“fuerzas armadas, crimen organizado y seguridad pública_benitez manaut
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Seguridad y Sociedad
Ao 1 Revista No. 4Edicin Especial
www.ieepp.org
Instituto de Estudios Estratgicosy Polticas Pblicas
Crimen organizado, seguridad pblica y militarizacin.Pg. 5
Mxico: Crimen organizado, seguridad nacional,democracia y elecciones.Por Ral Bentez ManautPg. 8
Seguridad, Fuerzas Armadas y crimen organizado en Colombia: Vino viejo en odres nuevos?Por Viviana Garca PinznPg. 30
El Tringulo Sangriento: Los efectos del Crimen Organizado en la Gobernanza y Gobernabilidad de los Estados del norte centroamericano.Por: Juan Ricardo Gmez HechtPg. 38
Lmites, riesgos y control civil de la intervencin militaren seguridad pblica.Por: Sandino AsturiasPg. 46
Cooperacin regional y milita-rizacin de las respuestasestatales a los problemas de (in)seguridad en Centroam-rica.Por: Sergio l. Moya MenaPg. 51
ISSN: 2226-8499
-
DIRECTORA EJECUTIVAClaudia Pineda
ASESORA TCNICAElvira Cuadra
COORDINACIN Yassir Chavarra
COLABORADORESRal Bentez ManautViviana Garca PinznJuan Ricardo Gmez HechtSandino AsturiasSergio Moya Mena
EDICIN Y DISEO GRFICOrea de Comunicacin e Incidencia
ISSN: 2226-8499
Managua, NicaraguaJunio, 2012
Instituto de Estudios Estratgicos y Polticas PblicasLomas de San Juan, casa No. 152Apartado Postal: LM202
Telfonos: (505) 2278 6535www.ieepp.org
Con el auspicio de National Endownment for Democracy (NED)y la Embajada de Finlandia
Ieepp es el nico responsable por el contenido y las opiniones expresadas en esta publicacin, los cuales no necesariamente, reflejan las opiniones y puntos de vista de quienes auspician este trabajo.
Esperamos que el contenido de este nmero sea de su inters y estaremos receptivos a cual-quier comentario, que podr ser remitido a la siguiente direccin: revistasys@ieepp.org
Foto portada: Oscar Navarrete
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Revista Seguridad y Sociedad
Fuerzas armadas, crimen organizado y seguridad pblicaen Mxico, Colombia y Centroamrica
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CONTENIDOPRESENTACIN
5 Crimen organizado, seguridad pblica y militarizacin.
OPININ
8 Mxico: Crimen organizado, seguridad nacional, democracia y elecciones. Ral Bentez Manaut
30 Seguridad, Fuerzas Armadas y crimen organizado en Colombia: Vino viejo en odres nuevos? Viviana Garca Pinzn
38 El Tringulo Sangriento: Los efectos del Crimen Organizado en la Gobernanza y Gobernabilidad de los Estados del norte centroamericano. Juan Ricardo Gmez Hecht
46 Lmites, riesgos y control civil de la intervencin militar en seguridad pblica. Sandino Asturias
51 Cooperacin regional y militarizacin de las respuestas estatales a los problemas de (in)seguridad en Centroamrica. Sergio l. Moya Mena
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5Revista Seguridad y Sociedad
Instituto de Estudios Estratgicosy Polticas Pblicas
P
Las aproximaciones analticas sobre el estado de
la democracia en la regin centroamericana du-
rante la ltima dcada han discurrido alrededor
de varias problemticas relacionadas con la falta
de inclusin y cohesin social, el laxo estado de derecho
ligado con la corrupcin generalizada y la impunidad, la
inestable e inconsistente supremaca del poder civil sobre
el estamento militar, la ineficiente y disfuncional capacidad
de los gobiernos y sus instituciones pblicas, la prdida de
legitimidad de los partidos polticos, entre otros temas no
menos relevantes. Este conjunto de dficits, que no sien-
do los nicos, han marcado los rezagos ms prominentes
de los procesos de transicin democrtica de los pases
del istmo, cuyas principales consecuencias son inevitable-
mente absorbidas por la mdula legitimadora del Estado:
la ciudadana.
Ms recientemente, actores sociales y polticos de la re-
gin han venido prestando mayor atencin a un problema
de especial preocupacin por su creciente incidencia e
impacto tanto en la calidad y legitimidad de los regme-
nes democrticos como en las condiciones de vida de la
ciudadana: el incremento de la violencia y la criminalidad.
Diversos datos han arrojado un cruento balance sobre la
seguridad en Centroamrica, considerada la regin ms
violenta del mundo por encima de otras zonas donde exis-
ten conflictos armados latentes (PNUD 2011).
En perspectiva, la mayor incidencia de la violencia y de-
litos se registra en la subregin del tringulo norte, sien-
do Honduras el pas con mayor ndice de homicidios con
una media de 82.1 por cada 100 mil habitantes, mientras
El Salvador y Guatemala presentan un promedio de 66 y
42.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, respectiva-
mente (ONUDD 2011). Por su parte, en los dems pases
(Nicaragua, Costa Rica y Panam) recientes estadsticas
reportan que los ndices de violencia, son muy bajos en
comparacin con sus pares del norte (con un promedio
PRES
ENTA
CIN
PRESENTACIN
PRESENTACIN
Crimen organizado,
seguridad pblica y militarizacin
-
6Revista Seguridad y Sociedad
Instituto de Estudios Estratgicosy Polticas Pblicas
de 13 homicidios por 100 mil habitantes), han mostrado un
leve aumento en los ltimos aos.
Estos desafos a la seguridad se enmarcan en contextos
nacionales salpicados por un entorno econmico consi-
derablemente adverso, que han obligado a los Estados a
reducir el gasto pblico en sectores sensibles de la admi-
nistracin pblica ligados a la gestin de la seguridad y
los sistemas de justicia, resultando en una escasa presen-
cia estatal en vastas zonas geogrficas y en permanente
debilidad institucional. Adems, las precarias condiciones
socioeconmicas expresadas en falta de oportunidades y
marginacin social han creado un ejrcito de ciudadanos
que demandan respuestas inmediatas a sus necesidades
bsicas. Esta situacin ha venido siendo aprovechada por
el crimen organizado transnacional y local, la narcoactivi-
dad y las pandillas, principales amenazas irregulares a la
seguridad en Centroamrica1, para suplantar a los Estados
y penetrar las estructuras del tejido social, debido en gran
parte a que sus amplios tentculos proveen de esos recur-
sos rentables para la subsistencia de aquellos ciudadanos
excluidos y no atendidos por los Estados (Nio 2011).
La magnitud de este problema es adems particularmente
neurlgica para las todava incipientes democracias cen-
troamericanas porque sus principales efectos generan un
socavamiento de las distintas relaciones entre los ciudada-
nos y el gobierno, y en consecuencia extrema pueden lle-
gar a deslegitimar la democracia como el sistema poltico
imperante, imposibilitando la funcin y desempeo de un
buen gobierno. En este aspecto, es fundamental resaltar,
como algunos expertos han afirmado, que lo que desafa
el crimen organizado y las dems amenazas irregulares
o emergentes es la estabilidad y legitimidad de las de-
mocracias de la regin (Bentez Manaut, Celi, Jncome,
2010), es decir, la conjuncin por un lado de la capacidad
1 Estas amenazas fueron identificadas por la Comisin de Seguridad de Centroamrica durante su XXXI Reunin del Dilogo Centroamrica-Mxico sobre Seguridad Demo-crtica. Mayo 2007.
sostenible y sostenida que tienen los gobiernos para re-
solver las demandas y necesidades ciudadanas en ma-
teria de seguridad en un marco de respeto al Estado de
Derecho y de garantas a los derechos humanos; y por
el otro, la retribucin de confianza ciudadana a la gestin
democrtica de los gobiernos.
En este contexto, las respuestas estatales no han gravita-
do alrededor de efectivas polticas multisectoriales y es-
trategias nacionales y regionales de carcter preventivo
prospectivamente diseadas para implementarse en el lar-
go plazo. Debido al acuciante incremento de los riesgos y
amenazas a la seguridad previamente sealados, ha sido
recurrente en los ltimos aos la decisin del liderazgo po-
ltico centroamericano de involucrar perennemente a las
Fuerzas Armadas en labores de seguridad pblica que no
necesariamente han dado las respuestas deseadas para
reducir la criminalidad y violencia.
En este sentido, si bien se reconoce la importancia de bus-
car soluciones inmediatas a los problemas de inseguridad
con los recursos disponibles del Estado, no necesariamen-
te las Fuerzas Armadas han sido los actores institucionales
idneos para tal fin, ni en Centroamrica ni en otros pases
como Mxico. Y las razones no son pocas. La naturaleza
funcional de los Ejrcitos conlleva riesgos inherentes cuan-
do se les utilizar en labores de seguridad interna como el
enfrentamiento al narcotrfico, el crimen organizado, las
pandillas e inclusive el control de la delincuencia comn.
En muchos casos el accionar militar en asuntos de ndole
policial, arrastra consigo numerosos actos de violacin de
derechos humanos, abuso excesivo de la fuerza, generali-
zacin de una cultura de miedo, entre otros aspectos. Tam-
bin, desde un prisma institucional, la militarizacin incurre
en un reposicionamiento hegemnico de las fuerzas cas-
trenses que limita o coarta los procesos tan necesarios de
reforma policial y modernizacin de las estructuras civiles
de conduccin poltica de la seguridad y defensa.
