araujo rocio - estructura del estado (colombia)

PROGRAMA DE FORMACINPARA EL REA CONSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL ESTADO

P L A N N A C I O N A L D E F O R M A C I ND E L A R A M A J U D I C I A L

C O N S E J O S U P E R I O R D E L A J U D I C A T U R AS A L A A D M I N I S T R A T I V A

HERNANDO TORRES CORREDORPresidente

LUCA ARBELEZ DE TOBNVicepresidenta

CARLOS ENRIQUE MARN VLEZFRANCISCO ESCOBAR HENRQUEZJESAEL ANTONIO GIRALDO CASTAOJOS ALFREDO ESCOBAR ARAJOMagistrados

ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA

GLADYS VIRGINIA GUEVARA PUENTESDirectora

ROCO ARAJO

PROGRAMA DE FORMACIN PARA EL REA CONSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL ESTADO

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURASALA ADMINISTRATIVA

ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA

ISBN 978-958-8331-37-9

ROCO ARAJO, 2007

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 2007Derechos exclusivos de publicacin y distribucin de la obraCalle 85 No. 11 - 96 pisos 6 y 7www.ramajudicial.gov.co

Primera edicin: Diciembre de 2007Con un tiraje de 1000 ejemplaresAsesora Pedaggica y Metodolgica: Carmen Luca Gordillo Guerrero Diseo editorial: Grafi-Impacto Ltda.

Impresin: Grafi-Impacto Ltda.

Impreso en ColombiaPrinted in Colombia

PRESENTACIN DEL PLAN INTEGRAL DE FORMACIN ESPECIALIZADA PARA LA

IMPLEMENTACIN DE LOS MDULOS DE APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO EN EL PROGRAMA DE FORMACIN PARA EL REA CONSTITUCIONAL

El Plan Integral de Formacin Especializada para la Implementacin de los Mdulos de Aprendizaje Autodirigido en el Programa de Formacin para el rea Constitucional, construido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a travs de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, de conformidad con su modelo educativo y su enfoque curricular integrado e integrador de casos reales de la prctica judicial, constituye el resultado del esfuerzo articulado entre Magistradas, Magistrados, Jueces, Juezas, Empleadas y Empleados incorporados al rea Constitucional, la Red de Formadores y Formadoras Judiciales, el Comit Nacional Coordinador, los Grupos Seccionales de Apoyo y cuya autora Roco Arajo, integrante del grupo de trabajo de este programa de la Universidad Sergio Arboleda, quien con su gran compromiso y voluntad, se propuso responder a las necesidades de formacin planteadas para el Programa de Formacin para el rea Constitucional.

El mdulo Estructura del Estado que se presenta a continuacin, responde a la modalidad de aprendizaje autodirigido orientado a la aplicacin en la prctica judicial, con absoluto respeto por la Independencia del Juez o Jueza.

La construccin del mdulo responde a las distintas evaluaciones que se hicieron con Magistrados, Magistradas, Jueces, Juezas, Empleados y Empleadas, con la finalidad de detectar las principales reas problemticas de la implementacin del Programa, alrededor de las cuales se integraron los objetivos, temas y subtemas de los distintos microcurrculos como apoyo a los funcionarios, funcionarias, empleadas y empleados de la Rama Judicial. Los conversatorios organizados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a travs de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla sirvieron para determinar los problemas jurdicos ms delicados y ahondar en su tratamiento en los mdulos. Posteriormente, el texto entregado por la autora, fue enviado para su revisin por los Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas que participaron en el proceso, quienes leyeron los textos e hicieron observaciones para su mejoramiento. Una vez escuchadas dichas reflexiones, la autora complement su trabajo para presentar un texto que respondiera a las necesidades de formacin jurdica especializada para los Jueces y Juezas Colombianos.

Se mantiene la concepcin de la Escuela Judicial en el sentido de que todos los mdulos, como expresin de la construccin colectiva, democrtica y solidaria de conocimiento en la Rama Judicial, estn sujetos a un permanente proceso de retroalimentacin y actualizacin, especialmente ante el control que ejercen las Cortes.

Enfoque pedaggico de la Escuela Judicial

La Escuela Judicial como Centro de Formacin Judicial Inicial y Continuada de la Rama Judicial presenta un modelo pedaggico que se caracteriza por ser participativo, integral, sistmico y constructivista; se fundamenta en el respeto a la dignidad del ser humano, a la independencia del Juez y la Jueza, el pluralismo y la multiculturalidad, y se orienta hacia el mejoramiento del servicio.

Es participativo, ms de mil Magistrados, Magistradas, Jueces, Juezas, Empleadas y Empleados judiciales participan como formadores y formadoras, generando una amplia dinmica de reflexin sobre la calidad y pertinencia de los planes educativos, mdulos de aprendizaje autodirigido y los materiales utilizados en los procesos de formacin que se promueven. Igualmente, se manifiesta en los procesos de evaluacin y seguimiento de las actividades de formacin que se adelantan, tanto en los procesos de ingreso, como de cualificacin de los servidores y las servidoras pblicos.

Es integral en la medida en que los temas que se tratan en los mdulos resultan recprocamente articulados y dotados de potencialidad sinrgica y promueven las complementariedades y los refuerzos de todos los participantes y las participantes.

Es sistmico porque invita a comprender cualquier proceso desde una visin integradora y holista, que reconoce el ejercicio judicial como un agregado de procesos, que acta de manera interdependiente, y que, a su vez, resulta afectado por el entorno en que tienen lugar las actuaciones judiciales.

El modelo se basa en el respeto a la dignidad humana. El sistema de justicia representa uno de los pilares del sistema social de cualquier comunidad, representa la capacidad que la sociedad tiene para dirimir los conflictos que surgen entre sus integrantes y entre algunos de sus miembros y la sociedad en general. De ah que el modelo educativo fundamenta sus estrategias en el principio del respeto a la dignidad humana y a los derechos individuales y colectivos de las personas.

El modelo se orienta al mejoramiento del servicio pues las acciones que se adelanten para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y bienestar de las personas que hacen parte de la Rama Judicial, se hacen teniendo en la mira un mejoramiento sostenido del servicio que se le presta a la comunidad.

Lo anterior, en el marco de las polticas de calidad y eficiencia establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el Plan Sectorial de Desarrollo, con la conviccin de que todo proceso de modernizacin judicial ya sea originado en la implantacin de nuevos esquemas jurdicos o de gestin, o de ambos, implica una transformacin cultural y el fortalecimiento de los fundamentos conceptuales, las habilidades y las competencias de los y las administradoras de justicia, fiscales y procuradores, quienes requieren ser apoyados a travs de los procesos de formacin.

En este sentido, se desarrollan procesos formativos sistemticos y de largo aliento orientados a la cualificacin de los servidores y servidoras del sector, dentro de criterios de profesionalismo y formacin integral, que redundan, en ltimas, en un mejoramiento de la atencin de los ciudadanos y ciudadanas, cuando se ven precisados a acudir a las instancias judiciales para ejercer o demandar sus derechos o para dirimir conflictos de carcter individual o colectivo.

Aprendizaje activo

Este modelo educativo implica un aprendizaje activo diseado y aplicado desde la prctica judicial para mejorar la organizacin; es decir, a partir de la observacin directa del problema, de la propia realidad, de los hechos que impiden el avance de la organizacin y la distancian de su misin y de sus usuarios y usuarias; que invita a compartir y generalizar las experiencias y aprendizajes obtenidos, sin excepcin, por todas las y los administradores de justicia a partir de una dinmica de reflexin, investigacin, evaluacin, propuesta de acciones de cambio y ejecucin oportuna, e integracin de sus conocimientos y experiencia para organizar equipos de estudio, compartir con sus colegas, debatir constructivamente los hallazgos y aplicar lo aprendido dentro de su propio contexto.

Crea escenarios propicios para la multiplicacin de las dinmicas formativas, para responder a los retos del Estado y en particular de la Rama Judicial, para focalizar los esfuerzos en su actividad central; desarrollar y mantener un ambiente de trabajo dinmico y favorable para la actuacin de todos los servidores y servidoras; aprovechar y desarrollar en forma efectiva sus cualidades y capacidades; lograr estndares de rendimiento que permiten calificar la

prestacin pronta y oportuna del servicio en mbitos locales e internacionales complejos y cambiantes; crear relaciones estratgicas comprometidas con los usuarios clave del servicio pblico; usar efectivamente la tecnologa; desarrollar buenas comunicaciones, y aprender e interiorizar conceptos organizativos para promover el cambio. As, los Jueces, Juezas y dems servidores y servidoras no son simples animadores del aprendizaje, sino gestores y gestoras de una realidad que les es propia, y en la cual construyen complejas interacciones con los usuarios y usuarias de esas unidades organizacionales.

Aprendizaje social

En el contexto andraggico de esta formacin, se dota de significado el mismo decurso del aprendizaje centrndose en procesos de aprendizaje social como eje de una estrategia orientada hacia la construccin de condiciones que permitan la transformacin de las organizaciones. Es este proceso el que lleva al desarrollo de lo que en la reciente literatura sobre el conocimiento y desarrollo se denomina como la promocin de sociedades del aprendizaje learning societies, organizaciones que aprenden learning organizations, y redes de aprendizaje learning networks.1 Esto conduce a una concepcin dinmica de la relacin entre lo que se quiere conocer, el sujeto que conoce y el entorno en el cual l acta. Es as que el conocimiento hace posible que los miembros de una sociedad construyan su futuro, y por lo tanto incidan en el devenir histrico de la misma, independientemente del sector en que se ubiquen.

Los procesos de aprendizaje evolucionan hacia los cuatro niveles definidos en el esquema mencionado: (a) nivel individual, (b) nivel organizacional, (c) nivel sectorial o nivel de las instituciones sociales, y (d) nivel de la sociedad. Los procesos de apropiacin de conocimientos y saberes son de complejidad creciente al pasar del uno al otro.

