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MAESTRÍA EN GOBIERNO DEL TERRITORIO Y GESTIÓN PÚBLICA Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
Facultad de Estudios Ambientales y Rurales Instituto de Salud Pública
ESTRATEGIAS TERRITORIALES DE GOBERNANZA, FRENTE A LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES DE LA MINERÍA
INDUSTRIAL DE ARCILLA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA, CAUCA1
Estudiante: Melissa María Arce Caicedo
Tutora: Aida Julieta Quiñones Torres Mag. Estudios Políticos, Dra. Estudios Ambientales y Rurales
Datos de contacto del autor: celular: 3112378583
correos: arce.m@javeriana.edu.co, meliarca16@gmail.com
Fecha de entrega: 13 de julio de 2021 Bogotá D.C.
1 El presente artículo es resultado de la realización de una investigación aplicada, la cual se llevó a cabo en el municipio de Villa Rica, Cauca, cuyo periodo de realización fue de enero a julio de 2021.
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 7
Relevancia y pertinencia, aportes a los ejes curriculares de la maestría ................... 7
Contextualización de la problemática .................................................................................. 8
Ubicación geográfica y contexto demográfico ................................................. 14
Configuración del territorio desde las comunidades étnicas ...................................... 15
Expansión de la minería en la región .................................................................................. 17
Implementación de la Minería de Arcilla a Gran Escala - Municipio de Villa Rica .. 18
Objetivos..................................................................................................................................... 20
Aspectos teóricos para la comprensión de conflictos socioambientales, en
medio de la vulneración de derechos ............................................................... 21
Derechos fundamentales, colectivos y del ambiente en el marco de la expansión
de la minería de arcilla ............................................................................................................ 22
✓ Sobre los Derechos Fundamentales que se implican ............................................ 22
✓ Acerca de los Derechos Colectivos y del Ambiente:.............................................. 25
Conflictos socioambientales desde las concepciones diferenciales del Territorio
.......................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Gobernanza en la superación de conflictos socioambientales ................................... 29
Métodos................................................................................................................ 31
Hallazgos de la Investigación: Proceso de concesión minera y generación de
conflictos socioambientales ligados a la Vulneración de derechos .............. 33
✓ Prácticas de Vulneración vinculadas a Consulta Previa ....................................... 34
✓ Sobre los Derechos Colectivos y del Ambiente ....................................................... 39
Propuestas y conclusiones: Estrategias de Gobernanza Territorial desde el
enfoque de una Ruta Integral. ............................................................................ 44
Componentes y Herramientas de relacionamiento de la Ruta de Estrategias
.............................................................................................................................. 46
• Línea de base como punto de enganche comprensivo ......................................... 46
• Matriz de conflictos y Riegos Socioambientales ..................................................... 49
• Interacción con la Mesa Interétnica, empoderamiento .......................................... 50
• Construcción de alianzas entre actores étnicos y organizaciones sociales ... 51
• Herramientas político-jurídicas para restablecimiento de derechos ................. 53
3
Referencias .......................................................................................................... 58
ANEXOS ............................................................................................................... 62
Anexo 1. Ruta Diseño metodológico. Práctica basada en diagnóstico ..................... 62
Anexo 2. Matriz de diseño metodológico - orientación objetivos ........................................ 63
Anexo 3. ...................................................................................................................................... 67
Mapas concesiones de títulos mineros Villa Rica, Cauca ............................................. 67
Anexo 4. Técnica de instrumentos para entrevista semiestructuradas con actores
claves........................................................................................................................................... 69
Anexo 5. Programas y proyectos del Plan de Manejo Ambiental proyecto
concesión minera- explotación de un yacimiento de arcilla – IKJ-09101 ................. 71
Anexo 6. Principales actores para el desarrollo de ruta de estrategias .................... 72
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Agradecimientos
Agradezco inicialmente a Dios por todas sus bendiciones y permitirme llenarme de
fe para seguir adelante con este logro, y a mi ángel en el cielo que jamás me
abandona. Agradezco a mi familia por llenarme de energía y acompañarme en todo
este proceso y camino para culminar con éxito mis estudios de posgrado. También
un especial agradecimiento a toda la comunidad villaricense y afronortecaucana que
me brindaron su confianza y contribuyeron en este resultado por medio de todo su
conocimiento, cosmovisión y lucha constante por los derechos de la población y su
territorio. Asimismo, agradezco menormente a la profesora Aida Quiñones Torres
por su guía, orientación y enseñanzas en todo el proceso investigativo y
construcción de este producto final. A todos ustedes Gracias.
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Resumen:
El presente artículo plantea estrategias territoriales de gobernanza frente a
los conflictos socioambientales, provocados por la explotación industrial de minería
de arcilla en el municipio de Villa Rica, Cauca, donde la falta de reconocimiento de
las comunidades étnicas que implicó falta de consulta previa y consentimiento
informado, así como afectación de ecosistemas y formas de vida de la población lo
cual condujo a la vulneración de derechos fundamentales, colectivos y del ambiente.
Con este enfoque se plantea que el reconocimiento y transformación de estos
conflictos, tiene impacto a partir de una ruta estratégica de gobernanza, que busca
reconocer y superar estas prácticas constantes sobre los territorios étnicos y
campesinos. La metodología se sustenta en la “Práctica Basada en Diagnóstico”,
con estudio de caso cualitativo que permite la priorización de necesidades para el
cambio a través de un diseño de “Estrategias Territoriales de Gobernanza”.
Palabras claves: Gobernanza, territorio, minería de arcilla a escala
industrial, conflictos socioambientales, vulneración de derechos.
Abstract:
This article proposes territorial governance strategies in the face of socio-
environmental conflicts, caused by the industrial exploitation of clay mining in the
municipality of Villa Rica, Cauca, where the lack of recognition of ethnic communities
implied a lack of prior consultation and informed consent, as well as the affectation
of ecosystems and ways of life of the population led to the violation of fundamental,
collective and environmental rights. With this approach, it is proposed that the
recognition and transformation of these conflicts has an impact from a strategic path
of governance, which seeks to recognize and overcome these constant practices on
ethnic territories. The methodology is based on the "Diagnostic-based Practice", with
a qualitative case study that allows the prioritization of needs for change through a
design of “Territorial Governance Strategies”.
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Key words: Gobernance; territory, industrial scale clay mining, socio-
environmental conflicts, violation of rights.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación aborda los conflictos socioambientales, generados
por la explotación minera industrial de arcilla en el municipio de Villa Rica, Cauca,
donde se evidencia que, con la introducción de la minería de arcilla a escala
industrial en el municipio, se exacerban este tipo de conflictos, que implicaron falta
de reconocimiento de las comunidades étnicas eludiendo la consulta previa y
consentimiento informado y, afectando ecosistemas y formas de vida de la
población, lo cual condujo a la vulneración de derechos fundamentales, colectivos
y del ambiente, suscitando reconfiguración del territorio en detrimento de las
condiciones sociales, culturales, económicas, así como concentración de tierra
(Bohórquez, et al, 2017), e impactos ambientales.
Con este fin, la creación de Estrategias Territoriales de Gobernanza se
plantea como aporte a la solución a este tipo de conflictos socioambientales que se
multiplican en el país. El Municipio de Villa Rica - Cauca, se caracteriza porque la
mayoría de su población es afrodescenciente, representada por dos Consejos
Comunitarios; además se encuentran comunidades Indígenas. La propuesta se
proyecta hacia el empoderamiento de las comunidades frente a sus derechos y a la
interacción de alianzas entre comunidades e instituciones del ámbito
gubernamental, en tanto las segundas están implicadas en vulneración de derechos
y, por tanto, son llamados a reorientar sus prácticas.
Relevancia y pertinencia, aportes a los ejes curriculares de la maestría
Esta investigación aplicada se asume desde la “Práctica Basada en
Diagnóstico”, en tanto se busca generar estrategias territoriales de gobernanza,
frente a los conflictos socioambientales, para confrontar la problemática provocada
por la minería industrial de arcilla, en el municipio de Villa Rica, Cauca. Generar
estas estrategias, se proyecta como referente para confrontar la vulneración de
derechos a los que se ha sometido a estas comunidades étnicas.
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Para el desarrollo del proyecto de investigación se toman dos de los tres ejes
curriculares de la maestría, que corresponden a territorio y gobernanza. Desde el
eje de territorio, el punto de partida refiere los conflictos socioambientales que se
exacerban por la implementación de la minería de arcilla a escala industrial, que
ocasiona reconfiguración al territorio, desconociendo derechos de Consulta Previa;
Colectivos y del Ambiente. El eje de gobernanza resulta sustancial, para que estos
conflictos sean tratados por los actores comprometidos en esta vulneración.
Contextualización de la problemática
La proyección minera a nivel global viene marcada desde un interés
expansivo por los denominados recursos minero-energéticos, configurando
transformaciones que van acompañadas por políticas, violencia y conflictos, lo cual
responde a un proyecto geopolítico que vincula intereses económicos y de
expansión (Ceceña, 2014; Svampa, 2012; Sassen, 2015). En ese contexto, la
década del 90 se caracteriza por un importante empuje para el sector extractivo,
donde las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), entre ellas el Banco
Mundial (1997) priorizan la inversión y determina disposiciones legales y fiscales.
Los países de América Latina y el Caribe, asumen dichas disposiciones
integrando cambios sustanciales; donde los estados pasan de ser empresarios
estatales y se reorientan hacia empresas mixtas, o como fiscalizadores. Colombia,
nada ajena a tales disposiciones, se ubica en consonancia con esta competitividad,
enfocándose a “la captación de inversiones para incrementar la actividad minera,
mientras que los productores compiten por las mejores condiciones para colocar
sus minerales en los mercados” (Unidad de Planeación Minero Energética, 2006, P.
47). Frente a esta perspectiva, Göebel y Ulloa (2014), indican que en Colombia
desde el año 2001, se intensifica la política extractiva, ubicando los propósitos
gubernamentales alrededor de este proyecto.
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Autores como Olivero, Caballero & Guerrero (2013), señalan que no se
puede desconocer que la actividad minera a pesar de la sofisticación y métodos que
se utilicen “conduce a la extinción de áreas de suelo, (…) la reproducción de
amenazas frente a la seguridad alimentaria y el desplazamiento de poblaciones” (p,
235). Luego, la aplicación de estas políticas y normatividad existente suscita un
impacto adverso, como señalan Göebel y Ulloa (2014) incide principalmente en los
territorios de pueblos indígenas, campesinos y comunidades afro, dada la inminente
solicitud y titulación minera, que incrementa el impacto y por ende los conflictos. Al
tiempo, señalan que se afectan los derechos de territoriales, políticos, económicos
y culturales, además de la identidad, pues las comunidades se someten a nuevas
dinámicas, del nivel transnacional, nacional y por ende, local (Göbel & Ulloa, 2014).
Así las cosas, no solo surgen críticas a la normatividad minera en Colombia,
sino que se escalan conflictos en los territorios a nivel nacional (Centro de
Investigación y Educación Popular CINEP, 2012). Algunos de estos conflictos,
tienen fuerte incidencia sobre los derechos colectivos (Fallo del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, 2018); cambios en la vocación del suelo,
tradiciones y cultura; aumento de contradicciones entre autoridades, en medio de la
corrupción y detrimento de recursos (Contraloría General de la República, 2014).
En este sentido, la mayoría de conflictos se identifican con la minería de
carbón y del oro; sobre esta primera, se ha señalado el incremento de su método a
cielo abierto, especialmente en los departamentos de Cesar y Magdalena, donde
se evidencia un deterioro de la vida indígena, pues gobierno y empresas,
reorganizar el territorio en función de dicha actividad (Tierra Digna, Torres Bobadilla
, Rocha Gómez, & Melo Ascencio, 2015). En igual sentido, las mujeres Wayúu del
Resguardo de Provincial en la Guajira, hacen un llamado a suspender operaciones
mineras, debido a la contaminación ocasionada (Colectivo de Abogados "José
Alvear Restrepo", 2020).
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En materia de minería de oro, existen también abundantes estudios que
evidencian conflictos y contradicciones entre políticas (Betancur, 2019; Toro, et al,
2012), como sucede con las concesiones mineras y petroleras, cuando los títulos
se traslapan con restitución de tierras (Bautista y Plazas, 2018). Asimismo, se
expresan tensiones, ocasionadas por superposición sobre ecosistemas estratégicos
(Contraloría, 2014 y Fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 2018).
Respecto a la explotación minera de arcilla, los estudios son limitados, y no
cuentan con la suficiente visibilidad, pese a que ocupan un renglón importante como
se evidencia en la Figura 1 donde el oro, metales preciosos y arcilla, denotan igual
representación dado el análisis comparado de la Defensoría del Pueblo (2015),
donde relaciona el seguimiento a Licencias Ambientales y Plan de Manejo
Ambiental, articulado a los títulos otorgados entre los años 2007 a 2012.
Figura 1. Licencias y PMA otorgados 2007-2012
Fuente: Agencia Nacional de Minería. Oficios con radicados ANM N° 20151000196451 del 10 de julio de 2015 y N° 20151000177151 del 24 de junio de 2015, citado por: Defensoría del Pueblo, 2015, p, 145).
Se destaca el trabajo desarrollado por Bohórquez, et al (2017), quienes, junto
con organizaciones de la sociedad civil del Norte del Cauca, logran identificar la
escalada de conflictos socioambientales, ocasionados por dicha explotación en tres
municipios del Norte del Cauca, Guachené, Puerto Tejada y Villa Rica. En la misma
línea se encuentra el trabajo de Grijalba (2020), quien aporta estrategias alrededor
de la defensa del territorio, para los municipios de Puerto Tejada y Villa Rica, que
confrontan actividades de agroindustria cañera y de extracción de arcilla.
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El presente estudio, centra el caso del municipio de Villa Rica, ubicado al
nororiente del departamento del Cauca. Se encuentra delimitado al norte con el
municipio de Puerto Tejada, al occidente con Jamundí, al sur con el municipio de
Santander de Quilichao y, por el oriente, se encuentra con el municipio de Caloto
(Alcaldía Municipal de Villa Rica, 2020). La extensión de Villa Rica, consta de 77
km2 (Terridata, 2020).