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7Revista Seguridad y Sociedad
Instituto de Estudios Estratgicosy Polticas Pblicas
Tomando en consideracin lo antes descrito, el Instituto de
Estudios Estratgicos y Polticas Pblicas (Ieepp) estim
importante dedicar un nmero especial de la Revista Se-
guridad y Sociedad en la que diversas voces especializa-
das analizan el impacto que tiene en los procesos de con-
solidacin democrtica las actividades de la criminalidad
organizada y, concatenadamente, valoran la dimensin,
alcance y efectividad de la militarizacin como una alterna-
tiva contingente a los problemas de inseguridad. Aunque
desde hace aproximadamente una dcada este tema ha
sido de particular atencin en el debate acadmico regio-
nal, en la actualidad es ineludible mantener sumo inters
en el entendimiento de amenazas irregulares como stas y,
sobretodo, preocupacin sobre el rumbo que podra tomar
Centroamrica si se asume la militarizacin como nica va
para resolver los dficits de seguridad en la regin.
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8Revista Seguridad y Sociedad
Instituto de Estudios Estratgicosy Polticas Pblicas
OPIN
IN
OPININ
Ral Bentez Manaut2
OOPININ
Mxico: Crimen organizado, seguridad nacional,
democracia y elecciones2
2 Investigador del Centro de Investigaciones sobre Amrica del Norte, Universidad Nacional Autnoma de Mxico.
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SNTESIS
En el presente ensayo se realiza un anlisis de la seguri-
dad nacional mexicana durante la primera dcada del siglo
XXI. El principal propsito es ver como ha crecido la crimi-
nalidad organizada, principalmente el narcotrfico, desde
el punto de vista de la conexin geopoltica que existe en-
tre Colombia (pas productor de cocana), Centroamrica
y Mxico (pases de trnsito) y Estados Unidos, principal
consumidor de drogas en el mundo.
Este fenmeno coincide en tiempo con la transicin a la
democracia, definida como la transicin del gobierno del
autoritarismo (71 aos de hegemona ininterrumpida del
Partido Revolucionario Institucional), hacia la pluralidad
poltica. El partido conservador Accin Nacional (PAN) as-
ciende al poder en diciembre de 2000, y ha gobernado por
12 aos. Sin embargo, en los 32 estados, se ha dividido la
conduccin poltica entre las tres fuerzas polticas del pas,
destacando el control del Distrito Federal por el Partido de
la Revolucin Democrtica (PRD).
El ascenso del crimen organizado plantea numerosos de-
safos, entre ellos evitar la penetracin de instituciones del
Estado y polticas, por parte de las organizaciones crimi-
nales, sobre todo en sus eslabones ms dbiles, como
son los gobiernos municipales y las fuerzas de seguridad
estatales y locales. En este sentido, se puede hablar que
la principal amenaza al proceso de democratizacin es la
criminalidad organizada.
El incremento notable de la violencia criminal en los ltimos
12 aos ha llevado al Presidente Felipe Caldern al empleo
intensivo de las fuerzas armadas. Producto de esta deci-
sin es que se inici una especie de guerra asimtrica
con las siete organizaciones criminales que actualmente
predominan en el pas. La tesis que se sostiene en el ar-
tculo es que entre las fuerzas del Estado y las criminales
existe un empate estratgico. El balance cuantitavo de
fuerzas favorece al Estado, pero el impacto poltico, medi-
tico e internacional tambin transmite una idea de que el
Estado mexicano est a la defensiva, sin una perspectiva
clara de poder triunfar decididamente ante los carteles del
narcotrfico. De igual manera, si la guerra al narcotrfico
sigue el mismo curso, podra afectar la reforma del Estado
en un sentido democrtico (pues se detiene la evolucin
de todas las dependencias del sistema de seguridad na-
cional del Estado, y se fortalecen, por ejemplo, las fuerzas
armadas) y en general la continuidad de la guerra afecta
en s mismo a la joven democracia que apenas tiene 12
aos de instaurada.
INTRODUCCIN
Hasta fines del siglo XX, para la sociedad mexicana pasa-
ban desapercibidos los efectos de las actividades ilegales,
principalmente el narcotrfico. En la agenda gubernamen-
tal no era prioridad de seguridad. Con el cambio de r-
gimen en el ao 2000, el gobierno de Vicente Fox (2000-
2006) no transform las estructuras estatales del rea de
seguridad, ni modific la composicin orgnica de los dos
ministerios militares (Secretara de Defensa Nacional SE-
DENA- y Secretara de Marina SEMAR-). El proceso de
decisiones en seguridad que predomin durante el gobier-
no del rgimen autoritario encabezado por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) sigui siendo prcticamente el
mismo (Bentez Manaut 2008). En el gobierno de Fox se
agregaron temas sociales al concepto de seguridad nacio-
nal, como la migracin. Sin embargo, la principal mutacin
fue resultado del efecto de los atentados terroristas del 11
de septiembre de 2001, pues integr el terrorismo inter-
nacional a la agenda mexicana de seguridad, comenzan-
do una era de intensa cooperacin con Estados Unidos
(Bondi 2004). Tambin en este gobierno, se incorpor a
la agenda de seguridad el grave problema de seguridad
pblica como una de las prioridades, debido a una amplia
demanda ciudadana que reclamaba seguridad en las ca-
lles (Azaola 2009).
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A fines de 2006, antes de tomar posesin de su cargo
como Presidente de Mxico, Felipe Caldern hizo una vi-
sita a Washington, donde plante una hiptesis indita en
la historia de Mxico: la amenaza a la seguridad del pas
proveniente del narcotrfico no puede ser enfrentada slo
con las capacidades propias del Estado mexicano. De all
se lanz un S.O.S. al vecino del norte y se inici el diseo
de un programa de cooperacin contra el crimen organi-
zado que se denomin Iniciativa Mrida. La nomenclatura
permite, en teora, distinguir este plan de cooperacin del
Plan Colombia, para poder diferenciar la realidad de M-
xico con la de dicho pas sudamericano. As, en los cinco
aos que tiene de transcurrido el gobierno de Caldern,
el combate al crimen organizado se torn la prioridad del
gobierno. Ello debido al fuerte impacto de los homicidios
causados por las organziacines criminales, incrementados
dramticamente desde 2007, cuando se implement la es-
tratagia de guerra al narcotrfico.
Cuadro 1
Homicidios vinculados al crimen organizado 2001-2006
(TBI 2009)
2001 1,080
2002 1,230
2003 1,290
2004 1,304
2005 1,776
2006 2,221
Total 8,907
En otras palabras, se da un crecimiento lento de la moda-
lidad de realizar asesinatos entre las bandas rivales como
medio de competir por los cargamentos de cocana, prove-
niente de Colombia, marihuana y amapola, y recientemen-
te anfetaminas y sus precursores, provenientes de China.
Si la tendencia actual continua, el sexenio del Presidente
Caldern culminara con aproximadamente 50,000 homici-
dios provocados por la accin del crimen organizado y en
menor medida la reaccin del Estado. Por este clima de
inseguridad es que podemos afirmar la hiptesis de que
la guerra entablada entre las siete grandes organizaciones
criminales que actualmente hay en Mxico son la principal
amenaza a la democracia. Si se compara esta cifra con su
aumento durante el actual gobierno del Presidente Felipe
Caldern, se da un crecimiento de cinco veces el nivel de
homicidios, como se observa en el siguiente cuadro:
Cuadro 2
Homicidios vinculados al crimen organizado 2006-2011
(Reforma, 2012)
2007 2,275
2008 5,219
2009 6,587
2010 11,583
2011 12,366
Total: 38,030
Por lo grave de estas cifras, en Mxico, desde fines de
2010, se ha abierto un gran debate sobre el poder acu-
mulado por las organizaciones criminales. La discusin
envuelve polmicas sobre si el Estado est ganando o
perdiendo la guerra, declarada as por el Presidente Fe-
lipe Caldern, y si los carteles han evolucionado de ser
solamente organizaciones criminales a algo superior, que
puede poner en peligro la gobernabilidad y la transicin a
la democracia: ser una guerra sin cuartel porque ya no
hay posibilidad de convivir con el narco, dice. No hay re-
greso; son ellos o nosotros. (Caldern 2009: 17).
TRES PARADIGMAS
El primer cuestionamiento se puede sostener en la hip-
tesis de que el gobierno de Felipe Caldern no est com-
batiendo al crimen organizado en su totalidad, sino sola-
mente a la expresin violenta de ste. Son muy pocas las
detenciones de los operadores financieros, empresarios
ligados al narcotrfico y funcionarios pblicos que colabo-
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ran con ellos. Solamente se dirige la accin a la captura de
las clulas militares de las siete organizaciones existentes.
Con ello, la guerra no da resultados y la actividad violenta
crece, pues quien la financia y la hace posible est intacto
en sus estructuras.
El segundo cuestionamiento es que tanto la Iniciativa
Mrida como en general la accin del aparato estatal de
seguridad, le otorga prioridad presupuestal a la parte de
combate directo a las estructuras militares del enemigo,
y la parte correspondiente a la implementacin de polticas
preventivas de empleo, educacin, salud, restauracin co-
munitaria y de la cohesin social, no es prioritaria. Con lo
anterior, segmentos marginales de la juventud alimentan
los carteles criminales.
El tercer factor es que se otorga prioridad al fortalecimiento
de las fuerzas armadas y la Polica Federal en el combate a
los sindicatos criminales, y se abandona o se tiene en una
muy baja prioridad la reforma del sistema de justicia penal
(esta reforma, aunque est implementada a nivel federal,
tiene un avance muy lento en los estados del pas). Igual-
mente, la profesionalizacin de los cuerpos policacos del
pas estatales y municipales es muy lenta, y estos no estn
participando del combate por su elevada proclividad a la
corrupcin y su escasa profesionalidad y entrenamiento.