En sntesis, se trata de una formacin que a partir del desarrollo de la creatividad y el espritu innovador de cada uno de los y las participantes, busca convertir esa informacin y conocimiento personal, en conocimiento corporativo til que incremente la efectividad y la capacidad de desarrollo y cambio de la organizacional en la Rama Judicial, trasciende al nivel sectorial y de las instituciones sociales contribuyendo al proceso de creacin de lo pblico a travs de la apropiacin social del mismo, para, finalmente, en un cuarto nivel, propiciar procesos de aprendizaje social que pueden involucrar cambios en los valores y las actitudes que caracterizan la sociedad, o conllevar acciones

1 Teaching and Learning: Towards the Learning Society; Bruselas, Comisin Europea, 1997.

orientadas a desarrollar una capacidad para controlar conflictos y para lograr mayores niveles de convivencia.

Currculo integrado-integrador

En la bsqueda de nuevas alternativas para el diseo de los currculos se requiere partir de la construccin de ncleos temticos y problemticos, producto de la investigacin y evaluacin permanentes. Estos ncleos temticos y problemticos no son la unin de asignaturas, sino el resultado de la integracin de diferentes disciplinas acadmicas y no acadmicas (cotidianidad, escenarios de socializacin, hogar) que alrededor de problemas detectados, garantizan y aportan a la solucin de los mismos. Antes que contenidos, la estrategia de integracin curricular, exige una mirada crtica de la realidad.

La implementacin de un currculo integrado-integrador implica que la enseanza dialogante se base en la conviccin de que el discurso del formador o formadora, ser formativo solamente en el caso de que el o la participante, a medida que reciba los mensajes magistrales, los reconstruya y los integre, a travs de una actividad, en sus propias estructuras y necesidades mentales. Es un dilogo profundo que comporta participacin e interaccin. En este punto, con dos centros de iniciativas donde cada uno (formador, formadora y participante) es el interlocutor del otro, la sntesis pedaggica no puede realizarse ms que en la interaccin- de sus actividades orientadas hacia una meta comn: la adquisicin, produccin o renovacin de conocimientos.

Planes de Estudio

Los planes de estudio se disearon de manera coherente con el modelo educativo presentado y en esta labor particip el grupo de pedagogos y pedagogas vinculados al proyecto, expertos y expertas en procesos formativos para adultos, con conocimientos especializados y experiencia. As mismo, particip la Red de Formadores y Formadoras Judiciales constituida por Magistrados, Magistradas, Jueces, Juezas, Empleados y Empleadas, quienes con profundo compromiso y motivacin exclusiva por su vocacin de servicio, se prepararon a lo largo de varios meses en la Escuela Judicial tanto en la metodologa como en los contenidos del programa con el propsito de acompaar y facilitar el proceso de aprendizaje que ahora se invita a desarrollar a travs de las siguientes fases:

Fase I. Reunin inicial. Presentacin de los objetivos y estructura del programa; afianzamiento de las metodologas del aprendizaje autodirigido; conformacin

de los subgrupos de estudio con sus coordinadores y coordinadoras, y distribucin de los temas que profundizar cada subgrupo.

Fase II. Estudio y An1isis Individual. Interiorizacin por cada participante de los contenidos del programa mediante el anlisis, desarrollo de casos y ejercicios propuestos en el mdulo, consulta de jurisprudencia y doctrina adicional a la incluida en los materiales educativos. As mismo, elaboracin y envo de un informe individual con el fin de establecer los intereses de los participantes y las participantes para garantizar que las actividades presenciales respondan a stos.

Fase III. Investigacin en Subgrupo. Profundizacin colectiva del conocimiento sobre los temas y subtemas acordados en la reunin inicial y preparacin de una presentacin breve y concisa (10 minutos) para la mesa de estudios o conversatorio junto con un resumen ejecutivo y la seleccin de casos reales para enriquecer las discusiones en el programa.

Fase IV. Mesa de estudios o Conversatorio. Construccin de conocimiento a travs del intercambio de experiencias y saberes y el desarrollo o fortalecimiento de competencias en argumentacin, interpretacin, decisin, direccin, etc., alrededor de las presentaciones de los subgrupos, el estudio de nuevos casos de la prctica judicial previamente seleccionados y estructurados por los formadores con el apoyo de los expertos, as como la simulacin de audiencias. Identificacin de los momentos e instrumentos de aplicacin a la prctica judicial y a partir de stos, generacin de compromisos concretos de mejoramiento de la funcin judicial y de estrategias de seguimiento, monitoreo y apoyo en este proceso.

Fase V. Pasantas. Son experiencias concretas de aprendizaje, dirigidas a confrontar los conocimientos adquiridos, con la realidad que se presenta en los despachos y actuaciones judiciales (sean escritas u orales), mediante el contacto directo de los discentes y las discentes (pasantes), con las situaciones vividas en la prctica judicial, en las diferentes reas (civil, penal, laboral, administrativo, etc.) bajo la orientacin y evaluacin de los Magistrados y Magistradas Jueces, Juezas, titulares de los respectivos cargos.

Fase VI. Aplicacin a la prctica judicial. Incorporacin de los elementos del programa acadmico como herramienta o instrumento de apoyo en el desempeo laboral mediante la utilizacin del conocimiento construido en la gestin judicial. Elaboracin y envo del informe individual sobre esta experiencia y reporte de los resultados del seguimiento de esta fase en los subgrupos.

Fase VII. Experiencias compartidas. Socializacin de las experiencias reales de los y las discentes en el ejercicio de la labor judicial, con miras a confirmar el avance en los conocimientos y habilidades apropiados en el estudio del mdulo. Preparacin de un resumen ejecutivo con el propsito de contribuir al mejoramiento del curso y seleccin de casos reales para enriquecer el banco de casos de la Escuela Judicial.

Fase VIII. Actividades de monitoreo y de refuerzo o complementacin. De acuerdo con el resultado de la fase anterior se programan actividades complementarias de refuerzo o extensin del programa segn las necesidades de los grupos en particular.

Fase IX. Seguimiento y evaluacin. Determinacin de la consecucin de los objetivos del programa por los y las participantes y el grupo mediante el anlisis individual y el intercambio de experiencias en subgrupo.

Los mdulos

Los mdulos son la columna vertebral en este proceso, en la medida que presentan de manera profunda y concisa los resultados de la investigacin acadmica realizada durante aproximadamente un ao, con la participacin de Magistrados y Magistradas de las Altas Cortes y de los Tribunales, de los Jueces y Juezas de la Repblica y expertos y expertas juristas, quienes ofrecieron lo mejor de sus conocimientos y experiencia judicial, en un ejercicio pluralista de construccin de conocimiento.

Se trata entonces, de valiosos textos de autoestudio divididos secuencialmente en unidades que desarrollan determinada temtica, de dispositivos didcticos flexibles que permite abordar los cursos a partir de una estructura que responde a necesidades de aprendizaje previamente identificadas. Pero ms all, est el propsito final: servir de instrumento para fortalecer la prctica judicial.

Cmo abordarlos

Al iniciar la lectura de cada mdulo el o la participante debe tener en cuenta que se trata de un programa integral y un sistema modular coherente, por lo que para optimizar los resultados del proceso de formacin autodirigida tendr en cuenta que se encuentra inmerso en el Programa de Formacin para el rea Constitucional. A travs de cada contenido, los y las discentes encontrarn referentes o remisiones a los dems mdulos del Plan, que se articulan mediante

diversos ejes transversales, tales como Derechos Humanos, Constitucin Poltica de 1991, Bloque de Constitucionalidad, la Ley especfica, al igual que la integracin de los casos problmicos comunes que se analizan, desde diferentes perspectivas, posibilitando el enriquecimiento de los escenarios argumentativos y fortaleciendo la independencia judicial.

Por lo anterior, se recomienda tener en cuenta las siguientes sugerencias al abordar el estudio de cada uno de los mdulos del plan especializado:

1. Consulte los temas de los otros mdulos que le permitan realizar un dilogo de manera sistmica y articulada sobre los contenidos que se presentan.

2. Tenga en cuenta las guas del discente y las guas de estudio individual y de subgrupo para desarrollar cada lectura. Recuerde apoyarse en los talleres para elaborar mapas conceptuales, esquemas de valoracin de argumentaciones y el taller individual de lectura del plan educativo.

3. Cada mdulo presenta actividades pedaggicas y de autoevaluacin que permiten al y la discente reflexionar sobre su cotidianidad profesional, la comprensin de los temas y su aplicacin a la prctica. Es importante que en el proceso de lectura aborde y desarrolle con rigor dichas actividades para que crticamente establezca la claridad con la que percibi los temas y su respectiva aplicacin a su tarea judicial. Cada mdulo se complementa con una bibliografa bsica seleccionada, para quienes quieran profundizar en el tema, o acceder a diversas perspectivas.

El Plan integral de Formacin Especializada para la Implementacin de los mdulos de aprendizaje autodirigido en el Programa de Formacin para el rea Constitucional, que la Escuela Judicial entrega a la judicatura colombiana, acorde con su modelo educativo, es una oportunidad para que la institucionalidad colombiana, con efectiva proteccin de los derechos fundamentales y garantas judiciales, cierre el camino de la impunidad para el logro de una sociedad ms justa.

Finalmente, agradecemos el envo de todos sus aportes y sugerencias a la sede de la Escuela Judicial en la Calle 85 No. 11 96 piso 6 y 7, de Bogot, o al correo electrnico [email protected], que contribuirn a la construccin colectiva del saber judicial alrededor del Programa de Formacin para el rea Constitucional.

