrogable de tres aos (artculo 103, LOPJ).La Oficina de Control de la Magistratura tiene una Oficina Central con sede en Lima, cuya competencia se extiende a todo el territorio nacional. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial puede crear oficinas descentralizadas de Control de la Magistratura que comprenden uno o ms distritos judiciales, fijando su mbito de competencia, as como sus facultades de sancin (artculo 104, LOPJ).

16.- Los rganos auxiliares jurisdiccionalesLos rganos auxiliares del Poder Judicial son de dos tipos. De un lado, estn los propiamente llamados auxiliares jurisdiccionales, que son funcionarios de carrera y, en tal sentido, forman parte de la organizacin judicial y se integran a una estructura jerrquica (secretarios y relatores de salas de la Corte Suprema y de las cortes superiores de justicia, secretarios de juzgados especializados o mixtos y de juzgados de paz letrados, y oficiales auxiliares de justicia). De otro lado, estn los as denominados rganos de auxilio judicial, que, sin pertenecer a la institucin, prestan asistencia de diferentes maneras a la labor de juzgados y tribunales (peritos, Polica Judicial, traductores e intrpretes, martilleros pblicos, etctera).

17.- Los rganos de auxilio judicialEntre los ms importantes rganos de auxilio judicial se encuentran los peritos judiciales, quienes adems de reunir los requisitos sealados en las leyes procesales, deben tener conducta intachable y figurar en la nmina que remitan las instituciones representativas de cada profesin (artculo 273, LOPJ).Ahora bien, segn la Ley Orgnica del Poder Judicial, los colegios profesionales y las instituciones representativas de cada actividad u oficio debidamente reconocidas han de remitir anualmente, a la Corte Superior correspondiente, la nmina de sus miembros que consideren idneos para el desempeo del cargo de perito judicial, a razn de dos por cada juzgado. Estos peritos deben residir dentro de la circunscripcin de cada juzgado y reunir los requisitos legales para el desempeo de tal funcin. Las nminas son transcritas a los juzgados para que stos designen rotativamente, en cada caso y en presencia de las partes o de sus abogados, a quienes deban actuar. Las cortes superiores pueden solicitar, cuando lo consideren conveniente, que se aumente el nmero de peritos que figuran en las nminas (artculo 274, LOPJ). Si acaso no se hubiera podido formular las nminas indicadas, los rganos jurisdiccionales se rigen por las normas procesales pertinentes (artculo 277, LOPJ).Tambin son rganos de auxilio judicial el cuerpo de mdicos forenses, la PolicaJudicial, el cuerpo de traductores e intrpretes, los martilleros pblicos y otros, todos los cuales se rigen por leyes y reglamentos especiales (artculo 281, LOPJ).Debe destacarse que la Polica Judicial tiene por funcin realizar las citaciones y detenciones dispuestas por el Poder Judicial, para la comparecencia de los imputados, acusados, testigos y peritos, as como practicar las diligencias propias de sus funciones (artculo 282, LOPJ), mientras que el personal de la Polica Nacional tiene bajo su responsabilidad la custodia y seguridad de los magistrados e instalaciones del Poder Judicial, as como el traslado de imputados y sentenciados (artculo 283, LOPJ).

18.- La Academia de la MagistraturaLa Academia de la Magistratura es una institucin novedosa, prevista en la Constitucin Peruana de 1993, la que, junto con indicar que forma parte del Poder Judicial, estipula que se encarga de la formacin y capacitacin de jueces y fiscales en todos sus niveles, para los efectos de su seleccin y que es requisito para el ascenso la aprobacin de los estudios especiales que requiera dicha Academia (artculo 151, Constitucin).La Ley 26335 (El Peruano, 21 de julio de 1994), Ley Orgnica de la Academia de la Magistratura, declara que la Academia goza de autonoma administrativa, acadmica y econmica (artculo 1) y que tiene por objeto: (i) la formacin acadmica de los aspirantes a cargos de magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Pblico, (ii) la capacitacin acadmica para los ascensos de los magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Pblico, y (iii) la actualizacin y perfeccionamiento de los mismos (artculo 2).El rgano ms alto de la Academia es el Consejo Directivo, conformado por siete consejeros designados de la siguiente manera: tres por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dos por la Junta de Fiscales Supremos, uno por el Consejo Nacional de la Magistratura y uno por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados de la Repblica. El presidente del Consejo es elegido por la mayora del nmero legal de sus miembros por un perodo de dos aos (artculo 5, Ley 26335).Al Consejo Directivo le corresponde aprobar la poltica general de la Academia, el plan anual de actividades, los reglamentos acadmicos y de organizacin y funciones, los planes de estudio y el proyecto de presupuesto, as como nombrar y remover al director general, al director acadmico y al secretario administrativo de la Academia (artculo 6, Ley 26335).

