actores modulo 1.1
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Curso virtual:
Los Actores en los Programas
Públicos
Módulo N° 1
Políticas públicas, gerencia
pública y proceso político
Banco Interamericano de Desarrollo
Sector de Conocimiento y Aprendizaje Programa Herramientas para Mejorar la Gestión
INDES – Programa Herramientas para Mejorar la Gestión Curso I: Actores en los Programas Sociales - Módulo N° 1
2
Este documento es propiedad intelectual del Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID) y del Instituto Interamericano para el
Desarrollo Económico y Social (INDES). Cualquier reproducción parcial o total de este documento debe ser informada a: BIDINDES@iadb.org
Autores: Mercedes Dí Virgilio
Tutores del curso: María Fernanda Potenza
Coordinador del curso: Mercedes Dí Virgilio
5ª Edición
Junio 2011
INDES – Programa Herramientas para Mejorar la Gestión Curso I: Actores en los Programas Sociales - Módulo N° 1
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Indice
Presentación _____________________________________________________ 4
Objetivo ____________________________________________________________ 4
Preguntas orientadoras del aprendizaje ___________________________________ 5
Unidad No.1.1. ¿Qué son las políticas públicas? _________________________ 5
¿Qué es una política pública? ___________________________________________ 6
¿Qué entendemos por “actores”? _______________________________________ 12
¿Qué es el valor público? ______________________________________________ 16
Bibliografía _____________________________________________________ 23
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Presentación
La presencia de los actores en los programas públicos y en los
procesos de desarrollo está determinada en gran medida por la política
pública. El módulo parte de hacer un reconocimiento de lo que es la
naturaleza y características de las políticas públicas y la definición del
papel de la gerencia pública en los procesos de implementación de
tales políticas, para pasar luego al reconocimiento del papel de los
actores en dicho proceso.
Las políticas públicas están afectadas y son afectadas por los
actores que participan de los procesos de la gerencia pública y éste es
uno de los temas que se constituye en fundamental a la hora de
determinar roles y responsabilidades en la gestión de la política pública
y en el marco de los procesos de desarrollo de los países. Desde esta
perspectiva se busca señalar que los procesos de desarrollo de los
países se ven favorecido o no en gran medida según sean la
participación de los actores tanto en la concepción, diseño y gestión de
las políticas públicas, así como por la definición de responsabilidades
frente a los resultados esperados en términos del desarrollo.
Objetivo
Reconocer las características de las políticas públicas en el
ámbito de la gerencia pública, e identificar componentes del proceso
de implementación, así como la noción de actor social y de policy
network para precisar su centralidad en el proceso de implementación
de dichas políticas.
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Preguntas orientadoras del aprendizaje
1- ¿Qué son y cómo se definen las políticas públicas en el ámbito
de la gerencia pública?
2- ¿Cómo se favorece un proceso de implementación de política
pública orientado al desarrollo?
3- ¿Quiénes son los actores en los procesos de implementación de
las políticas públicas y cuáles son sus roles y responsabilidades?
Unidad No.1.1. ¿Qué son las políticas públicas?
Objetivos de Aprendizaje
Reconocer cómo se definen y qué características tienen las
políticas públicas y la gerencia en el ámbito público.
Reconocer a las políticas públicas como parte de un proceso
político amplio en el que se reconocen y en el que participan
actores.
Todos los que estamos participando en este curso estamos
involucrados en la gestión de políticas públicas en el nivel regional o
local. Comenzaremos reflexionando sobre la noción de políticas
públicas y la gerencia en el ámbito público para reflexionar después
acerca de las políticas públicas comprendidas como proceso político y
el papel que tienen los actores en dicho proceso.
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¿Qué es una política pública?
Una política pública puede entenderse como un conjunto-
secuencia de decisiones y acciones, relativas a la elección de fines y/o
medios, en respuesta a problemas y/o necesidades. No es
comportamiento reactivo o casual, sino, por el contrario, propositivo e
intencional. La política pública “se pone en movimiento con la decisión
de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios: es una acción
con sentido” (Aguilar Villanueva, 1996:24).1 Por su carácter
propositivo, la política denota las intenciones y/o los resultados que las
fuerzas políticas, en particular, los gobernantes desean alcanzar. El
conjunto-secuencia de decisiones y acciones que definen la política es
el resultado de la intervención de numerosos actores políticos y
gubernamentales. Por ejemplo, la política de tierra y vivienda de un
municipio compromete no sólo al conjunto de intervenciones (en
materia de normas, acciones directas y recursos) que realiza la
Secretaría de Planeamiento, sino también las distintas tomas de
posición de otros actores: las empresas constructoras que representan
los intereses del sector privado, el gremio de la construcción que
defiende los intereses de los trabajadores del sector alterado (o no)
por la política pública, las organizaciones sociales con sus demandas y,
también, la población de los barrios y/o zonas objeto de la
intervención.