CONTENIDO

PRESENTACIN 9

1. ASPECTOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO 21

1.1. El contexto jurdico - poltico del principio orgnico y el modelo de estructura de estado 221.2. Fundamentos constitucionales de la estructura del estado 231.3. Competencias normativas en materia de estructura 311.4. Principio de la separacin funcional y de la colaboracin armnica 391.5. Anlisis jurisprudencial 401.6. Actividades pedaggicas 411.8. Bibliografa seleccionada 44

2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 45 DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO 45

2.1 Principio del estado democrtico y la estructura del estado 462.2. El principio del estado constitucional de derecho y la estructura del estado 482.3. Principio de legitimidad y legalidad 502.4. Principio del respeto y la prevalencia de la dignidad humana y de los derechos fundamentales 522.5. Principio de estado social de derecho y estructura del estado 532.6. Principio de la prevalencia del inters general y la estructura del estado 592.7. Principio de la integracin y la estructura del estado 602.8. Principio de la responsabilidad y la estructura del estado 632.9. Principio de control y estructura del estado 682.10. Anlisis jurisprudencial 742.11. Actividades pedaggicas 752.12. Autoevaluacin 762.13. Bibliografa seleccionada 77

3. MODELO DE LA ESTRUCTURA DEL PODER ESTATAL 79

3.1. Forma de estado 803.2. Sistema de gobierno 843.3. Estructura del estado 863.4. Forma de organizacin del estado 893.5. Anlisis jurisprudencial 1043.6. Actividades pedaggicas 1053.7. Autoevaluacin 1073.8. Bibliografa seleccionada 107

4. PRINCIPIO ORGNICO 109

4.1. Ramas del poder pblico 1104.1.1. Rama legislativa 1114.2. Los organismos de control y fiscalizacin 1704.3. Los organismos electorales 1724.4. rganos autnomos e independientes 1744.5. Anlisis jurisprudencial 1794.6. Actividades pedaggicas 1814.7. Autoevaluacin 1824.8. Bibliografa seleccionada 183

5. LA DESCENTRALIZACIN ADMINISTRATIVA TERRITORIAL Y LA ESTRUCTURA DEL ESTADO 185

5.1. Precisiones conceptuales 1865.2. Las entidades territoriales 1895.3. Las entidades administrativas territoriales 2025.4. Anlisis jurisprudencial 2035.5. Actividades pedaggicas 2035.6. Autoevaluacin 2045.7. Bibliografa seleccionada 205

CONVENCIONES

Autoevaluacin

Actividades pedaggicas

Bibliografa

Bibliografa seleccionada

Jurisprudencia

Objetivosespecficos

Objetivo general

ASPECTOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

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Contribuir a la discusin y esclarecimiento de la estructura del Estado en el contexto jurdico poltico.

Identificarelcontextojurdicopolticodelprincipioorgnico

Establecer los fundamentos constitucionales de la estructura del Estado

Resaltar los principales cambios producidos en la estructura del Estado como resultado de la reforma de la Constitucin

Precisar las competencias normativas de los rganos del Estado en materia de estructura

Determinar la relacin existente entre el principio de la separacin funcional y el de la colaboracin armnica en la estructura del Estado

Unidad1

UNIDAD 1

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1.1. EL CONTEXTO JURDICO - POLTICO DEL PRINCIPIO ORGNICO Y EL MODELO DE ESTRUCTURA DE ESTADO

La Constitucin de 1991 es el resultado de la formulacin del ideal poltico y filosfico de nuestra organizacin estatal que se encarg de fundamentar el poder del Estado.

En esta medida, tenemos que la Constitucin integra el orden jurdico, a travs del cual se organiza el poder del Estado y es mediante el ejercicio de las distintas competencias como se conforman, en la escala jerrquica normativa del Estado, las distintas reglas que le dan vigencia a la Constitucin, pero que igualmente, hacen posible el ejercicio del poder, para lo cual se requiere por tanto de unas estructuras y de una organizacin.

Dentro de este contexto y en lo relacionado con el principio orgnico y el modelo de estructura del Estado, la Constitucin se encarg de sealar los lmites y definir las relaciones entre las distintas funciones esenciales que hacen parte del poder pblico, estableciendo por tanto el fundamento jurdico principal de la estructura, de la organizacin y del funcionamiento de las instituciones a travs de las cuales el poder estatal se manifiesta.

El trasfondo del ejercicio del poder del Estado es por tanto el ideal poltico y filosfico de la organizacin poltica, que se concreta cuando se define la forma de Estado, la forma de gobierno, los derechos humanos y los valores y principios que rigen a la sociedad poltica, determinaciones que al estar previstas en la Constitucin se transforman en norma jurdica.

La parte orgnica del Estado se conjuga con el reconocimiento de los derechos y libertades de los ciudadanos, por cuanto la razn de ser del ejercicio del poder del Estado son el respeto a la dignidad humana y la satisfaccin de las finalidades esenciales del Estado, criterios que sirven de fundamento a la actuacin de los rganos estatales.

El ser humano es un fin en s mismo, lo que significa que no es un instrumento de los rganos del Estado ni de otras personas, por ello el Estado le garantiza su condicin imprescindible y no lo somete a ningn vejamen que menoscabe su naturaleza. En esta medida, la dignidad del ser humano es el objetivo tanto de los derechos humanos como tambin del Estado, pues ste est obligado, entre otras finalidades, a garantizar las condiciones que hacen posible la vida digna o mnimo vital de subsistencia de sus asociados.


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En sntesis, se puede sealar que el contexto jurdico poltico que soporta la estructura del Estado y que hemos descrito tiene por objeto la libertad del ciudadano y los derechos individuales que el Estado de acuerdo con la Constitucin le debe garantizar.

En esta medida, se aprecia que la razn del Estado es mantener un sistema liberal morigerado, es decir con importantes variantes en los aspectos sociales y econmicos, con las instituciones que se desprenden del Estado Social de Derecho. El sistema liberal se encuentra soportado en su expresin poltica de la democracia, a travs de la cual indica quien ejerce el poder del Estado y en su expresin econmica, el capitalismo. A su turno, esta concepcin poltica contiene unos mecanismos que garantizan su filosofa. En primer lugar, a travs del reconocimiento de libertades individuales, civiles, polticas, econmicas y sociales. En segundo lugar, mediante una estructura del poder del Estado capaz de garantizar que el poder controle al poder, esto es la separacin de funciones con el objeto de garantizar, a su vez, la vigencia de los derechos de las personas y su complemento, la atribucin de las competencias y el sometimiento del Estado al derecho, donde ninguna autoridad del Estado podr ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitucin y la ley.1

En este sentido ha interpretado la Corte Constitucional que El principio de la separacin de los poderes surge como resultado de la bsqueda de mecanismos institucionales enderezada a evitar la arbitrariedad de los gobernantes y a asegurar la libertad de los asociados. Por esta razn, se decide separar la funcin pblica entre diferentes ramas, de manera que no descanse nicamente en las manos de una sola y que los diversos rganos de cada una de ellas se controlen recprocamente2.

1.2. Fundamentos constitucionales de la estructura del Estado

Como consecuencia de lo explicado anteriormente, se infiere que existe una nueva visin constitucional que ejerce una influencia en la estructura del Estado, que la condiciona y la cualifica hacindola diversa a la existente antes de la Constitucin de 1991.

En esta medida, se resaltan los principales cambios que en materia de estructura del Estado la Constitucin de 1991 produjo.

1 Prez Escobar, Jacobo, Derecho Constitucional Colombiano, Temis, sptima edicin, 2004, p. 272 Corte Constitucional Sentencia C-312 de junio 25 de 1997. Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muoz

UNIDAD 1

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1.2.1. Dentro del paradigma de la constitucionalizacin del derecho y con la visin de hacer una realidad el respeto de la dignidad humana, de los derechos inalienables y el alcanzar las finalidades del Estado, se ha trascendido el principio del legalismo formal y lo ha reemplazado por el Estado Constitucional de Derecho, el cual busca humanizar el tenor literal de las disposiciones a travs de los principios y valores constitucionales, sobre los que existe consenso social, por cuanto la Constitucin ha puesto al ser humano con su dignidad y sus derechos inalienables como el centro principal del Estado. Por esta razn, la estructura, la organizacin y el funcionamiento del Estado adquieren una nueva dinmica, toda vez que tan grandes finalidades deben ser logradas por el Estado por mandato de la Constitucin, lo que no es otra cosa que la supremaca constitucional y la vigencia del bloque de constitucionalidad. Adems debe tenerse en cuenta que la dignidad de la persona y sus derechos inalienables es anterior a la ley y al derecho, por lo que las disposiciones constitucionales en estas materias son de aplicacin directa por los rganos que hacen parte de la estructura del Estado.

Como consecuencia de lo anterior la ley tiene vigencia slo en la medida en que se encuentre de acuerdo con la Constitucin y por tanto respete la dignidad de la persona y sus derechos inalienables.

De otro lado, el constituyente fortaleci el sistema de pesos y contrapesos del poder del Estado, por lo cual todas las autoridades de la Repblica deben someterse irrestrictamente a los mandatos normativos de la Constitucin, y deben respetar y garantizar con el ejercicio de sus competencias los derechos inalienables de las personas, reconocidos en el Estado Social de Derecho. Para garantizar que ello sea as se mantiene el control poltico en cabeza del Congreso de la Repblica. Adicionalmente, y con el objeto de fortalecer el principio de la supremaca constitucional y los derechos fundamentales de las personas, el artculo 239 de la Constitucin cre la Corte Constitucional y le otorg la funcin de ser guardiana de la integridad y supremaca de la Constitucin. De otro lado, se crearon acciones constitucionales que tienen por objeto vincular a la jurisdiccin en la garanta efectiva de los derechos de los ciudadanos, dentro de los lineamientos jurisprudenciales creados por la Corte Constitucional3.

3 Cega Egaa, Jos Luis, Estado Constitucional de Derecho. Nuevo paradigma jurdico, en Anuario de derecho constitucional2005,TomoI,KonradAdenauerStiftung,2005,p.48


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Con la visin humanista y la vinculacin de los jueces y juezas a la garanta ltima de los derechos fundamentales de las personas es de destacar que el aparato judicial ha sido reforzado, teniendo una responsabilidad mayscula con el Estado democrtico, pues el gran reto es que sus decisiones sean proporcionales y razonables, soportadas por la conjugacin de los valores, principios y normas constitucionales con el caso que se le plantea, buscando la integridad del sistema.

En este nuevo escenario se ha reconocido la realidad, la cual se caracteriza porque se ha superado la tradicional tridivisin del poder del Estado y por tanto se ha actualizado la estructura del Estado, en la medida en que se reconoci autonoma constitucional a los rganos de control, a los organismos electorales, a la banca central, a las universidades oficiales del Estado, a las Corporaciones Autnomas Regionales, a la Comisin Nacional de Televisin y a la Comisin Nacional del Servicio Civil.

1.2.2. En el marco de la relativa autonoma de las instituciones que hacen parte de la estructura del Estado y con el fin de alcanzar los objetivos del Estado, el constituyente de 1991 estableci los principios fundamentales con sujecin a los cuales se debe consolidar la unidad poltica de la Repblica y se deben desarrollar las competencias del Estado, aspecto que ser tratado en el Captulo II del presente mdulo.