EL ASCENSO DEL NARCOTRFICO
El origen de los crteles mexicanos se da cuando se con-
solida un mercado de consumo de marihuana y herona en
Estados Unidos despus de la segunda guerra mundial.
En el principal estado productor de ambas drogas, Sina-
loa, se produce una simbiosis entre narcotrfico, poltica
y actividad comercial y empresarial (Astorga 2005: 87).
Entre los aos cincuenta y los aos noventa del siglo XX,
se da una transicin de la tolerancia al control, y creciente-
mente se desarrolla una modesta cooperacin binacional
con Estados Unidos desde los aos setenta (Tello 1997).
Esta cooperacin ha tenido momentos de crisis, como el
asesinato del agente de la DEA (Drug Enforcement Admi-
nistration), Enrique Camarena, en Guadalajara en 1985, y
despus, en 1997, con el caso de corrupcin del General
Gutirrez Rebollo, que abri sospechas de vnculos de las
fuerzas armadas con las organizaciones criminales. Esas
relaciones de corrupcin se explican en el lenguaje oficial
mexicano como vnculos individuales, no institucionales.
En otras palabras, el narcotrfico se globaliza por la rela-
cin trasnacional entre produccin, comercio y consumo
(Flynn 1995). Su crecimiento en Mxico se produce en
gran parte por la incapacidad de controlar las fronteras por
parte del gobierno y por la debilidad de las instituciones.
El creciente poder de los crteles mexicanos se di por el
desplazamiento de los colombianos, como consecuencia
del desmantelamiento de las dos grandes organizaciones
criminales en ese pas, Medelln y Cali. Ello, potenciado por
la implementacin del Plan Colombia en 1999 y el cierre
de la ruta del Caribe a los grandes cargamentos de co-
cana, fue lo que llev a que los narcotraficantes mexica-
nos fueran monopolizando paulatinamente el negocio del
comercio de cocana, a travs del control de las rutas de
Centroamrica y el mar Pacfico (Rodrguez Beruff 2009).
Esto fue favorecido tambin por el desmantelamiento de
las fuerzas armadas en los pases centroamericanos en
los aos noventa, lo que dej grandes reas en condicin
de vaco de poder, convirtiendo a El Salvador, Hondu-
ras y principalmente Guatemala en territorios de trnsito
terrestre para la cocana proveniente de Colombia (Felbab-
Brown 2010: 42).
A inicios del siglo XXI se pueden considerar consolidados
cuatro grandes crteles mexicanos: 1) el de Sinaloa, en-
cabezado por el famoso Chapo Guzmn, considerado
por la revista Forbes como uno de los hombres ms ricos
del mundo con una fortuna estimada en un billn de dla-
res, ubicado en el ranking no. 41 de hombres poderosos
(ABC News 2009); 2) el de Tijuana, encabezado por la fa-
milia Arellano, que se consider hace diez aos como la
organizacin criminal ms importante de Amrica Latina
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(Blancornerlas 2002); 3) el del Golfo, teniendo a los temi-
dos Zetas como brazo armado, controlando la ruta que va
desde la frontera Guatemala-Mxico hasta Tamaulipas y
Texas; 4) el de Jurez, encabezada por Amado Carrillo,
quien abri una ruta por el centro del pas hacia el oeste
de Texas.
Los carteles nuevos que aparecen en el siglo XXI son: 5)
los Zetas se separan del Cartel del Golfo, siendo este uno
de los factores que incrementa la violencia en el norte del
pas, principalmente en el estado de Tamaulipas; 6) la
escisin del crtel de Sinaloa, integrando la organizacin
liderada por Arturo Beltrn (muerto en Cuernavaca en di-
ciembre de 2009) creando el llamado Cartel del Pacfico
Sur; y 7) la Familia Michoacana, que en parte se dedica al
negocio de las metanfetaminas.
En sntesis, el xito en el desmantelamiento de los grandes
monopolios criminales colombianos llev al fortalecimien-
to de estas organizaciones mexicanas (Bagley 2009: 24),
aunque en Colombia no se desmantelaron las actividades
de produccin de cocana, slo se dispersaron y quedaron
desparramadas gran cantidad de organizaciones peqeas
y medianas.
En un inicio, el poder de los carteles fue silencioso. Cuan-
do las organizaciones criminales se consolidaron, se inici
una guerra entre ellas por el control de embarques, rutas
de trnsito, bodegas y puntos de entrada a Estados Uni-
dos. Se desat una violencia nunca antes vista en Mxico,
transformando a las ciudades fronterizas de Mxico con
Estados Unidos entre las ms peligrosas del mundo, por
el nmero de homicidios violentos. Ciudades como Jurez,
Tijuana, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, fueron ocu-
padas por los crteles y las calles se volvieron su teatro
de operaciones. En ellas, las policas municipales rpida-
mente se transformaron en instituciones al servicio de las
mafias, y el gobierno federal no tena fuerzas policacas
federales capaces de hacer frente a la situacin. Por ello,
la opcin desde los aos 2003-2004, es el empleo del ejr-
cito. La incorporacin intensiva de las fuerzas armadas
(la Armada de Mxico se agrega a esta actividad desde
2007), lleva a sostener la hiptesis de la militarizacin del
combate a las drogas, siendo esta estrategia un recurso
de ltima instancia, o de sobrevivencia del Estado. Ello de-
bido a que las fuerzas de seguridad policacas no tienen
capacidad de cobertura para por s mismas emprender el
esfuerzo. La Iniciativa Mrida respalda este esfuerzo con
asistencia militar en equipo y entrenamiento y con informa-
cin de inteligencia.
LA GUERRA, ELEMENTO CLAVE DE LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO
Diversos analistas sostienen que la estrategia del gobierno
mexicano es fallida. Dos altos funcionarios del gobierno
de Vicente Fox lo afirman y sugieren la necesidad de un
cambio radical de la estrategia del gobierno, incluso deba-
tiendo la legalizacin de las drogas como opcin (Aguilar
y Castaeda 2009). Otros sostienen que el gobierno tie-
ne los elementos suficientes para ganar la guerra, debido
a que apenas los resultados estn comenzndose a ver,
entre ellos el desmantelamiento de los ms importantes
lderes de los sindicatos criminales (Villalobos 2010). El
debate sobre la liberalizacin como opcin estratgica no
contempla las diferencias entre los distintos tipos de dro-
gas, y si efectivamente legalizar resolvera la violencia des-
atada entre los grupos criminales (Nexos octubre 2010).
Es conocido que un elevado consumo no implica violen-
cia per se, como se aprecia en el cuadro 1, donde en los
pases consumidores, an siendo ilegal los productos, no
generan violencia entre quienes los comercian.
Desde Estados Unidos provienen seales de Alerta Roja.
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha sealado que
Mxico enfrenta una ofensiva Narcoterrorista: Estos car-
teles de la droga estn adquiriendo muchos de los atribu-
tos de estos grupos terroristas e insurgentes en el mundo
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(Excelsior, 17 de octubre 2010). Tambin se les ha deno-
minado como una Insurgencia Criminal (Killebrew y Bernal
2010). Siguiendo la lgica de estos argumentos, habra
que disear una estrategia de contrainsurgencia adaptada
al nivel del enemigo, y esta debera estar encabezada por
los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas, con los
cuales la mayora de los gobiernos les hacen frente a los
grupos terroristas.
La relacin de seguridad entre Mxico y Estados Unidos
es muy compleja. Respecto a las drogas, al ser produc-
tos ilegales, el intento de erradicarlas mediante un empleo
directo de las fuerzas de seguridad, ha derivado en una
espiral de violencia. En este caso la demanda es el factor
principal que reaciona a Mxico con Estados Unidos, pues
el consumo en ese pas y Canad es muy superior que el
que se da en el resto de los pases de la regin. Por ello,
la demanda se vuelve el factor disparador de esta crisis de
seguridad: (Ver cuadro 3)
El Presidente Caldern reconoce el avance de las organi-
zaciones criminales e implementa su estrategia de recupe-
racin poltica y territorial fortaleciendo el aparato duro de
la seguridad del Estado:
La estrategia est planteada sobre dos horizontes: uno
de muy corto plazo que consiste en reposicionar la auto-
ridad y la potestad del Estado mediante la movilizacin
de la fuerza pblica y el ejrcito. No podemos perder te-
rritorios, entidades federativas en que se ha vulnerado la
autoridad. Pero el elemento detonante es el largo plazo, y
eso implica una estrategia de reconstruccin institucional
completa: no slo de las estructuras policacas sino de las
propias estructuras pblicas. Eso implica la depuracin y
fortalecimiento de los cuerpos policacos, la generacin de
nuevos sistemas de informacin e inteligencia, un nuevo
marco institucional legal, como el que hemos planteado al
Congreso de la Unin. Primero la reforma constitucional y
luego la reforma legal. Y adems, desde luego, una nueva
orientacin enfocada a la prevencin que an no hemos
tenido en el pas y que vale la pena darle mayor acento.
(Caldern 2009: 18).
Cuadro 3
Centroamrica. Consumo: prevalencia anual de abuso de drogas.(en relacin a la poblacin total)
Centroamrica Cocana Cannabis Anfetaminas Ecstasy
Panam 1.2 (2003) 4.0 (2003) 0.6 (2003) 0.4 (2003)
Guatemala 1.2 (2003) 9.1 (2003) 0.7 (2003) 0.2 (2003)
Belice 0.7 (2002) 6.7 (2003) --- 0.2 (2003)
Honduras 0.9 (2005) 1.6 (2002) 0.6 (2003) 0.2 (2003)
Nicaragua 1.0 (2003) 2.2 (2002) 0.8 (2003) 0.1 (2003)
El Salvador 2.5 (2004) 5 (2004) 0.6 (2003) 0.1 (2003)
Costa Rica 0.4 (2000) 1.3 (2001) 1.0 (2000) ---
Norteamrica
Estados Unidos 2.8 (2004) 12.6 (2004) 1.5 (2004) 1.0 (2004)
Canad 2.3 (2004) 16.8 (2004) 0.8 (2004) 1.1 (2004)
Mxico 0.4 (2002) 1.3 (2002) 0.1 (2002) 0.01 (2002)
Fuente: Elaboracin propia a partir de World Drug Report 2007, pp. 385-390. El World Drug Report 2010 no incluye estadsticas por pas, solamente por regin.