Según el DANE (2018) sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda, del
total de una población de 17.581 habitantes, el 84,96% corresponde a población
negra, mulata o afrocolombiana, y el 15,04% población indígena (citado en
Terridata, 2020). Como característica territorial, en el municipio se encuentran
constituidos dos consejos comunitarios, denominados: Quebrada Tabla y Territorio
y Paz.
Dentro de este municipio, se han otorgado títulos mineros a diferentes
ladrilleras entre las que se destacan: Puerto Tejada Ltda, con dos títulos vigentes
para explotación de arcilla en la vereda La Primavera; se encuentra la Ladrillera
Meléndez, con un título en la vereda Agua Azul; Ladrillera la Sultana S.A., con un
título minero de explotación en la vereda La Primavera; igualmente un título a la
Ladrillera Terra Nova S.A, ubicado en esta misma vereda. Se reportan dos títulos
vigentes a la Ladrillera Vallegres, empresa que realizó contratos de concesión con
otros titulares (Bohórquez, et al, 2017).
Uno de los rasgos de estas concesiones, igual que el resto de la minería en
el país, es que cuentan con vigencia entre treinta (30) y cuarenta (40) años
(Bohórquez, et al, 2017), lo que denota conflictos de largo plazo. Además, en el
caso de la ladrillera Terra Nova S.A. la Corporación Autónoma Regional, ha
impuesto una medida preventiva sobre el título minero que tiene otorgado, por
incumpliendo en su ciclo de explotación (CRC, 2019), lo cual normalmente se
dirime, con algunos cambios en sus prácticas, pero no con la suspensión de títulos.
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De acuerdo con esto, frente a la implementación minera en el municipio, la
Corporación Autónoma Regional del Cauca, dentro del Plan de Gestión Ambiental
Regional (PGAR), advierte una serie de impactos negativos e indica sobre el
“Escaso control y vigilancia de las autoridades ambientales en asuntos mineros.
Falta de apoyo y asesoría a los campesinos. Ausencia de una política integral para
la explotación minera” (Escobar, 2020, p, 109).
Asociado a lo anterior, respecto al Esquema de Ordenamiento Territorial
(EOT), adoptado en el Acuerdo 025 de 2002, se advierten obsolescencia en cuanto
a su ajuste, puesto que se encuentra vencido desde 2016. En tal sentido, Escobar
(2020) señala que el PGAR, pone en evidencia que el componente ambiental siendo
eje, se encuentra desactualizado en lo que corresponde a las “áreas de
conservación y protección el recurso hídrico, la identificación de zonas de amenazas
y riesgo, y su articulación con la Ley 1523 de 2012. La Determinación del nivel de
Vulnerabilidad de la población, los riesgos mitigables y no mitigables” (p, 110).
Es decir, las responsabilidades sobre los conflictos recaen en instituciones
como la alcaldía municipal, y principalmente en la Corporación Autónoma Regional
de Cauca (CRC), puesto que esta última tiene la facultad de otorgar licencias
ambientales; además debe ejercer el control sobre este tipo de proyectos
extractivos, como corresponde a la explotación industrial de arcilla. No obstante,
pese a estas facultades, presenta una débil vigilancia y seguimiento respecto a la
explotación, que no coincide con la regulación a cumplir.
Con todo, se indican vacíos de gobernabilidad, que han implicado falta de
controles por parte de los entes institucionales (Bohórquez, et al. 2017), pues en
este mismo entramado se encuentra la Secretaría de Planeación, que por sus
competencias tiene la responsabilidad de supervisar, hacer seguimiento, verificar
requerimientos y compromisos, así como emitir los informes a la CRC, puesto que,
como autoridad ambiental, podría imponer sanciones (Bohórquez, et al. 2018).
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Como se denota con los datos poblacionales, quienes integran el territorio de
Villa Rica, están caracterizados dentro de la población étnica, lo cual significa en
términos constitucionales, tener derecho a la Consulta Previa y al Consentimiento
Libre e Informado (Constitución Política de Colombia, 1991), ratificados en el
Convenio 169 de la OIT (Ley 21 de 1991). Esto quiere decir que, cuando se trata de
una intervención sobre estos territorios, tales derechos se beben cumplir antes y no
después de una intervención, como es recurrente con las concesiones mineras.
Es importante recordar, que el decreto 1320 de 1998 del Ministerio del
Interior, “reglamenta la Consulta previa con las comunidades indígenas y negras
para la explotación de los recursos naturales en su territorio” (Bohórquez, et al,
2018. p, 21). Lo cual es corroborado en la Sentencia T -769 de 2009, donde la Corte
Constitucional, advierte que el Ministerio de Medio Ambiente:
“deberá realizar un estudio detallado frente a la explotación y exploración de
la naturaleza en los territorios nativos, y así verificar dos aspectos: i) si existe
una vulneración de los derechos de los indígenas y afrodescendientes en su
territorio; y ii) determinar el impacto ambiental que se genera en dichas
zonas” (Corte Constitucional, 2009, p, 2).
Sin embargo, en Colombia es recurrente “la vulneración al derecho
fundamental a la consulta previa, por cuanto el Estado adjudica títulos mineros en
territorios étnicos desconociendo los derechos de los grupos protegidos sobre sus
territorios” (Defensoría del Pueblo, 2015, p, 151). El caso de Villa Rica, se articula a
este tipo de vulneración, puesto que allí se provocan transformaciones que encajan
en el conjunto de contradicciones institucionales, donde se integra vulneración de
derechos fundamentales, tanto como de derechos colectivos y del ambiente.
Lo anterior conlleva preguntarnos ¿Cuáles pueden ser las estrategias
territoriales de gobernanza frente a los conflictos socioambientales, vinculados a
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derechos vulnerados por la implementación de la explotación industrial de minería
de arcilla en el municipio de Villa Rica, Cauca?
Con esta investigación se aporta a las comunidades el diseño de una ruta de
estrategias territoriales de gobernanza, que viabiliza el fortalecimiento de
escenarios de alianzas y empoderamiento comunitario, frente a la explotación de
minería de arcilla a escala industrial, poniendo como centro la transformación de los
conflictos socioambientales, en aras de reivindicar los derechos fundamentales,
colectivos y del ambiente que han sido altamente vulnerados.
El alcance de este aporte, incide en los procesos comunitarios en tanto se ha
establecido un relacionamiento con le Mesa Interétnica que tienen un importante
desarrollo en el Norte del Cauca, aprovechando que los consejos comunitarios ya
hacen parte de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca.
Aún existen límites en cuanto a la falta de atención de los funcionarios
institucionales quienes son reticentes al diálogo, y prestan poca atención a los
llamados que se hacen desde las comunidades e investigaciones, como sucedió
con el diálogo que se intentó con funcionarios de la Corporación Autónoma Regional
del Cauca.
Ubicación geográfica y contexto demográfico
La extensión de Villa Rica en su delimitación (Figura. 2), consta de 77 km2
(Terridata, 2020). La región se encuentra a una altura de 982 metros sobre el nivel
del mar, como también el relieve del municipio en su totalidad es plano y sus tierras
se ubican en un piso térmico cálido (Alcaldía Municipal de Villa Rica, 2020).
Las precipitaciones promedio en el municipio es de 1.850 mm por año, y
presenta lluvias altas en los meses de marzo, octubre y diciembre, y un periodo
seco en los meses de junio, julio y agosto (Alcaldía Municipal de Villa Rica, 2020).
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Figura 2. Mapa división política del municipio de Villa Rica
Fuente: Alcaldía municipal de Villa Rica, Cauca (2017).
Debido a esta configuración poblacional, Villa Rica es considerado como un
municipio con una gran herencia afrodescendiente, donde 84,96% de su población
se reconoce como afro, con ocupación histórica de las comunidades negras y sus
aportes culturales, en las labores agrícolas, comerciales como también de
resistencia social en el territorio. Así “Villa Rica se constituye por acuerdo municipal
como un municipio étnoeducador” (Plan de Desarrollo, Villa Rica, 2020, p. 81).
Configuración del territorio desde las comunidades étnicas
Como característica étnica y territorial, en el municipio se encuentran
constituidos dos consejos comunitarios, considerados como autoridades étnicas,
enmarcadas en correspondencia con la expresión voluntaria y libre de las
comunidades negras. Desde este enfoque se proponen administrar y velar por la
protección y conservación de su identidad cultura, la propiedad colectiva, y la
conservación de recursos naturales (Escobar, 2020).
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Actualmente, en Villa Rica se encuentran constituidos dos Consejos
Comunitarios denominados: Quebrada Tabla y Territorio y Paz: El Consejo
Comunitario Quebrada Tabla, identifica con este nombre para “resaltar y posicionar
uno de los afluentes hídricos más significativos después del río Cauca en el
municipio, el cual ha sido de gran trascendencia histórica y cultural” (Plan de
Desarrollo, Villa Rica, 2020, p, 82). La formalización de este Consejo Comunitario
se llevó a cabo en el año 2013 por medio de la resolución 326 del 22 de mayo de
2013. A partir de la conformación y formalización, el Consejo ha desarrollado
acciones focalizadas en el fortalecimiento de las veredas de Chalo y Agua Azul.
Actualmente está constituido por 600 familias que se encuentran vinculadas a este
consejo comunitario (Plan de Desarrollo, Villa Rica, 2020).
Como acciones relevantes efectuadas por este Consejo Comunitario, se
destacan: i) la gestión de proyectos productivos; ii) participación activa en la
construcción de la política de etnoeducación del departamento; iii) la coordinación
existente con las autoridades municipales en pro de la recuperación de elementos
culturales; iv) la articulación regional con autoridades étnicas del Norte del Cauca
por medio de la vinculación a la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del
Cauca; v) vinculación en procesos de construcción y mediación en donde participan
diferentes entidades u organizaciones respecto a programas de primera infancia del
municipio; vi) participación y movilización regional en defensa de los derechos de
las comunidades negras del territorio; vii) construcción y participación de espacios
culturales en el municipio (Plan de Desarrollo, Villa Rica, 2020).
Por otro lado, el Consejo Comunitario Territorio y Paz, tras una asamblea
general realizada en el año 2005, fue constituido mediante consenso en la máxima
autoridad étnica del territorio, y cuenta con casi 14 años de vida organizacional
(Escobar, 2020). Este Consejo, según se consigna en el Plan de Desarrollo, durante
los años que lleva constituido se caracteriza por su participación en procesos en la
gestión de proyectos productivos, fortaleciendo la finca tradicional.
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Por su parte en la gestión y ejecución de procesos de formación académica
buscan fortalecer el eje educativo de las comunidades y, la defensa del territorio en
diversos espacios. Algunos de los cuales se denominan: la Mesa Municipal de
Tierras; la Mesa Departamental de Etnoeducación; el Consejo Municipal de
Desarrollo Rural, Mesa Municipal de Víctimas del Conflicto Armado, y el Consejo
Territorial de Ordenamiento Territorial, entre otros (Escobar, 2020).
Estos espacios permiten la apertura de escenarios de diálogo, donde los
consejos comunitarios del municipio interactúan con diversos actores claves en el
desarrollo territorial, con ello la población afronortecaucana, se identifica con el
fortalecimiento de los “derechos que le son reconocidos en lo individual y lo colectivo
dentro de su diversidad sociocultural como grupo étnico” (ACONC, 2015, p, 5).
Expansión de la minería en la región
En el Departamento del Cauca, según el Plan de Gestión Ambiental Regional
(PGAR), existe un total de 256 títulos mineros vigentes, que corresponde a un área
concesionada de 358.325 Ha, es decir, el 12.3% del territorio caucano; a su vez se
encuentran 696 solicitudes mineras en un área de 1.009.227 Ha, que
corresponderían al 34.44% de la totalidad del territorio del departamento (Plan de
Desarrollo, Villa Rica, 2020, p. 105). Cifras que evidencian impacto en la región,
generando conflictos y transformación del territorio en tanto los mismos escalan las
desigualdades y limitaciones para el “acceso a derechos y toma de decisiones sobre
los recursos” (Ulloa & Coronado, 2016, p. 24).
Como antecedente, en el municipio de Villa Rica la actividad minera de
alfarería artesanal era predominante, así como en el resto del Norte del Cauca; no
obstante, la implementación de la industria de minería de arcilla en la región a partir
de 1980, se fue expandiendo, debido a la demanda de material de construcción para
las grandes ciudades, introduciendo empresas ladrilleras, a las que se les
concesionó títulos mineros y licencias ambientales para la explotación a escala
industrial, provocando transformación del paisaje (Bohórquez, et al, 2018).
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Para la década de los ochenta, los productores locales fueron adaptando su
cultura hacia los nuevos sistemas de producción, donde la actividad de explotación
de arcilla tomó fuerza. Este tipo de minería creció excluyendo e impactando de
manera negativa “los modos tradicionales de producción agropecuaria, los suelos,
el agua, la biodiversidad y el paisaje” (Bohórquez, et al, 2018, p. 17).
Implementación de la Minería de Arcilla a Gran Escala - Municipio de Villa Rica
De acuerdo con la siguiente línea de tiempo (Figura 3), la explotación de
arcilla se fue extendiendo desde la década de los 90, con un incremento a partir del
2000, como se ha planteado, siguiendo las disposiciones a nivel nacional.
Figura 3. Línea de tiempo. Explotación de minería de arcilla a escala industrial en Villa Rica, Cauca
Fuente. Elaboración propia, basado en Bohórquez, et al, (2018).
Para 1990, se planteó la consolidación de las empresas ladrilleras, las cuales
se fueron asentando en el territorio, buscando promoción y explotación de este
mineral no metálico. Con el transcurso del tiempo y, para la década del 2000 fueron
más evidentes las afectaciones provocadas por la minería a escala industrial,
19
dejando relegada la minería artesanal y los medios de subsistencia como es la finca
tradicional, afectando directamente los modos de vida.
En consecuencia, la producción local que había sido adoptada como parte
de su cultura, a través del cultivo de alimentos desde la producción de finca
tradicional, decayó a pesar de tener gran relevancia en el fortalecimiento de la
soberanía alimentaria y signo de unidad entre las comunidades (Bohórquez, et al,
2018). Asimismo, se afectó la alfarería artesanal, actividad que satisfacía el
mercado local y que “hace parte de la economía de subsistencia de algunas
comunidades afronortecaucanas” (Bohórquez, et al, 2018, p. 35).