Adems, el constituyente cre nuevas instituciones que fortalecen y engrosan el aparato estatal. Veamos cuales instituciones fueron creadas por la Constitucin:

Con el fin de que se administre la carrera judicial, se examinen y sancionen las faltas de los funcionarios y funcionarias de la rama judicial, as como las de los abogados en el ejercicio de su profesin, se diriman los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, entre otras funciones se cre el Consejo Superior de la Judicatura (artculo 254 de la Constitucin), integrada en dos salas: administrativa y jurisdiccional disciplinaria y los consejos seccionales.

Se cre la Fiscala General de la Nacin (artculo 249 de la Constitucin) la cual tiene por objeto adelantar el ejercicio de la accin penal y realizar la investigacin de los hechos que revistan las caractersticas de un delito que lleguen a su conocimiento.

UNIDAD 1

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Se cre la Defensora del Pueblo (artculo 282 de la Constitucin), quien velar por la promocin, el ejercicio y la divulgacin de los derechos humanos.

Se cre un rgano destinado a realizar la intervencin estatal en el espectro electromagntico utilizado para los servicios de televisin (artculo 76) representado por la Comisin Nacional de Televisin.

Se cre el Banco de la Repblica con rgimen de autonoma constitucional (artculo 371 de la Constitucin), que ejercer la funcin de banca central, especficamente para regular la moneda, los cambios internacionales y el crdito, emitir la moneda legal, administrar las reservas internacionales, ser prestamista de ltima instancia y banquero de los establecimientos de crdito y servir como agente fiscal del gobierno.

Se cre la Corporacin Autnoma Regional del Ro Grande de la Magdalena (artculo 331 de la Constitucin), la cual se encuentra encargada de la recuperacin de la navegacin, de la actividad portuaria, la adecuacin y la conservacin de tierras, la generacin y distribucin de energa y el aprovechamiento y la preservacin del ambiente, de los recursos ictiolgicos y de los dems recursos naturales renovables.

Se cre el Fondo Nacional de Regalas (artculo 361 de la Constitucin), cuya funcin es distribuir los ingresos provenientes de las regalas que no sean asignados a los departamentos y municipios.

Se cre la Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios (artculo 370 de la Constitucin), la cual ejercer el control, inspeccin y vigilancia de las empresas prestadoras de servicios pblicos domiciliarios.

Se cre la Contadura General de la Nacin (artculo 354 de la Constitucin), como rgano integrante de la rama ejecutiva, quien llevar la contabilidad general de la Nacin, consolidndola con la de las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios.

Se cre la Auditora General de la Repblica (artculo 274 de la Constitucin), cuya funcin es vigilar la gestin fiscal de la Contralora General de la Repblica.

Se crearon las oficinas de control interno de la administracin pblica en todos sus rdenes (artculo 209, ltimo inciso)


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Se consagr que el Estado poda prestar servicios pblicos domiciliarios, a travs de empresas prestadoras de servicios pblicos (artculo 365, segundo inciso de la Constitucin)

1.2.3. Una interpretacin integral de la Constitucin hace que se concluya que los nuevos principios que se relacionan con la estructura del Estado, su organizacin y su funcionamiento, as como las finalidades y objetivos que sta debe satisfacer han provocado la flexibilizacin del principio competencial. Las argumentaciones que sustentan tal afirmacin son las siguientes:

Hoy la gestin del Estado est fundada en un principio finalstico, es decir que las autoridades pblicas deben obtener los resultados propuestos con eficiencia y eficacia.

Esta situacin es de especial importancia para las entidades que hacen parte de la rama ejecutiva del poder pblico y las dems entidades a las cuales la Constitucin reconoce un grado de autonoma para el ejercicio de la funcin del Estado atribuida. Desde este punto de vista, parece ser que en la prctica resulta insuficiente la ley, quien en todo caso debe sealar con exactitud la entidad competente para lograr una determinada finalidad. La manera como lo logra el rgano hace parte de su especfica autonoma instrumental.

En aras de la eficiencia que soporta el principio del Estado Social de Derecho, adems de las instituciones que conforman la estructura del Estado, hoy los ciudadanos ejercen funciones pblicas y de esta manera cooperan con el Estado. Esta cooperacin tiene por objeto ayudar a que el Estado cumpla con sus finalidades y adems ste pueda garantizar efectivamente a los ciudadanos sus derechos, especialmente de los de carcter prestacional y social, lo cual implica una necesidad de mayor articulacin entre lo estatal y lo social, por cuanto se trata de que los particulares puedan desplegar su capacidad tcnica y especializada.

Igualmente y con el objetivo descrito anteriormente, la Constitucin reconoce a las entidades territoriales un grado de autonoma administrativa, en virtud de la cual participan del ejercicio del poder del Estado e incluso se les reconoce cierta capacidad normativa4, la cual con sujecin a la Constitucin y la ley es desarrollada por las corporaciones pblicas, teniendo vigencia en el marco de su territorio, por lo que se evidencia una pluralidad de ordenamientos dentro de un mismo espacio territorial.

4 Ver por ejemplo los artculos 300, numeral 2 y 3, 313 , numeral 2, 7 y 9 de la Constitucin

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Con la visin de brindar mayor autonoma en el espectro territorial se erigieron en departamentos las antiguas intendencias y comisaras, suprimiendo estas entidades territoriales. Igualmente, y con la misma finalidad antes sealada de acuerdo con el inciso 2 del artculo 286 la ley puede darle el carcter de entidad territorial a las regiones y provincias que se constituyan en los trminos de la Constitucin y la ley.

La Constitucin define la estructura del Estado.

Con relacin a la estructura de la rama ejecutiva del poder pblico, es de sealar que la Constitucin realiz el diseo de su estructura y organizacin al sealar en primer lugar las instituciones que hacen parte del nivel central y descentralizado funcional o por servicios del orden nacional, al consagrar la Presidencia de la Repblica en los artculos 196, 199 y 203 de la Constitucin; los Ministerios en los artculos 150 , numeral 7, 189 y 206 de la Constitucin; los Departamentos Administrativos en el artculo 115, 150, numeral 7, 189 y 206 de la Constitucin; los Establecimientos Pblicos en el artculo 150, numeral 7 y 189 de la Constitucin; las Superintendencias en el artculo 115 y 150, numeral 7 de la Constitucin; las Empresas Industriales y Comerciales del Estado en los artculo 115, 150, numeral 7 y 154 de la Constitucin; las Empresas Sociales del Estado en los artculos 48, 49 y 365 de la Constitucin; las Sociedades de Economa Mixta en el artculo 150, numeral 7 de la Constitucin; las Empresas Oficiales prestadoras de servicios pblicos en los artculos 365, 369 y 370 de la Constitucin, as como otro tipo de entidades y organismos administrativos del orden nacional en el artculo 150, numeral 7 y 189, numerales 15 y 16 de la Constitucin.

En lo que respecta a la determinacin de la estructura de la administracin nacional le corresponde al Congreso de la Repblica de conformidad con el artculo 150, numeral 7, en consonancia con el artculo 154 inciso segundo y 189, numerales 15 y 16 de la Constitucin.

La estructura de las entidades territoriales le corresponde fijarla a las propias entidades territoriales, con sujecin a los artculos 300, numeral 6 y 313, numeral 6 de la Constitucin determinarla, previa iniciativa de los gobernadores y alcaldes respectivamente.

En esta medida, se afirma que el legislativo y las corporaciones pblicas tienen la competencia ordinaria de ampliar o reducir la estructura de la rama ejecutiva del Estado de acuerdo con las especiales circunstancias que surjan.


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La rama legislativa igualmente se encuentra definida en la Constitucin, la cual est compuesta al tenor del artculo 132 por el Senado y por la Cmara de Representantes. De acuerdo con el artculo 142 de la Constitucin al interior de estas Cmaras existen comisiones constitucionales permanentes, cuyo nmero, miembros y materias depende de lo que al respecto establezca la ley. Adems las Cmaras del Congreso podrn reunirse en un solo cuerpo en los eventos sealados por el artculo 141 de la Constitucin.

De otro lado, cada senador y cada representante cuentan con una unidad legislativa y cada cmara del Congreso cuenta con una estructura administrativa.

La rama judicial est compuesta por:

la jurisdiccin constitucional, la cual est integrada por la Corte Constitucional de acuerdo con el artculo 239 de la Constitucin, a quien segn ya lo hemos explicado se le confa la guarda de integridad de la Constitucin, por lo que es el rgano principal de esta jurisdiccin. Igualmente, el Consejo de Estado cuanta con una funcin residual de constitucionalidad prevista en el artculo 237, numeral 2 de la Constitucin y resuelven los conflictos administrativos que se presenten.

2- De otro lado, la rama judicial se encuentra comprendida por la jurisdiccin ordinaria, representada por la Corte Suprema de Justicia, que de acuerdo con el artculo 234 de la Carta es el mximo tribunal de la jurisdiccin ordinaria, la cual a su turno se divide en las salas que la ley defina, pudindose reunir en la sala plena, en los eventos que seale la Constitucin.

Hacen parte de la jurisdiccin ordinaria a su turno, los tribunales de distrito judicial, los juzgados del circuito y los juzgados municipales especializado y promiscuo.

3- Igualmente, hace parte de la rama judicial la jurisdiccin de lo contencioso administrativo, la cual cuenta con el Consejo de Estado, que es la cabeza de la jurisdiccin, la cual se divide en salas y sesiones que defina la ley. Su estructura interna as mismo ser definida por la ley.

Adems del Consejo de Estado, hace parte de la jurisdiccin Contenciosa Administrativa los Tribunales Contencioso Administrativos y los juzgados administrativos

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4- Tambin al tenor de los artculos 246 y 247 de la Constitucin tenemos las jurisdicciones especiales integrados por los Jueces y Juezas de paz y de las autoridades de los pueblos indgenas.

5- A su turno, hacen parte de la rama judicial el Consejo Superior de la Judicatura, con las salas administrativa y jurisdiccional disciplinaria, previsto en el artculo 254 de la Constitucin.

6- A su turno, tambin los Jueces de la Repblica son jueces de tutela y por tanto dirimen los conflictos que se presentan por violacin de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitucin.

7- La Fiscala General de la Nacin as mismo integra la rama judicial al tenor de lo dispuesto por el artculo 249, inciso ltimo de la Carta.