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Este debilitamiento del Estado mexicano llev incluso a al-
gunos analistas a hablar de que Mxico se encuentra en
direccin a ser un Estado Fallido, y que ello tendra serias
implicaciones para la seguridad del hemisferio:
Un impedimento serio para el crecimiento en Amrica La-
tina sigue siendo el poder de las bandas criminales y cr-
teles de droga para corromper, falsear, y daar el potencial
de la regin. El hecho de que las organizaciones criminales
y los carteles sean capaces de construir submarinos en la
jungla para despus usarlos para el contrabando de coca-
na, indica la enorme escala econmica de esta actividad.
Esto plantea una real amenaza a la seguridad nacional del
hemisferio occidental. En particular, el creciente asalto por
los carteles de droga y sus matones en el gobierno mexi-
cano, a travs de los ltimos aos le recuerda a uno que un
Mxico inestable podra representar un problema de segu-
ridad interior de proporciones inmensas para los Estados
Unidos. (The Joint Operating Environment 2008: 34).
Incluso, analistas militares en Estados Unidos sugieren
que el gobierno mexicano no puede detener la tendencia
ascendente del poder de las organizaciones criminales,
por lo que tendra que actuar ms enrgicamente Estados
Unidos:
el gobierno, sus polticos, la polica y la infraestructura
judicial se encuentran bajo asalto sostenido y presin de
las bandas criminales y de los crteles de droga. Como el
conflicto interno resultar a travs de los prximos aos,
tendr un impacto mayor en la estabilidad del Estado
Mexicano. Cualquier declive hacia el caos demandar una
respuesta americana basada en implicaciones serias a la
seguridad interior por s sola. (The Joint Operating Envi-
ronment 2008: 36).
El diagnstico sobre la inseguridad en el pas involucra
reflexiones acerca de las capacidades para combatir la
delincuencia y el crimen organizado en las diversas es-
tructuras del Estado mexicano en sus diferentes niveles.
La organizacin poltica de Mxico divide los poderes en
tres: el federal, el estatal y el municipal. La fragilidad del
Estado se observa ms acentuada a nivel municipal, pues
las organizaciones criminales han logrado tener presencia
importante en cinco de 32 estados: Sinaloa, Tamaulipas,
Chihuahua, Michoacn y Baja California. Esto es lo que el
Presidente y sus asesores denominan perdida de territo-
rialidad: Por primera vez en muchos aos se ha perdido
control territorial por parte de las estructuras institucionales
y, lo que tal vez sea peor, se han perdido tambin estructu-
ras histricas. (Tello 2009: 22).
A nivel municipal, por la fragilidad financiera y poltica de
los municipios ubicados en reas rurales, las organizacio-
nes criminales han logrado financiar campaas electorales,
dando paso a una variable que slo haba estado presente
en municipios de Sinaloa o Guerrero en el pasado, pero
nunca a nivel expandido: la narcopoltica (Curzio 2000: 83).
Este fenmeno comenz a conocerse a nivel federal y es-
tatal a fines del siglo XX (Pimentel 2000: 37). Dos casos se
volvieron emblemticos acerca del nivel de penetracin de
las estructuras de gobierno por los crteles del narcotrfi-
co: las relaciones del gobernador del estado de Quintana
Roo, Mario Villanueva, con los crteles de trfico de dro-
gas de Colombia a Mxico, va el Caribe y Centroamri-
ca. El gobernador Villanueva fue acusado en 1999, y se
logr capturar el 24 de mayo de 2001. Es el primer poltico
mexicano de alto nivel solicitado en extradicin a Estados
Unidos. En 2008 fue sentenciado a 36 aos de crcel por
trfico de cocana. (El Universal, 4 de junio de 2008)
En un grupo de municipios localizados en estados del nor-
te del pas, en Sinaloa y en Michoacn, el gobierno sos-
tiene que se ha perdido el control o los poderes son muy
dbiles. Un diagnstico del gobierno federal seala que de
los aproximadamente 2,400 municipios del pas, en 400 de
ellos no hay cuerpos de seguridad, que en el 90 por ciento
de las corporaciones policacas del pas, las instituciones
son de menos de 100 elementos, que sus sueldos son de
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menos de 4,000.00 pesos mensuales (350 US), y que el
nivel educativo de los policas es de menos de secundaria
(Reforma, 11 de noviembre 2010). Por lo anterior, el go-
bierno federal, apoyado por algunos gobiernos estatales,
ha implementado el proyecto de constituir una polica con
mandos nicos (Excelsior 16 de noviembre 2010: 12). Una
investigacin periodstica seala que la crisis municipal se
centra en lo siguiente: en 15 municipios se concentra el
53 por ciento de las ejecuciones del pas entre enero y fi-
nes de octubre de 2010. Ciudad Jurez encabeza la lista
con 2,107 ejecuciones; Culiacn, con 604; Chihuahua, con
444; Mazatln con 305; Acapulco con 271; Tijuana, con
252; Gmez Palacio, con 220; Ahome, con 187; Navolato,
con 181; Durango, con 147; Torren, con 148; Monterrey,
con 146; Tepic, con 126; Cuernavaca, con 117; y Guasave,
con 107. En estos municipios se concentra el escenario
de las guerras entre las bandas rivales (Reforma, 6 de no-
viembre 2010: 7A).
Otro elemento es el descuido de muchas dependencias
federales en lo que significa la imposicin de la presencia
del Estado. Se han abandonado algunas tareas tradicio-
nales de abastecer y dar servicios a la comunidad y estos
han sido sustituidos por el narcotrfico. Entre esos servi-
cios deteriorados est la labor policiaca preventiva. El caso
de Michoacn es emblemtico ya que La Familia tiene re-
des ciudadanas de apoyo, en donde ofrece proteccin a
cambio de servicios como otorgar seguridad- y produc-
tos (Grayson 2010). Lo que preocupa es la capacidad del
narcotrfico para la construccin de esas redes, que lo-
gran superar y evadir con xito los aparatos de seguridad
e inteligencia, adems de que se da la emergencia de una
estructura ideolgica con elementos religiosos. Igualmen-
te los crteles han desplegado una novedosa estrategia
de comunicacin: su capacidad para enviar mensajes a
la poblacin (los ms notorios son las mantas) e incluso
el uso de Internet y youtube. Con estos elementos logran
posicionarse en unos minutos, esparciendo terror entre la
poblacin, mostrando las debilidades de la estrategia del
gobierno y transmitiendo percepciones de que van ganado
la guerra.
Desde la toma de posesin de Felipe Caldern el 1 de di-
ciembre de 2006 hasta fines de diciembre de 2010 la suma
de ejecutados producto de la violencia criminal haba as-
cendido a ms de 30 mil, entre ellos, tomando en cuenta los
11,583 slo en el ao 2010 (Reforma, 1 de enero de 2011).
Entre el primero de diciembre de 2006 y el 29 de julio de
2010, se capturaron 81,128 integrantes de las bandas del
narcotrfico. De ellos, 19,714 pertenecen al Crtel de Sina-
loa; 22,138 a los carteles del Golfo y los Zetas; 12,847 al
de Jurez; 11,769 al de los Beltrn Leyva; 10,012 al de los
Arellano Felix (Tijuana); 3,015 al de la Familia Michoacana;
y 1,632 al del Milenio. Entre los capturados, el crtel ms
golpeado por la detencin de sus lderes es el del Golfo-
Zetas, seguido por el de Sinaloa de Arturo Beltrn. Tambin
entre las detenciones destacan ms de 700 funcionarios
coludidos con el narcotrfico (El Universal, 28 de agosto
de 2010: A-6). Igualmente, investigaciones mencionan que
la organizacin ms poderosa, la de Joaqun El Chapo
Guzmn, concentra el 45% de la actividad del narcotrfico,
pero slo han sido capturadas casi 1,000 personas de su
organizacin (The Economist, January, 7th, 2010).
Un documento confidencial de la Secretara de la Defen-
sa Nacional, hecho pblico en enero de 2010, seala que
los ocho principales crteles del pas se han dividido en
dos grandes megabloques, para luchar por los cargamen-
tos y las rutas para trasladar la cocana a Estados Unidos.
Estos dos bloques se integraran de la siguiente forma:
El Bloque 1 est encabezado por el Chapo Guzmn (Si-
naloa), que se ha aliado con La Familia Michoacana, con
los remanentes del crtel del Milenio, y con un despren-
dimiento del crtel de Tijuana (encabezado por el Teo);
a este crtel la SEDENA lo denomina el Polo Sinaloense.
El Bloque 2 se integra por los Beltrn Leyva (Sinaloa), los
Carrillo Fuentes o crtel de Jurez, los Zetas (o crtel del
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Golfo) y la organizacin de los Arellano Felix, o crtel de
Tijuana. Segn este informe, esta polarizacin que se
sostiene en alianzas de conveniencia- explicara el incre-
mento de la violencia, debido a que estos dos grandes
bloques buscan desplazarse uno al otro, y se pelean las
rutas a Estados Unidos e incluso a Europa. De la misma
manera, estos bloques desarrollan actividades paralelas
al narcotrfico como secuestro, extorsin de empresarios,
trfico de armas, trata de personas y produccin y ven-
ta de mercanca pirata. El Informe seala que durante los
tres primeros aos del gobierno de Felipe Caldern, fueron
ejecutadas en total 16,923 personas, de los cules el 12%
correspondieron a los jefes de plaza, el 17% a los opera-
dores de clulas, y el 71% se dedicaban al narcomenudeo.
