SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Miguel Barbosa Huerta Coordinador del GPPRD

Dolores Padierna Luna Vicecoordinadora del GPPRD

*** Alejandra Barrales Magdaleno Luz María Beristain Navarrete

Lorena Cuéllar Cisneros Manuel Camacho Solís Mario Delgado Carrillo

Angélica de la Peña Gómez Fidel Demédicis Hidalgo

Alejandro Encinas Rodríguez Fernando Mayans Canabal

Iris Vianey Mendoza Mendoza Raúl Morón Orozco

Adán Augusto López Hernández

Isidro Pedraza Chávez Sofío Ramírez Hernández

Armando Ríos Piter Zoé Alejandro Robledo Aburto

Benjamín Robles Montoya Adolfo Romero Lainas

Rabindranath Salazar Solorio Luis Sánchez Jiménez

****

ÁREAS TÉCNICAS Felipe Zermeño Núñez Secretario Técnico

Blanca Báez Salomón

Coordinadora de Asesores

Sandino Luna Almeida

Secretario Parlamentario

PROYECTO DE AGENDA LEGISLATIVA,

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del

Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura* *En el caso de la Agenda Política, se hace una prospectiva de nombramientos que abarcan el Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.

ÍNDICE INTRODUCCIÓN. ------------------------------------------------ ---------------- 1

I. TEMAS DE PRIORIDAD DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD. ----------------------------------- 6 II. AGENDA PROGRAMÁTICA. ----------------------------------------------- 18 III. AGENDA DE LA GENTE. ------------------------------------------------- 23 IV. AGENDA POLÍTICA. ------------------------------------------------------ 26

INTRODUCCIÓN A tan sólo dos años del inicio de ejercicio del gobierno federal, existe un desgaste tan grande en el mismo, que la frágil legitimidad con la que arribó el gobierno, hoy se ha erosionado a grado tal que se cuestiona la gobernabilidad democrática. La corrupción, la crisis económica, el descrédito de todos los partidos políticos y de los actores públicos, han generado un ambiente social de pronóstico reservado. La violencia asoma desde varios frentes. La institucional que tiene su rostro en una policía mal preparada y apta para agredir a la ciudadanía. La económica que asoma en los hogares de más de sesenta millones de mexicanos y la delincuencial que ha penetrado a las instituciones. En general en el mundo, el Estado ha perdido el control de la comunicación política. Las llamadas redes sociales se han sobrepuesto a los bloqueos tradicionales que la autoridad solía emplear para ocultar información, distorsionarla o manipular su contenido, con propósitos de enajenación. La nueva era de la información hace que prácticamente en vivo se conozcan los hechos que suceden en los espacios públicos y a veces también privados. En estos tiempos, la sociedad ha establecido su propios mecanismos de articulación y su descontento se expresa cada vez más en grupos organizados que descreen de las autoridades y cuestionan fuertemente el status quo de exclusión que han padecido, mismo que en esta coyuntura se ha exacerbado en México, ante tan indignantes hechos que han protagonizado las autoridades y prácticamente todos los partidos políticos. Nadie se salva. Tlatlaya nos muestra el rostro de un Estado que justifica la ejecución extrajudicial de “delincuentes” y premia a quienes desde el uniforme verde olivo se saben impunes frente a cualquier autoridad. Tuvieron que pasar tres meses de que se suscitaron los hechos para