1 Aguilar Villanueva (1996) señala que aún en el caso de la inacción, media una decisión deliberada de no
actuar frente a un problema público. Dicha decisión de no actuar se basa en el supuesto de que el dejar
hacer o ignorar la situación constituye la mejor estrategia frente a la cuestión.
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7
La política pública es, en
suma,
a. el curso de acción
deliberadamente diseñado,
b. el curso de acción
efectivamente seguido y
c. los hechos que dichas
acciones producen.
(Aguilar Villanueva,
1996)
De este modo, la política pública no debe entenderse como la
decisión centralizada y deliberada del actor gubernamental. Antes
bien, toda política pública
incorpora las muchas y
diversas decisiones y acciones
de los múltiples actores
participantes, gubernamentales
y extra gubernamentales, que
en sus diversas interacciones
preparan y condicionan la
decisión central, le dan forma y
la llevan a la práctica,
haciéndola y rehaciéndola, con
el resultado muy probable de
que los hechos finalmente
obtenidos no se asemejen a las
intenciones y/o planes originales. “La política es entonces un proceso,
un curso de acción, que involucra todo un conjunto complejo de
decisores y operadores, más que una decisión singular, suprema e
instantánea. Una política no es sólo una decisión (por ejemplo, la
decisión de no actuar). Es, ante todo acción, un conjunto de acciones”
(Aguilar Villanueva, 1996:24). Desde esta perspectiva, la política
pública no es resultado de un proceso lineal, coherente y
necesariamente deliberado, sino que es el resultado de un proceso
social y político que configura -- en consecuencia -- un campo en
disputa (Chiara y Di Virgilio, 2009).
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Programas públicos: conjuntos
estructurados de actividades
mediante las cuales las
organizaciones públicas diseñan,
producen y entregan bienes y
servicios, con la finalidad de
satisfacer necesidades básicas,
construir capacidades, modificar
condiciones de vida o introducir
cambios en determinados
comportamientos.
La política pública habitualmente se expresa en dispositivos
técnicos (leyes, reglamentos y/o programas) que prescriben los cursos
de acción a seguir para enfrentar el problema al que refiere. Entonces,
si la noción de política pública hace referencia necesariamente a
procesos políticos y sociales que se desarrollan en el tiempo, la noción
de programa público hace referencia a una construcción meramente
técnica que establece las prioridades de la intervención, identificando y
ordenando las acciones a seguir, definiendo el marco institucional y
asignando los recursos que se van a utilizar (ONU, 1984).
De este modo, los programas públicos pueden entenderse como
conjuntos estructurados de actividades mediante las cuales los
organismos públicos diseñan y
producen bienes y servicios,
como medio para “satisfacer
necesidades básicas, construir
capacidades, modificar
condiciones de vida o
introducir cambios en los
comportamientos, en los
valores o en las actitudes que
los sustentan” (Martínez
Nogueira, 1998:7). Los
programas públicos forman
parte del proceso más amplio
de desarrollo de políticas
públicas (entre las cuales se
incluyen las sociales), estando
más cercanamente vinculados
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-- como la definición anterior propone -- al diseño, producción y
entrega de bienes y servicios para los ciudadanos.
Hay tres elementos constitutivos de los programas y
políticas públicos sobre los cuales es importante reflexionar:
El interés de los actores involucrados por enfrentar una
situación que es considerada como un problema público, es
decir, que requiere una intervención desde el espacio público.
Así las necesidades básicas, la ausencia de capacidades, las
condiciones de vida, el desempleo, etc. son objeto de política
pública en la medida en que sean percibidos como problemas.
Es a partir de dicha percepción que se ponen en marcha un
conjunto de actividades para ofrecer bienes o servicios que
respondan a las necesidades o problemas percibidos.
La realización de un conjunto organizado (estructurado) de
acciones. Las políticas y programa no consisten solamente
de un discurso sobre un problema colectivo. Su existencia
efectiva depende de la ocurrencia de acciones que generan
situaciones, bienes o servicios que buscan enfrentar el
problema en cuestión.