En las dos últimas décadas que, coinciden con las disposiciones
gubernamentales del nivel nacional, en el municipio se identificaron conflictos
socioambientales por la expansión de esta minería de arcilla, reflejados en
vulneración de derechos y por ende en el deterioro de los ecosistemas naturales.
Siguiendo a Escobar (2020), la disposición de apalancar la minería, reflejó una débil
gestión en el ordenamiento territorial, donde el control y vigilancia de las autoridades
ambientales es precaria, evidenciando contaminación atmosférica, cambios de
paisaje, contaminación de fuentes hídricas, afectación en la fertilidad del suelo,
perdida de tierras para producción de alimentos y ocupación y tenencia de tierra
(Bohórquez, et al, 2018).
Es decir, no sólo se precisan conflictos e impactos negativos en términos
ambientales, sino sociales que ponen de presente la vulneración de Derechos como
el de Consulta Previa y los Derechos Colectivos y del Ambiente. De hecho, se
implica pérdida cultural, falta de relevo generacional, deterioro del tejido social,
impacto en la economía propia de las prácticas rurales y en la generación de empleo
(Bohórquez, et al, 2018).
Desde este contexto, la población afronortecaucana, vinculada a los
Consejos Comunitarios, ha configurado dinámicas autónomas, que buscan superar
20
conflictos y ejercer controles frente a la explotación de arcilla. Uno de estos
ejercicios que se dinamiza como práctica de gobernanza, es la creación de una
mesa denominada: “Mesa Municipal Minera de Villa Rica”, que busca diálogo entre
instituciones y organizaciones de la sociedad civil para regular la actividad minera
en el territorio, sin embargo, estas iniciativas no han logrado incidencia (Bohórquez,
et al, 2017).
Si bien se reconocen estos aportes previos, como la creación de la mesa
minera, se alude su falta de incidencia; por lo mismo, buscando un enfoque
diferencial desde este proyecto se pone al centro la dimensión de los derechos
fundamentales como la Consulta Previa, y Derechos Colectivos y del Ambiente,
puesto que los mismos son un factor esencial en la caracterización étnica del
territorio; sin embargo, se han supeditado y opacado, pues las discusiones que giran
alrededor de estos conflictos, solo se han limitado a la falta de controles.
Objetivos
Los objetivos que orientaron esta investigación se enfocaron en: generar
estrategias territoriales de gobernanza frente a los conflictos socioambientales,
vinculados a derechos vulnerados, por la implementación de la explotación
industrial de minería de arcilla, en el municipio de Villa Rica, Cauca.
Por lo anterior, los objetivos específicos buscaron, analizar las interacciones
entre concepción de territorio y prácticas de gobernanza, que se identifican en el
despliegue de los conflictos socioambientales por la minería industrial de arcilla en
el municipio, (i) crear una ruta de estrategias territoriales de gobernanza que
involucre comunidades e instituciones frente a los conflictos identificados, y (ii)
proponer las dinámicas de aplicación de la ruta de estrategias de gobernanza que
incluyan el marco de derechos vulnerados.
21
Aspectos teóricos para la comprensión de conflictos socioambientales, en
medio de la vulneración de derechos
Los conceptos que fundamentan la comprensión de los fenómenos, que dan
origen y sitúan la reconfiguración del territorio, se sustentan en diversos autores y
leyes. En este sentido en la figura (4), se observa un modelo interpretativo que
orienta el abordaje de los Conflictos Socioambientales en el marco de la expansión
minera industrial de arcilla, articulando estos conflictos por la vulneración de
derechos, dando como salida la orientación hacia la práctica de gobernanza.
Figura 4. Modelo Interpretativo desde la concepción de la vulneración de derechos fundamentales, colectivos y del ambiente.
Fuente. Elaboración propia (2021).
La figura representa la conexión de categorías que permiten interpretar que
la vulneración de derechos fundamentales, colectivos y del ambiente, considerados
como el principal eje de la generación de conflictos socioambientales en el territorio
de Villa Rica. El territorio en tensión, se ubica bajo la interpretación ontológica al
tomar como referente una visión de territorio configurado por comunidades
Afrodescendientes, quienes, en su cosmovisión y cultura, lo consideran como parte
de su ser. Esta concepción se confronta con el territorio productivista, siendo una
perspectiva más institucionalidad, en tanto se acogen las políticas que encausan la
minería como eje de desarrollo (UPME, 2006).
22
La representación plantea la gobernanza, como salida de transformación de
conflictos y, se enfoca al diálogo e incidencia de las comunidades, no sólo en su
reconocimiento de derechos que los lleva a empoderarse, sino en la manera como
serán atendidos los conflictos. La gobernanza permite emerger el análisis para el
desarrollo de estrategias, que incidan en la transformación de conflictos.
Derechos fundamentales, colectivos y del ambiente en el marco de la
expansión de la minería de arcilla
✓ Sobre los Derechos Fundamentales que se implican
La Constitución Política de 1991, establece su artículo 7 que “el Estado
reconoce y protege la diversidad ética y cultural de la Nación colombiana”
(Constitución Política, 1991), Asimismo en el artículo 70 se establece que el Estado
tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los
colombianos en igualdad de oportunidades.
Estos artículos concuerdan con la promulgación de la Ley 70, que se orienta
al reconocimiento de las comunidades negras, quienes ocupan tierras baldías en
zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, así específica la
importancia de las “prácticas tradicionales de producción y el derecho a la propiedad
colectiva” (Ley 70, 1993). Por medio de esta ley, se establecen mecanismos de
salvaguarda de la identidad cultural y del fomento para el desarrollo social y
económico de las comunidades negras del país (Congreso de Colombia, 1993) lo
cual es significativo en términos identitarios y de derechos.
Corresponde a la Ley 70, el ejercicio de la Consulta Previa; vislumbrado
como mecanismo de responsabilidad compartida, mediante el cual se integran el
“Estado y las comunidades ancestrales en la búsqueda del pleno reconocimiento de
los derechos de propiedad/usos ancestrales y mayor efectividad en la conservación
de los bienes y usos ambientales (Asociación de Consejos Comunitarios del Norte
del Cauca (ACONC). P, 9).
23
La Consulta Previa, se fundamenta en el bloque de constitucionalidad, sobre
la base de diferentes instrumentos de derecho internacional de los derechos
humanos, ratificados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo -OIT- (Ley 21 de 1991); el Pacto Internacional sobre Derechos, Civiles y
Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y la
Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Por lo mismo, se observa su
concreción a través del decreto 1320 de 1998 donde el Ministerio del Interior
“reglamenta la Consulta Previa con las comunidades indígenas y negras para la
explotación de los recursos naturales en su territorio” (Bohórquez, et al, 2018. p,
21).
Por tanto, en el Convenio 169 de la OIT, se indica la obligatoriedad de realizar
la Consulta Previa a los pueblos indígenas y a las comunidades tribales, en aquellos
casos que sean susceptibles de afectaciones directas en el territorio y a las
comunidades que lo habitan. En casos como el que se encuentra implicada la
promulgación de medidas legislativas o administrativas; formulación, ejecución y
evaluación planes y programas de desarrollo a nivel regional y nacional por la
autorización de proyectos de explotación de los recursos existentes en el territorio
(Rodríguez, 2011, p. 63). Es así que, el Convenio de la OIT, tanto como el artículo
55 transitorio de la Constitución, se proponen como garantes de los derechos de las
comunidades negras respecto “a la delimitación de sus territorios, a utilizar
conservar y administrar sus recursos naturales” (ACONC), 2015, p, 7).
Luego la comprensión y reconocimiento de estas comunidades étnicas en los
derechos que les asiste, conllevan el ejercicio a ser informadas tanto como el deber
de ser consultadas ya que la ley 70, los reconoce como colectividad, estando de por
medio aquello que pueda ocurrir en sus territorios. Es así que, por el incumplimiento
de estos derechos, se ha declarado a través de la Sentencia SU 123 de 2018, que
el derecho fundamental a la Consulta Previa, supera la exclusión e implica
gobernanza, de tal suerte se establece:
24
“el derecho fundamental a la consulta previa se funda en la defensa de los
pueblos indígenas y tribales y en la eliminación de las exclusiones históricas
que han padecido. Establece un modelo de gobernanza, en el que la
participación es un presupuesto indispensable para garantizar los demás
derechos e intereses de las comunidades como ocurre con la integridad
cultural, la libre determinación, el territorio y el uso de los recursos naturales
etc., por lo cual tiene un carácter irrenunciable e implica obligaciones tanto al
Estado como a los particulares.” (Corte Constitucional, 2018, p. 25)2.
Además, la Corte Constitucional ratifica en la Sentencia T -769 de 2009, que
el Ministerio de Medio Ambiente:
“deberá realizar un estudio detallado frente a la explotación y exploración de
la naturaleza en los territorios nativos, y así verificar dos aspectos: i) si existe
una vulneración de los derechos de los indígenas y afrodescendientes en su
territorio; y ii) determinar el impacto ambiental que se genera en dichas
zonas” (Corte Constitucional, 2009, p, 2).
En suma, se observa que estos derechos son sustanciales, en tanto subyace
el reconocimiento a estas poblaciones indígenas, Afro, Palenquera y Raizal de sus
culturas, de “una historia compartida, tradiciones y costumbres propias dentro de la
relación campo-poblado, que revela y conserva conciencia de identidad que hace la
diferencia de otros grupos étnicos. Los derechos a la identidad cultural y a la
autonomía están estrechamente ligados a los derechos a la propiedad de la tierra y
del territorio” (ACONC, 2015, p, 7).
2 En este mismo sentido y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se encuentra que la Constitución Política, otorga especial protección al derecho de los grupos étnicos en participar en las decisiones que afectan sus territorios (Sentencia T -769, 2009). Lo cual implica de garantías por parte del Estado a las comunidades respecto a las actividades que se quieran desarrollar en sus territorios, a fin de amparar la cultura de las comunidades étnicas del país, lo que conlleva su necesaria su participación en la toma de decisiones.
25
✓ Acerca de los Derechos Colectivos y del Ambiente:
Sumado a estos derechos fundamentales que competen a las comunidades
étnicas, donde la Consulta Previa es sustancial, se encuentran los Derechos
Colectivos y del Ambiente, integrados en el capítulo III de la Constitución Política3.
En estos se plantea la regulación y control de los bienes y servicios, así como
el derecho a gozar de un ambiente sano4; es decir, el papel del Estado se entiende
como garante, por cuanto le compete planificar “el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, sus conservación,
restauración o sustitución”5 (Constitución Política, 1991, p. 32). Además, la ley
deberá establecer y brindar los recursos, plantear acciones y procedimientos que
sean necesarios con el fin de “propugnar por la integridad del orden jurídico, y por
la protección de sus derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción
u omisión de las autoridades públicas”6 (Constitución Política, 1991, p. 34).
Asimismo, la Corte Constitucional en la Sentencia T-341 de 2016 asevera
que los derechos colectivos “se caracterizan porque son derechos de solidaridad,
no son excluyentes, pertenecen a todos y cada uno de los individuos y o pueden
existir sin la cooperación entre la sociedad civil, el Estado y la comunidad
internacional” (Corte Constitucional, 2016, p. 1, 2). Son derechos pertenecientes a
los miembros de una determinada colectividad y precisan de su participación “ante
la administración de justicia, en demanda de su protección” (p. 2).
De modo que, para el caso en Villa Rica, velar por la conservación y la
protección de estos derechos, exige poner de presente que los mismos han sido
vulnerados, principalmente a causa de las decisiones políticas, que evidencian
3 Artículos 78, 79 y 80 de la Constitución Política de 1991. 4 Artículo 79 “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” (Constitución Política, 1991). 5 Artículo 80 de la Constitución Política de 1991. 6 Artículo 89 de la Constitución Política de 1991.
26
transformaciones sobre el territorio las que implican un “cambio de la propiedad de
la tierra (y del territorio), al tiempo que se favorece la propiedad privada y la
concentración de la misma en territorios habitados ancestralmente por las
Poblaciones Indígenas y Afrocolombianas/Negras” (ACONC, 2015, p, 4).
Sumado a los derechos Colectivos y del Ambiente, encontramos para el caso
de estos territorios étnicos, los derechos territoriales, a partir de los cuales se
estipula que las comunidades étnicas, tienen derecho a decidir sobre sus territorios.
Se trata de comprender un reconocimiento significativo de sus derechos territoriales,
de manera que la propiedad colectiva y los territorios donde habiten comunidades
étnicas, no pueden ser objeto de venta, ni someterse a gravámenes y limitaciones
de dominio y, tampoco puede ser expropiables por el Estado (Rodríguez, s. f.).
Ahora bien, en territorios donde no se haya reconocido la propiedad colectiva,
de todos modos, al ser configurados por comunidades étnicas, deben ser objeto de
Consulta, y para todos, no importa si es étnico o no, los derechos colectivos y del
ambiente, deben ser priorizados. Por ello, se puede afirmar que, pese a la
legislación existente en el país, se observa que la expansión minera, pasa por
encima de estas concepciones territoriales y, desemboca en una escalada de
conflictos, donde los mismos instrumentos regulatorios discrepan (Hillón, 2014).
Conflictos socioambientales desde las concepciones diferenciales del
Territorio
Comprender los conflictos suscitados sobre el territorio, nos lleva a revisar
las nociones del mismo. Por un lado, se plantea la perspectiva de un territorio
"Ontológico", que siguiendo a Escobar (2015) enuncia que “los territorios son
espacios-tiempos vitales” (p, 33) donde hombres, mujeres y el espacio-tiempo se
interrelacionan con el mundo natural y cultural; es decir, como concepción
ontológica, los hace parte constitutiva e integral.
27
Esta versión ontológica (Escobar, 2015), reconoce la importancia de la
cosmovisión, como aspecto sustancial del territorio, al estar vinculada a la
ancestralidad espiritual. Además, los componentes ontológicos y su cosmovisión,
son eje central de las comunidades étnicas, en tanto permiten interpretar y valorar
el reconocimiento del territorio desde sus tradiciones, sus ritos, cultura, creencias y
apropiación política, en una perspectiva del territorio-región.