1

que, a instancia de declaraciones del gobierno norteamericano se “iniciara” la investigación, que hasta ahora sólo ha derivado en detenciones de personal de bajo mando dentro del Ejército. Tlatlaya, es la expresión más cruda que puede haber de un sistema en donde la impunidad forma parte sustancial del arreglo institucional. En el que los delitos que se sancionan son, en efecto, una minoría frente a los que se presentan y donde existen intocables, sin importar la gravedad de sus conductas. La ejecución extrajudicial de al menos ocho personas la madrugada del 30 de junio de 2014, en una bodega ubicada en el municipio mexiquense de Tlatlaya, da cuenta del permiso que se arrogan las fuerzas militares, ante la debilidad institucional de un gobierno civil. Se saben impunes en la medida en que asumen que su respaldo es clave, ante la fragilidad de la legitimidad del gobierno federal. A estos hechos delictivos de Tlatlaya, Estado de México, se debe sumar el caso de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre del año en curso, en los que de manera brutal fueron atacados estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en una complicidad abierta, entre elementos policiacos, y con alta probabilidad militares, e integrantes del crimen organizado, lo que derivó en la muerte de seis estudiantes y la desaparición de 43,y cuyo reclamo de justicia, agrupa a cada vez más ciudadanos, en una indignación colectiva. La sociedad civil internacional, los organismos internacionales en materia de protección a los derechos humanos y gobiernos extranjeros, de manera creciente han expresado su repudio a los hechos acaecidos, asimismo han hecho suyo el reclamo de investigación y sanción a todos los responsables. Se asume, desde el entorno internacional, que la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada perpetradas por fuerzas del Estado, son conductas que agravian a todos, más allá de las fronteras de los países, y por ello se ubican dentro del concepto de lesa humanidad, cuya salvaguarda corresponde a todos, pues deriva del concepto universal de

2

defensa de la dignidad humana, la que nos hace igual a todos, fuera de todas las diferencias. Estos dos hechos, por si mismo son suficientes para generar el mayor desgaste y descrédito que ha experimentado cualquier gobierno, en un lapso de sólo dos años. Sin embargo, no son los únicos que permiten explicar la situación actual de frágil cohesión social, pues a la barbarie de la violencia cruda y descarnada que se ha vivido en lo que va del sexenio, con abierta participación de agentes del Estado, y que representan lo sucedido en Tlatlaya e Iguala, se debe sumar de manera muy lastimosa para todos, los terribles actos de corrupción que involucran al propio Ejecutivo Federal. El Ejecutivo y su círculo más cercano, en tan sólo veinticuatro meses de ejercicio, se han visto directamente involucrados en actos de corrupción que indignan a todos. Tal parece que el coctel que ofrece este gobierno está compuesto de violencia, corrupción e ineficacia. La licitación dirigida, para la construcción del tren rápido México-Querétaro, reveló entretelones de un modelo de corrupción al más alto nivel, que viene acompañando a los principales operadores del gobierno federal desde la propia administración pública en el Estado de México. La empresa Higa, integrante del “grupo ganador” es beneficiaria de múltiples contratos del más diverso giro desde hace años por parte de personas integrantes del equipo gubernamental. En efecto, han sido beneficiarios en obras relacionadas con la remodelación del Hangar Presidencial del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la construcción, remodelación y funcionamiento de más de 58 caminos en el Estado de México, de los que destacan el distribuidor vial Metepec, la autopista Toluca- Atlacomulco y el Viaducto elevado Bicentenario. Además, el grupo Higa, también participa del negocio de las rentas de aeronaves, helicópteros y jets para transporte de personas, carácter por

3

el cual fue quien proporcionó dicho servicio durante 2012, al entonces candidato Enrique Peña Nieto. Asimismo, entre la multiplicidad de actividades que le permiten contratarse con el gobierno, el Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa, y cuyo domicilio se ubica en Toluca, Estado de México, también funge como agencia inmobiliaria de bienes de alto valor económico, en cuyo carácter “oferta” casas de lujo al Ejecutivo a través de su esposa y a integrantes de su gabinete. A través de una investigación periodística se reveló la existencia de un contrato de compraventa por más de 7 millones de dólares, en la que la parte vendedora es el Grupo Higa y la parte compradora es la esposa del Ejecutivo Federal, Angélica Rivera. En efecto, el escándalo de la llamada Casa Blanca, hizo que no sólo se cuestionara el alto valor económico de la propiedad, de suyo ya suficiente para crear malestar en una población que en los últimos treinta años ha visto disminuida su capacidad de sobrevivencia, sino el conflicto de intereses que hay cuando las partes están involucradas por si, o a través de familiares en primer grado, en otros negocios, con dinero que proviene del presupuesto público. Los cuatro asuntos referenciados, son puntos de quiebre que mantienen hoy por hoy en una clara crisis de credibilidad y legitimidad de las instituciones públicas en nuestro país, misma que se extiende a todos los partidos políticos y a los propios actores de la política nacional. Ante esta crisis institucional, como se vislumbra, la respuesta debe ser la generación de cambios que permitan reponer los mecanismos de cohesión social, que al mismo tiempo aseguren la gobernabilidad democrática, y abran los causes al involucramiento de la sociedad en las tareas públicas, de seguimiento, de control y de rendición de cuentas. En caso contrario, y de no entenderse que ante momentos de crisis institucional lo que sigue es mayor apertura, que permita revertir el descrédito de las autoridades, lo que sigue puede llevar a estallidos de inconformidad que pueden tornarse violentos y cuya respuesta coactiva