La toma de una serie de decisiones por parte de un conjunto
relativamente amplio de actores. Como señala Subirats
(1994:41) a lo largo del proceso de desarrollo de políticas y
programas públicos es necesario “decidir que existe un
problema, decidir que se debe intentar resolver, decidir la
mejor manera de proceder, decidir legislar sobre el tema,
etc.”
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Problema público: Situación
que determinados grupos o
sectores sociales consideran
negativa, creen que debe
cambiar y respecto a la cual
exigen una intervención
pública.
Toda política y programa
público pretende enfrentar de
manera más o menos explícita
alguna situación que es
considerada problemática.
Entonces, ¿qué entender por un
“situación problemática”?
Aquella situación que
determinados actores o grupos
consideran negativa (pues
muestra una brecha entre sus
aspiraciones y la realidad), que creen debe cambiar y que estiman
posible cambiar mediante la acción pública.
Por ejemplo, hace 25 o 30 años las situaciones de violencia
contra la mujer no eran consideradas en nuestra región como un
problema que requería la intervención pública. Eran consideradas en
tanto problema privado de las familias e individuos, mas no un área de
acción pública que requiriera tomar decisiones y ejecutar acciones
utilizando la autoridad del Estado para cambiar dicha situación. Ha sido
necesario que diversos actores y organizaciones destaquen esta
situación y la presenten como un problema que atañe a toda la
sociedad y no sólo a las familias que la sufren. Lo mismo ha ocurrido
(o está ocurriendo) en nuestros países con situaciones que hoy son
consideradas un problema público, como la depredación del medio
ambiente, el trabajo infantil o la degradación de las culturas indígenas.
La complejidad y dinamismo de los problemas públicos, en
general, y sociales, en particular, imponen características particulares
a los programas que intervienen en el ámbito social:
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Los programas que intervienen en el ámbito social son
responsabilidad de varias organizaciones, dado que su
carácter multidimensional exige la intervención de
organizaciones con mandatos y capacidades muy variadas. A ello
se agrega que muchas veces intervienen organizaciones de
diversos niveles de gobierno (nacional y sub nacional). La
coordinación resulta así necesaria.
Los programas que intervienen en el ámbito social exigen la
intervención de un número amplio de instancias,
organizaciones y actores sociales, dado que están vinculados
directamente a algunas de las causas o dimensiones que
componen el problema. Esto complica significativamente el
sistema de toma de decisiones en estos programas.
Existen distintas perspectivas respecto a los objetivos a
perseguir y a las acciones a poner en marcha, puesto que
cada actor u organización puede privilegiar alguna dimensión del
problema o establecer una relación distinta entre insumos-
acciones-resultados-efectos. Esta diversidad de perspectivas,
que afecta también la implementación de los programas, remite
en última instancia al carácter deliberativo del valor público
(concepto sobre el cual volveremos más adelante).
Como resultado de la intervención de varios actores y
perspectivas, así como de la utilización de tecnologías blandas, los
programas públicos se hallan marcados por un importante grado de
incertidumbre respecto al logro de sus metas e impactos.
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¿Qué entendemos por “actores”?
A lo largo del curso iremos desarrollando paulatinamente la
concepción de “actores” y sus atributos. Sin embargo, para comenzar,
presentamos aquí una definición básica que nos permitirá avanzar
teniendo una referencia en común.
Como lo advierten Chiara y Di Virgilio (2009), la definición de los
actores en el marco de los procesos de implementación no constituye
una cuestión que pueda definirse aisladamente o por fuera de dicho el
proceso. Antes bien, cada escenario de implementación define en
su desarrollo al conjunto de los actores involucrados.
En este marco, si bien es posible identificar como actores
potenciales de los procesos de implementación a los organismos
públicos de los diversos niveles de gobierno (local, estadual y/o
nacional), a las ONGs de desarrollo de alcance regional o nacional, a
las organizaciones sociales de base, sindicatos, organismos
internacionales, es el proceso mismo el que define su inclusión en
tanto actor. Esta definición es siempre dinámica y cambiante, y varía a
lo largo del proceso de implementación.
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La noción de actor remite a
aquellos individuos o colectivos
(grupos o instituciones) con
capacidad de incidir positiva o
negativamente en el proceso de
implementación de las políticas
públicas.