Así, siendo parte de sus prácticas el valor del territorio, pasa a ser no sólo un
derecho, sino una tradición y cosmovisión, que mueve lo colectivo en su
apropiación. De modo que se motiva desde ese reconocimiento la “defensa del
territorio como espacio que sustenta el proyecto de vida desde la perspectiva étnico-
territorial” (Escobar, 2015, p.30). Siendo así, “Si el territorio encarna el proyecto de
vida de la comunidad, el territorio-región articula el proyecto de vida de la comunidad
con el proyecto político del movimiento social” (p, 31).
Esta concepción busca confrontar la globalización neoliberal, revestida por el
capitalismo e individualismo por cuanto los territorios productivos, desembocan en
el deterioro sistemático de la “base ontológica-territorial de diversos grupos sociales”
(p. 77). Luego configurar cambios que sugieren resistencia, es confrontar los
mundos relacionales en medio del fenómeno que se orienta de manera permanente,
por “desmantelar todo lo colectivo” (Escobar, 2014, p. 77).
Se suma a esta perspectiva las orientaciones de la ecología política, con
principios que se ligan a la ontología política, donde las comunidades negras
orientan sus derechos:
(i) a ser negro, a identificarse como comunidades negras (derecho a la
identidad); (ii) al territorio, a contar con un espacio para ser, en donde las
comunidades negras del municipio se han organizado estableciendo
consejos comunitarios; (iii) al ejercicio del ser, a contar con autonomía,
organización y participación, por medio del establecimiento y trabajo desde
28
los consejos comunitarios; (iv) derecho a una visión propia de futuro”7
(Escobar, 2015, p. 32).
Tomando la visión crítica que argumenta Svampa (2008), señala que, el
territorio productivista se define desde el enfoque de la modernización, en una visión
“homogeneizadora del progreso” (p. 3). Perspectiva sostenida por los estados
desarrollistas, donde lo productivista se cataloga desde la identificación de regiones
vulnerables, marcadas por la pobreza. Regiones en las que se observan grandes
extensiones, señaladas como territorios “improductivos y/o vacíos”, (p. 9), que se
orientan a lo que la modernidad impone en términos de lo que será productividad,
lo cual ha tomado impulso en el extractivismo.
Svampa (2019) recoge la definición de Sempere (2015) donde el término
productivismo, es utilizado como aquel que sobrepasa y no respeta los límites de la
“sostenibilidad ecológica” (p. 27), donde se considera que las personas, pueden
explotar sin límites los recursos naturales de un territorio. De modo que se evidencia
una escisión sobre las concepciones de territorio, resaltando que este tipo de
distinciones, constituyen lo que se reconoce como luchas contemporáneas, en las
que se pone al centro la diversidad y la defensa del territorio. Así se asigna a estas
luchas, formas de resistencia que se levantan por defender los territorios, las cuales
toman fuerza frente a la imposición global, entendiendo estas acciones, como
“luchas ontológicas” (Escobar, 2015, p. 28).
En coherencia con esta idea ontológica que se disputa frente a la
productivista, el territorio es un espacio de diversas dimensiones; un espacio que
se apropia, puesto que es fundado por sujetos y grupos sociales que logran
afirmarse (Porto Gonçalves, 2009. P. 127). Es el territorio entonces, donde se
establece la existencia de una territorialidad configurada por las relaciones sociales,
como las relaciones de poder que igualmente se anidan allí.
7 Lo anterior permite la construcción de una visión propia de desarrollo ecológico, económico y social, que parte desde una visión cultural que enmarca formas tradicionales de producción y organización de las comunidades (Escobar, 2015).
29
Por lo mismo, se precisa la disposición de reconocer en el territorio, la
territorialidad, como modo en el que se establecen relaciones diferenciales, que
llevan a explicar: (i) para quienes se apropia el territorio y, (ii) contra quién o contra
qué se enfrentan. Es decir, las poblaciones que configuran sus luchas, logran definir
su oposición, determinando contra qué tipo de territorio se confrontan. Por lo mismo,
en Villa Rica, Cauca, se puede afirmar que el territorio se encuentra en medio de
una tensión entre esa perspectiva del territorio Ontológico, frente al Productivista,
siendo este último la contra cara de las comunidades que en esa visión -
productivista y de desarrollo- le imponen una “descalificación de otras lógicas de
valorización de los territorios” (Svampa, 2013, p. 34).
Además, se destacan los aportes de Martínez-Alier (2008), en la perspectiva
de los conflictos socioambientales, provocados en esta tensión y vulneración, donde
convergen valores ecológicos, y culturales de sostenimiento de las poblaciones,
tanto como valores económicos. Es decir, los conflictos se producen por la
diversidad de intereses, valores, culturas, saberes en los distintos niveles de poder,
llegando a utilizar diferentes lenguajes de valoración.
Por eso vemos que en la lógica productivista que tensiona, como afirma Leff
(2003), se evidencia una reapropiación de la naturaleza y la cultura, que persiste en
la transformación de valores, dinámicas y perspectivas simbólicas, ecológicas,
epistemológicas y políticas, provocados por las prácticas del mercado. El
planteamiento de la ecología política frente a lo que ocurre con la expansión minera
de arcilla, permite observar la transgresión de naturaleza, entorno social y cultural,
desde los cambios de propiedad y uso de la tierra, evidenciando su reapropiación.
Gobernanza en la superación de conflictos socioambientales
En la búsqueda de solución a los conflictos que suscita la expansión minera,
y teniendo presente que se implican diversos actores, entre los que se destacan
30
comunidades y los decisores gubernamentales, estos últimos deben velar por el
cumpliendo derechos.
Siguiendo a autores como Kooiman (2003), encontramos que la gobernanza
se entiende como “propuesta en expansión que debe tener sus bases en el
desarrollo social y es particularmente atribuible a las crecientes o cambiantes
interdependencias sociales” (p. 58). De modo que para entender el desarrollo y el
ejercicio de una gobernanza social moderna frente a lo social y lo político, el análisis
se aborda desde ámbitos como la diversidad, complejidad y el dinamismo (p. 59).
Para comprender, los ámbitos8 que argumenta Kooiman sobre el concepto
de gobernanza, se aborda la concepción de sistemas entendida como “un conjunto
de entidades que muestran más interrelaciones entre ellas, que con otras entidades”
(p. 59). Por tanto, la diversidad es interpretada como una característica de aquellas
entidades que conforman el sistema, ubicando el mismo sobre los actores y
entidades desde sus objetivos, sus intenciones y el poder conferido a estos.
Así aparece la complejidad que se observa como indicador de las relaciones
entre las partes que conforman un sistema, su entorno, las interdependencias e
interrelaciones. Por tanto, el dinamismo que allí se devele, tiene relación con las
tensiones en un sistema y entre estos, poniendo “énfasis en las irregularidades con
las que se pueden llevar a cabo los sistemas y su entorno” (Kooiman, p.59).
En tal sentido, la gobernanza como practica de relacionamiento, ubica tanto
las responsabilidades públicas como privadas en el marco de interacción, basado
en el reconocimiento de las dependencias; es decir, las interacciones se edifican
por medio de procesos y estructuras (Kooiman, 2003). Luego las acciones e
interacciones, son el “resultado de la capacidad de actuar de los actores sociales
(p. 62); mientras lo estructural de las interacciones, develan “los marcos y contextos
material, socioestructural y cultural en los que las interacciones suceden” (p. 62).
8 Diversidad, complejidad y el dinamismo.
31
Por tanto, para resolver o tramitar conflictos, en este caso socioambientales, que
por su carácter devienen del componente político, tomando a Kooiman (2003)
identificamos cuatro estadios necesarios para entender las estrategias que serán
integradas en la orientación de la gobernanza: i) reconocer la diversidad de
intereses y apariencias; ii) decidir sobre la complejidad de la relación entre las
diferentes partes del problema (como sistema); iii) localizar las fuentes de las
tensiones (dinamismo); y, iv) volver a donde pueden ser localizadas.
Comprendiendo que estos estadios pueden ser un proceso cíclico (p. 72).
Entendiendo que en estos procesos la población se empodere, al tiempo que
participe de manera cooperativa y en interacción, en redes con una multiplicidad de
actores para resolver “colectivamente sus problemas y responden a las necesidades
de la sociedad, empleando al gobierno como el instrumento para llevar a cabo su
tarea” (Rosas-Ferrusca, Calderón -Maya, & Campos-Alanís , 2012, pág. 8). Por
tanto, la perspectiva de Kooiman, es afín a la idea de que son los actores sociales
quienes intervienen cuando se les reconoce.
Aceptar otra visión de territorio diferente a la productivista, viabiliza un tipo
de gobernanza y de horizontalidad, que para Farinós (2008) p. 20 (Citado en Rosas-
Ferrusca, Calderón-Maya, & Campos-Alanís, 2012, p. 124) es necesaria, para lograr
una conexión territorial conforme a la interacción, relacionamiento y participación de
diversos actores con nuevos modelos y procesos de decisión.
Métodos
Para el desarrollo de la investigación, como se mencionó anteriormente, se
realizó una práctica basada en diagnóstico, que permitió establecer la ruta
metodológica9, la cual establece una priorización y definición de los conflictos
socioambientales, asociados a la vulneración de derechos. Estos conflictos, en vías
9 En el anexo 1. Esquema ruta metodológica. Práctica basada en diagnóstico. Se evidencia la ruta metodológica propuesta a partir de los aportes de (Eslava, 2020).
32
a su transformación son tratados a través de la generación de estrategias
territoriales de gobernanza, asumidos desde el estudio de caso cualitativo.
En este sentido, la unidad de análisis se plantea a partir del reconocimiento
de actores étnicos afrodescendientes en el territorio y la interacción de diversos
actores comunitarios, frente a la vulneración de derechos a causa de la explotación
de minería de arcilla a escala industrial en el municipio. En este sentido, se
desarrollaron tres fases, las cuales cuentan con actividades, técnicas de recolección
e instrumentos, fuentes para desarrollo heurístico, interpretativo y resultados (ver
anexos 1. Ruta de Diseño metodológico. Práctica basada en diagnóstico y 2. Matriz
de diseño metodológico - orientación objetivos). Las fases corresponden:
(i) Diagnóstico, fase que trazó el proceso de recolección teniendo como jeje
la definición de preguntas a partir de la base de los objetivos (general y
específicos). Con este fin se buscó que emergiera lo no evidente en
documentos. Se trabajo en interacción con los actores comunitarios e
instituciones gubernamentales. En técnicas de recolección, se integró la
ficha bibliográfica para el análisis documental y, se realizaron entrevistas
semiestructuradas, con preguntas detonadoras dirigidas a los actores
comunitarios y a los entes gubernamentales.
Los instrumentos utilizados fueron las guías elaboradas a partir del diseño
de preguntas vinculadas con los objetivos específicos, que se expresa en
una guía de entrevistas semiestructuradas dirigida a miembros de
consejos comunitarios (Consejos comunitario Quebrada Tabla y Consejo
Comunitario Territorio y Paz), organizaciones sociales como Grupos
Semillas y Corporación Colombia Joven, funcionario de la alcaldía de Villa
Rica, del equipo encargado de la actividad minera en el municipio,
participantes en los procesos construcción de espacios interétnicos de la
región (Mesa Interétnica). Para los resultados se planteó como
33
priorización los conflictos socioambientales que dan cuenta de la
reconfiguración territorial al ser causa del problema.
(ii) Desde la fase de priorización y necesidades de cambio, a partir del
diagnóstico realizado, se plantean los aspectos que se retoman en la ruta
de estrategias, vinculada con las dimensiones de derechos
fundamentales, colectivos y del ambiente. Se articuló e interpretó las
necesidades identificadas, priorizando actores involucrados, hacia el
diseño de ruta de estrategias que integra acciones, actores,
transformación, responsabilidades, seguimiento y, resultados.
Dentro de las actividades y técnicas de recolección, se planearon
reuniones y conversaciones. Como fuentes, se retomaron documentos de
discusión y la interacción con la población seleccionada de las
organizaciones sociales del territorio y los funcionarios institucionales.
(iii) La fase de construcción de la ruta de estrategias de gobernanza, retoma
los insumos para el diseño de la misma, y contiene todo un proceso de
acciones, actores y transformación, obtenidos desde el proceso de
sistematización de la información. Así se logra la construcción la ruta de
estrategias territoriales de gobernanza.
Hallazgos de la Investigación: Proceso de concesión minera y generación de
conflictos socioambientales ligados a la Vulneración de derechos
Siendo parte de las competencias de las Corporaciones Autónomas
Regionales, estas ejercen función de autoridad ambiental con facultad para otorgar
o negar licencias ambientales para proyectos, obras o actividades que se ejecuten
en las áreas de su jurisdicción. En este caso, conceden licencias para “materiales
de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: cuando la
producción proyectada de mineral sea menor a 600.000 ton/año para arcillas o
34
menor a 250.000 m3/año para otros materiales de construcción o para minerales
industriales no metálicos” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
2010, p. 9).
✓ Prácticas de Vulneración vinculadas a Consulta Previa
Por medio del análisis y hallazgos relacionados con la forma en que se
otorgaron las licencias ambientales por parte de la Corporación Autónoma Regional
del Cauca (CRC), a las empresas ladrilleras asentadas en el municipio de Villa Rica,
se evidencia como factor detonante de conflictos socioambientales, la vulneración
de los derechos fundamentales de la población afronortecaucana, en particular el
derecho a la Consulta Previa y el Consentimiento Informado.
El desconocimiento de la existencia de comunidades negras en el municipio
por parte de las autoridades ambientales, se evidencia al momento de otorgar las
licencias. Por un lado, el Ministerio del Interior y de Justicia, no reconoció de manera
oficial la presencia de estas comunidades que “han habitado de manera
ininterrumpida en este territorio y donde desarrollan sus medios de vida propios”
(Bohórquez, et al, 2018, p. 52), y la CRC, quien tiene la facultad para informar sobre
la presencia de estas comunidades a la hora de otorgar y hacer seguimiento a las
licencias otorgadas para la ejecución de los proyectos de explotación minera en el
municipio, omitió a las comunidades étnicas que allí habitan.