4

por parte del Estado, puede prender hacia una insurrección que generará por necesidad muchas víctimas. La semilla puede dar frutos pacíficos, y generar nuevos cauces de participación ciudadana y mejoramiento institucional, pero la torpeza y necedad oficialista, también puede ser el germen de estallidos sociales, que nadie desea. Pretender que el tiempo, el silencio, la contención y aún represión por parte de la policía, será suficiente para superar la crisis, es una apuesta de alto riesgo, ante la creciente inconformidad e indignación social. Por ello, ante el coctel altamente flamable, que está instalado en el escenario nacional, de corrupción, violencia, crisis económica, descrédito e ilegitimidad, la respuesta democrática es la mejor. Ninguna tentación autoritaria, tendrá, en el corto y largo plazos, resultados positivos. La apuesta democrática se compone de transparencia, rendición de cuentas, combate real a la corrupción, participación ciudadana y modelo de desarrollo económico y social distinto al que ha empobrecido, en los últimos treinta años, a una franja de población cada vez mayor. De cara a las próximas elecciones del 7 junio de 2015, el gran pendiente de los partidos políticos y sus actores consiste en estar a la altura de una sociedad exigente, que ha roto el monopolio de la información dirigida y manipulada por, principalmente, los medios televisivos, a través de redes sociales que navegan a través de internet a gran velocidad y permiten, a veces en tiempo real, ver, oír y leer lo que está pasando en las calles, lo que se gesta a través de la gente y cómo la indignación y la ausencia de miedo van gestando la semilla de un México distinto. Acompañar la demanda social, no significa montarse en el oportunismo discursivo, que a nadie engaña, sino abrir el cauce a la participación de la sociedad en las decisiones. Si no se entiende esto, por parte de la clase política, el riesgo de perder, es para todos.

5

6

I. TEMAS DE PRIORIDAD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD.

En los siguientes temas, se plantea impulsar un proyecto de iniciativa o bien su resolución por parte del Pleno:

El tema de transparencia aún se encuentra inconcluso, por lo que es prioritario impulsar la creación y modificación de las leyes

1. Transparencia y reglamentarias derivadas de la reforma

Constitucional en la materia.

Evaluación

En el anterior periodo de sesiones se creó un

grupo de trabajo que elaboró ya las iniciativas respectivas, por lo que debe concluirse el trámite legislativo correspondiente.

Definir y aprobar el proyecto de decreto por el 2. Reforma Política que se reforman, derogan y adiciona diversos del Distrito Federal artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de

reforma política del Distrito Federal.

El tema de la corrupción es un asunto que reclama urgente atención, por lo que se debe asumir como un tema prioritario dentro de esta agenda parlamentaria. Han sido constantes y en aumento los casos de corrupción que se han conocido últimamente, lo que ha provocado un profundo malestar social y ha encendido focos 3. Reformas en rojos a los que se debe dirigir toda la atención, Materia de ya que a nivel internacional, México se Anticorrupción. encuentra en los primeros niveles de

corrupción. Este fenómeno afecta gravemente a todos los mexicanos ya que distorsiona el funcionamiento de los órganos del Estado y de sus servidores públicos, deslegitima a las instituciones públicas, genera vicios en la gestión pública, incrementa los niveles de

7

desigualdad, presiona para la creación de legislaciones y políticas públicas inapropiadas e ineficaces, y profundiza la distribución inequitativa de recursos públicos y de un gasto ineficiente.