Asimismo, los actores involucrados en el proceso de
implementación no son solamente aquellos involucrados directamente
en su desarrollo sino todos aquellos cuyas acciones, representaciones
y prácticas tienen capacidad de incidir activamente sobre él mismo. La
posibilidad de Incidir de manera activa en la implementación de una
política o de un programa público, requiere de la disposición de
dotaciones importantes de recursos de poder. Dichos recursos son los
que facilitan la
materialización de los
intereses de los actores en el
plano concreto de la acción
pública (Repetto, 2009).
Veamos un ejemplo.2
En el barrio Los Andes se
ubica una antigua población,
denominada Las Margaritas.
Esta población se originó en
una toma de terrenos a fines
de la década de los sesenta y sus habitantes obtuvieron soluciones
habitacionales construidas en esa época por el Ministerio de la
Vivienda. Los lotes de terreno son relativamente grandes, de tal forma
que con el paso del tiempo se han ubicado en los fondos de los sitios
construcciones más o menos precarias que albergan a los hijos de las
familias originales, que a su vez han formado nuevas familias. La vida
en estos conglomerados de familias (allegados) es difícil y llena de
conflictos cotidianos, por la densidad poblacional y por las dificultades
2 Elaborado con base en Sánchez, 2007.
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de acceso a los servicios básicos. Aproximadamente el 70% de las
viviendas de la población de Las Margaritas albergan allegados, ya sea
al interior de la vivienda principal o en viviendas adicionales
construidas en el perímetro de un único lote. Adicionalmente se
encuentran en la zona dos microcampamentos (11 y 14 familias
respectivamente) que no cuentan con el abastecimiento regular de los
servicios básicos. Esta situación conllevó a la aparición de los
asentamientos irregulares, lo cual generó un importante déficit
habitacional. El barrio Los Andes está entre los seis más pobres de la
Área Metropolitana. La Municipalidad (gobierno local) diseñó un
programa para regularizar las nuevas construcciones en los lotes
originales, mejorar la provisión de servicios básicos y construir nuevas
unidades habitacionales para aquellas familias que actualmente viven
en los asentamientos irregulares. Cabe destacar que los jefes de estas
familias que viven en los asentamientos informales están interesados
en hacer los esfuerzos necesarios para mejorar su condición
habitacional, llegando a ser propietarios de una vivienda.
En el marco de esta iniciativa, ¿quiénes son los actores? En otras
palabras, ¿quiénes son las personas, grupos o instituciones que
pueden influir en el proceso o estar afectados por el mismo?
En nuestro ejemplo es claro que las familias pueden constituirse
en actores del proceso. Sin embargo, dado que no todas tienen los
mismos intereses ni poseen los mismos recursos es posible que no
exista un único colectivo que las aglutine. Las familias originarias y sus
hijos se distinguirán de las familias de los asentamientos. Asimismo, la
Municipalidad (gobierno local) juega un rol central, pero tampoco
constituye un actor homogéneo. Seguramente los diferentes
organismos del gobierno local se posicionarán de manera diferente
tanto en relación al problema como a su posible solución. Intervendrán
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también actores del sector privado, algunos muy interesados en la
promoción de obras públicas para dinamizar la actividad en su sector
(como puede ser el caso de las empresas constructoras). Además
otros, quizá menos vinculados, intervendrán en el proceso, tales como
ONGs o entidades financieras.
Gráfico 1: Actores involucrados en programa público de provisión de
servicios básicos, construcción y regularización de viviendas (caso Las
Margaritas)
(Sánchez, 2007)
Programa
público
Proveedores de
materiales
Empresa constructora
Ministerio de la
Vivienda
Familias originarias
Familias de los asentamientos
ONGs
Entidades Financieras
Organismo regulador
Municipio
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“El valor público se refiere al
valor creado por el Estado a
través de servicios, leyes,
regulaciones y otras acciones.
En una democracia, este valor
es definido en última instancia
por el público mismo. El valor
es determinado por las
preferencias ciudadanas
expresadas a través de una
variedad de medios y reflejados
a través de las decisiones de
los políticos electos”.
Kelly y Muers (2003)
¿Qué es el valor público?
Como hemos dicho, uno de los tres elementos constitutivos de
los programas y políticas públicas es la existencia de un problema
público, es decir, una situación
que determinados grupos
consideran negativa y ante la
cual exigen una intervención
pública.
Dado que la lista de
problemas que son
considerados prioritarios por
los distintos sectores de la
sociedad puede resultar
interminable y los recursos
públicos (dinero, capacidad
técnica, personal, etc.) son
limitados, es necesario
jerarquizar. De alguna manera
hay que establecer
prioridades, ordenando los
problemas según su
importancia relativa.