Lo anterior conllevó a que las empresas ladrilleras Vallegres Tejas y Ladrillos
S.A.10; La Sultana, Bloques Ladrillos y Acabados Cerámicos S.A.11.; y Ladrillera
Terra Nova S.A.12 (ver figura 5), que cuentan con títulos mineros vigentes,
intervinieran el territorio, para ejercer actividad de explotación de arcilla con una vida
útil de aproximadamente 30 años.
10 Ver anexo 3. Mapa 1 título minero otorgado a la ladrillera Vallegres Tejas y Ladrillos S.A. 11 Ver anexo 3. Mapa 2 título minero otorgado a la ladrillera Sultana S.A. 12 Ver anexo 3. Mapa 3 título minero otorgado a la ladrillera Terra Nova S.A.
35
Figura 5. Títulos mineros Villa Rica, Cauca
Fuente. Agencia Nacional de Minería (2021).
En las tres resoluciones de las licencias, cuyas áreas de intervención de los
títulos mineros se presentan en los mapas anexos (ver anexo 3. Mapas concesiones
de títulos mineros Villa Rica, Cauca). Además, se evidenció el desconocimiento de
comunidades negras en el territorio, al tiempo que se precisan vacíos en el
seguimiento y control de la actividad minera y la recuperación de las áreas
intervenidas. La licencia otorgada a la empresa La Sultana, Bloques Ladrillos y
Acabados Cerámicos S.A.; así como la de la Ladrillera Terra Nova S.A., en la vereda
La Primavera, no se reconoció la presencia de población étnica, planteando
contradicción, pues en las mismas resoluciones, se alude la participación de la
comunidad, como parte de actividades de gestión social.
La misma vulneración se encuentra en la licencia ambiental otorgada a la
empresa Vallegres Tejas y Ladrillos S.A., “para el proyecto concesión minera-
explotación de un yacimiento de arcilla – IKJ-09101” (Corporación Autónoma
Regional del Cauca, 2012. p.1), en la vereda Agua Azul del municipio de Villa Rica.
36
Se cita a través del Estudio de Impacto Ambiental, en la resolución expedida
por el Ministerio del Interior y de Justicia, el siguiente aparte, que evidencia
vulneración:
“certifica que no se registra presencia de Comunidades Indígenas en la zona
de influencia directa (…), (…) que en la base de datos de la Dirección de
Asuntos Indígenas Rom y Minorías, no se encuentra registro de Resguardos
legalmente constituidos ni comunidades indígenas y/o parcialidades por fuera
de Resguardos (…), (…) que no se registra presencia de comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras” (Corporación Autónoma
Regional del Cauca, 2012. p.2).
Obviamente al omitir la presencia de comunidades étnicas en el territorio, se elude
la Consulta Previa, en tal sentido desde el Consejo Comunitario se advierte:
“hasta el momento no se han hecho ningún tipo de consultas, aunque así la
ley lo plantea, de hecho, en muchas ocasiones y cuando se revisan muchas
de las licencias, se escudan en que no había en el territorio o no hay
presencia de comunidades negras en el territorio esa situación pasa muy a
menudo en nuestros territorios, mucho más en el Norte del Cauca por no
tener registro ante el Ministerio. Es complejo porque en últimas la
normatividad con la que se crean los consejos comunitarios plantea que
quien debe dar constancia y ante quien se inscriben los consejos
comunitarios es ante las alcaldías municipales. Pero luego, sacaron unos
decretos en los cuales se plantea que se deben hacer un registro ante el
Ministerio, y lo que hacen estas personas de los proyectos (mineros) es hacer
las solicitudes ante el Ministerio, más no piden certificaciones a los
municipios, así que casi siempre, las comunidades son las que tienen que
reclamar por el derecho a la consulta y por lo general se hace por procesos
de tutelas” (L.F. Gonzales, Consejo Comunitario Quebrada Tabla,
comunicación personal, 22 de abril, 2021).
37
La situación que se expresa se hace constante como ya se planteaba en la
Sentencia T1045A, en el territorio de La Toma – Cauca, donde a través de tutela
interpuesta por vulneración de derechos, en particular por evadir la Consulta Previa,
la Corte Constitucional, reconoce que fue vulnerado este derecho a la comunidad
afrodescenciente que habita en esta zona y que sin embargo no fue reconocida.
Se observa en el caso de Villa Rica, que la comunidad Afrodescendiente igual
que en el resto del Cauca, habitan estos territorios desde siglos atrás,
aproximadamente mediados de 1600. Aun así, se invisibiliza su existencia. En tal
sentido relata uno de los integrantes Afrodescendientes de la Corporación Colombia
Joven:
“nunca se ha hecho un proceso de encuentro que permita mínimamente parar
alguno de esos procesos, nunca se ha dado acá el tema de la consulta y no
se ha podido hacer un acercamiento porque estas entidades mencionan que,
como no ha establecido por norma estos dos consejos comunitarios, como
no están registrados ante el Ministerio del Interior, ellos no han podido tener
mayor incidencia en el territorio y no han podido adelantar los procedimientos
relacionados a la consulta previa” (C. Ararat, Corporación Colombia Joven,
comunicación personal, 16 de abril, 2021).
Ahora bien, la Alcaldía municipal, es consciente de la vulneración a la
Consulta Previa en el territorio. En el año 2018 la alcaldía manifiesta que han
buscado alternativas para contrarrestar los impactos negativos y el restablecimiento
de derechos de la comunidad villaricense frente a la explotación minera:
“se debió hacer la consulta previa ante la comunidad y no se ha tenido en
cuenta la parte jurídica y legal. Este ha sido uno de los grandes problemas
con los titulares mineros y con la CRC por haber otorgado las licencias y
planes de manejo sin haberle consultado a la comunidad. Desde la alcaldía
municipal, desde el año 2018, en el periodo de la señora alcaldesa Yenny
Nair Gómez, se creó un espacio municipal el cual tiene como nombre “Mesa
38
municipal de minería”, por medio de ese espacio se han invitado a participar
distintos sectores. Dando a conocer toda la problemática que se está viviendo
con el tema de la minería, afectaciones y consecuencias que puedan traer.
En este mismo espacio trajimos personas del Ministerio del Interior para el
tema de la consulta previa y para que ellos indicaran de qué manera se tiene
que dar el proceso de consulta previa y su contexto de cómo se debe dar en
una comunidad afrodescendiente” (A. Contreras, Alcaldía Municipal de Villa
Rica, Cauca, 21 de mayo de 2021).
Si bien reconoce la vulneración del derecho a la consulta previa y plantea
estrategias para hacer frente a la problemática, resalta que gran parte del problema
del otorgamiento de las licencias ambientales para la explotación del mineral se
debe a la venta de los predios por parte de comunidad:
“Otro problema que tiene la comunidad es la venta de los predios. La gente
sabe que, si vende sus predios para la extracción del mineral, está
deteriorando el territorio, se deteriora la parte agrícola y hay un
desplazamiento de la comunidad, y que también se le da una potestad a los
mineros para que ellos puedan hacer su actividad, entonces esto no solo es
un problema de la consulta previa” (A. Contreras, Alcaldía Municipal de Villa
Rica, Cauca, 21 de mayo de 2021).
Sin embargo, la venta de los predios es conexa a la vulneración de derechos,
pues la comunidad que contaba con predios, los ha vendido por factores, como el
deterioro del suelo para la siembra de alimentos, la ausencia de garantías por parte
de las autoridades ambientales y, el desarraigo cultural que emerge en el municipio
sobre las nuevas generaciones, todo derivado de la reconfiguración.
39
✓ Sobre los Derechos Colectivos y del Ambiente
En cuanto a los derechos Colectivos y del Ambiente, las faltas contenidas en
la toma de decisión, se toma como base el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan
de Manejo Ambiental articulados a la explotación de arcilla. Desde estos y el
Decreto 2820 de 2010, se evidencian la aprobación de viabilidad ambiental, con un
“concepto técnico ambiental positivo” (Corporación Autónoma Regional del Cauca,
2012. p.12). La evaluación de los impactos ambientales que serían generados por
el desarrollo del proyecto, se basa en un análisis de las interacciones de las
actividades mineras y las condiciones ambientales del área de influencia de
explotación Corporación Autónoma Regional del Cauca, 2012.
En la licencia ambiental se establecen consideraciones y motivaciones de
orden ambiental, social y minero. Los criterios de manejo ambiental establecen los
impactos generados por el proyecto de explotación a partir de un análisis de
interacciones propias del desarrollo de las actividades mineras y las condiciones
ambientales tanto físicas, como bióticas y socioeconómicas, que se encuentren
presentes en el área de influencia directa y que sean susceptibles de ser afectadas
(Corporación Autónoma Regional del Cauca, 2012).
No obstante, el desarrollo ha traído impactos negativos sobre las condiciones
ambientales, sociales y de cobertura en el territorio como se alude:
“En Villa Rica nos afecta especialmente en el tema hídrico porque nosotros,
aquí nunca hemos tenido la posibilidad de contar con agua potable, a pesar
de todo este desarrollo industrial que han generado grandes capitales que se
van para otros lados, nosotros seguimos con esa problemática. De hecho,
tenemos sectores, aunque haya redes de acueducto, el gua nunca llega y
estamos hablando de un servicio de agua que no llega en las mejores
condiciones no apta para el consumo humano. Aquí históricamente la gente
se ha abastecido de agua producto de los aljibes y estos se han visto muy
afectados y muchos de los pozos se secaron y en la zona rural que se
40
encuentran afectadas por los chircales también se han visto afectaciones en
los aljibes comunitarios. Por ejemplo, en la veredera Agua Azul, existe un
pozo (aljibe) comunitario y este se ha visto afectado por los procesos de
contaminación de aguas subterráneas y el tema de profundización de las
mismas, o sea ha venido bajando el nivel freático. Es decir, estas actividades
terminan generando otras problemáticas asociadas que al principio la gente
no las ve, pero con el paso del tiempo cada vez la gente va sintiendo
mayormente estos efectos” (L.F. Gonzales, Consejo Comunitario Quebrada
Tabla, comunicación personal, 22 de abril, 2021).
En los criterios de manejo ambiental, se establece la identificación de
actividades del proyecto las cuales podrían generar impactos, estos fueron
presentados sin embargo, como efectos de menor impacto, exponiendo que, dentro
de los criterios de viabilidad, el proyecto “no afectará zonas cuyos ecosistemas se
presenten en estado natural y/o de conservación absoluta, pues no se intervendrán
hábitats de riqueza ambiental en equilibrio, ni áreas de reservas regional o nacional
o protegidas que interfieran con el pleno desarrollo de las actividades mieras”
previstas en el proyecto (Corporación Autónoma Regional del Cauca, 2012. p. 7).
Los efectos a raíz del otorgamiento de las licencias y el desarrollo de la
industria minera han traído cambios en el suelo y ecosistemas de la región:
“ha habido grandes cambios y perdidas ambientales en municipio y no se han
hecho estudios sobre los grandes impactos que se han generado en el tema
ambiental, han cambiado los ecosistemas existentes en la región. Sobre esto
las comunidades han empezado a ser conscientes y se han dado cuenta de
la importancia de defender el medio ambiente. Hemos tenido pérdidas en
cuanto a los afluentes de agua, también perdidas en de fauna y flora, se han
venido modificando los ecosistemas drásticamente” (L.F. Gonzales, Consejo
Comunitario Quebrada Tabla, comunicación personal, 22 de abril, 2021).
41
Con la explotación de arcilla los efectos señalan que, al proyecto minero le
compete la “preparación de accesos y de los frentes mineros; el aumento de
escorrentía superficial (generación de procesos erosivos); arranque y cargue del
mineral” (Corporación Autónoma Regional del Cauca, 2012.p. 7). Se tiene claro que,
a casusa de la explotación de arcilla, desde su actividad propia produce efectos
negativos en el ambiente respecto a la alteración del terreno, transformación del
suelo, y extracción de recursos (Corporación Autónoma Regional del Cauca, 2012)
Impactos que no han contado con el seguimiento de la autoridad ambiental, que en
este caso debe realizarse por parte de la CRC.
Estos impactos que son parte de la generación de conflictos
socioambientales en el territorio, se identifican por la comunidad, donde advierten:
“Las afectaciones no solo se dan por los cultivos de la caña de azúcar, sino
también por las excavaciones. Cuando ellos (las empresas) empiezan a
excavar, pues empieza a ceder el terreno, entonces la persona que allí tenía
la posibilidad de tener sus cultivos, de siembra de maíz y plátano, pierden
pues estos espacios se han venido reduciendo por la minería. Y desde los
consejos comunitarios tenemos una gran preocupación por el deterioro
ambiental que se está gestando en el municipio” (A. Ballesteros, Consejo
Comunitario Territorio y Paz, comunicación personal, 29 de abril de 2021).
Como parte de la generación de conflictos socioambientales que agudiza los
impactos negativos se vincula la misma institucionalidad (alcaldía municipal). Un
ejemplo de ello es la ausencia de limitación de las zonas mineras, que deberían ser
señaladas por parte de las autoridades ambientales, junto con la alcaldía municipal
para atender el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio:
“Se está trabajando en el tema de una proyección de una zonificación minera,
y hoy la comunidad en general, las instituciones y organizaciones, han
reconocido un poco el tema de darle orden a este tema de minería en el
municipio, que realmente se empezó a trabajar en el 2018. Ya en el tema de
42
la minería a gran escala, la alcaldía ha estado pendiente en cuanto al tema
de darle seguimiento y control minero, esto también desde la mesa minera,
logrando así que se puedan hacer las modificaciones debidas en las licencias
ambientales y en los planes de manejo ambiental” (A. Contreras, Alcaldía
Municipal de Villa Rica, Cauca, 21 de mayo de 2021).
El planteamiento anterior permite observar, la importancia que tendría el real
ejercicio mancomunado para evaluar la explotación minera, en términos de
seguimiento y control, con miras a incidir en los posibles cambios.