De otro lado, tenemos los rganos de control integrados por el Ministerio Pblico, el cual est integrado por la Procuradura General de la Nacin y la Defensora del Pueblo, los procuradores delegados y agentes del Ministerio Pblico ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y los dems funcionarios o funcionarias que determine la ley, y les corresponde, al tenor de lo dispuesto por el artculo 118 de la Constitucin, la guarda y promocin de los derechos humanos, la proteccin del inters pblico y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempean funciones pblicas.

La funcin de control, es realizada tambin por la Contralora General de la Repblica a quien compete el ejercicio del control fiscal de la administracin y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nacin conforme con el artculo 267 de la Constitucin. Igualmente, realizan funcin de control fiscal la Auditoria General de la Repblica, las contraloras departamentales, las contraloras distritales y las contraloras municipales.

La Constitucin establece de otro lado en su artculo 120 la organizacin electoral, la cual est conformada por el Consejo Nacional Electoral y por la Registradura Nacional del Estado Civil y los dems organismos que seale la ley, instituciones que son autnomas e independientes de la rama ejecutiva del poder pblico.

La funcin electoral es la atribucin principal de estos rganos, la cual se relaciona con la organizacin peridica de las elecciones, su direccin y vigilancia, as como lo relativo a la identidad de las personas.


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De otro lado, tenemos que el artculo 371 de la Constitucin cre el Banco de la Repblica, el cual tiene la funcin de banca central, a quien compete regular la moneda, los cambios internacionales y el crdito, as como la emisin de la moneda legal, la administracin de las reservas internacionales, ser prestamista de ltima instancia y banquero de los establecimientos de crdito y agente fiscal del gobierno.

Tambin se cre la Comisin Nacional de Televisin, la Comisin Nacional del Servicio Civil, las Corporaciones Autnomas regionales, las Universidades pblicas que son rganos autnomos con personera jurdica y rgimen constitucional y legal propios. Esta caracterstica implica que estas instituciones no integren ninguna de las ramas del poder pblico.

Finalmente, dentro de la clusula general de competencia que le asiste al Legislativo, ste tiene la competencia, mediante una ley ordinaria, de establecer las normas bsicas para los sectores de la rama ejecutiva del poder pblico en el orden nacional, por lo que a travs de estas disposiciones o de los actos de creacin de las entidades que integran la estructura del Estado, debe el legislativo establecer los objetivos y estructura orgnica de las diversas dependencias del Estado.

1.3. Competencias normativas en materia de estructura

El sistema de normas en el que se encuentra comprendida la Constitucin Poltica parte de la base de establecer de manera general una estructura y una organizacin bsica en la que se encierre la vida del Estado y en la que se subsuman todos los casos particulares posibles5.

En la concepcin liberal, la Constitucin reconoce los derechos de las personas, crea mecanismos para que stos sean protegidos y establece la estructura de la organizacin del poder poltico, por lo que es el constituyente primario o el derivado el competente para que de una manera total, exhaustiva y sistemtica se establezcan las funciones fundamentales del Estado y se regulen sus rganos, el mbito de sus competencias y las relaciones entre ellos6.En esa medida, todos los rganos del Estado son creados y regulados por la Constitucin.

Desde este punto de vista, encontramos que la Constitucin cre la estructura fundamental del Estado en el ttulo V De la organizacin del Estado y en su captulo 1 enunci la estructura del Estado. De esta manera, cre los rganos

5 Garca Pelayo, Manuel, Derecho Constitucional Comparado, Alianza Editorial, Madrid, 1991, p.356GarcaPelayo,Manuel,Escritospolticosysociales,AlianzaEditorial,Madrid,1989,p.34y35

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que desarrollan la funcin legislativa, la funcin ejecutiva, la funcin judicial, la funcin electoral, la funcin de control, la funcin de la banca central y la funcin de intervencin estatal en el espectro electromagntico para los servicios de televisin que se atribuy a la Comisin Nacional de Televisin. Igualmente, la Corte Constitucional reconoci autonoma constitucional a las Universidades oficiales del Estado, a las Corporaciones Autnomas Regionales y a la Comisin Nacional del Servicio Civil.

Es de aclarar que la funcin de la banca central desarrollada por el Banco de la Repblica, la funcin de intervencin estatal en el espectro electromagntico para los servicios de televisin atribuida a la Comisin Nacional de Televisin, as como las funciones que ejercen las Universidades oficiales del Estado, las Corporaciones Autnomas Regionales y la Comisin Nacional del Servicio Civil, comprenden el concepto de rganos autnomos e independientes previsto por la Constitucin en el artculo 113, inciso segundo de la Carta.

No obstante lo anterior, tenemos que de acuerdo con el artculo 150, numeral 7 de la Constitucin corresponde al Congreso Determinar la estructura de la administracin nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos pblicos y otras entidades del orden nacional, sealando sus objetivos y estructura orgnica; reglamentar la creacin y funcionamiento de las corporaciones autnomas regionales dentro de un rgimen de autonoma; as mismo, crear o autorizar la constitucin de empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economa mixta, por lo que tenemos que predicar que la estructura de la administracin nacional se encuentra enunciada en la Constitucin, contando el legislativo con la reserva de ley para determinar la estructura de la rama ejecutiva, pudiendo en todo momento crear, suprimir o fusionar las entidades que hacen parte de la rama ejecutiva, as como reglamentar la creacin y el funcionamiento de las Corporaciones Autnomas Regionales y crear o autorizar la constitucin de Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economa Mixta.

La competencia del legislativo, por tanto, en esta materia es amplia, pues le corresponde la determinacin de la estructura de la administracin nacional y la formulacin de los elementos de esa estructura, es decir, la formulacin de sus objetivos generales, de la correspondiente estructura orgnica interna y, dentro de ella, la previsin de las relaciones entre rganos y dicha estructura interna.

En consecuencia, corresponde al Congreso de la Repblica la creacin de los distintos organismos y entidades que dependern de la rama ejecutiva y la determinacin de las tipologas de entidades que crea o fusiona y sus


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interrelaciones respectivas con las dems ramas del poder y los rganos autnomos constitucionales.

As mismo, asisten al Congreso las consecuentes potestades de fusin, transformacin y supresin de los organismos que l mismo crea.

1.3.1. Contenido de los actos de creacin de una entidad

En ese orden de ideas, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.7 se ha explicado que i) la funcin de determinar la estructura de la administracin nacional, no se agota con la creacin, supresin o fusin de los organismos que la integran, sino que abarca proyecciones mucho ms comprensivas que tienen que ver con el sealamiento de la estructura orgnica de cada uno de ellos, la precisin de sus objetivos, sus funciones generalesylavinculacinconotrosorganismosparafinesdelcontrol,ascomotambinregular los asuntos relacionados con el rgimen jurdico de los trabajadores, con la contratacin y con las materias de ndole presupuestal y tributario, entre otras. Esta interpretacin constitucional, se encuentra precisada por el artculo 50 de la Ley 489 de 1998, al definir lo que se entiende por contenido de los actos de creacin de una entidad.

Tal norma dispone expresamente que la estructura orgnica de un organismo comprenda la determinacin de los siguientes elementos:

1) la denominacin, 2) la naturaleza jurdica y el consiguiente rgimen jurdico, 3) la sede, 4) la integracin de su patrimonio, 5) el sealamiento de los rganos superiores de direccin y administracin y la forma de integracin y de designacin de sus titulares, y 6) el ministerio o departamento administrativo al cual estarn adscritos o vinculados

De acuerdo con la interpretacin que hace la Corte en la sentencia citada8 adems dentro de la definicin de la entidad que se crea o fusiona debe estar

7CorteConstitucional.SentenciaC-784deagosto18de2004.MagistradoPonentelvaroTafurGalvis8SobreesteaspectolaCortehaprecisadoigualmente,endesarrollodeestamismafuncin,queelCongresotambinseencuentrahabilitadoparafijarlascaractersticasdelosrganoscreados,estoes,paraestablecerlaindependenciaadministrativa, tcnica y patrimonial de ciertas agencias estatales, con o sin personera jurdica, paramodificarsus caractersticas y aun para suprimirlas, ii) la mencin hecha en el artculo 150-7 comprende as mismo no solo la enumeracin de los tipos de organismos que, a partir de los enunciados constitucionales y del ejercicio de las potestades que el propio texto superior atribuye al Congreso, determine la ley, sino tambin la ubicacin de los organismos en el conjunto de la administracin y la relacin entre ellos, iii) conforme a lo dispuesto por el artculo 150-7 superior la creacin de organismos llamados a integrar la administracin nacional corresponde de manera

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la determinacin de los rganos de administracin y direccin, la definicin de los regmenes jurdico, patrimonial y laboral de los funcionarios, funcionarias, empleadas y empleados de la respectiva entidad.

Finalmente, es de aclarar que el legislador dentro de la reserva de ley atribuida puede decidir con qu nivel de detalle crea o fusiona las entidades, as como la determinacin de sus competencias, pues al ejecutivo, en todo caso, le asiste el ejercicio de la potestad reglamentaria para lo que se considere pertinente.

1.3.2. La iniciativa legislativa en relacin con la estructura del Estado

As mismo, es de precisar que para que el legislativo pueda desarrollar la reserva de ley antes sealada, debe contar con la iniciativa gubernamental de conformidad con el artculo 154 inciso 2 de la Carta.

1) Concepto

En primer lugar, vale la pena aclarar que la iniciativa legislativa es la facultad atribuida a diferentes actores polticos y sociales para que concurran a la presentacin de proyectos de ley ante el Congreso de la Repblica con el fin de que ste les imparta el trmite constitucional y reglamentario correspondiente9.

2) Interpretacin de la Corte

Vale la pena entonces aclarar lo que ha interpretado la Corte sobre la iniciativa legislativa que le asiste al gobierno nacional en lo que respecta al artculo 150, numeral 7 de la Constitucin.