De la violencia desatada, se afirma que 81 personas no
pertenecan a ninguna organizacin y fueron principalmen-
te vctimas de tiroteos entre sicarios. Tambin se seala
que de 20 a 23 mil jvenes integran la estructura operativa
de estos crteles. Una de las ltimas tendencias de estos
carteles es la expansin a otras actividades criminales, por
lo que se asocian directamente, adems del comercio de
drogas, con trfico de armas, lavado de activos financieros
y la actividad ms reciente, trfico de personas inmigran-
tes, principalmente en la regin sureste-Golfo de Mxico
(Excelsior, 24 de enero de 2010: 1, 8 y 9). Esta ltima activi-
dad est provocando una grave crisis de derechos huma-
nos (CNDH 2009).
LA VIOLENCIA Y LA PERCEPCIN DE GUERRA EN LA OPININ PBLICA
Las cifras que se presentan a continuacin, desprendidas
de CIDENA 2011, nos ayudan a proponer la hiptesis de
que el apoyo de la poblacin al Presidente, que por con-
secuencia revelan que el trabajo de ste es bien visto por
la ciudadana, tanto en su gestin de gobierno como por
haber emprendido el combate a los carteles de las drogas,
se da por una sicologa del desamparo y la vctima. Todos
los mexicanos temen ser vctimas de los criminales, y el
Presidente despliega una imagen de dureza por emplear
los recursos de la milicia de forma abierta. El Presidente
Caldern cuenta con la opinin positiva del 58 por ciento
por la poblacin a nivel nacional y es desaprobado por el
30 por ciento. Adems, en la evaluacin del desempeo
global de las instituciones castrenses, la imagen en la opi-
nin pblica es aun mayor a la del Presidente. El ejrcito
y la marina son bien vistos por el 69 por ciento de los en-
cuestados. Tambin sobresale la confianza que le otorga
la poblacin al Instituto Federal Electoral, que es del 60 por
ciento.
Por el contrario, las instituciones policacas son juzgadas
severamente por los encuestados. La Polica Federal tiene
el respaldo de slo el 49 por ciento, siendo rechazada por
el 35 por ciento. En el caso del desempeo de las poli-
cas estatales la opinin favorable es mnima, pues slo
las respaldan el 35 por ciento de los encuestados. Otras
instituciones del Estado, como los diputados, senadores,
la Suprema Corte de Justicia y las policas estatales tienen
una aprobacin inferior. La Suprema Corte de Justicia el 34
por ciento, los Diputados el 34 por ciento y los senadores
el 27 por ciento. Los gobernadores tienen el apoyo del 56
por ciento de los encuestados, son los nicos que se acer-
can al Presidente.
Lo anterior no es una sorpresa. Numerosas encuestas de
opinin levantadas a lo largo de los ltimos diez aos han
mostrado informacin similar. Incluso a nivel de la llamada
confianza institucional, las tres instituciones lderes en el
pas que encabezan la imagen positiva de la poblacin son
las universidades, las iglesias y los militares, en rangos que
van del 70 al 80 por ciento de la poblacin en cada caso. El
liderazgo entre ellas tres oscila segn la coyuntura que se
viva en el momento de los levantamientos de informacin,
cuando algn hecho negativo o escndalo haya afectado
a alguna de las tres en un momento dado.
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En el lado negativo, de igual manera no sorprende a na-
die que las policas estn entre las peores instituciones por
la opinin de la ciudadana, y que los representantes po-
pulares a las dos cmaras del Congreso de igual manera
registran opiniones similares. En el primer caso, al ser la
polica uno de los primeros puntos de contacto entre la
poblacin y el Estado, por la ineficiencia, el crecimiento de
la delincuencia y la elevada corrupcin, de la cual todos
los ciudadanos tienen experiencias personales desagra-
dables, es castigada la institucin y sus integrantes. Los
representantes han sido castigados por la ineficiencia en
la emisin de leyes, la imagen de que los debates par-
lamentarios parecen en ocasiones un ring de boxeo, y la
percepcin que tienen los ciudadanos de los polticos en
general, observndose un desencanto con la poltica y los
polticos, por no resolver los problemas del pas. Ms an,
cuando en campaa a la poblacin le prometen la supe-
racin mgica y rpida de todos los problemas del pas, y
al ocupar los cargos pblicos y los asientos legislativos no
vuelven a acercarse a los ciudadanos, se tiene la idea de
que pasan a disfrutar del poder sin responsabilidad. La
poltica es vista por la poblacin como un medio para el
enriquecimiento, ms que como un servicio o vocacin del
poltico.
LA GUERRA AL NARCOTRFICO Y LA OPININ PBLICA
CIDENA 2011 levant, asimismo, preguntas referidas a la
opinin de la poblacin sobre la continuidad de la guerra
al narcotrfico: el 67 por ciento seal favorable a que el
prximo Presidente de Mxico deber seguir con la gue-
rra contra el narcotrfico, y el 27 por ciento se mostr en
contra, con una respuesta sorprendente, declarndose a
favor de que se negocie con los carteles. Sin embargo, y
muy importante para los cuestionamientos que se realizan
al gobierno y los cuerpos de seguridad sobre las tcticas
empleadas en la guerra al narcotrfico, es que slo el 28
por ciento de los encuestados seal que es necesario
perder algunas libertades y derechos para emprender la
guerra al narcotrfico, mientras que el 69 por ciento sos-
tuvo que se deben preservar las libertades y derechos,
aunque se dificulte la guerra al narcotrfico. Sobre este
mismo aspecto, destaca en la encuesta la sensibilidad de
la poblacin sobre los derechos humanos, pues el 86 por
ciento de los encuestados seal que el gobierno debe
respetar los derechos de todos los ciudadanos, incluidos
los sospechosos de ser narcotraficantes. Por el contrario,
slo el 12 por ciento justific que el gobierno debe recurrir
al maltrato fsico para extraer informacin de personas sos-
pechosas de ser narcotraficantes.
Los datos anteriores revelan, por un lado, que la poblacin
acepta a las fuerzas armadas y que la imagen presiden-
cial no ha disminuido sustancialmente, a pesar de que la
poblacin opina que se deben resguardar las libertades.
Por otro lado, es claro que un importante segmento de la
sociedad civil, como los acadmicos, cuya mxima expre-
sin es el documento elaborado por la UNAM, convocan-
do a un Pacto Nacional en contra de la violencia (UNAM
2011); los lderes de movimientos sociales y de vctimas;
y opiniones de lites polticas, empresariales y eclesisti-
cas, no concuerdan con la estrategia presidencial, debido
al incremento de la violencia, y los agravios de derechos
humanos cometidos en los operativos de las fuerzas poli-
cacas y militares.
Muchas encuestas revelan tambin posturas y pensamien-
tos contradictorios que sobresalen en la poblacin. En el
caso de CIDENA 2011, esto fue evidente en relacin con
la evaluacin que hace la poblacin sobre la guerra al
narcotrfico. Esto se contrasta con el respaldo positivo al
Presidente, pues al mismo tiempo que se est de acuer-
do con la estrategia presidencial y el desempeo de las
fuerzas armadas, la poblacin encuestada a nivel nacional
seal que s se est ganando la guerra, el 26 por ciento,
mientras que el 56 por ciento tiene una opinin que se est
perdiendo la guerra. En los desagregados de la informa-
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cin que presenta la encuesta en ocho estados del pas,
es interesante destacar que el estado ms golpeado por
la violencia, Chihuahua, es donde menor percepcin de
triunfo tiene la poblacin, con el 21 por ciento. Otros es-
tados donde hay altos ndices de violencia criminal, como
Guerrero, tiene una percepcin ms elevada que la media
nacional, con el 33 por ciento, y Nuevo Len, con el 35
por ciento. El estado que ms elevada percepcin tiene de
que se va ganando la guerra es Michoacn, con el 40 por
ciento de la poblacin a favor (CIDENA 2011).
LOS ESLABONES GEOPOLTICOS COLOMBIA-CENTROAMRICA-MXICO-ESTADOS UNI-DOS
Segn fuentes de Estados Unidos, en el ao 2007, el 88%
de la cocana proveniente de Colombia y Venezuela que
lleg a su territorio, atraves por el corredor de Amrica
Central y Mxico; el 50% por el ocano Pacfico y el 38%
por las costas del Atlntico centroamericano y Golfo de
Mxico (UNDCCP 2007: 14). Debido al gran control de las
fronteras, reforzado en los ltimos aos tambin para el
paso directo de las drogas desde Colombia que se tras-
ladaban por el Caribe, se incrementa para el combate al
terrorismo. Por ello, las mafias tambin tratan de crear mer-
cados de consumidores en Mxico y Centroamrica. En
otras palabras, el origen del fenmeno est por un lado
en la produccin de marihuana y herona en Mxico, y
de cocana en Colombia, pero por el otro lado tambin la
demanda es un factor central, que se ubica bsicamente
en Estados Unidos y en menor medida en Canad. Para la
droga de ltima moda, las metanfetaminas, los precurso-
res qumicos provienen de oriente, llegando a los puertos
mexicanos del Pacfico (principalmente Manzanillo), para
elaborar y exportar el producto final hacia Estados Unidos
(este es uno de los principales negocios de la Familia Mi-
choacana).