La comunidad villaricense manifiesta que las empresas a las que se otorgó
licencias ambientales, han afectado de manera negativa el territorio, debido a las
grandes excavaciones que dejan la explotación de arcilla, generando posos o
“chircales” como lo denomina las comunidades, que provocan tensiones por el
acceso al agua:
“los mayores impactos que se han tenido por la explotación de minería de
arcilla han sido por el acceso al agua de las comunidades las cuales están
adyacentes a esas explotaciones, otros impactos que se han generado se
demuestran en la destrucción del paisaje originarios de la zona. La zona, era
una región donde había fincas tradicionales de producción de alimentos y
ahora gran parte de esas áreas, se han convertido en grandes excavaciones
y grandes lagos que incluso han representado peligros para la vida de la
gente. También se percibe una destrucción del suelo fértil, y ahorita están
convertidos en excavaciones y han perdido su potencial productivo” (J.
Cárdenas, Grupo Semillas, comunicación personal, 21 de abril, 2021).
En relación con el Plan de Manejo Ambiental, articulado al proyecto de
explotación, en la licencia No. 2982 del 18 de diciembre de 201213, se consigna que
se realizó “de manera concordante con los impactos identificados a través de
13 Concesión minera- explotación de yacimiento de arcilla – IKJ-09101.
43
programas y proyectos, con medidas específicas de prevención, mitigación,
corrección, restauración y compensación” (Corporación Autónoma Regional del
Cauca, 2012.p. 7). Estas medidas estarían enfocadas al manejo de los impactos
negativos generados por la actividad de extracción minera, presentando así por
medio de programas y proyectos que aporten al desarrollo de la actividad extractiva,
en vía de dar respuesta a los impactos identificados (ver anexo 5. Programas y
proyectos del Plan de Manejo Ambiental proyecto de concesión minera- explotación
de un yacimiento de arcilla -IKJ-09101).
Aunque se manifiesta la concordancia con los impactos identificados y la
creación de medidas, se evidencia que lo establecido en estos documentos se
contradice con lo ejecutado; la comunidad desde sus consejos comunitarios señala:
“(…) ahora lo que encontramos son grandes excavaciones que con
maquinaria pesada van sacando material, sin cumplir ni siquiera los
protocolos que muchas veces están fijados en las licencias, no hay un control,
también tendríamos que destacar el tema con la CRC, que es la corporación
que debe abordar todo el tema ambiental en el Cauca, o ha sido muy influida
y a veces pareciera que está más encaminada a favorecer los grandes
capitales que están en la región. Por ejemplo, solo se hacen control a los
pequeños mineros, pero a las grandes explotaciones no se les hace ningún
tipo de control o los controles son mínimos. Estos procesos se suponen que
en las licencias debe haber acciones de mitigación de daños causados por
el ejercicio propio del proyecto minero y que deben ser fiscalizados y hacerse
seguimiento por parte de la CRC, pero eso en ultimas no se ve reflejado. Si
una de estas empresas decide irse y dejar los huecos allí, se van y los dejan
porque así ha pasado, o si quieren cerrar los chircales lo hacen como quieren
porque no hay una supervisión (…)” (L.F. Gonzales, Consejo Comunitario
Quebrada Tabla, comunicación personal, 22 de abril, 2021).
44
Asimismo, en este proceso de licenciamiento señalaron la generación de
empleo enfatizando la eficiencia del sistema administrativo y funcional de las
ladrilleras y la vinculación y conformación del grupo de trabajadores, que según las
licencias ambientales “el 90% de este personal son habitantes de la zona”
(Corporación Autónoma Regional del Cauca, 2009. p.9)14. Es decir, aunque se
plantean efectos sociales que radican en la “generación de expectativas en la oferta
de empleo, inversión y demanda de servicios, gestión social; dinamización del
comercio local y aumento de ingresos tributarios; generación de residuos
domésticos en los frentes de trabajo; gestión ambiental del proyecto minero
(tramitación de permisos, licencias” (Corporación Autónoma Regional del Cauca,
2012.p. 7), esto no ocurre, pero además se han desconocido las diversas formas de
subsistencia tradicional de la comunidad, como se asevera:
“las comunidades veían que grandes hectáreas de suelo fértil con gran
potencial para la producción de alimentos era destruido, eso motivo a que las
comunidades hicieran un llamado a las grandes empresas que están muy
cerca a los sitios donde se encuentran las fincas tradicionales” (J. Cárdenas,
Grupo Semillas, comunicación personal, 21 de abril, 2021).
En medio de este panorama, los consejos comunitarios y la comunidad
villaricense en general, han buscado la manera de organizarse con el propósito de
hacer valer su derecho a la participación de la consulta previa que como se cita en
la Sentencia T-1045A “constituye un instrumento básico para preservar la integridad
étnica, social, económica y cultural de las comunidades de indígenas y para
asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social” (p. 31).
Propuestas y conclusiones: Estrategias de Gobernanza Territorial desde el
enfoque de una Ruta Integral.
A continuación, se define la ruta de estrategias que articula estrategias de
gobernanza territorial, la cual empodera e involucra a las comunidades e
14 Resolución No. 0289.
45
instituciones frente a los conflictos socioambientales identificados, lo cual permite
trazar un horizonte hacia la armonización del territorio, orientado a la transformación
de conflictos.
La ruta de estrategias (Ver figura 6) brinda componentes y herramientas,
cuyo propósito es orientar las dinámicas que posibilitan a los consejos comunitarios,
organizaciones de la sociedad civil y en general a la comunidad villaricense, contar
con iniciativas para la transformación de estos conflictos. Para ello el punto de
partida es contar con una línea de base que visualice y ofrezca transparencia de
información, para evidenciar la manera como se viabilizó la expansión de la minería
de arcilla, al tiempo que identifican los derechos vulnerados y sus efectos.
A partir de esta línea de base, se interrelacionan los aspectos a incidir desde
la interacción y, en la vía político - jurídica, cuyo principio son los derechos
fundamentales, colectivos y del ambiente que se ven vulnerados. En este sentido,
las comunidades tienen un papel protagónico, porque se toman los antecedentes
que aporta el Norte del Cauca, en defensa del territorio, donde la perspectiva de
articulación y los aspectos político-jurídicos son fortalecidos. Desde esta
interacción, el Consejo Territorial Interétnico, toma como eje el espacio que
antecedió de interlocución y fortalecimiento estratégico de la Mesa Interétnica e
Intercultural:
“El Consejo Interétnico inicia en el año 98 y se define en Periconegro, donde
comunidades negras y comunidades indígenas nos comprometemos a
desarrollar acciones conjuntas y a prestarle mucha atención al tema de
investigación social y salen unas pautas de cuál es la interrelación que se
tendría con otros actores como universidades, investigadores, etc. y
pensarnos en el territorio región del Norte del Cauca, de comunidades negras
e indígenas” (M. Machado, comunicación personal, 25 de abril, 2021).
46
La perspectiva planteada fortalece la idea de trazar un ejercicio de
gobernanza territorial, que busca garantías para el restablecimiento de derechos
vulnerados, derivados de la explotación minera al que se inserta el municipio de
Villarrica.
Figura 6. Ruta de Estrategias de Gobernanza
Fuente. Elaboración propia (2021).
Componentes y Herramientas de relacionamiento de la Ruta de Estrategias
• Línea de base como punto de enganche comprensivo
Considerado como el punto esencial, porque describe la identificación del
problema, donde se evidencian las licencias ambientales y las empresas ladrilleras
a las que fueron otorgadas en el territorio. Se identifica el área de influencia de los
respectivos proyectos y la vulneración en términos de derechos colectivos y del
ambiente, y las instancias involucradas (ver figura 7).
47
Figura 7. Matriz de identificación de las licencias ambientales otorgadas a las
empresas ladrilleras en Villa Rica, Cauca.
Proyecto Descripción
de la Licencia
ambiental
Área de
Influencia
Impactos Derechos
Vulnerados
Instancias
involucradas
Mediante resolución
No. 0286 del 10 de
agosto de 2009, por
medio de la cual se
otorga licencia
ambiental a través del
contrato de
explotación para
mediana minería No.
22276 de Ingeominas
concesionada a la
ladrillera La Sultana
S.A. Proyecto con una
vida útil de 25.12
años.
Explotación de
un yacimiento
de arcilla en la
vereda La
Primavera.
Municipio de
Villa Rica.
Vereda La
Primavera,
municipio de Villa
Rica.
La extensión
otorgada para la
exploración y
explotación fue
de 39 hectáreas
y 9680 metros
cuadrados.
Grandes
excavaciones
representadas en
pits, piscinas o
zanjas de ensanche
para la explotación
del mineral.
Afectación sobre el
acceso al agua.
No se realiza
Consulta previa,
se ven afectados
los derechos
colectivos y del
ambiente.
Por inadecuado
manejo y
aprovechamiento
de los recursos
naturales.
Corporación
Autónoma
Regional del
Cauca; antiguo
Ingeominas (actual
Agencia Nacional
de Minería);
Ministerio de Medio
Ambiente; ANLA;
Alcaldía municipal
de Villa Rica
Mediante resolución
No. 0289 del 10 de
agosto de 2009 se
otorga licencia
ambiental para la
explotación de un
yacimiento de arcilla,
por medio de contrato
de concesión minera
N° EC7-163, oficio N.
4343 de agosto de
2008 otorgado a la
ladrillera Terra Nova
S.A. La vida útil del
proyecto es de 40.2
años.
Exploración y
explotación de
un yacimiento
de arcilla, cuyo
método de
explotación es el
de “descubierta”
Vereda La
Primavera,
municipio de Villa
Rica.
La extensión
otorgada para la
exploración y
explotación fue
de 76 hectáreas
y 7332 metros
cuadrados.
Grandes
excavaciones
representadas en
pits, piscinas o
zanjas de ensanche
para la explotación
del mineral.
Afectación sobre el
acceso al agua.
Afectación a la capa
vegetal.
No se realiza
Consulta previa y
se ven afectados
los derechos
colectivos y del
ambiente, por
inadecuado
manejo y
aprovechamiento
de los recursos
naturales.
Corporación
Autónoma
Regional del
Cauca; antiguo
Ingeominas; (actual
Agencia Nacional
de Minería);
Ministerio de Medio
Ambiente; ANLA;
Alcaldía municipal
de Villa Rica.
Por medio de
Resolución de licencia
No. 2982 del 18 de
diciembre de 2012, se
otorga licencia
Ambiental a la
empresa Vallegres
Tejas y Ladrillos S.A.
para el proyecto
Concesión minera-
explotación de un
A través de
contrato de
concesión
minera
Ingeominas
permite a
Vallegres, la
explotación
técnica y
explotación
económica de
un yacimiento
Vereda Agua
Azul, municipio
de Villa Rica.
La extensión
otorgada para la
exploración y
explotación fue
de 107 hectáreas
y 4643,5 metros
cuadrados.
Grandes
excavaciones en la
zona de influencia,
por medio de
explotación a cielo
abierto.
Transformación del
suelo, extracción de
recursos y
alteración del
terreno.
No se realiza
Consulta previa y
derechos
colectivos y del
ambiente.
Inadecuado
manejo y
aprovechamiento
de los recursos
naturales.
Corporación
Autónoma
Regional del
Cauca; antiguo
Ingeominas; (actual
Agencia Nacional
de Minería);
Ministerio de Medio
Ambiente; ANLA;
Alcaldía municipal
de Villa Rica.
48
yacimiento de arcilla –
IKJ-09101
de arcilla por
una duración de
30 años.
Afectaciones de
carácter físico y
químico del agua,
tierra (suelo), aire y
en la cobertura
vegetal.
Afectación sobre el
acceso al agua.
Fuente. Elaboración propia (2021).
El otorgamiento de licencias ambientales a las empresas ladrilleras en el
municipio, cuya vida útil de estos proyectos de explotación se encuentran entre 25
y 30 años, es la principal casusa de los conflictos socioambientales, en su vínculo
directo con la vulneración de derechos, lo cual se representa en una línea de tiempo
que implica este licenciamiento ambiental (ver figura 8).
Figura 8. Línea de tiempo de licenciamiento ambiental
Fuente. Elaboración propia (2021).
La identificación, posibilita que la comunidad cuente con herramientas que
puedan ser socializadas y usadas para el ejercicio de derechos ante entidades como
la Procuraduría General de la Nación, el Departamento de la Gestión Pública, la
Alcaldía Municipal, y la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades y
organizaciones que contribuyan al seguimiento y control, para el cumplimiento del
ejercicio ciudadano que actuaría como veedor. Se trata desde el control social, que
49
las comunidades cuenten con información que identifique zonas, títulos y
licenciamiento ambiental otorgados en el municipio para la explotación industrial de
arcilla, y así se entiendan los efectos que esto conlleva en clave de derechos.
• Matriz de conflictos y Riegos Socioambientales
La identificación de conflictos socioambientales y riesgos territoriales,
robustece la información necesaria y pertinente en términos de seguimiento y
control. Posibilita identificación de los riesgos territoriales y, conlleva a visibilizar los
impactos y vulneración de derechos en las veredas o zonas específicas del
municipio que cuentan con licencias.
Además, posibilita la observancia de vacíos gubernamentales e
incumplimiento de derechos que, radica en el análisis de la administración local y,
en el ejercicio que han llevado a cabo las entidades ambientales como la CRC, la
ANLA, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio del Interior, como actores que
debían ser garantes de derechos de las comunidades afronortecaucanas.
Figura 9. Matriz de conflictos socioambientales
Matriz de identificación de conflictos y riesgos socioambientales
Categoría Descripción Entidades y órganos de
control de Interlocución
Protección integral de
derechos de las
comunidades
Vulneración de derecho a la consulta previa;
derechos colectivos y del ambiente.
Interlocución con autoridades
locales y ambientales:
Alcaldía municipal de Villa
Rica; Ministerio del Interior,
ANLA, CRC.
Capacidad
Institucional
Deficiencia o ausencia de controles por parte de
las autoridades ambientales frente al
licenciamiento ambiental y el cumplimiento de los
planes de manejo ambiental de las empresas con
títulos mineros y concesiones de licencias
ambientales.
Interlocución con autoridades
locales y ambientales:
Alcaldía municipal de Villa
Rica; Ministerio del Interior,
ANLA, CRC. organismos de
control (Procuraduría
delegada para asuntos
ambientales, Defensoría del
Pueblo, Personería
municipal).