Sobre este aspecto se debe entender que el artculo 154 de la Constitucin establece que las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cmaras a propuesta de sus respectivos miembros, del gobierno nacional, de las entidades sealadas en el artculo 156, o por iniciativa popular en los casos previstos por la Constitucin. Se restringe la competencia general que asiste al Congreso para hacer las leyes en materia de iniciativa a los temas (que se encuentran) previstos

privativaalaley,delamismamaneraqueesaellaaquienseleasignaespecficamentelacreacinyautorizacindeempresasindustrialesycomercialesdelEstadoysociedadesdeeconomamixta,iv)lacompetenciaaqueserefiereelnumeral 7 del artculo 150 Superior no supone un ejercicio totalmente independiente por parte del Congreso de la Repblica, pues es necesario contar con la participacin gubernamental para expedir o reformar las leyes referentes a la estructura de la administracin nacional, en razn de que la iniciativa para su adopcin pertenece en forma exclusiva al Gobierno Nacional de conformidad con lo preceptuado en el artculo 154 Superior9CorteConstitucional,SentenciaC-840deseptiembre23de2003,MagistradoPonenteClaraInsVargas.


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entre otros numerales, en el numeral 7 del artculo 150 de la Constitucin. Tal iniciativa la debe tener el Gobierno Nacional.

3) Iniciativa gubernamental

Lo anterior genera la pregunta relacionada con el momento que debe tenerse en cuenta para que el gobierno presente la iniciativa para los temas regulados en el inciso segundo del artculo 154 de la Constitucin. Adems, es de preguntarse si deviene en inconstitucional una ley que regula la materia atribuida al Congreso de la Repblica en virtud de la facultad prevista en el artculo 150 (7) de la Carta, cuando un miembro del Congreso ha sido el que ha presentado la iniciativa, la que en el desarrollo de las sesiones de las Comisiones ha sido asentida por el gobierno. Finalmente, ha de cuestionarse lo que podra suceder si las cmaras introducen una modificacin a los proyectos presentados por el gobierno, en virtud de lo dispuesto en el inciso 3 del artculo 154 de la Carta.

Para resolver estos cuestionamientos, es necesario citar la interpretacin hecha por la Corte Constitucional, cuando los hechos nos han llevado a verificar las hiptesis atrs enunciadas.

En primer lugar, ha distinguido la Corte10 por lo menos cuatro posibles situaciones:

Que el proyecto de ley haga referencia a las materias establecidas en el artculo 154, inciso 2 de la Carta y hubiere sido presentado al Congreso por el ministro o por quien haga sus veces.

Que el proyecto de ley referido en su totalidad a asuntos sujetos a la reserva antes sealada en materia de iniciativa legislativa, haya sido presentado por un congresista o por cualquiera de los actores sociales o polticos constitucionalmente facultados para ello, distintos al gobierno.

Que a un proyecto de ley, el cual originalmente no versa sobre las materias sujetas a iniciativa reservada y que por lo tanto no ha sido presentado por el gobierno, durante el trmite legislativo se le incluyen preceptos sobre materias contempladas en el inciso segundo del artculo 154 constitucional.

10CorteConstitucional,SentenciaC-370deabril27de2004,MagistradoPonenteJaimeCrdobaTrevioylvaroTafur Galvis

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Que a un proyecto con iniciativa reservada, presentado por el Gobierno, en el curso del debate legislativo se le incluyan modificaciones que tengan origen en propuestas presentadas por congresistas.

En el evento sealado en el literal a), se dara estricto cumplimiento a lo previsto en el artculo 154, inciso 2 de la Constitucin.

4) El Aval del Gobierno

En los eventos sealados en los literales b) y c) ha dicho la Corte que se requiere aval del gobierno, el cual debe ser otorgado con ciertas condiciones tambin precisadas por la Corte y a las que ms adelante nos referiremos11.

En la cuarta situacin , literal d), se ha distinguido entre aquellas modificaciones que alteran sustancialmente la iniciativa gubernamental, caso en el cual deben contar con el aval del gobierno12, de las adiciones, supresiones o modificaciones que no tienen tal alcance, las cuales no requieren aval13.

Finalmente, se precisa que si el gobierno no ha presentado la iniciativa referida ni ha otorgado el aval, en los casos que hemos citado, en este caso la ley podra ser declarada inexequible por la Corte Constitucional, siempre y cuando la

11AlrespectoversentenciasC-266de1995,C-032de1996,C-498de1998,C-992de1999,C-1707de2000,C-807de 2001, C-121 de 2003, C-473 de 2004, C-354 de 2006 entre muchas otras.12 Por ejemplo, en la sentencia C-005 de 2003 la Corte declar la inexequibilidad del artculo 106 de la Ley 715 de 2001, que estableca recursos complementarios al Sistema General de Participaciones del Sector Salud, por desconocer la iniciativa privativa del gobierno en la regulacin de los monopolios rentsticos. El artculo haba sido demandado por varios vicios de trmite, pero la Corte se limit a examinar uno de ellos, el de la vulneracin del inciso segundo del artculo 154 constitucional. Segn el demandante la norma deba ser de iniciativa gubernamental regulacin de monopolios rentsticos-, pero fue introducida por los parlamentarios durante los segundos debates en las Plenarias de las Cmaras, sin el debido aval del gobierno. El proyecto inicial, dirigido a la distribucin de competencias y participaciones (normas orgnicas de ordenamiento territorial), haba sido presentado por, os ministros del ramo pero no inclua ninguna norma similar al artculo 106 cuestionado. Ni en el informe de ponencia para primer debate en comisiones (que sesionaron de manera conjunta), ni en el texto aprobado en primer debate, ni en la ponencia para segundo debate en el Senado, ni en el texto aprobado por esta plenaria exista una norma similar a la cuestionada. El texto fue introducido en la ponencia para segundo debate ante la Cmara de Representantes sin que existiera evidenciadecoadyuvancianideavaldelgobierno.ParalaCorte,sibienelCongresopodaintroducirmodificacionesa proyectos de iniciativa gubernamental, cuando se trata de iniciativa privativa deben ser convalidados o coadyuvados por Gobierno.13EnlasentenciaC-475de1994seexaminlaconstitucionalidaddelartculo128delaLey100de1993elcualconsagra el arbitrio rentstico de la nacin sobre los juegos de azar a favor del sector salud, el proyecto de ley haba sidodeiniciativagubernamentalperofueobjetodemodificacionesduranteeltrmitelegislativo.ParalaCorte,lasmodificacionesintroducidasporelCongresonocambiaronelsentidodelapropuestagubernamental,puesfueronprincipalmentemodificacionesderedaccinparaefectosdemayorclaridadyadicionesparacomplementarsusentido.Por esa razn la disposicin fue declarada exequible. En esa decisin la Corte sostiene que las Cmaras pueden introducirmodificacionesalosproyectosdeleydeiniciativagubernamental,siemprequetalesmodificacionesnocambien la materia de iniciativa gubernamental.


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accin hubiere sido ejercida dentro del ao siguiente a la publicacin del acto, pues se trata de un vicio de forma, al tenor de lo dispuesto por el artculo 242, numeral 3 de la Carta.

La otra posibilidad de control judicial que tiene la Corte sobre estos actos es al ejercer el control previo de constitucionalidad como consecuencia de las objeciones presidenciales que se lleguen a determinar por el incumplimiento de la exigencia contenida en el artculo 154 Superior.

Adems de lo explicado anteriormente, es preciso destacar qu se entiende por aval del gobierno y cuando puede ser expresado ste.

El aval del gobierno puede ser expresado mediante el consentimiento o aquiescencia que el ejecutivo imparte a los proyectos que, en relacin con esas mismas materias, se estn tramitando en el rgano legislativo aun cuando no hayan sido presentados por el Ejecutivo. En esta medida, la intervencin y coadyuvancia del gobierno nacional durante la discusin, trmite y aprobacin de un proyecto de ley de iniciativa reservada, constituye una manifestacin tcita de la voluntad legislativa gubernamental y, desde esa perspectiva, tal proceder se entiende inscrito en la exigencia consagrada en el inciso 2 del artculo 154 de la Constitucin Poltica.

Lo anterior conduce a afirmar que habiendo sido presentado el proyecto de ley por un miembro del Congreso y habiendo el gobierno nacional asentido en tal iniciativa, se cumple con el requisito exigido por el artculo 14 inciso 2 de la Carta en materia de iniciativa, pues tal aquiescencia constituye un aval del gobierno al proyecto.

Sobre lo que entiende la Corte Constitucional por aval del gobierno14, conviene sealar que no existen frmulas sacramentales para demostrarlo, por lo que por va de ejemplo se ha sealado que en determinadas circunstancias se ha aceptado que ante la ausencia de prueba escrita del aval dado por el Gobierno a una determinada disposicin durante el trmite legislativo, se tome en cuenta la mencin que al respecto se haya hecho en las ponencias respectivas. Igualmente, se ha entendido que se ha otorgado el aval cuando en el expediente legislativo consta la presencia del Ministro en la sesin correspondiente y no consta en dicho trmite elementos de juicio que contradigan el otorgamiento de dicho aval.

14 Corte Constitucional, Sentencia C- 370 de abril 27 de 2004, Magistrados Ponentes Jaime Crdoba Trivio y lvaroTafurGalvis

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De otro lado, ha precisado la Corte que el aval lo pueden dar los Ministros o quienes hagan sus veces, cuyas funciones tengan relacin temtica o conexin con el proyecto de ley que se discute. Adems, es necesario que la coadyuvancia se manifieste oportunamente, es decir, antes de su aprobacin en las plenarias, y que sea dada por el ministro ante la cmara donde se est tramitando el proyecto de ley15.

5) Facultades presidenciales en esta materia

De otro lado, conviene analizar en qu consisten las atribuciones previstas en el artculo 189, numerales 15 y 16.

En primer lugar, tenemos que de acuerdo con el artculo 189 numeral 15 superior se atribuye al Presidente de la Repblica de una manera permanente la funcin de suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales, competencia que no ejerce de manera autnoma, sino que la realiza de conformidad con los postulados constitucionales y los que se establezcan en la ley.

En cuanto se relaciona con la competencia prevista en el artculo 189, numeral 16 de la Carta, referida a la competencia que le asiste al Presidente para modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y dems entidades u organismos administrativos nacionales, se seala igualmente que esta competencia ser desarrollada por el Presidente con sujecin a los principios y reglas generales que se han definido en la Constitucin y en la ley.