19.- La Justicia de PazLa Justicia de Paz es un estamento del Poder Judicial.Sin embargo, en muchos casos, los jueces de paz y la poblacin no perciben este vnculo, tanto por la exclusin presupuestal que ellos sufren como por la distancia que existe entre el Juez de Paz y las autoridades judiciales de instancias superiores. De igual forma, las herramientas legales de que goza son, muchas veces, contradictorias y limitantes.El mandato de que los jueces de paz provengan de eleccin popular (artculo 152 de la Constitucin) debe leerse como el desarrollo del reconocimiento constitucional de que la potestad de administrar justicia emana del pueblo. Por ello, los ciudadanos deben tomar conciencia de que sus obligaciones no terminan con la eleccin, sino que tambin les corresponde ejercer el control. Se aprecia, as, que la participacin de la ciudadana es vital para el fortalecimiento de la democracia. Al mismo tiempo, la capacidad del Juez de Paz para resolver conflictos segn su propio parecer permite que, con frecuencia, el criterio de la poblacin a la cual pertenece el Juez de Paz prime por encima del criterio legal.

20.- Competencia de los Jueces de PazCon relacin a la competencia de los jueces de paz, existe cierta controversia dentro del Poder Judicial, especialmente por la discrepancia entre diversas normas, entre otras el artculo 65 de la LOPJ y el artculo 547 del Cdigo Procesal Civil.Este ltimo slo reconoce al Juez de Paz competencias conciliatorias y notariales.Sin embargo, el artculo 96 del Cdigo del Nio y del Adolescente le otorga la facultad para conocer procesos de alimentos en los cuales sea indubitable el vnculo familiar. En materia penal, el Juez de Paz tiene competencia sobre faltas, de acuerdo con lo regulado en los artculos 440 al 452 del Cdigo Penal. No obstante, en la prctica la poblacin acude al Juez de Paz para resolver un universo ms amplio de conflictos, como otros casos de alimentos, problemas de tierras, de linderos, separaciones, etctera.En realidad, la distincin entre falta o delito, o la competencia civil por las cuantas, representan una escasa preocupacin tanto para el poblador que acude al juzgado como para el Juez de Paz. Pero en medio de ello estn las prohibiciones impuestas por ley en caso de que una de las partes reclame, quien sale perdiendo s el Juez de Paz, lo que coloca a este servidor entre las formalidades legales que poco conoce y las exigencias de justicia rpida y eficaz de la poblacin.Por otro lado, el diseo constitucional y legal de la Justicia de Paz est centrado en la conciliacin, aunque a los jueces de paz y a la poblacin no siempre les queda claro en qu momento se est conciliando y cundo se est sentenciando.

21.- Requisitos para ser Juez de PazEn este tema, existe una discordancia entre el mandato de la LOPJ y la reciente Ley de Elecciones de Jueces de Paz: mientras la primera exige como mnimo ser mayor de 30 aos lo que puede ser considerado como limitativo para los jvenes, la Ley 27539 slo pide 25 aos, con lo cual se genera un conflicto normativo.El requisito comn de haber cursado, cuando menos, instruccin primaria completa, puede ser en cierta forma discriminatorio, en tanto que en muchas localidades del Per la poblacin ha sido marginada de los procesos educativos mnimos, sobre todo tratndose de mujeres. Un requisito ms importante es el conocimiento del idioma local. La LOPJ sealaba que ello poda exceptuarse, con lo cual permita, por ejemplo, que profesores o trabajadores de salud residentes en la zona durante aos, y que no necesariamente dominan el idioma local, pudieran desempearse como jueces de paz. Sin embargo, en la ley de elecciones esta norma se convierte en absoluta.Otro requisito de la Ley 27539 que cambia el sentido de la LOPJ es el referido a tener ocupacin laboral conocida. La nueva norma limita la exigencia a lo estrictamente laboral, lo que podra dejar de lado la posibilidad de que, por ejemplo los estudiantes, sean considerados bajo el concepto amplio de oficio u ocupacin que regula la LOPJ.Del mismo modo, la Ley 27539 enumera como requisitos los comunes para ser magistrado, que estn regulados por el artculo 177 de la LOPJ. La difusin de stos entre la ciudadana, a fin de que no se generen distorsiones que limiten o perjudiquen la participacin popular, constituye todo un reto.En caso de que un Juez de Paz renuncie, est enfermo, haya pedido licencia o haya fallecido, el cargo es asumido por el Juez de Paz accesitario. l tambin puede asumir un caso especfico en el que el Juez de Paz titular deba inhibirse por razones familiares o personales.