50
Impacto territorial
(uso del suelo)
Riesgos en cuento a la generación de pasivos
ambientales que ha generado la explotación de
arcilla y su generación de riesgos inminentes en el
detrimento de los recursos naturales del municipio
Interlocución con autoridades
locales y ambientales:
Alcaldía municipal de Villa
Rica; Ministerio del Interior,
ANLA, CRC.
Organizaciones de la
sociedad civil.
Academia (Universidades)
Relación de las
comunidades con el
territorio
Afectación e impactos negativos sobre las
actividades ancestrales y tradicionales del
territorio, que puedan ser corregir en periodo de
corto de tiempo.
Interlocución con Consejos
comunitarios: Quebrada
Tabla, Territorio y Paz;
Alcaldía municipal de Villa
Rica; Ministerio del Interior,
ANLA, CRC.
Organizaciones de la
sociedad civil.
Academia (Universidades)
Aspectos adyacentes
de la actividad minera
Riesgo que pueden generar impactos
insignificantes a la comunidad villaricense por la
explotación minera de arcilla.
Interlocución de la
comunidad villaricense con
autoridades locales y
ambientales.
Organizaciones de la
sociedad civil.
Academia (Universidades)
Fuente. Elaboración propia (2021).
• Interacción con la Mesa Interétnica, empoderamiento
Como fase inicial del trabajo interétnico y cultural, desde 1986 se toma para
esta interacción el antecedente del resguardo de Huellas en Caloto, Cauca y del
Comité Juvenil de Guachené, espacios de trabajo conjunto entre campesinos e
indígenas, referente de los movimientos sociales en el norte del Cauca. La
interlocución con este proceso se viene articulando a partir del presente proyecto,
en tanto resulta fundamental la evolución de estos encuentros. La experiencia
aporta, el tratamiento de conflictos frente a vulneración y reivindicación de derechos
y protección de derechos de las comunidades afronortecaucas, campesinas e
indígenas en la defensa del territorio, del agua, derechos a la participación
ciudadana y política (Banguero, F. 2019).
51
Las comunidades negras e indígenas del territorio del norte del Cauca,
fundamentan sus diálogos y acciones respecto a aquellos procesos que conducen
a trazar caminos y establecer puntos claves de concertación, permitiendo efectuar
acciones sobre la reivindicación de los territorios, sus conocimientos ancestrales y
la percepción de estos (Encuentro de Organizaciones de Comunidades Negras y
Comunidades Indígenas del Pacifico colombiano, 1995).
Los espacios de diálogo y articulación colectiva son muestra de la
organización y trabajo territorial de las comunidades étnicas y ancestrales, que ya
para la década del 2000 continuaron su fortalecimiento, visibilizando conflictos
territoriales, ambientales e impactos en el territorio por la explotación de recursos
naturales. Por lo mismo Villa Rica al ser parte de Asociación de Consejos
Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), se debe sumar a la participación en el
Consejo Territorial Interétnico e Intercultural del Norte del Cauca15, integrado por:
ACONC, la Asociación de Cabildos indígenas del Norte del Cuaca (ACIN) y la
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Anuc Norte del Cauca (ACONC,
2019), lo que fortalecería el propósito de las Estrategias Territoriales de
Gobernanza.
• Construcción de alianzas entre actores étnicos y organizaciones
sociales
Ahora bien, es clave que los actores comunitarios16 quienes se han
organizado para buscar alternativas y estrategias frente a la explotación industrial
de arcilla en Villa Rica, puedan avanzar de manera articulada con el propósito de
incidir en la agenda pública y toma de decisiones en el territorio sobre el uso y
explotación de recursos en el municipio, o su derogación, al tener al centro la
vulneración de derechos.
15 El Consejo Territorial Interétnico está conformado por población de los municipios de Santander de Quilichao, buenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Villa Rica, Corinto, Miranda, Padilla, Guachené, Toribio, Caldono y Jambalo (ACONC, 2019). 16 Consejos comunitarios y las organizaciones de la sociedad civil del municipio.
52
Las prácticas de Control Social, ya se han desarrollado en el municipio a
través de convenios efectuados17 por las organizaciones sociales las cuales han
buscado articularse para contar con recursos técnicos y económicos; con ello sus
integrantes logran empoderamiento, visibilidad y generación de acciones que
contrarrestan los conflictos causados por la minería. Se destaca en este ejercicio el
trabajo del Comité por la Defensa del Territorio Afronortecaucano18, conformado por
cinco organizaciones que tienen presencia en el municipio con interlocución, para
mejorar los controles de la industria con la participación de las autoridades
competentes, el cual debe fortalecerse desde el mayor conocimiento de la situación.
Aunque se encuentran las autoridades ambientales; sin embargo, su
accionar no tiene aún mayor contundencia en términos de control. También está la
Defensoría del Pueblo, quienes han contribuido de manera más positiva, así se
señala:
“La Defensoría del Pueblo nos ha colaborado en términos de ser garantes de
ese proceso, haciendo recorridos con nosotros en las áreas afectadas, e hizo
algunos requerimientos ante la CRC y estos requerimientos se han traducido
en algunas medidas de control de la industria en la región” (J. Cárdenas,
Grupo Semillas, comunicación personal, 21 de abril, 2021).
No obstante, es preciso una mayor articulación entre las personas que
participan en los espacios en pro de los derechos de la comunidad para establecer
consensos, en la garantía de derechos. Para ello se plantea la creación de una
agenda de trabajo y cooperación entre organizaciones enfocada en: 1) Identificar
las organizaciones desde su misión, para fortalecer los espacios creados como el
Comité por la Defensa del Territorio Afronortecaucano y los consejos comunitarios;
17 Convenios y articulación con otras organizaciones sociales a nivel nacional, como también la articulación con cooperación internacional. Un ejemplo de ello ha sido el convenido realizado entre la corporación Grupo Semillas y la Corporación Colombia Joven de Villa Rica, Cauca. A partir del trabajo articulado entre las dos organizaciones se han logrado efectuar acciones en pro de la defensa del territorio afronortecaucano, respecto al seguimiento a la industria minera y la conservación de la finca tradicional en el territorio. De estos ejercicios conjuntos se logró la conformación del Comité por la Defensa del Territorio Afronortecaucano. 18 Este Comité está conformado por la Corporación Grupo Semillas, Corporación Colombia Joven, Asociación Cultural Casa del Niño, (ACCN), Red de Mujeres del norte del Cauca (Redmunorca), y Unidad de Organizaciones Afrocaucanas (Uoafroc).
53
2) conformar un equipo de veeduría ambiental y ciudadana en el municipio, que
promueva interlocución con la procuraduría delegada para asuntos ambientales y
otros. 3) Establecer Comisiones conformadas por actores claves que por medio de
sus articulación y organización concreten acciones (sistematización y construcción
de base de datos) para demostrar evidencias sobre la incidencia y los resultados al
seguimiento de la explotación industrial de arcilla.
Las organizaciones y comunidad que hacen parte de los espacios de control
social por medio labor organizativa, asumirán corresponsabilidad entre actores,
para crear escenarios de formación y fortalecimiento de capacidades comunitarias.
Lo anterior, se puede fortalecer igualmente desde el Comité por la Defensa del
Territorio Afronortecaucano, entendido como:
“espacio que permite tener un diálogo directo con las comunidades
afectadas, como también es considerado como un espacio autónomo
de las organizaciones que les posibilita realizar denuncias y hacer
seguimiento a los conflictos e impactos negativos de la actividad
minera y que, a su vez, generan espacios de capacitación para la
población, permitiendo formar e informar a la comunidad sobre las
problemáticas” (C. Ararat, Corporación Colombia Joven, comunicación
personal, 16 de abril, 2021).
• Herramientas político-jurídicas para restablecimiento de derechos
Como parte de esta ruta de estrategias, se busca establecer estrategias
político- jurídicas, para que la comunidad del municipio pueda lograr visibilidad e
incida en la defensa del territorio y sus derechos fundamentales.
La ruta, que articula los actores comunitarios plantea que se podrá desde su
empoderamiento hacer uso de herramientas jurídicas, para la protección y garantía
de derechos constitucionales. Entre estas se encuentra la acción popular,
caracterizada por: “proteger esa categoría de derechos e intereses en cuanto se
relacionan con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la
54
moral administrativa, el ambiente, la libre competencia y otros de similar naturaleza
que se definan por el legislador” (Sentencia C-215, 1999, p, 1).
En lo establecido por la Ley 472 de 1998, se plantean elementos para la
procedencia de este mecanismo de derechos e intereses colectivos así se enfatiza:
1) la finalidad es la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva;
2) procede contra toda acción u omisión de las particulares que hayan violado o
amenacen violar ese tipo de derechos o intereses; 3) se ejerce para evitar el daño
contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los
derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando
fuere posible (…)” (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 2018, p, 22).
Otro mecanismo a integrar es la acción de tutela, “toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar (…) la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…)”
(Constitución Política, 1991, p, 15). Para ello se toma como referente de similitud la
acción instaurada en el Cauca, por Yair Ortiz Larrahondo y Francia Elena Márquez
Mina, quienes interpusieron acción contra la Alcaldía municipal de Suárez, el
Ministerio del Interior y de Justicia; Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial; Ministerio de Minas y Energía; Ingeominas, la Corporación Autónoma
Regional del Cauca; el Juzgado 1° Administrativo del Circuito de Popayán; y la
persona a la cual fue otorgada la licencia ambiental para la explotación minera19. Se
obtuvo finalmente, por parte de la Corte Constitucional el reconocimiento a la
vulneración de Derechos.
La comunidad villarricense, ha acudido actualmente al Derecho de Petición
dirigido: “al Ministerio del Interior, Ministerio del Medio Ambiente, la ANLA, la
Procuraduría Ambiental, y la CRC”20 (C. Ararat, Corporación Colombia Joven,
19 Sentencia T-1045ª/10 20 No obstante, en algunas ocasiones no se ha recibido la información completa que ha sido solicitada, o información desactualizada. Asimismo, frente a la información solicitado sobre el seguimiento de los proyectos
55
comunicación personal, 16 de abril, 2021). Derechos que las organizaciones han
solicitado con el fin de obtener información sobre la titulación minera, licencias
ambientales, procesos de consulta previa.
Se puede inferir que, en la concepción de la gobernanza territorial, las
comunidades étnicas que habitan en el Norte del Cauca, respecto a la explotación
de minería de arcilla a escala industria en Villa Rica, han dejado entrever la
importancia de las interacciones entre actores comunitarios desde su
empoderamiento para interactuar con actores institucionales, en el propósito de
tramitar los conflictos socioambientales de manera más simétrica, en lo relacionado
con la explotación de recursos en el municipio.
La relación de gobernanza desde la diversidad de actores que confluyen,
debe hacer parte del escenario territorial, en el que se busca desde núcleo
comunitario restablecer los derechos, en particular a la consulta previa y a los
derechos colectivos y del ambiente que aquí han sido vulnerados, particularmente
a la hora de otorgar las licencias ambientales a las empresas ladrilleras que se han
asentado en la región.
A través de la ruta de estrategias de gobernanza planteada frente a la
vulneración de derechos, se busca encaminar el fortalecimiento de espacios que
articulan lo étnico, cuyos principales actores son los consejos comunitarios, las
organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general de Villa Rica. En este
sentido, se puede afirmar que las iniciativas (por parte de la comunidad) han logrado
dar un paso adelante para pensar soluciones a esta reconfiguración del territorio.
Asimismo, la incidencia para tramitar estos conflictos socioambientales
desde los espacios comunitarios e institucionales creados en el municipio, son
mineros a escala industrial, se encuentran información solo del seguimiento a los pequeños mineros (mineros de subsistencia) (C. Ararat, Corporación Colombia Joven, comunicación personal, 16 de abril, 2021).
56
claves para el ejercicio de una gobernanza territorial, con un enfoque de
horizontalidad que sólo se dará gracias al empoderamiento fortalecido desde el
trabajo ya construido desde el Comité por la Defensa del Territorio
Afronortecaucano y su interacción con la Mesa Interétnica, con la que se construyen
ya relaciones.
Por tanto, los alcances de la ruta propuesta, el cual se considera a largo
plazo, permiten a los actores comunitarios fortalecer los espacios de articulación y
construcción conjunta para estas iniciativas o espacios existentes en la región,
donde interactúen actores comunitarios (consejos comunitarios, las organizaciones
sociales, y la comunidad en general), aprovechando el conocimiento y experiencia
del Consejo Territorial Interétnico, la Mesa Interétnica e Intercultural y la Asociación
de Consejos comunitarios del Norte del Cauca (ACCON), quienes han adelantado
estrategias territoriales sobre tratamiento de conflictos e impactos frente a la
explotación de recursos naturales en el Norte del Cauca.
Por tanto, el aporte de estrategias de gobernanza para el restablecimiento de
los derechos vulnerados y la recuperación del territorio, es un camino que iniciado
debe aprovechar estos antecedentes, en pro del restablecimiento de derechos. Para
ello, el ejercicio actual de la Mesa Minera con miras a lograr incidencia, debe ser
fortalecida desde el trabajo del Comité por la Defensa del Territorio
Afronortecaucano y la interacción con la Mesa Interétnica.
Además, las acciones adelantadas por los actores comunitarios con el aporte
de este trabajo de grado en la identificación de licencias y su mapeo, lo cual cabe
aclarar no fue respondida al derecho de petición comunitaria para obtener
información que develara como fueron otorgadas las concesiones del licenciamiento
ambiental en el municipio, lleva a llamar la atención de las mismas autoridades a la
rigurosidad, con que corresponde realizar los estudios previos al otorgamiento de
las licencias. Esto significaría prioritariamente reconocer a las poblaciones étnicas
del territorio que han habitado históricamente en estos mismos.
57
Para ello la exigencia en esta interacción sobre el papel de las autoridades a
nivel local, departamental y nacional, será un llamado al estricto cumplimiento de
derechos y cuando se otorguen licencias, al cumplimiento de procesos de
seguimiento y monitoreo de la actividad minera y de los proyectos que se efectúan.