En Centroamrica han aparecido grupos criminales en to-
dos los pases. Las tasas de homicidios son las ms altas
del continente. Por ejemplo, slo en Guatemala en 2008 se
cometieron 6,200 asesinatos (48 por cada 100 mil habitan-
tes), y en El Salvador y Honduras las tasas son superiores:
55 y 58, respectivamente (Beltrn 2009: 107). A la par de la
presencia de pandillas criminales organizadas y conocidas
como Maras, han aparecido carteles que se vinculan a los
colombianos y mexicanos (Logan 2010: 77). En El Salva-
dor, esta tendencia contina en ascenso, y se registr un
gran aumento slo de 2008 a 2009, ascendiendo a 71.2
(FUNDAUNGO 2010: 17).
Los narcticos provenientes de Amrica del Sur o de pa-
ses fuera del continente hacen de esta regin un corredor
hacia Mxico, Estados Unidos y Canad. Por Centroam-
rica se comercian aproximadamente 450 toneladas de
cocana por ao, equivalente al 90% de la consumida en
Estados Unidos, la mayor parte de ella dominada por los
crteles mexicanos.
El trfico de armas en Mxico, como amenaza a la segu-
ridad nacional, no se inclua en ninguno de los documen-
tos del gobierno. Desde los aos ochenta del siglo XX, se
detect el trfico de armas en la frontera sur, debido a los
conflictos centroamericanos, y tambin por el crecimiento
de las organizaciones criminales mexicanas que comenza-
ron a desarrollar un trfico hormiga desde Estados Unidos.
La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de 1972
es la que regula las armas y su control. La SEDENA es la
dependencia del gobierno federal mexicano que se encar-
ga de hacerla valer, sin embargo, su emisin no ha logrado
impedir el flujo de armas ilegales por las fronteras norte
y sur, adems de que la aplicacin de la ley es muy laxa
en el control del trnsito y posesin, existiendo mecanis-
mos regulatorios con poca capacidad para ser efectivos.
Las organizaciones de narcotraficantes son las principales
consumidoras de las armas ilegales en Mxico. Adems,
los crteles en los ltimos diez aos han estado incorpo-
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rando a sus stocks de armas gran cantidad de ametralla-
doras como la AK-47, as como misiles y ametralladoras
como la Barrett 50. Segn la empresa de levantamiento de
opinin pblica SIMO, el 15% de los entrevistados seala-
ron que tienen un arma en su domicilio (Encuesta Nacional
en Vivienda 2009) . Esto llevara a la cifra de 4 o 5 millones
de domicilios donde se ubica un arma de fuego. El Pro-
grama de Destruccin de Armas de la SEDENA elimin un
stock de 79,074 armas capturadas en los retenes militares,
entre 2000 y 2009. De ellas, 44 mil corresponden a incau-
taciones en los ltimos tres aos de ese periodo (Excelsior,
19 de enero de 2010). Por todas estas razones, el trfico
de armas se ha convertido en un grave problema para la
seguridad nacional de Mxico, siendo un tema crucial en
las agendas de seguridad fronteriza con Estados Unidos y
Centroamrica. En Centroamrica, el 70% de las muertes
con violencia se realiza con armas de fuego. Al igual que
en Mxico, hay una tendencia creciente a la autodefensa,
por no confiar en el Estado. Segn la red International Ac-
tion Network on Small Arms (IANSA), hay un estimado de
1.6 millones de pistolas en Amrica Central, de las cuales
cerca de 500,000 estn legalmente registradas. Muchas
de estas armas son remanentes de conflictos militares en
la regin en los aos setenta y ochenta, especialmente en
El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Despus de que es-
tos conflictos cesaron, miles de armas militares terminaron
en el mercado ilcito en esas naciones. De ah han empe-
zado a fluir a pases con menor historial de violencia arma-
da generalizada, como Costa Rica, Honduras y Panam.
(IANSA 2007). (Ver grfico 1)
En el ao 2000, existan 509,826 armas registradas en
Amrica Central, la mayora concentradas en El Salvador
(170,000) y Guatemala (147,581). En los ltimos siete aos
esta cantidad, de por s muy difcil de cuantificar, se habra
por lo menos duplicado. As, segn la Fundacin Arias de
Costa Rica, este pas pas de 43,241 a 100,000 armas, y
El Salvador, increment las armas legales a 300,000 (Reu-
nin heptanacional sobre transferencia y control del trfico
de armas, 2007). Si el incremento de armas legales es un
indicador preocupante de fuentes potenciales de violencia,
es ms grave el hecho de que las armas ilegales parecen
superar con creces a las armas registradas: en El Salva-
dor habra 224,000, mientras que en Guatemala podra al-
Grfico 1
Armas de fuego legalmente registradas en Centroamrica, 2000.
Fuente: Godnick, Muggah, and C. Waszink 2007. Balas perdidas: El Impacto del mal uso de armas pequeas en Centroamrica.London, IANSA, 2007. www.iansa.org
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canzar ms de un milln, en Nicaragua las armas ilegales
duplicaran a las registradas hacia 2006 (Reunin hepta-
nacional sobre transferencia y control del trfico de armas,
2007). Una aproximacin seala que las armas ilegales en
Centroamrica llegan a dos millones 300 mil armas. Estas
cifras muestran que, por vez consecutiva, la amenaza a la
seguridad de Mxico en el tema de las armas, est mucho
ms presente en los pases del norte de Centroamrica. En
Amrica Central se da un aumento acelerado de las armas,
tanto legales como ilegales.
Este fenmeno cuestiona la soberana del Estado per se,
dirige la seguridad hacia la privatizacin, y favorece las
actividades del crimen organizado en todas sus modali-
dades. Adems, el armamentismo ayuda a la ruptura del
tejido social, y hace a la poblacin en general ms proclive
a la violencia. Si las guerras por razones revolucionarias y
contrarrevolucionarias, propias de la guerra fra, quedaron
atrs, se puede gestar un nuevo tipo de conflicto social
igual o ms violento que el sufrido en esos pases en la
dcada de los ochenta.
En el caso de Estados Unidos, en las negociaciones para
establecer los contenidos de la Iniciativa Mrida, el gobier-
no de Mxico logr que se instaurara un grupo de trabajo
especial sobre trfico de armas, convenios para imple-
mentar inspecciones no intrusivas en las fronteras y la fir-
ma de numerosos acuerdos de coordinacin judicial para
fortalecer los acuerdos de fronteras inteligentes, firmados
en 2002, que se dieron en el contexto de la Alianza para
la Seguridad y Prosperidad de Amrica del Norte (ASPAN)
de 2005.
INSEGURIDAD PBLICA
En Mxico, si tomamos en cuenta para analizar el delito la
tasa lder, los homicidios por cada 100 mil habitantes, se
demuestra a nivel nacional una notable baja entre el ao
1990 y el ao 2007. El promedio nacional disminuy de
3,451 homicidos en 1990, a 1,218 en 1997. Entre los es-
tados que tuvieron una baja muy significativa estn Chia-
pas (bajaron de 274 en 1990 a 101 en 2007), el Distrito
Federal (bajaron de 1,273 en 1990 a 838), y otros como
Michoacn, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas. Esto se debe
a diversos factores, como la disminucin de la violencia en
zonas rurales. Este desarrollo no estara en corresponden-
cia con el temor de la poblacin a la inseguridad, que ha
ido en un aumento significativo en los ltimos diez aos,
convirtindose este tema en la principal preocupacin de
la poblacin (Escalante 2009).
Se debe tener presente que el anlisis de los delitos es
medido a travs de dos indicadores: denuncias del fuero
comn y del fuero federal. El 93% de las denuncias de la
ciudadana se centra en delitos del fuero comn, princi-
palmente robos, mientras que el 7% de los delitos son del
fuero federal, donde se ubica el narcotrfico. Sin embargo,
esta tendencia positiva a nivel nacional hasta el ao 2007,
tiene un repunte negativo y se da un incremento desme-
surado, producto de la accin de los grupos criminales
desde 2008, subiendo 50% en ese ao y 50% en 2009.
La estadstica de 2010 muestra una muy grave concen-
tracin de la violencia criminal en el estado de Chihuahua,
principalmente en Ciudad Jurez. Para 2010, se registran
3,185 homicidios violentos (10 por ciento del total del pas),
y slo en Ciudad Jurez, para 2010, se dan 2,474 de ellos.
En sntesis, la cifra de homicidios haba bajado entre 1990
y 1997, y a partir de 2008 inicia un ascenso notable. Esto
se describe con un ascenso de la tasa de homicidios por
cada cien mil habitantes de 14 en 2009, a 17 en 2010. Ello
se debe a que desde diciembre de 2006 hasta mayo de
2011 se estima en 40,000 homicidios causados por el cri-
men organizado (Guerrero 2011). Durante el ao 2011, de-
bido a las ofensivas contra los cartteles emprendidas por
el gobierno en Ciudad Jurez y el estado de Tamaulipas,
stos han trasladado sus actividades hacia Monterrey,
Couahuila y Veracruz.