22.- Relaciones de la Justicia de Paz con la Justicia ComunalLa redaccin de la Constitucin peruana de 1993 sobre este tema puede llevar a confusiones. El artculo 138 y el inciso 1 del artculo 140 proponen que el ejercicio de la administracin de justicia est exclusivamente restringido al Poder Judicial, con las excepciones que se sealan; esto no es exacto, en tanto que en el artculo 149 se reconoce expresamente la jurisdiccin comunitaria basada en el Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo.12 Es precisamente en este artculo que se buscan las formas de vincular las dos jurisdicciones, empezando en la instancia de los juzgados de paz.Esta referencia no es gratuita, en tanto hay circunscripciones en las que las dos jurisdicciones la ordinaria y la comunal coexisten, y en la medida en que la ley no ha establecido mecanismos claros de definicin de la competencia, es posible que se establezcan relaciones de exclusin, trabajo complementario o subordinacin de una respecto a la otra.El debate gira, ms bien, en torno a la consolidacin de los mecanismos comunales de administracin de justicia. Sin embargo, se deben tener en cuenta los conflictos que se generan al momento de ejercer justicia.En la prctica, hay diversas tendencias de comportamiento en estos espacios de coexistencia. Una es la exclusin absoluta, originada por una comprensin social de enfrentamiento segn la cual, si hay un organismo de administracin de justicia comunal, la Justicia de Paz es innecesaria. En otros casos, la poblacin reserva los casos de mayor importancia social al Juez de Paz. De modo inverso, hay poblaciones que consideran que el juzgado de paz es una entidad limitada a servir en pequeos casos que no alteran la vida comunal.Finalmente, hay tambin comunidades en las que la justicia inicial la administran las autoridades comunales o ronderas, mientras que los casos no solucionados en aquella instancia son elevados al Juez de Paz para que administre conforme a ley o, si es necesario, derive el asunto a las autoridades superiores la Polica, la fiscala o el Juez de Paz Letrado que est ms prximo.En todo caso, la importancia que se le otorga al juzgado de paz se define sobre la base del mayor o menor grado de liderazgo que ste ejerza en la comunidad, as como considerando la organizacin y presencia de las instancias comunales. Del mismo modo, la poblacin define a menudo cul va a ser la jerarqua de las jurisdicciones sobre la base de valorar los beneficios que le genera una u otra instancia, tomando en cuenta criterios de eficacia, gratuidad, afectacin, solidaridad y participacin comunal.

23.- Definicin del Ministerio Pblico. RolEn cuanto a la definicin del Ministerio Pblico, la Constitucin no proporciona muchas luces. Slo se limita, en el artculo 158, a indicar su calidad de organismo autnomo y a delinear su organizacin. En los artculos siguientes, 159 y 160, se explican las funciones de la institucin y su presupuesto.Sobre la base de la lectura de dichos artculos, Marcial Rubio (1996, p. 170) considera que el Ministerio Pblico es el organismo constitucional autnomo encargado de proteger la defensa de la legalidad y los intereses pblicos tutelados por el Derecho.A partir de este primer bosquejo, debemos sealar que el Ministerio Pblico es un organismo constitucional autnomo, que cumple un rol preponderante en la estructura del Estado, y que es tan importante que goza del respaldo constitucional.Esta relevancia se fundamenta en la funcin de engranaje que cumple dentro del organigrama estatal, en vista de que sirve de contrapeso importante respecto a los otros poderes y organismos, y as pretende satisfacer mejor los intereses tanto privados como pblicos.As mismo, se reconoce su autonoma. En virtud de sta, el Ministerio Pblico no se encuentra adscrito ni influenciado por ningn otro rgano, por lo que desarrolla sus actividades con independencia institucional. Ello se manifiesta, por ejemplo, en la superacin de las etapas ejecutivista y judicialista, as como en los intentos por configurar una identidad propia, expresados mediante la reforma del MinisterioPblico.

24.- Sobre la labor del Ministerio PblicoEl Ministerio Pblico se encarga de proteger la legalidad y defender los intereses pblicos. En s, su labor apunta a coadyuvar a la correcta imparticin de justicia, para lo cual solicita al Poder Judicial la proteccin de intereses pblicos y sociales es decir, su tutela, a fin de lograr la correcta satisfaccin de stos. En palabras de San Martn (2001, p. 163), se trata de una labor postulante, lo que equivale a afirmar que su principal misin es pedir que se realice funcin jurisdiccional.Finalmente, para otorgar cierta coherencia a lo descrito, concluimos que el Ministerio Pblico es el organismo constitucional autnomo instituido para coadyuvar a la correcta imparticin de justicia mediante la solicitud de tutela a favor de intereses pblicos y sociales en este punto destaca la titularidad de la accin penal y su relevante participacin en estos procesos, siguiendo los principios que lo inspiran, las funciones que aborda y ejerciendo las atribuciones que las normas le otorgan.