¿Cómo decidir qué
problemas merecen mayor atención en el ámbito público? No existe
una respuesta unívoca a esta pregunta. Sin embargo, evaluar las
consecuencias de la acción pública en cada una de esas situaciones
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puede ayudarnos a tomar esta decisión. De este modo, el problema
que merece mayor atención será aquel cuya solución (a través de la
acción pública) permita satisfacer mayor cantidad de demandas y
producir el máximo posible de bienestar en la población. La acción
pública será así un vehículo para la generación de valor público.
De manera genérica, el valor se relaciona con la capacidad de
satisfacer demandas, generar gozo, deleite o bienestar. El valor brota
así del encuentro entre determinadas necesidades o expectativas y los
bienes, servicios u oportunidades que están disponibles. El valor
público se distingue de otros tipos de valor por ser percibido por el
conjunto de la sociedad. Es consumido o disfrutado de manera
colectiva y no exclusivamente individual.
El valor público responde de manera fundamental a las
preferencias y aspiraciones de los ciudadanos, pues ellas
determinan a qué atribuyen o no atribuyen valor. Los ciudadanos
tienen preferencias respecto a los bienes y servicios públicos que
reciben (o piensan debieran recibir) y a sus características. Pero
manifiestan también de manera general aspiraciones respecto a cómo
desean que funcione su sociedad. Estas aspiraciones pueden estar
referidas a cuán ordenada, equitativa o transparente desean los
ciudadanos que sea su sociedad y el manejo de la misma.
A partir de sus preferencias y aspiraciones, los ciudadanos
atribuyen valor a tres tipos de efectos que resultan de la actividad
pública: servicios, resultados y confianza. Hagamos una breve
referencia a cada una de estas categorías.
Los ciudadanos esperan estar satisfechos con los servicios
que reciben (salud, educación o asistencia crediticia, por
ejemplo). Un servicio será considerado valioso si logra
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efectivamente satisfacer las necesidades y expectativas de sus
usuarios.
Pero los ciudadanos también desean determinados
resultados que trascienden la satisfacción individual que
obtienen determinados usuarios de los servicios. Así por
ejemplo, más allá de la satisfacción que logren quienes acuden a
los servicios de salud, la colectividad puede considerar que
reducir la mortalidad infantil es un resultado valioso. En
consecuencia –y de manera relativamente independiente al
grado de satisfacción que obtengan los usuarios directos- será
legítimo para los ciudadanos en general asignar recursos a los
servicios que permiten el logro de dicho resultado.
Finalmente, los ciudadanos también valoran la confianza que
pueden depositar en las instituciones encargadas de
generar servicios y resultados para ellos. No basta que los
resultados se obtengan o la satisfacción individual se produzca.
Los ciudadanos aspiran a mantener un grado apreciable de
confianza en las decisiones que toman los políticos electos así
como las organizaciones y funcionarios que les sirven. Las
decisiones públicas usualmente exigen que unos actores
pospongan sus propios intereses en favor de los de otros. Ello
sólo es posible si los actores tienen confianza en el proceso de
toma de decisiones y lo consideran legítimo, pues de lo contrario
protestarán y no aceptarán la decisión tomada.
La consideración de los servicios, los resultados y la confianza
como objeto de valoración pública, nos conduce a pensar –como
sostienen Gutiérrez y Cortázar (2004) retomando las ideas de Mark
Moore (1998) - que el valor público tiene dos dimensiones
importantes:
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Para Bardach, las
oportunidades son
aquellas situaciones
que potencialmente
pueden generar valor
público de manera
poco costosa.
El beneficio que efectivamente se genera para determinados
usuarios o consumidores.
El beneficio que de manera global se genera para la ciudadanía
al responder a sus aspiraciones y valoraciones.
Así, por ejemplo, el mejoramiento de
los servicios de salud no sólo crea valor al
generar un beneficio concreto para los
usuarios que se atienden en ellos. También
genera valor para el conjunto de ciudadanos
-sea que acudan o no a dichos servicios- al
permitir el logro de resultados valiosos
(como el control de enfermedades
endémicas o la disminución de la
mortalidad infantil) o al generar mayor
confianza de los ciudadanos en los servicios
públicos (al establecer medidas efectivas para resguardar la
confidencialidad de la información de los pacientes, por ejemplo).
Las aspiraciones de los ciudadanos y la satisfacción de los
usuarios (que obviamente no dejan de ser ciudadanos) son por lo
tanto puntos obligados de referencia al reflexionar sobre el valor de las
acciones y programas públicos. De este modo, la gerencia en el ámbito
público debe atender a las aspiraciones ciudadanas y responder a las
necesidades de los usuarios.