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Igualmente, en el anlisis hay que tomar en cuenta la lla-
mada cifra negra, que seran delitos no denunciados, sea
por temor o por desidia, dado que la poblacin no confa
en el sistema de justicia y considera perder el tiempo ir a
denunciar un delito: (Ver cuadro 4)
En aquellos estados donde se ha incrementado la violen-
cia entre los distintos grupos de narcotraficantes los homi-
cidios han aumentado notablemente, de forma particular
los de alto impacto. Los estados del norte del pas, frontera
con Estados Unidos, al concentrarse all la guerra entre
Grfico 2
Porcentaje de delitos en Mxico por tipo en una dcada (2000-2009)
Fuente: Comparecencia del Secretario de Seguridad Pblica ante el Congreso de la Unin, 21 de enero de 2010, http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_pageLabel=contenido3&nodeId=/BEA Repository/588097//archivo&menu=Sala Prensa
Cuadro 4
Delitos denunciados y cifra negra 2000-2008
Aos Delitos Denunciados
Ambos Fueros
Cifra Negra
Ambos Fueros
2000 1,420,251 3,319,919
2001 1,512,450 3,529,050
2002 1,516,027 3,537,396
2003 517,925 3,541,825
2004 1,505,844 3,513,636
2005 1,505,223 3,512,187
2006 1,580,742 3,688,398
2007 1,715,974 4,003,939
2008* 1,540,789 3,594,941
Fuente: Elaboracin propia con base en Segundo Informe Especial de la Comisin Nacional de los Derechos Humanos sobre el ejercicio efectivo del dere-cho fundamental a la seguridad pblica en Mxico. 2008 (* Cifras al 31 de noviembre de 2008). Por cifra negra se entiende delitos no denunciados.http://seguridadenperspectiva.blogspot.com/2008/12/segundo-informe-especial-sobre el.html
Series1, Narcotrfico(Fuero Federal), 3.5,3%
Series1, Ilicitosdiversos (FueroFederal), 3.5, 4%
Series1, Otros (Fuerocomn), 55.4, 55%
Series1, Robos (Fuerocomn), 37.6, 38%
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crteles para poder centralizar el comercio de las drogas
hacia Estados Unidos, registran las tasas de homicidios
ms elevadas del pas, lo cual lleva a que tambin la comi-
sin de otros delitos suba. De forma particular en el estado
de Chihuahua se suman homicidios violentos a los llama-
dos feminicidios, causando gran pnico entre la poblacin
(Monarrez Fragoso 2009).
Analizando el ascenso de la violencia en el norte del pas,
tenemos que de 1990 a 2007, los homicidios aumentaron
de 2,013 en 1990 a 2,365 en 2007, registrando un incre-
mento del 17.49%, y que entre ellos los homicidios del
personal del gobierno dedicados a labores de seguridad
y defensa (militares y policas) pas de 68 en 1990, a 149
en 2007, registrando un aumento de 119.12%, debido a la
llamada guerra contra el narcotrfico. Los estados que se
incluyen en la clasificacin del norte del pas son: Baja Ca-
lifornia, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila,
Nuevo Len y Tamaulipas. (Malgorzata 2009: 354).
Cuadro 5
Muertes causadas por homicidio en la Regin Norte-Occidente 1990-2007
Ao Sociedad Personal de seguridad y defensa
Total de la poblacin
% de muertes de personal de seguridad y defensa sobre el total de homicidios
% de muertes de la Sociedad
1990 1945 68 2013 3% 97%
1991 2399 90 2489 4% 96%
1992 2918 101 3019 3% 97%
1993 2485 110 2595 4% 96%
1994 2743 107 2850 4% 96%
1995 2926 120 3046 4% 96%
1996 2732 119 2851 4% 96%
1997 2591 105 2696 4% 96%
1998 2845 107 2952 4% 96%
1999 2682 118 2800 4% 96%
2000 2296 93 2389 4% 96%
2001 2337 80 2417 3% 97%
2002 2301 91 2392 4% 96%
2003 2256 103 2359 4% 96%
2004 2141 67 2208 3% 97%
2005 2429 101 2530 4% 96%
2006 2528 103 2631 4% 96%
2007 2216 149 2365 6% 94%
1990-2007 13.93% 119.12% 17.49%
El porcentaje de muertes es la parte proporcional con respecto al total de la poblacin. El porcentaje de muertes es la parte proporcional con respecto al total de la poblacin. Se calcul la variacin porcentual de muertes del ao 1990 con respecto al ao 2007. Fuente: Malgorzata Polanska, Homicidios por entidad federativa y regiones 1990-2007, en Ral Bentez Manaut, Abelardo Rodrguez Sumano y Armando Rodrguez (editores), Atlas de la Seguridad y la Defensa de Mxico 2009, (p. 354.)
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Lo que muestra toda la informacin disponible, es que la
crisis de inseguridad se concentra en las ciudades del nor-
te del pas, frontera con Estados Unidos, y en dos estados
productores de drogas, Sinaloa y Michoacn.
CHIHUAHUA Y CIUDAD JUREZ - ZONA DE GUERRA
Como se mencion anteriormente, sostener que Mxico es
un Estado fallido, o que est en esa direccin es una fala-
cia. Sin embargo, hay ciudades as como estados del pas
donde s se podra sustentar esa hiptesis. Es el caso del
estado de Chihuahua (frontera con Texas), particularmente
Ciudad Jurez. En noviembre de 2009, en una inusitada
peticin hecha por el empresariado de Ciudad Jurez, la
presidenta de la Asociacin de Maquiladoras de Exporta-
cin y el lder local de la Cmara Nacional de Comercio,
llamaron a la ONU para que enviara Cascos Azules, dada
la gravedad de la situacin de inseguridad, argumentando
que ya haban sido cerrados y trasladados 6 mil negocios
a otro lugar fuera de Jurez y Chihuahua (muchos de ellos
a El Paso, Texas) debido a la violencia:
Estamos pidiendo que se forme un grupo que pida a la
Comisin Interamericana de los Derechos Humanos su in-
tervencin, as como de un grupo de las fuerzas de paz de
la ONU que frenen esta incontrolable situacin de violen-
cia. Ciudad Jurez no ha recibido ningn tipo de atencin
de parte de las autoridades, por lo que est considerada la
ciudad ms violenta del mundo, con los ndices ms altos
en cuanto a muertes se refiere, porque ya tener un ndice
de ms de 10 muertos por da ya es considerado una zona
de guerra (Reforma, 11 de noviembre 2009).
Esta declaracin habla de la desconfianza hacia los go-
biernos (municipal, estatal y federal) por parte de la ciuda-
dana de Ciudad Jurez, que no han logrado frenar el nivel
de impunidad y enfrentamiento que se da entre carteles ri-
vales del narcotrfico. El gobierno federal mexicano seal
que el pronunciamiento es completamente descabellado
y que est fuera de lugar. Por su parte, el Presidente del
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pblica y la Justicia
Penal de Jurez, compar su ciudad con las ms peligro-
sas de Amrica Latina:
En Jurez el homicidio creci en un tiempo muy corto
como jams se haba visto en alguna parte de Mxico y
muy rara vez en el mundo, entre 2007 y 2009 aument en
ms de 800%. En Jurez en 2009 se registraron 191 homi-
cidios por cada 100 mil habitantes, debajo de Jurez est
San Pedro Sula, con 119 homicidios y San Salvador, con
95. (Reforma, 11 de enero de 2010)
En el caso de Jurez, la estrategia del gobierno de Felipe
Caldern para intentar controlar la situacin no ha mos-
trado resultados. El gobierno federal emplaz desde 2007
a 5,500 militares, a mediados de 2009 la cifra aument a
6,000. En enero de 2010, se agregaron 2,000 policas fe-
derales, y se decidi que la conduccin de todos los ope-
rativos se trasladase a la Polica Federal. Con esta milita-
rizacin el gobierno no ha logrado disminuir la violencia,
por lo que se podra afirmar que el incremento del empleo
de las fuerzas militares no da resultados. Tony Payn, ana-
lista originario de Ciudad Jurez, defini este fenmeno
como una Tormenta Perfecta (Payn 2011). Esta ciudad
tambin es un caso donde se ha sealado que las fuerzas
armadas estn violando los derechos humanos de forma
significativa. El gobierno municipal de Ciudad Jurez se vio
obligado a abrir una oficina de denuncias de la ciudadana
por violaciones de las fuerzas armadas y las fuerzas fede-
rales. Estas incluyen desde lo que se denomina abuso de
autoridad hasta delitos graves (Excelsior, 16 enero 2010).
En trminos generales, el empleo intensivo de las fuerzas
armadas ha llevado a diversas instituciones, tanto nacio-
nales como extranjeras, a sealar que las prerrogativas
que tienen los militares, derivadas del fuero militar, llevan
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a la actuacin bajo condiciones de impunidad, y que el
sistema de justicia beneficia a los militares y perjudica a la
poblacin civil:
Las autoridades militares rutinariamente se atribuyen
la jurisdiccin para perseguir y juzgar los abusos de los
miembros del ejrcito. Como resultado, la gran mayora de
abusos de derechos humanos de militares no son exitosa-
mente juzgados. El sistema de justicia militar carece de la
independencia necesaria para realizar las investigaciones
y hay una gran ausencia de transparencia. (Human Rights
Watch, 2010)
REFLEXIN FINAL: SE GANA O SE PIERDE LA GUERRA? EFECTOS SOBRE LA DEMOCRACIA
El debate en Mxico acerca de la seguridad nacional se
focaliza as: Se gana o se pierde la guerra al narcotrfico?
Entre las debilidades del aparato estatal que impiden el
xito en el combate al crimen organizado, se encuen-
tra en la poltica la ausencia de mecanismos de control de
corrupcin, que deriva en que muchas de las estructuras
de seguridad nacional mexicanas sean aprovechadas por
las organizaciones criminales en su beneficio. Uno de los
elementos ms notables a favor del narcotrfico es la falta
de cooperacin y de coherencia ente las estructuras poli-
cacas, militares y de imparticin de justicia (Azaola 2008).