25.- Principios que rigen al Ministerio PblicoLos principios que fundamentan e inspiran la labor del Ministerio Pblico se desprenden de las funciones que ste desempea. No existe un listado determinado sobre dichos principios, en virtud de que es una institucin enraizada en las necesidades sociales y, por lo tanto, cambiante. Huelga decir que este estado de indefinicin de principios se ve tambin alimentado por la falta de identidad del Ministerio Pblico, as como por su deficiente regulacin.A pesar de ello, siguiendo parcialmente a Angulo (2001, p. 131 y ss), puede afirmarse que los principios que fundamentan e inspiran la labor de esta institucin son los siguientes:i) Imparcialidadii) Legalidadiii) Independenciaiv) Razonabilidadv) Jerarqua e indivisibilidad

26.- El Principio de Imparcialidad del MPA fin de aclarar este concepto, diremos que no debemos confundir imparcialidad con independencia. El primero apunta al fuero interno del juzgador, a que no se parcialice con ninguna de las partes, pero va ms all. De esa manera, el juzgador en este caso el fiscal es verdaderamente un tercero. El principio de independencia, en cambio, est vinculado a que el Ministerio Pblico no sea dependiente de ningn otro rgano y, como tal, desarrolle sus funciones libremente.

27.- El Principio de Legalidad del MPEn virtud de este principio, el fiscal debe actuar siempre de acuerdo con lo que dispone el orden jurdico, respetando la jerarqua normativa, es decir, en primer lugar la Constitucin y los tratados de derechos humanos, en segundo las normas con rango legal y, finalmente, las resoluciones administrativas.

28.- El Principio de Independencia del MPEn virtud del principio de independencia, la institucin bajo comentario no se encuentra sometida ni a los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo ni a ningn otro organismo. Como hemos explicado en el acpite correspondiente a la evolucin histrica, actualmente el Ministerio Pblico transcurre por el perodo institucional independiente. Angulo (2001, p. 147) indica que el sentido de este principio es que bajo el influjo de orientaciones polticas, lo que debera ser justicia termine siendo nicamente la utilidad de una clase o de un grupo. Toda politizacin destruye la igualdad de los individuos [...].29.- El Principio de Razonabilidad del MPTodo acto administrativo debe ser razonable, para evitar abusos y arbitrariedad. En ello consiste el principio de razonabilidad que debe inspirar de manera fundamental la labor de todas las personas que ejercen funcin pblica, como es el caso de los funcionarios del Ministerio Pblico. En virtud de este principio, el fiscal deber desarrollar su actuacin ajustndose a lo razonable, es decir, a lo que no es arbitrario; no se apegar excesivamente a las normas obsoletas y optar por la solucin ms viable, considerando la proteccin de los derechos y los valores fundamentales. Se podr mantener esta actitud haciendo una ponderacin, lo que implica evaluar si el fin que se quiere proteger es lcito y si los medios para alcanzarlo son proporcionales (Bustamante 2001, p.166 y ss).

30.- El Principio de Jerarqua del MPDe acuerdo con el principio de jerarqua, el Ministerio Pblico se encuentra organizado en escalafones. El artculo 158 de la Constitucin seala que la cabeza de la institucin es el fiscal de la Nacin, que es elegido por la Junta de Fiscales. El cargo tiene tres aos de duracin, perodo que se puede prorrogar, por reeleccin, por un lapso de dos aos. Cubas (2003, p. 17) considera que la dependencia jerrquica implica que todas las cuestiones tcnicas y de tctica y estrategia han de surgir desde el cuerpo de instrucciones y del principio de obediencia jerrquica. En ese sentido, un fiscal se encuentra obligado a obedecer y respetar a su superior jerrquico, de tal manera que la desobediencia trae consigo una sancin administrativa. Como es claro, esta obediencia no puede ser absoluta, ya que los magistrados gozan de autonoma interna, en virtud de la cual pueden expresar sus opiniones en los informes que elaboran; adems, no tienen el deber de acoger rdenes que han sido dictadas contraviniendo las normas vigentes. En esta misma lnea, el principio de indivisibilidad seala que cada uno de los fiscales representa al Ministerio Pblico y por tal ejerce funcin fiscal en el mbito de su competencia. As, se justifican ciertas directivas superiores que se restringen a labores relacionadas con polticas institucionales, uniformidad de criterio en ciertos casos, etctera.