Tomando la noción de valor público de Moore, Eugene Bardach
señala que la generación de bienes y servicios considerados valiosos
por los ciudadanos exige incurrir en costos debido, por ejemplo, a los
recursos y al tiempo que demandan y a la pérdida de libertad
individual que el ejercicio de la autoridad pública usualmente supone.
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En este sentido, argumenta la autora, algunas situaciones tienen la
virtud de disminuir drásticamente dichos costos, esto es, encierran la
potencialidad latente de generar valor público a bajo costo. Tales
situaciones son consideradas oportunidades.
Toda política pública se define como un proceso político que
involucra a un conjunto de actores que buscan realizar sus intereses
por medio de diferentes estrategias. En este marco ¿cómo será posible
acordar lo que es valioso? Los actores involucrados en el proceso, y
entre ellos los gerentes públicos, se verán obligados a negociar sus
intereses, objetivos y estrategias, poniendo una vez más en evidencia
la naturaleza interactiva y relacional de la gestión en el ámbito público
(Prats, 2004). De este modo, sólo en la política y a través de la política
será posible descubrir y moldear los mandatos para la acción (Moore,
1998).
La negociación y el acuerdo político son la única manera que
tienen las sociedades democráticas para establecer qué es más valioso
para la sociedad en su conjunto (Moore 1998). Ello es así porque no es
posible calcular objetivamente qué es más valioso partiendo de
percepciones, valores e intereses distintos y hasta contradictorios.
Frecuentemente pensamos que la negociación política es o debiera ser
ajena a la definición e implementación de las políticas y programas
públicos, dado que este sería un problema eminentemente “técnico.” El
problema es que sin acuerdos políticos no es posible establecer qué es
más valioso en una colectividad. La tentación de una definición
puramente “técnica” de lo que es valioso esconde muchas veces la
tendencia a imponer a las comunidades e individuos decisiones de
valor que corresponden a las propias visiones e intereses de los
funcionarios y técnicos a cargo de la marcha de los programas.
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Los criterios técnicos en la definición e implementación de los
programas y políticas son obviamente indispensables (insistiremos en
esto a lo largo de todo el curso). Pero no son suficientes para definir el
valor público de una actividad, bien o servicio. Pueden apoyar la
negociación política de los actores, al ofrecer –por ejemplo-
información sobre los costos y consecuencias de las acciones a tomar.
Pero la definición de qué es valioso depende en última instancia de las
percepciones e intereses de los actores. En este marco, siguiendo a
Wildavsky,3 es posible pensar que las políticas públicas son producto
de la interacción social, de la cual la racionalidad es sólo una parte. La
política propiamente dicha es un híbrido que mezcla racionalidad,
preferencias e intereses. El intelecto, en este escenario, coadyuva a
guiar más que a reemplazar la interacción social. Ante la contundencia
de las percepciones e intereses sólo cabe una negociación política para
llegar a acuerdos relativamente estables.
Puede argumentarse que los sistemas políticos en nuestra región
están usualmente marcados por la corrupción y el oportunismo, por lo
que las decisiones que generan respecto a qué es valioso en el ámbito
público no son siempre las más adecuadas o útiles para los
ciudadanos. Sin embargo, viviendo en democracia no tenemos un
mecanismo mejor para llegar a acuerdos colectivos que la vía política.
A fin de cuentas, las dictaduras y sistemas autoritarios que pretenden
decidir “técnicamente” en favor de las mayorías no respetan los
intereses y visiones de individuos y grupos sociales, excluyendo
usualmente a los más pobres. Será entonces necesario elevar la
calidad del debate y la negociación política, disminuyendo el peso que
3 Citado en Buendía (1987).
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la corrupción y el oportunismo tienen en la toma de decisiones
relativas a las políticas públicas y sociales.
En síntesis, la responsabilización ante los ciudadanos, la mayor
preocupación por los procesos y los resultados así como una clara
orientación hacia la comunidad son elementos clave de una
perspectiva gerencial anclada en la noción de valor público. Como
tales, son útiles para evaluar nuestro propio desempeño como
gerentes en el ámbito público. Al tenerlas en cuenta y orientar nuestra
labor cotidiana hacia la generación de valor público, podemos ser
capaces de enriquecer y superar una visión meramente administrativa
y controladora de la gerencia pública.
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