De otro lado, es necesario precisar como las funciones asignadas al Congreso de la Repblica por el artculo 150 numeral 7 de la Constitucin podrn ser conferidas al Presidente de la Repblica, de conformidad con lo dispuesto por el artculo 150 numeral 10 de la Carta16, por cuanto no existe ningn obstculo para que ste revista al Presidente de la Repblica de facultades extraordinarias para desarrollarlas, si as lo considera necesario o aconsejable el legislador. Caso en el cual, la mencionada autorizacin debe realizarse bajo las condiciones sealadas en el numeral 10 del artculo 150 de la Constitucin. Ello implica, que no se trata de un revestimiento de facultades ilimitado en el tiempo, sino que ste debe ajustarse a un perodo mximo de seis meses, tal como lo establece el aludido numeral.

15SobreesteaspectoversentenciaC-121de2003yaclaracindelvotodeEduardoMontealegreLynett.16 Corte Constitucional, Sentencia C- 150 de febrero 24 de 2004, Magistrados Ponentes Jaime Crdoba Trivio


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Finalmente, debemos precisar lo concerniente a la pregunta relativa a si el Presidente puede ejercitar las competencias que le atribuye la Constitucin en el artculo 189, numerales 15 y 16, cuando el Congreso de la Repblica le ha atribuido al Presidente, en virtud del mandato contenido en el artculo 150, numeral 10 de la Carta, las facultades consignadas en el artculo 150, numeral 7 superior. En una palabra, puede concurrir el ejercicio de las facultades que provienen de distintas fuentes?

Pensamos que no existe ningn obstculo para que las atribuciones antes sealadas puedan concurrir porque el otorgamiento transitorio de facultades extraordinarias al Presidente de la Repblica no implica un desplazamiento ni una subrogacin temporal de sus facultades permanentes, implicando por tanto la intervencin del legislativo para ambos eventos17.

Finalmente, el Presidente de la Repblica con la firma de todos sus Ministros y Ministras y en los eventos previstos en los artculos 212 y siguientes de la Constitucin puede crear o fusionar instituciones conforme con los procedimientos sealados en dichas disposiciones, siempre y cuando tal decisin se compadezca con la causa que produjo el estado de excepcin.

1.4. Principio de la separacin funcional y de la colaboracin armnica

1.4.1. Sentido y significacin del principio

Desde los orgenes de la formulacin del principio de separacin de poderes del Estado ste se ha justificado por la garanta que representa para la libertad ciudadana18, porque la concentracin del poder puede dar lugar a la tirana y al despotismo. Desde este punto de vista, lo que se persigue con la separacin funcional del poder pblico es precisamente que el poder controle al poder mediante el control mutuo entre las ramas y los rganos que encarnan el poder.

En este sentido, significa la separacin de las funciones del Estado un principio de legitimacin de la forma de gobierno que es la democracia, por cuanto el sistema de pesos y contrapesos que esta ideologa propone es equilibrio entre las ramas del poder y control del poder.

En efecto, el ordenamiento jurdico colombiano establece mecanismos de cooperacin entre los rganos del Estado a fin de asegurar la fuerza

17 Ibdem.18PrezEscobar,Jacobo,DerechoConstitucionalColombiano,SptimaEdicin,Temis,2004,p.409y410

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expansiva de los derechos constitucionales, as como la eficacia en el ejercicio de sus funciones, como consecuencia del principio de especializacin en las competencias asignadas.

En el Estado contemporneo resulta de singular importancia el principio de la colaboracin armnica entre los rganos que representan la estructura estatal, por cuanto el aumento de la complejidad fctica y jurdica ha trado como consecuencia un agotamiento de la capacidad reguladora de los postulados generales y abstractos, por lo que la ley ha perdido su posicin predominante y por tanto los principios y las decisiones judiciales antes considerados como secundarios dentro del sistema normativo adquieren importancia capital.

Lo anterior adquiere fundamento en la medida en que el derecho no puede prever todas las soluciones posibles a travs de los textos legales, por lo que necesita de los principios que son en ltimas criterios finalistas para hacer posible la solucin de los casos.

Su importancia para el Juez

De otro lado, tenemos al juez quien debe solucionar los casos que se le presentan en el Estado Social de Derecho, lo cual implica la plena garanta de tutela efectiva de los derechos y por tanto la efectividad de los contenidos materiales de la Constitucin, prevista en el artculo 228, segn el cual en las decisiones que adopte prevalecer el derecho sustancial.

Igualmente, en el mismo contexto actual se destaca que al haber creado la Constitucin rganos autnomos que no pertenecen a las ramas del poder, se extendi el principio de colaboracin armnica tambin a estos rganos.

1.5. ANLISIS JURISPRUDENCIAL

Corte Constitucional Sentencia C-312 de junio 25 de 1997. Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muoz

Corte Constitucional, Sentencia C- 497 de noviembre 7 de 1995. Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muoz

CorteConstitucional.SentenciaC-784deagosto18de2004.MagistradoPonentelvaroTafurGalvis


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Corte Constitucional, Sentencia C- 840 de septiembre 23 de 2003,Magistrado Ponente Clara Ins Vargas.

Corte Constitucional, Sentencia C- 370 de abril 27 de 2004, Magistrado PonenteJaimeCrdobaTrevioylvaroTafurGalvis

Corte Constitucional, Sentencias C- 266 de 1995, C-032 de 1996, C-498de1998,C-992de1999,C-1707de2000,C-807de2001,C-121de 2003, C-473 de 2004, C-354 de 2006.

Corte Constitucional, Sentencia C-005 de 2003

Corte Constitucional, Sentencia C-475 de 1994

Corte Constitucional, Sentencia C- 370 de abril 27 de 2004, Magistrados PonentesJaimeCrdobaTrivioylvaroTafurGalvis

Corte Constitucional, Sentencia C-121 de 2003 y aclaracin del voto de EduardoMontealegreLynett.

Corte Constitucional, Sentencia C- 150 de febrero 24 de 2004, Magistrados Ponentes Jaime Crdoba Trivio

1.6. ACTIVIDADES PEDAGGICAS

El 16 de agosto de 2001, fue presentado ante el Senado de la Repblica por los Congresistas Luis Arenas y Tito Rueda un proyecto de ley, a travs del cual se creaba la Universidad Militar Nueva Granada, como un ente universitario autnomo del orden nacional, con rgimen orgnico especial, cuyo objeto principal es la educacin superior y la investigacin.

La iniciativa fue debatida y aprobada en primer debate por la Comisin SextaConstitucionalPermanentedelSenadodelaRepblicael18deoctubre de 2001 y por la plenaria de esa Corporacin el 13 de noviembre del mismo ao.

Por su parte, la Comisin Sexta Constitucional Permanente de la Cmara de Representantes, debati y aprob el proyecto el da 15 de

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mayode2002yenSesinPlenariadeestaCorporacinseaprobel18de junio del mismo ao.

El proyecto de ley fue remitido al Presidente de la Repblica, quien lo recibi el 18de julio de2002y lo devolvi sin la correspondientesancin el 1 de agosto del mismo ao formulando objeciones de inconstitucionalidad. En el Congreso de la Repblica las clulas legislativas integraron una Comisin Accidental cuyo informe fue aprobado por la Plenaria del Senado el 13 de noviembre de 2002 y por la plenaria de la Cmara de Representantes el 12 de diciembre del mismo ao, insistiendo en que se diera trmite al mismo, razn por la cual el proyecto fue remitido a la Corte Constitucional para que decidiera sobre su exequibilidad.

Se objet el proyecto sobre la base de entender que el proyecto de ley crea un nuevo ente del orden nacional dotado de personera jurdica y vinculado al Ministerio de Educacin Nacional, determinacin que a la luz del Decreto 1512 de 2000 que establece la actual estructura del Ministerio de Defensa Nacional, implica suprimir la Universidad Militar Nueva Granada como Unidad Administrativa Especial sin personera jurdica adscrita a dicho ministerio. Sostiene que como esta medida afecta la estructura de la administracin nacional el proyecto de ley deba contar con la iniciativa o el aval del Gobierno de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 154 de la Constitucin, y como al examinar el expediente del proyecto de ley se observa que el Ejecutivo no coadyuv al proyecto de ley objetado, lo cual le era permitido hasta la aprobacin en las plenarias conforme lo dispone el artculo 142 de la Ley 5 de 1992; por tal razn se present infraccin a la citada norma superior debiendo la Corte declarar inexequible el proyecto del ley.

El Senado insisti en la constitucionalidad de las disposiciones objetadas, por varias razones: primero, porque no se est creando un nuevo ente, niseestmodificandolaestructurade laadministracinnacionalenrazn de que la Universidad Militar como institucin educativa ya vena de tiempo atrs desarrollando sus funciones; segundo, porque con el reconocimiento de la personera jurdica simplemente se le est otorgando la autonoma de que gozan las universidades en desarrollo de lo establecido en el artculo 69 de la Carta Poltica; y tercero, porque


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si bien el proyecto no requera de la iniciativa del Ejecutivo la supuesta irregularidad qued subsanada con el posterior aval del Gobierno Nacional, por lo que no existe vulneracin al artculo 154 Superior.Cuestionamiento:

Establezca cuales son los problemas jurdicos que el caso plantea.

Establezca en qu caso le asiste razn al gobierno nacional.

Establezca en qu caso le asiste razn al Senado de la Repblica.

De conformidad con la estructura del Estado que se consagra en la Constitucinadondesepuedenubicarlasuniversidadesoficialesdel Estado.

1.7. AUTOEVALUACIN

Cul es el contexto jurdico poltico del principio orgnico del Estado?

2) Cules son los mecanismos que garantizan la concepcin poltica de la estructura del Estado?

3) Cules son los fundamentos constitucionales de la estructura del Estado?

4) Cules fueron las nuevas instituciones creadas por el constituyente de 1991 que entraron a fortalecer y a engrosar la estructura estatal?

5) Porqu se afirma que existe flexibilizacin del principiocompetencial?

6)CualeslaestructuradelEstado,quelaConstitucindefine?

7) Cual es el procedimiento establecido por la Constitucin para que se pueda desarrollar la competencia prevista en el artculo 150, numeral 7 de la Carta?

8)CualeselprocedimientoestablecidoporlaConstitucinparaquesepuedadesarrollarlacompetenciaprevistaenelartculo189,numeral15 y 16 de la Carta?