31.- Funciones y atribuciones del MPCorresponde al Ministerio Pblico:1. Promover de oficio, o a peticin de parte, la accin judicial en defensa de la legalidad y de los intereses pblicos tutelados por el Derecho.2. Velar por la independencia de los rganos jurisdiccionales y por la recta administracin de justicia.3. Representar en los procesos judiciales a la sociedad.4. Conducir desde su inicio la investigacin del delito. Con tal propsito, la Polica Nacional est obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Pblico en el mbito de su funcin.5. Ejercitar la accin penal de oficio o a peticin de parte.6. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla.7. Ejercer iniciativa en la formacin de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al presidente de la Repblica, de los vacos o defectos de la legislacin.

32.- Atribuciones del Ministerio Pblico en materia penalEsta atribucin del Ministerio Pblico en la justicia penal la de ser titular de la accin penal o, mejor dicho, ser sujeto legitimado para ser parte en el proceso est recogida en el artculo 11 de la LOMP de la siguiente manera:El Ministerio Pblico es el titular de la accin penal pblica, la que ejercita de oficio, a instancia de la parte agraviada o por accin popular, si se trata de delito de comisin inmediata o de aquellos contra los cuales la ley la concede expresamente.De esta manera, el fiscal deber determinar el hecho, a fin de reconocer su punibilidad, individualizar al autor y analizar si no ha prescrito la accin penal. As mismo, reunir las pruebas que acrediten la responsabilidad de los imputados, puesto que el artculo 14 de la LOMP coloca sobre sus hombros la carga de probar.Ante la noticia de la comisin de un probable delito, el fiscal optar, siguiendo el principio de razonabilidad, por una investigacin preliminar, previa al proceso penal. Esta investigacin se puede realizar con el auxilio de la Polica Nacional o solicitando el apoyo de otros organismos pblicos o privados para dilucidar los hechos, as como para reunir a un equipo interdisciplinario de investigacin; o, si se han reunido los requisitos bsicos, puede formalizar la denuncia directamente.Los supuestos en los que el fiscal no formalizar la denuncia pueden englobarse en tres conjuntos. En primer trmino, si durante la investigacin preliminar no se renen los requisitos bsicos para instaurar un proceso penal; es decir, si se considera que el hecho denunciado no constituye delito, que la accin penal ha prescrito o que no est acreditada la responsabilidad penal del imputado, el fiscal resolver no formalizar denuncia. En segundo lugar, si faltase la individualizacin1 del supuesto agente activo del delito, el fiscal ordenar el archivo provisional de lo actuado, solicitando la intervencin de la polica para que se identifique al presunto autor. En tercer lugar, en virtud del principio de oportunidad acogido por el artculo 2 del Cdigo Procesal Penal, el fiscal no formalizar denuncia a pesar de que se hayan reunido los requisitos bsicos. Es necesario advertir que el principio de oportunidad es de aplicacin restringida, por lo que no puede extenderse a supuestos no contemplados en la norma.

33.- Sobre la Polica Nacional del PerLa PNP es una institucin profesional de servicio pblico, sustentada en una estructura vertical y jerarquizada, que acta en todo el mbito del territorio nacional y que est destinada a preservar el orden interno, as como a garantizar la seguridad ciudadana.Segn lo establecido en la Constitucin Poltica de 1993 la Polica Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta proteccin y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio pblico y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras (artculo 166).

La PNP est regulada por su Ley Orgnica, aprobada mediante la Ley 27238, publicada el 22 de diciembre de 1999. Esta norma define a la PNP como una institucin del Estado creada para garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. Es profesional y jerarquizada. Sus integrantes representan la ley, el orden y la seguridad en toda la Repblica y tienen competencia para intervenir en todos los asuntos que se relacionan con el cumplimiento de su finalidad fundamental.

34.- Funciones de la Polica Nacional del Per

1 Mantener el orden pblico y garantizar la seguridad ciudadana.2 Realizar acciones de investigacin.3 Controlar la circulacin vehicular y peatonal4 Contribuir al cumplimiento del mandato de las autoridades5 Brindar seguridad a establecimientos pblicos

35.- Atribuciones de la Polica Nacional del PerLas atribuciones son las potestades que tiene la polica, a travs de sus miembros, en el ejercicio de su cargo. Segn lo establecido en su Ley Orgnica (artculo 1 Realizacin de intervenciones policiales 2 Acciones vinculadas a la investigacin del delito y registro de antecedentes 3 Imposicin de sanciones 36.- Facultades de la Polica Nacional del PerLas facultades son las acciones que le est permitido realizar al personal policial en el marco del servicio que brinda. De acuerdo con lo indicado en la Ley Orgnica de la PNP (artculo 9) y su Reglamento (artculo 11), entre las facultades que tiene la PNP se pueden mencionar las siguientes:

1.- Intervenir y realizar el registro de personas2 Acciones para preservar el orden pblico3 Acciones de conciliacin y de investigacin de contravenciones.