Este es uno de los elementos comnmente empleados
por los crticos del gobierno mexicano, al sealar que la
estructura constitucional y legal (sobre todo la divisin de
los poderes federal, estatal y municipal), es la principal
vulnerabilidad del Estado mexicano. Por ello, se han im-
plementado dos grandes estrategias para tratar de trans-
formar las capacidades del gobierno federal: en primer lu-
gar, implementar reformas a los subsistemas de seguridad
nacional, defensa, inteligencia, justicia y policas en el seno
del gobierno federal mexicano, as como en los estatales y
municipales, y, en segundo trmino, aceptar la asistencia
de Estados Unidos. Esta asistencia se dedica a apunta-
lar estas reformas estructurales y dotar de tecnologas que
son inaccesibles en los mercados.
En lo que respecta a las fuerzas de seguridad, policacas y
militares, Mxico tiene una gran descentralizacin de cor-
poraciones policacas, por la Ley de Municipio Libre, que
otorga al nivel municipal de gobierno organizar su propia
seguridad. A inicios de 2009, el total de los efectivos poli-
cacos del pas ascendan a 423,014 integrantes (ver cua-
dro 5). A ello hay que agregar la tendencia a la seguridad
privada, donde no existen cifras precisas pero algunos es-
timan que ascienden a ms de 150 mil personas. Muchas
de estas personas pertenecieron a corporaciones polica-
cas y fueron expulsadas precisamente por cometer faltas.
A estas cifras, se deben aadir los aproximadamente 200
Cuadro 5
Elementos de todos los cuerpos policiales de Mxico
Corporacin Policaca Elementos
Secretara de Seguridad Pblica 32,357
Procuradura General de la Repblica 4,298
Polica Estatal Preventiva 198,897
Polica Ministerial Estatal 26,495
Polica Municipal Preventiva 160,967
Fuente: Peridico Reforma, 22 de enero, 2009, p. 6.
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mil integrantes del ejrcito y fuerza area, y 50 mil de la ar-
mada. Con ello, se tendra una cifra aproximada de 800 mil
integrantes de cuerpos de seguridad policacos, privados
y militares, lo que significa el 0.7% de la poblacin del pas.
Con esta infraestructura de seguridad fragmentada, des-
coordinada, con pocos niveles de profesionalizacin (b-
sicamente la debilidad institucional se observa en las poli-
cas municipales, las estatales y las privadas), y en muchos
casos con elevados niveles de corrupcin que favorecen al
narcotrfico, el Estado no logra articular una estrategia que
muestre xitos ante la opinin pblica nacional e interna-
cional. Ello a pesar de que es notable la captura de gran-
des lderes de los principales carteles y que desde 2009
comienza a operar la ayuda de Estados Unidos vinculada
a la Iniciativa Mrida. Igualmente, el Presidente recibe un
amplo respaldo de la poblacin en general, pues al sentir-
se desprotegida, el empleo del ejrcito no es cuestionado
de forma importante por la opinin pblica (CIDENA 2011).
Con la implementacin de la Iniciativa, Mxico desplaz
a Colombia como principal receptor de asistencia militar
en el hemisferio. En 2008, la ayuda de Estados Unidos a
Mxico fue de aproximadamente 440 millones de dlares,
mientras que para Colombia se destinaron 395 millones de
dlares; en 2009, Mxico capt 672 millones de dlares, y
Colombia slo 400 millones (Esteves 2010: 2).
Estos elementos: la Declaracin de Guerra a los carteles
hecha por el Presidente, el incremento de las ejecuciones,
el aumento exponencial de la asistencia de Estados Uni-
dos, el aumento de la presencia de las fuerzas armadas
en el combate al narcotrfico y en la seguridad pblica en
ciudades de alto riesgo, la conversin de Jurez en la ciu-
dad ms peligrosa del mundo, el aumento en el consumo
de cocana, y las apreciaciones acerca de que Mxico se
podra convertir en un Estado fallido, permiten afirmar, por
un lado, que el Estado mexicano pierde la guerra al nar-
cotrfico y que, por ende, se debe cambiar radicalmente
la estrategia. El cambio de estrategia, segn los crticos,
debe de reorientarse hacia modalidades de legalizacin
de las drogas. Por otro lado, otra interpretacin sugiere
que el gobierno est emplazando una estrategia de victo-
ria, debido a que tiene fortalezas que apenas comienzan a
articularse, y que rendirn frutos en favor del gobierno en
un mediano plazo.
La llamada (o mal denominada) Guerra al Narcotrfi-
co en Mxico se inscribe dentro de la categora de los
llamados conflictos asimtricos, guerras de baja intensi-
dad, guerras irregulares, guerras sin fronteras, etctera. Es
claro que es un conflicto trasnacional, pues Mxico es un
pas de trnsito de cocana, ubicado geogrficamente en-
tre los consumidores estadounidenses, donde se realizan
las ganancias (se captura muy poca cantidad del dinero
que provee esta actividad criminal por el gobierno de Es-
tados Unidos), y donde se produce la cocana. Esto lleva a
sostener que el enfentamiento no es solo mexicano y que
la coherencia de las estrategias debe ser multinacional.
Tambin es una guerra o conflicto prolongado. Su gesta-
cin desde sus orgenes en los aos cincuenta del siglo
XX, con la produccin de marihuana y herona para dar
satisfaccin a los consumidores estadounidenses (en una
especie de espacios de produccin y mercados totalmen-
te complementarios principalmente entre los estados de
Sinaloa y California), y luego el ingreso de la cocana al cr-
culo produccin-trfico-consumo, agregndose Colombia,
edific muy poderosas redes criminales.
Muchos conflictos asimtricos, irregulares o de baja inten-
sidad, se clasificaron y analizaron en situacin de empate
estratgico, donde no se puede afirmar que la guerra se
gana o se pierde. Ese fue el caso de la guerra civil de El Sal-
vador (1980-1992), donde el empate se resolvi por la va
no militar, ya que ambas estrategias militares, la del Frente
Farabundo Mart para la Liberacin Nacional (FMLN), y la
del gobierno respaldado por Estados Unidos, estaban em-
pantanadas, en callejones sin salida, provocando graves
tensiones geopolticas.
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En el enfrentamiento (o guerra segn los gobiernos mexi-
cano y estadounidense) que se da entre las fuerzas gu-
bernamentales mexicanas y los crteles, el impacto social
(la violencia) perjudica al gobierno, al dar la imagen de
prdida del llamado monopolio legtimo de la fuerza y el
obligado control territorial que todo Estado debe ejercer.
La percepcin de Estado en direccin al fracaso, se da
cuando se emplean indicadores dando a entender que lo
que sucede en Ciudad Jurez es reflejo de todo el pas.
Es difcil afirmar categricamente que el gobierno est Ga-
nando la Guerra, pero tambin sostener, que ya fracas
la estrategia gubernamental, es una hiptesis que no se
sostiene. Por ello, se observa un empate estratgico, que
se balancear hacia una u otra direccin, segn tengan
xito las grandes campaas militares del gobierno y la es-
trategia de reestructuracin de todas las instituciones de
seguridad nacional, o si, los crteles, en sus reorganizacio-
nes y en los enfrentamientos entre ellos, logran superar las
adversidades e imponerse.
El aumento de las tasas de homicidio, la dispersin y des-
centralizacin de las organizaciones criminales que se
desata por la aparicin de una guerra entre ellas, llevan
desde 1990 a 2011 a lo siguiente: 2 grandes carteles en
1990; 4 grandes carteles en 2000; y 7 grandes carteles en
2011, generando una dispersin de la actividad criminal en
estados del pas donde previamente no haban aparecido
clulas sicariales, llevando a cometer graves crmenes co-
nexos, como su incorporacin a las actividades de trfico
de personas mediante la realizacin de delitos gravsimos
contra los inmigrantes (principalmente centroamericanos y
mexicanos) y llevando al gobierno a vincular la seguridad
con la migracin (Armijo 2011).
La dinmica de enfrentamiento establecida entre las or-
ganizaciones criminales y la respuesta del gobierno para
tratar de evitar esta epidemia de violencia pone en peligro
el futuro de la endeble democracia mexicana por varias
razones.
El primer efecto es que est afectando la vida poltica del
pas, principalmente en los estados ms golpeados por
la violencia y homicidios en el norte (Tamaulipas, Nuevo
Len, Chihuahua, Baja California y Sinaloa) y en estados
del centro del pas como Guerrero y Michoacn. Afecta los
procesos electorales y se teme una contaminacin debido
a la proclividad del dinero fcil que los grupos criminales
pueden ofrecer a los candidatos de los partidos polticos.
A esto se le denomina narcopoltica y es un riesgo cre-
ciente en Mxico. La narcopoltica es posible por la caren-
cia de sistemas de informacin, inteligencia y contrainte-
ligencia de los partidos polticos para la seleccin de los
candidatos, y por la desconfianza en la informacin que
podra facilitar al gobierno para evitar este fenmeno.
El segundo efecto es que detiene la Reforma del Estado en
el rea de seguridad nacional, defensa, seguridad pblica,
justicia y sistemas penitenciarios, pues la prioridad de con-
frontar al crimen organizado por el gobierno federal lleva
a limitar la transparencia informativa, el accountability y la
participacin de la sociedad civil.
Como tercer efecto, derivado de los dos anteriores, se for-
talece la autonoma de los cuerpos de seguridad y milita-
res heredada del rgimen poltico vigente en el siglo XX, y
no se construye una verdadera fiscala anticorrupcin que
demuestre que se ataca la narcopoltica y la corrupcin de
autoridades que deciden (por presin o voluntad propia)
colaborar con las organizaciones criminales.
En Mxico, es un debate abierto si el narcotrfico tendr
algn efecto en los resultados electorales de 1 de julio de
2012. Hay quien seala que esto s se dar, pero en muy
pocos municipios rurales del norte, y en Sinaloa y Michoa-
cn, pero que a nivel nacional, no infuir las correlaciones
de fuerzas entre los tres principales partidos polticos del
pas.
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