UNIDAD 1

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1.8. BIBLIOGRAFA SELECCIONADA

Prez Escobar, Jacobo, Derecho Constitucional Colombiano, Temis, sptima edicin, 2004

Cega Egaa, Jos Luis, Estado Constitucional de Derecho. Nuevo paradigma jurdico, en Anuario de derecho constitucional 2005, Tomo I,KonradAdenauerStiftung,2005

Garca Pelayo, Manuel, Derecho Constitucional Comparado, Alianza Editorial, Madrid, 1991.

Garca Pelayo, Manuel, Escritos polticos y sociales, Alianza Editorial, Madrid,1989.


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PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

Contribuir a la discusin, el esclarecimiento, la formulacin y asimilacin de las nociones que nutren los principios constitucionales que fundamentan la estructura del Estado, sobre la base de entender que Colombia es un Estado Social de Derecho, que adems de ser democrtico, participativo y pluralista, est fundado en la dignidad humana, se encuentra al servicio de la comunidad y debe garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucin.

Destacar los aspectos ms relevantes de los principios orientadores de la estructura del Estado.

Examinar los principios fundantes del Estado y contrastarlos con los que soportan la estructura estatal.

EstablecerlosefectosnormativosdelaConstitucinquedefinenla naturaleza de nuestra organizacin institucional y delimitan las relaciones que existen entre los ciudadanos y las autoridades.

Determinar la forma como los principios esenciales irradian todo el ordenamiento constitucional y condicionan la accin de las autoridades en general, y del legislador en particular.

Destacar los criterios hermenuticos esenciales para determinar el contenido propio de otras clusulas constitucionales, como aquellas que regulan la organizacin institucional que el intrprete de la Carta encuentra en estos principios o frmulas constitucionales bsicas

Unidad2

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2.1 Principio del Estado Democrtico y la estructura del Estado

El fundamento de la democracia es la Constitucin, que estructura el poder del Estado, sirvindole de obligatorio marco19, pudindose identificar este principio como la columna vertebral de la Carta Poltica, porque comprende en s mismo, la posibilidad de operar como principio sustantivo y como principio estructural20, de donde se colige el contenido del principio, el cual segn definicin de la Corte Constitucional es universal y expansivo.Es universal en la medida en que compromete varios escenarios, procesos y lugares tanto pblicos como privados y tambin porque la nocin de poltica que lo sustenta se nutre de todo lo que vitalmente pueda interesar a la persona, a la comunidad y al Estado y sea por tanto susceptible de afectar la distribucin, control y asignacin del poder social. El principio democrtico esexpansivopues,sudinmicalejosdeignorarelconflictosocial,loencausaapartirdel respeto y constante reivindicacin de un mnimo de democracia poltica y social que, de conformidad con su ideario, ha de aplicarse progresivamente conquistando nuevos mbitos y profundizando permanentemente su vigencia, lo que demanda por parte de los principales actores pblicos y privados un denodado esfuerzo para su efectiva construccin. 21

La anterior formulacin de la Carta quiere decir que la consagracin constitucional del principio de la democracia evidencia que su contenido se relaciona con los instrumentos de participacin democrtica22, los cuales son ejercidos por los ciudadanos, con un sentido de igualdad, proyectndose sobre todos los mbitos de la vida personal, familiar, social y comunitaria23.

Tngase en cuenta que en el artculo 103 de la Constitucin se consagraron unos mecanismos de democracia participativa, como el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Adems de estos instrumentos encontramos algunos derechos de los ciudadanos que lo relacionan con el ejercicio de sus derechos polticos. Tenemos pues que el artculo 20 de la Carta que le reconoce a todo ciudadano el derecho a expresar y difundir su pensamiento y opiniones, el de informar y recibir informacin veraz e imparcial; el derecho previsto en el artculo 23 de la C. P. de presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de inters general o particular y a obtener pronta resolucin; el

19 Artculo 1 de la Constitucin Poltica20Para efectosdelpresente trabajo solonos referiremosal significado estructuraldelprincipiodemocrtico,porcuanto es el que se relaciona directamente con la estructura del Estado.21CorteConstitucionalSentenciaC-089de1994.MagistradoPonenteEduardoCifuentesMuoz.22 Los mecanismos de democracia participativa se encuentran previstos en el artculo 103 de la Constitucin23CorteConstitucional,SentenciaC-866deagosto15de2001,MagistradoPonente,JaimeCrdobaTrivio


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derecho de reunin consagrado en el artculo 37 de la Carta y el derecho a la libre asociacin para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad, previsto en el artculo 38.

Se colige de lo anterior que el poder del Estado encuentra legitimacin en el consentimiento del pueblo, el cual se expresa a travs de los mecanismos de democracia participativa y de participacin ciudadana, por ser el ciudadano el titular del poder poltico de acuerdo con el artculo 3 de la Constitucin, que consagra el principio de soberana popular, el cual origina la organizacin poltica colombiana. La soberana popular carece de sentido si no se establecen reglas que organicen y protejan el debate pblico.

De la soberana popular se infiere que el proceso de la voluntad poltica debe originarse en el pueblo y no en sus representantes polticos, por lo que en principio tal proceso va de abajo hacia arriba24. Tal voluntad legitima la actuacin de los rganos del Estado, por lo que del principio democrtico se infieren el poder y la estructura del Estado, que dirigen el proceso de adopcin de decisiones regido por el principio de la mayora, el cual tiene por finalidad los derechos fundamentales de las personas y la convivencia pacfica.

La legitimacin del poder que ejercen los representantes del pueblo puede provenir del directo consentimiento de los ciudadanos o de una cadena de legitimacin indirecta, que se origina de los representantes del pueblo directamente escogidos. Tal forma de legitimacin, se encuentra a su turno comprendido por la subordinacin de los rganos a la ley, como manifestacin democrtica del Estado, as como por el ejercicio del control poltico o jurisdiccional de los actos estatales.

La legitimacin democrtica que otorga el pueblo a sus representantes y a las distintas autoridades produce una consecuencia directa sobre la estructura, actuacin y funcionamiento del Estado, representado por la posibilidad de renovar peridicamente las autoridades pblicas, lo que implica un principio de responsabilidad de las autoridades pblicas ante el pueblo. A su turno, la legitimacin popular causa la necesidad de que las autoridades garanticen la igualdad de trato a todos los asociados del Estado, pudiendo el pueblo controlar a las autoridades.

24Resulta especialmente diciente la frase acuada porAbraham Lincoln con la que defini la democracia: Elgobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo

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En este orden de ideas, existe una responsabilidad poltica de los representantes directos del pueblo, en la medida en que stos responden ante l en el momento de las elecciones, por cuanto los ciudadanos al votar bien pueden consentir las ejecutorias de sus representantes o bien pueden rechazar sus actuaciones al negar su apoyo al proyecto poltico respectivo a travs del voto.

Se deriva de la democracia constitucional por tanto la legitimacin democrtica de las autoridades pblicas, la ley democrtica como instrumento para la consecucin de los fines del Estado, la separacin de poderes, la autonoma de las entidades territoriales y la garanta de los derechos fundamentales, aspectos que en su momento histrico se dedujeron del artculo 16 de la Declaracin de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789 que estableci [t]oda sociedad en la que la garanta de los derechos no est asegurada ni la separacin de poderes establecida, no tiene Constitucin.

Como consecuencia (de lo anterior), la estructura, organizacin y actuacin de los rganos estatales depende de estos principios que redundan a favor de la libertad.

Es necesario precisar, para finalizar, que la adopcin de la soberana popular en reemplazo de la soberana nacional tiene consecuencias en la estructura del Estado, toda vez que el gobernante escogido bajo el principio de soberana nacional representa a la Nacin y no al elector o electora, lo cual implica que ste no confiere mandato y por tanto no existen especficas obligaciones ni deber de rendicin de cuentas por parte del elegido o elegida ni existe posibilidad de revocacin por su elector25. Todo lo contrario, sucede en la soberana popular, como ya lo hemos explicado.

2.2. El principio del Estado constitucional de derecho y la estructura del Estado

La acepcin Estado de Derecho prevista en el artculo 1 de la Constitucin se refiere a que la actividad del Estado est regida por normas jurdicas que conforman el derecho. En esa medida, de conformidad con el artculo 4 de la Carta la norma jurdica fundamental es la Constitucin, la cual tiene supremaca frente a las dems normas del Estado, lo cual implica que toda la actividad del Estado debe realizarse dentro del marco constitucional. Por ello,

25 Arajo Rentara, Jaime, Principios de derecho constitucional, Ediciones Mc Graw Hill, Serie Jurdica, 1999, p. 4 y 5


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se considera que el Estado constitucional de derecho, es uno de los principios fundantes del Estado.

El Estado de Derecho con el significado antes sealado, a partir de la Constitucin Poltica establece los valores bsicos de la estructura, organizacin y funcionamiento de los distintos rganos estatales que soportan la asociacin poltica de individuos libres para la proteccin de sus derechos y, en particular de su libertad, igualdad y propiedad26. Con fundamento en ello, el Estado de Derecho procura, ante todo, limitar el poder, de tal manera que su ejercicio no pueda amenazar los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas.

En virtud de tal concepcin, se constituyen los axiomas del Estado de Derecho, los cuales se relacionan con la necesidad de que las actuaciones de los rganos que encarnan la estructura estatal sean legales y por tanto la responsabilidad que se predica del Estado frente a los asociados, cuando ste ha producido un dao antijurdico27.

Estos axiomas se relacionan con la definicin de Estado de Derecho en sentido formal y material, en la medida en que el respeto por las normas procedimentales que dan lugar a la decisin, constituye una condicin de vital importancia que implica la racionalidad de la decisin, concretndose de esta manera el elemento formal de la definicin. De otro lado, la confianza y el respeto por el sistema jurdico fundan la libertad y por ello, se habla de Estado de Derecho material. La visin formal y material del Estado de Derecho condiciona la actuacin de los rganos que estructuran el Estado.

La piedra angular del Estado de Derecho es la garanta de la libertad individual y a travs de ella se procura la convivencia pacfica de acuerdo con los postulados reconocidos en el texto constitucional y que bsicamente se relacionan con el principio de soberana popular, es decir, el pueblo como nica fuente de legitimidad del poder pblico y la garanta de los derechos que se deducen de la condicin humana frente a

araujo rocio - estructura del estado (colombia)

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