37.- Polica e Investigacin del DelitoDe acuerdo con la Constitucin y con su propia Ley Orgnica, la Polica tiene entre sus funciones investigar el delito, pero bajo la direccin del Ministerio Pblico, institucin encargada, por mandato constitucional, de conducir la referida investigacin (artculo 159, inciso 4 de la Constitucin Poltica de 1993).La polica, en su funcin especfica de polica judicial, es considerada un rgano destinado a la investigacin y el esclarecimiento de los delitos. Le corresponde investigar los delitos pblicos y actuar inmediatamente, a fin de comprobar su comisin y descubrir a los delincuentes, as como detenerlos si mediara flagrancia delictiva. Est facultada tanto para recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito que corran el riesgo de desaparecer y ponerlos a disposicin judicial, cuanto para iniciar la correspondiente actividad pericial a travs de sus laboratorios cientficos, en los casos que resultara procedente con el fin de ofrecerla junto con el resto de la investigacin (San Martn, 1999, p. 175).Precisamente para tratar de detallar esta labor policial de investigacin del delito sobre todo cuando el fiscal est impedido de asumir de manera inmediata la direccin de la misma se emiti la Ley 27934, la cual seala que la polica podr realizar, entre otras, las siguientes acciones:- Recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales.- Vigilar y proteger el lugar de los hechos, a fin de que no sean borrados los vestigios y las huellas del delito.- Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito.- Practicar las diligencias orientadas a la identificacin fsica de los autores y partcipes del delito.- Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisin de los hechos.Capturar a los presuntos autores y partcipes en caso de flagrante delito. Se precisa que existe flagrancia cuando la realizacin del acto punible es actual y, en esa circunstancia, el autor es descubierto; cuando el agente es perseguido y detenido inmediatamente despus de haber realizado el acto punible; o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo.

38.- Objetivo del Sistema PenitenciarioLa Constitucin de 1993, en su artculo 139, numeral 22, seala que el objetivo del sistema penitenciario es lograr la reeducacin, rehabilitacin y reincorporacin del condenado. Mediante estos fines, que son los de la teora de la pena, se busca que el condenado, a travs de su internamiento en el establecimiento penitenciario, se sujete a un proceso de adaptacin adecuado, que garantice que, posteriormente, pueda reinsertarse a la sociedad.

39.- Los Beneficios PenitenciariosLos beneficios, que se inscriben en la fase de ejecucin de la sentencia, estn inspirados en la necesidad de preparar al interno para la libertad y mitigar el aislamiento que le produce la pena de prisin (Pedraza 1999, p. 110). Estos beneficios se encuentran regulados en el captulo IV del Cdigo de Ejecucin Penal. El permiso de salida, regulado por el artculo 43, permite al interno mantener el vnculo con su familia a travs de salidas del centro penitenciario por un plazo no mayor de 72 horas. Para poder acceder a este permiso se requiere haber observado una buena conducta a lo largo del internamiento. La redencin de la pena por el trabajo y la educacin es otro beneficio contemplado en los artculos 44 a 47 del Cdigo. ste permite al interno reducir la duracin de la pena a travs del desempeo de una actividad laboral o educativa realizada bajo el control de la administracin penitenciaria.La semilibertad, por su parte, permite que aquellos sentenciados que hayan cumplido la tercera parte de su condena y no tengan ningn proceso pendiente con mandato de detencin puedan egresar del establecimiento penitenciario para realizar actividades laborales o educativas. Adems, el beneficiado podr pernoctar en su domicilio, sujeto a control e inspeccin de la autoridad penitenciaria Por ltimo, la libertad condicional se concede al sentenciado que ha cumplido la mitad de la pena; tiene la misma restriccin que la semilibertad, es decir, el reo no puede tener ningn proceso pendiente con mandato de detencin.7 40.- El TC y el Rgimen penitenciario en la Legislacin antiterroristaEl Tribunal Constitucional, en sentencia publicada el 4 de enero del 2003, declar inconstitucionales los decretos ley 25475, 25659, 25708 y 25744, por contravenir un conjunto de derechos al debido proceso, al juez natural, a la defensa, a la dignidad, la integridad personal y la libertad, as como por no respetar las condiciones mnimas establecidas por el Derecho Internacional Humanitario. Este hecho trajo consigo la necesidad de realizar nuevos procesos en el marco de una legislacin acorde con el ordenamiento constitucional e internacional y con el respeto a la dignidad del procesado. A su vez, la mencionada sentencia declar inconstitucional el tipo penal de traicin a la patria.