Por tanto, la ruta de estrategias desde su interacción, donde se asumen
además herramientas político-jurídicas que articulan acciones como la tutela y la
acción popular, que han tenido incidencia en casos similares, se convierte en
conjunto, en un ejercicio de estrategias para la gobernanza territorial en el marco
del trámite de conflictos, cuyo fin es que la vulneración de derechos deje de ser una
constante y, por el contrario, se convierta en el centro de las decisiones en el país.
Así, la relación entre gobernanza y territorio, como escenario de diálogo entre
las comunidades e instituciones, permitiría resaltar la importancia de esta
interrelación y articulación para el conocimiento de la información necesaria y
relevante entorno a la vulneración de derechos y la generación de conflictos
socioambientales, evitando y mitigando la generación o escalada de conflictos en el
territorio, y a la vez resolviendo esta vulneración siguiendo los conductos que fueron
evadidos y provocaron esta ilegalidad e ilegitimidad a la hora de concesionar títulos.
Los principales desafíos se enmarcan en conseguir que este diseño se
aplique principalmente por los entes gubernamentales, ya que muchos funcionarios
tienden a desatender los peticiones que las comunidades permanentemente
solicitan. De allí que la presión jurídica juega un papel sustancial en estos procesos.
Quedan preguntas acerca de ¿cómo lograr que estos procesos caminen de
manera más eficiente en tiempos de emergencia sanitaria o pandemia?, lo cual ha
sido un factor que limita los encuentros, máxime en las condiciones de ruralidad que
viven estas comunidades de Villa Rica.
58
La principal Lección Aprendida dentro de este proyecto, es la esperanza que
tienen las comunidades de poder recuperar su territorio, porque este es parte de su
vida, porque para ellos el territorio no es un espacio, sino un lugar ontológico que
los representa y les confiere proyecto de vida.
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62
ANEXOS
Anexo 1. Ruta Diseño metodológico. Práctica basada en diagnóstico
Fuente. Tomado de “Guía para elaboración de trabajo final 2020-3 (Eslava, 2020) Clase Investigación aplicada II, adaptación al caso.
63
Anexo 2. Matriz de diseño metodológico - orientación objetivos
Objetivos Fase Actividad Técnicas de
recolección
Instrumentos Fuentes21 Análisis Resultados o
productos
1) Generar
estrategias
territoriales de
gobernanza frente
a los conflictos
socioambientales,
vinculados a
derechos
vulnerados, por la
implementación de
la explotación
industrial de
minería de arcilla,
en el municipio de
Villa Rica, Cauca.
DIAGNÓSTICO
En esta fase se traza
el proceso teniendo
como eje la
definición de
preguntas
orientadoras, sobre la
base del objetivo
general y específicos.
Algunas preguntas se
responden desde la
pesquisa documental
y otras con los
actores que hacen
parte del territorio y
entes institucionales
que cumplen
funciones pertinentes
con el problema.
Con este fin se
diseñan preguntas
detonadoras que
evidencien lo no
expuesto documental
Población con la que
se trabaja en
interacción, serán los
actores comunitarios
Construcción de
la ficha
bibliográfica para
el análisis
documental.
Planteamiento de
preguntas
orientadoras.
Socialización con
la tutora los
elementos de la
ficha bibliográfica
y las preguntas
orientadoras.
Entrevistas con
entres
gubernamentales:
Funcionarios de
la Corporación
Autónoma
Ficha Bibliográfica para análisis documental, entrevistas con actores claves identificados.
Los instrumentos
serán las guías
elaboradas a partir
del diseño de
preguntas
vinculadas con los
objetivos
específicos. El
diseño de la Ficha
Bibliográfica se
hará de acuerdo a
la fuente de
consulta y a la
pertinencia. La
guía de
entrevistas será
semiestructuradas
y en profundidad.
Las preguntas se
adaptan de
acuerdo a quienes
se dirige.
Plan de Desarrollo
del municipio de
Villa Rica, Cauca;
Esquema de
Ordenamiento
Territorial;
documentos de
investigación sobre
los impactos
socioambientales
de la explotación
de minería
industrial de arcilla
en el municipio;
documentos sobre
licenciamiento
ambiental y títulos
mineros
correspondientes
al municipio en
temas de minería
de arcilla.
-Información
recolectada en las
entrevistas, y
comunicaciones
con los actores
claves
identificados.
Análisis de los
contenidos
documentales.
Análisis de las
entrevistas.
Para ello se
diseña una
matriz que
permita la
triangulación de
información
Cartografía de
conflictos
socioambientales
que daría cuenta de
las transformaciones
territoriales.
Línea del tiempo de
conflictos.
Matriz de conflictos
socioambientales
Documento de
Sistematización con
resultados del
análisis e
interpretación, el
cual será parte del
documento final, el
cual va compilando
recomendaciones.
21 Fuentes primarias: las toma el investigador sin intermediaciones, en el lugar donde ocurren los fenómenos, puede ser observado, descrito y analizado directamente. Fuentes secundarias: Construidas a partir de fuentes primarias, la información ya ha sido sometida a procesos de síntesis, análisis, interpretación, generando nuevas formas de información, ejemplo: libros, artículos de revistas indexadas toda información documental contenida en tesis, informes, registros, reportes, informes, bases de datos, conceptos, decretos, leyes, entre otras.
64
e instituciones
gubernamentales.
Los primeros hacen
parte de las
comunidades
afronortecaucanas,
de los Consejos
Comunitarios, la
población indígena;
la Corporación
Colombia Joven, la
Unidad de
Organizaciones
Afrocaucanas
(UOAFROC), la Red
de Mujeres del norte
del Cauca
(Redmunorca), y la
Asociación Cultural
Casa del Niño
(ACCN), teniendo
presente que son
organizaciones que
han liderado el
proceso de
seguimiento a
impactos de la
minería de arcilla.
Desde la
institucionalidad, la
Corporación
Autónoma Regional
del Cauca (CRC)
(encargada del
seguimiento y control
de la explotación;
Alcaldía municipal de
Villa Rica, desde la
Secretaría de
Regional del
Cuca.
Secretaría de
Planeación;
secretaría de
desarrollo
ambiental y
económico.
65
Planeación. quienes
tienen la
responsabilidad del
ordenamiento
municipal y la
supervisión y
verificación de los
requerimientos que
además deben rendir
informes ante la CRC
como autoridad
ambiental
competente
(Bohórquez Olaya et
al., 2017).
2) Crear una ruta
de estrategias
territoriales de
gobernanza que
involucre
comunidades e
instituciones frente
a los conflictos
identificados.
Priorización y
necesidades de
cambio.
Partiendo del
diagnóstico, se
plantean los aspectos
prioritarios que deben
ser tomados en la
ruta de estrategias
vinculados con las
dimensiones de
derechos
fundamentales,
colectivos y del
ambiente. Se articula
atención a cada
necesidad
identificada en el
diagnóstico previo y
la manera como se
tramite cada conflicto
según priorización, y
Planeación de
reuniones y
conversaciones y
construcción de
preguntas
orientadoras que
serán utilizadas
con los grupos
diferenciales.
Conversatorios
a partir de
reuniones, las
cuales pueden
ser virtuales
según las
circunstancias,
inicialmente con
grupos
diferenciales.
Diseño de la
metodología para
las reuniones a
partir de preguntas
detonadoras.
Diseño de
metodología para
la organización de
estrategias a partir
de matriz.
Estrategias
creadas.
Documentos de
discusión.
Población
seleccionada de
las Organizaciones
sociales del
territorio y de los
funcionarios
institucionales.
Análisis de
resultados de
documentos
Análisis de
resultados que
traza la ruta con
actores
involucrados y
dimensiones
definidas
Ruta de estrategias
definida en
documento,
visibilizada en
matriz, y en mapa
conceptual.
66
actores involucrados.
El diseño de ruta
integral contiene todo
el proceso de
acciones, actores,
transformación
específica,
responsabilidades
que serán asumidas,
seguimiento, entre
otros y, resultados
que se obtendrán de
los mismos.
3) Proponer las
dinámicas de
aplicación de la
ruta de estrategias
de gobernanza que
incluyan el marco
de derechos
vulnerados.
Esta fase da cuenta
del funcionamiento
del diseño articula la
solución y definición
de cómo serían
aplicadas las
estrategias
Revisión de los
resultados con el
fin de plantear y
planear la ruta de
incidencia y cada
uno de los puntos
que la integraran.
Socialización con
los actores
involucrados en
la interacción
Presentación de
avances a la
tutora.
Finalización de
articulo para
entrega a la
MGPGT
Conversatorios
para la
aplicación de
estrategias
definiendo
tiempos a partir
de la matriz
creada
Guía del
conversatorio que
se define en
complemento de
la matriz de ruta,
con plan de
trabajo y
viabilidades del
mismo
Se tendrán como
fuentes la
Ruta definida de
estrategias, matriz,
mapa conceptual,
cartografía
El análisis, se
desarrolla a
partir de lo
esperado en la
aplicación,
acorde con la
definición de
tiempos
Los resultados se
entregan en el
documento final que
compila todo el
proceso. Este
documento se
expresa
académicamente en
el artículo final.
Fuente. Elaboración propia a partir de “Guía para elaboración de trabajo final 2020-3 (Eslava, 2020) Clase Investigación aplicada II.
67
Anexo 3.
Mapas concesiones de títulos mineros Villa Rica, Cauca
Mapa 1. Título minero otorgado a la ladrillera Vallegres Tejas y Ladrillos S.A.
Fuente. Agencia Nacional de Minería (2021).
Mapa 2. Título minero otorgado a la ladrillera Terra Nova S.A.
Fuente. Agencia Nacional de Minería (2021).
68
Mapa 3. Título minero otorgado a la ladrillera Sultana S.A.
Fuente. Agencia Nacional de Minería (2021).
69
Anexo 4. Técnica de instrumentos para entrevista semiestructuradas con actores claves
Objetivos Actores Priorizados Técnicas (para guía de
instrumento)
Preguntas del Instrumento
Identificar los derechos vulnerados
en el proceso de concesión y la
incidencia en los derechos
colectivos y del ambiente (estudiar
las licencias ambientales,
profundizar) y sus implicaciones en
la generación de conflictos
socioambientales. (CASO)
1. Investigadora (licencias ambientales)
2. Consejos Comunitarios, Jóvenes de la Organización Corporación Colombia Joven; Alcaldía municipal, Corporación, Organización Semillas
Ficha Bibliográfica Estudio de las licencias
ambientales a partir de la
pregunta propia:
1. ¿Cómo se realizó el proceso de consulta a las comunidades?
2. ¿Cómo han evolucionado los conflictos socioambientales en los que se implica el derecho a la Consulta Previa, y los colectivos y del ambiente?
Analizar las interacciones entre
concepción de territorio y prácticas
territoriales de gobernanza, que se
identifican en el despliegue de los
conflictos socioambientales que
implican derecho a la Consulta
previa, colectivos y del ambiente,
generados por la minería industrial
de arcilla en el municipio.
Consejos Comunitarios, Jóvenes de la Organización Corporación Colombia Joven; Alcaldía municipal, Corporación, Organización Semillas
Entrevista semiestructurada
¿Cómo han evolucionado los
conflictos socioambientales en
los que se implica el derecho a la
Consulta Previa, y los colectivos
y del ambiente?
¿Cómo entiende el desarrollo y
evolución de las interacciones
creadas entre instituciones y
comunidad frente a los conflictos
creados por la expansión de
minería de arcilla y qué
respuestas han generado desde
una perspectiva territorial de
70
gobernanza? (Semillas, mesa
minera)
¿cómo crear un proceso que
permita general incidencia ya sea
que reconfigure la mesa minera,
o que cree un nuevo espacio?
¿qué estrategias de gobernanza
se pueden orientar para
transformar los conflictos
socioambientales presentes en el
territorio?
Determinar una ruta de estrategias
de gobernanza que involucre
comunidades e instituciones frente a
los conflictos identificados, y
armonice territorio y gobernanza a
partir de un análisis comprensivo de
derechos fundamentales de
Consulta Previa libre e informada,
tanto como colectivos y del
ambiente.
Consejos Comunitarios, Jóvenes de la Organización Corporación Colombia Joven; Alcaldía municipal, Corporación, Organización Semillas
Aquí creo que viene el tema de
la mesa o el nuevo espacio.
¿Qué puede contener una ruta
que se involucren esos
derechos? (objetivos,
acciones…)
¿Cómo configurar la ruta que
involucre estrategias de
gobernanza para la
transformación de conflictos
socioambientales (consulta
previa y derechos colectivos y
del ambiente) generados por la
expansión minera?
Establecer las dinámicas de
aplicación de la ruta de estrategias
de cara al cumplimiento de
derechos vulnerados, al tiempo que
minimice los impactos de la
actividad minera
Consejos Comunitarios, Jóvenes de la Organización Corporación Colombia Joven; Alcaldía municipal, Corporación, Organización Semillas
Plan de Acción que salga de la
mesa
Actores, Acciones, tiempos,
comisiones, estrategias.
Fuente. Elaboración propia (2021).
71
Anexo 5. Programas y proyectos del Plan de Manejo Ambiental proyecto
concesión minera- explotación de un yacimiento de arcilla – IKJ-09101
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Cauca, 2012.p. 8.
72
Anexo 6. Principales actores para el desarrollo de ruta de estrategias
Actor Sector
Consejo Comunitario Quebrada Tabla Social y comunitario
Consejo Comunitario Territorio y Paz Social y comunitario
Comité por la Defensa del Territorio
Afronortecaucano:
Grupo Semillas; Corporación Colombia
Joven (CCJ); Asociación Cultural Casa
del Niño (ACCN); Red de Mujeres del
Norte del Cauca (Redmunorca); Unidad
de Organizaciones Afrocaucanas
(Uafroc)
Organizaciones de la sociedad Civil
Asociación de Consejos Comunitarios
del Norte del Cauca (ACONC)
Social y comunitario
Comunidad Villaricense Social y comunitario
Alcaldía Municipal de Villa Rica Institucionalidad Pública (Nivel municipal)
Defensoría del Pueblo Institucionalidad Pública (Nivel municipal)
Corporación Autónoma Regional del
Cauca
Institucionalidad Pública (Nivel
departamental)
Fuente. Elaboración propia.
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