41.- Atribuciones del Consejo Nacional de la MagistraturaPor mandato constitucional (artculo 150) el CNM se encarga de la seleccin y el nombramiento de los jueces y fiscales, previo concurso pblico de mritos y evaluacin personal (inciso 1, artculo 154), con la nica excepcin de los jueces que provengan de eleccin popular, como es el caso de los jueces de paz y de los de primera instancia cuando por ley se establezcan y se determinen los mecanismos pertinentes.En consecuencia, con excepcin de los jueces de paz, el CNM es el encargado de seleccionar y elegir a todos los jueces y fiscales de las diferentes instancias. De acuerdo con la Constitucin, los nombramientos de jueces y fiscales por el CNM requieren el voto conforme de los dos tercios del nmero legal de los miembros del CNM (artculo 154, inciso 1, de la Constitucin).

42.- Deberes y derechos de los Magistradosa) La independencia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales (artculo 186, inciso1).b) La estabilidad en el cargo (186, inciso 2).c) La proteccin y seguridad de su integridad fsica y la de sus familias (186, inciso 4).d) Percibir una remuneracin acorde con su funcin, dignidad y jerarqua, la que no puede ser disminuida de manera alguna (186, inciso 5).e) Reconocimiento de tiempo de servicios (186, inciso 6).f) Intangibilidad de derechos y beneficios (artculo 193).g) Respeto de la especialidad (artculo 190).h) Derecho de establecer asociaciones de magistrados (artculo 199).i) Responsabilidad civil y penal limitada a lo establecido por ley (artculo 192).j) Solicitar rectificaciones a travs de los medios de comunicacin social, en defensa de su honorabilidad, cuando sta haya sido cuestionada (artculo 185, inciso 6).k) Guardar reserva sobre los asuntos en los que interviene (184, inciso 6).As mismo, dentro de este rubro se encuentran prohibiciones expresas para los jueces, como aceptar de los litigantes o sus abogados, o por cuenta de ellos, donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesin testamentaria a su favor o a favor de sus parientes cercanos (artculo 196, inciso 2); admitir o formular recomendaciones en procesos judiciales (artculo 196, inciso 4), y conocer un proceso cuando l, su cnyuge o concubina, tenga o hubiera tenido inters o relacin laboral con alguna de las partes (artculo 196, inciso 7).

43.- Jurisdiccin constitucionalLa Constitucin es la norma poltica y jurdica ms importante de un pas porque establece aspectos trascendentales, como la forma en que se organiza el Estado, las atribuciones y competencias de sus rganos, los lmites del poder estatal ante los ciudadanos, as como los derechos fundamentales de las personas. La Constitucin fija reglas de juego que deben ser respetadas por las autoridades y por los particulares para asegurar el desarrollo armonioso de las relaciones sociales, evitar los abusos de poder y garantizar el bienestar general. Por eso es crucial que lo escrito en la Constitucin se cumpla de verdad, es decir, que ninguna ley o norma de inferior jerarqua contravenga o transgreda lo sealado en la Constitucin, as como que la conducta de las autoridades y personas no vulnere los derechos de nadie.Para vigilar que lo dispuesto en la Constitucin sea respetado y que si ello no ocurre exista forma de exigirlo y conseguirlo, la propia Constitucin establece lo que se conoce como Jurisdiccin Constitucional. sta supone un sistema compuesto por rganos estatales con funciones judiciales, integrados por magistrados o jueces, y un conjunto de procesos constitucionales tradicionalmente denominados entre nosotros garantas que se deben desarrollar para restablecer la vigencia de la Constitucin o de un derecho fundamental vulnerado. Su estudio jurdico est a cargo de una disciplina especial denominada Derecho Procesal Constitucional.En nuestro pas, los rganos que cumplen la funcin propia de la jurisdiccin constitucional son dos: el Tribunal Constitucional, dedicado exclusivamente a esta tarea, y el Poder Judicial, que incluye dentro de sus diversas competencias judiciales algunas de ndole estrictamente constitucional. En cuanto a los procesos garantas constitucionales, son de distinta naturaleza, a saber:a) Los que protegen la supremaca de la Constitucin y la jerarqua del ordenamiento jurdico, es decir, que ni las leyes ni las normas inferiores contradi gan lo dispuesto por la Constitucin. Para ello se establece la accin de inconstitucionalidad, que se interpone directamente ante el Tribunal Constitucional, y la accin popular, ante el Poder Judicial. Ambas acciones tienen por finalidad conseguir la derogacin eliminacin de las normas inconstitucionales o ilegales.b) Los destinados a la proteccin de los derechos constitucionales, que son hbeas corpus, amparo y hbeas data. Se interponen ante el Poder Judicial, y si ste no resuelve favorablemente la demanda, quien la interpuso puede acudir ante el Tribunal Constitucional, mediante el denominado recurso extraordinario. Tienen por finalidad restablecer los derechos indebidamente vulnerados o amenazados por autoridades, funcionarios o personas particulares.c) La accin de cumplimiento, que puede interponerse ante el Poder Judicial contra cualquier autoridad o funcionario que se resista a cumplir lo dispuesto en una ley o acto administrativo. Si la accin es denegada en el rgano judicial, se puede recurrir ante el Tribunal Constitucional.d) El proceso competencial, que se interpone ante el Tribunal Constitucional para que resuelva los conflictos que se generen tanto sobre los alcances como sobre el contenido de las atribuciones y competencias que la Constitucin y las leyes orgnicas asignan. Estos conflictos pueden producirse entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales o municipales; entre los gobiernos regionales; entre las municipalidades; entre ambos grupos (gobiernos regionales versus municipalidades); entre los poderes del Estado; entre stos y los distintos rganos constitucionales autnomos; o, finalmente, entre estos ltimos. Pasemos a efectuar una breve explicacin sobre la finalidad y los alcances de cada uno de estos procesos.

44.- Sobre la detencin policialLa detencin policial no puede exceder 24 horas, trmino dentro del cual el detenido debe ser puesto a disposicin del fiscal y el juez o puesto en libertad, segn corresponda. Tratndose de los casos de terrorismo, narcotrfico y espionaje, la detencin policial puede extenderse hasta por 15 das naturales es decir, contando tambin sbados, domingos y feriados, sin perjuicio de la obligacin de informar sobre la detencin al juez y al fiscal dentro de las 24 horas. El juez puede asumir el conocimiento del caso sin esperar que concluyan los mencionados 15 das.En consecuencia, la detencin ser arbitraria e invlida cuando no tenga como fundamento los supuestos y lmites antes sealados, ante la cual corresponde plantear un hbeas corpus. Esto es, si la persona fue detenida por la Polica sin que exista mandato judicial, escrito y motivado, o flagrante delito; o si la detencin fue inicialmente vlida pero se extiende durante un plazo que exceda el establecido por la Constitucin.

45.- Reglas y caractersticas del Hbeas Corpusa) Se interpone ante cualquier juez penal, sin importar que est o no de turno.Cuando se promueve contra una resolucin judicial que ordena la detencin en forma invlida, se presenta ante la sala penal de la Corte Superior.b) La accin puede interponerla el afectado o cualquier persona que acte en su favor, sin que tenga necesidad de contar con poder o autorizacin alguna. Puede hacerse por escrito o verbalmente, caso en que se levantar un acta ante el juez.c) El recurso que se interpone no necesita llevar la firma de un abogado, pero siempre ser preferible contar con la asesora de uno. Tampoco requiere mayores formalidades legales o necesariamente hacer referencia a normas; puede bastar con explicar con claridad los hechos que han sucedido y que sustentan la accin. No es indispensable identificar el nombre de la autoridad o funcionario responsable de la violacin del derecho, pero todo lo que aporte a su identificacin, as como al sealamiento del lugar en el que se encuentra el detenido, facilitar la tramitacin del proceso.d) Cuando el hbeas corpus se motiva en una detencin, el juez del proceso debe constituirse inmediatamente en el lugar donde se encuentra el detenido, verlo y determinar con la autoridad si dicha privacin de la libertad tiene o no fundamento constitucional. Si no la tiene, el juez dispone en ese mismo acto la libertad del detenido, elabora el acta respectiva y luego expide la resolucin. Si el lugar de la detencin es muy lejano o de difcil acceso desde la sede del juzgado, el juez dictar una orden al juez de paz del lugar donde se halla el detenido, para que ste realice en el da dichas diligencias. Cuando el hbeas corpus no se interpone debido a una detencin, el juez cita a los responsables de la afectacin del derecho para que, ante su presencia, expliquen su conducta, y luego adopta la decisin que corresponda.e) El plazo para que el juez tramite y resuelva el hbeas corpus es de un da. La resolucin del juez es notificada a los involucrados y puede ser apelada por cualquiera de las partes dentro de los dos das. La apelacin se eleva ante la sala penal de la Corte Superior, la que debe sealar fecha para la vista de la causa dentro de los dos das hbiles no se incluye sbados, domingos ni feriados. El plazo para la vista y resolucin del proceso no puede exceder cinco das hbiles. Si la sentencia de la sala desestima el hbeas corpus, slo quien interpuso la accin y no el presunto agresor puede recurrir ante el Tribunal Constitucional, el que resuelve en ltima y definitiva instancia.f) El hbeas corpus es improcedente cuando la amenaza o violacin del derechohan cesado o se han convertido en irreparables. Si ello sucede despus de interpuesta la accin y el juez constata la violacin del derecho, deberaigualmente declarar fundado el hbeas corpus. De identificarse al agresor ycomprobarse su responsabilidad, el juez debe remitir la resolucin al MinisterioPblico para que el fiscal promueva la accin penal en su contra.