Son nulos los esfuerzos que se han realizado para combatir la corrupción, por lo que lejos de disminuir, su práctica va en aumento. Diferentes organismos internacionales y nacionales han denunciado el crecimiento de este fenómeno en los últimos años por eso hoy más que nunca la fracción parlamentaria del PRD debe enfocar sus esfuerzos a erradicar este fenómeno que afecta gravemente al país en todos sus ámbitos: político, social, económico, educativo y legal, por lo que se debe hacer uso de los mecanismos necesarios para impulsar la aprobación de las reformas en esta materia en la Cámara de Diputados y en la mayoría de los Congresos locales para iniciar su proceso de reglamentación.

La inmunidad penal que la Constitución confiere a altos servidores públicos se concibió como un mecanismo de protección de representantes populares frente a los posibles embates de otros poderes por motivos políticos. Sin embargo, actualmente, el fuero constitucional es visto con celo por la ciudadanía, al considerarlo una 4. Inmunidad de cobertura de impunidad que permite a algunos servidores públicos servidores públicos realizar prácticas de (fuero) . corrupción sin riesgo de persecución ni sanción penal. Por ello, es preciso desarrollar un instrumento constitucional moderno, que preserve la sustancia de la protección frente a toda persecución política, al mismo tiempo que permita el procesamiento y sanción de los servidores públicos que incurran en conductas delictivas.

Se debe realizar una revisión integral de los

8

salarios para iniciar un proceso de recuperación,

que mejore el poder adquisitivo de las y los trabajadores de menores ingresos; así como

la 5. Salarios disminución de los salarios de la alta burocracia y sus privilegios.

El GPPRD buscará:

1) Definir la ruta de discusión de la minuta, que se encuentra pendiente de aprobación, que logre desindexar el salario mínimo como unidad de medida; 2) Generar una propuesta para elevar el salario mínimo, y 3) Disminuir el salario de los altos funcionarios de los tres poderes de gobierno.

La seguridad pública y la justicia son dos de las exigencias más sentidas de la ciudadanía. Esencial para el bienestar de la sociedad, como base del normal desarrollo de la vida cotidiana y de las tareas institucionales de gobierno, la seguridad pública no sólo busca el resguardo del orden público, sino que constituye la función del Estado que en mayor medida garantiza el ejercicio de los derechos y las libertades de la colectividad. Por su parte, la justicia esencialmente restituye esas prerrogativas cuando son restringidas por particulares o 6. Modelo de gobernantes. Por ello, una crisis de seguridad y Seguridad Pública justicia de la gravedad de la que vive nuestro país conlleva el inherente sello de una crisis de derechos humanos que debe ser atendida de manera eficiente y oportuna, ante los riesgos latentes de una falla general del Estado y de la desintegración social.

En ese sentido, es necesario reformular la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en materia de seguridad pública y justicia y acuñar un proyecto de amplio consenso político y social, que en vez de centralizar el poder en la Federación y en el propio Ejecutivo, en detrimento de los municipios, dote al Estado

9

mexicano de los instrumentos necesarios para hacer frente con eficacia a los problemas de inseguridad, de impunidad y de infiltración y colusión entre delincuencia organizada y poderes públicos, en un esquema de coordinación, colaboración y respeto pleno entre ámbitos de gobierno.

Toda vez que el municipio es el orden de gobierno más cercano a la gente, se deberán proponer reformas a la Constitución a fin de fortalecer la autonomía, funciones y capacidades municipales, así como la implementación de mejores esquemas de coordinación, colaboración y respeto pleno entre los ámbitos de gobierno, en materias como seguridad pública y desarrollo social.

7. Municipalismo De igual modo, impulsar reformas al esquema

de coordinación fiscal, para fortalecer las haciendaspúblicasmunicipalesenla recaudación, distribución y transparencia de recursos, eficiente el gasto bajo el principio de responsabilidad fiscal y contemple indicadores que permitan reconocer las buenas prácticas y premien a los municipios y Entidades con los mejores resultados.

La reforma constitucional en materia política publicada el 10 de febrero de 2014 ordena la emisión de una legislación reglamentaria del artículo 134 para regular la propaganda gubernamental. En ese sentido, el paquete de

8. Propaganda iniciativas presentado por el Grupo

Parlamentario del PRD el 19 de marzo de 2014,

Gubernamental

para la reglamentación de la reforma

constitucional propone la emisión de una Ley General de Propaganda Gubernamental que garantice la austeridad, equidad y el carácter institucional de la publicidad que emita todo órgano público, federal o local, y sancione la extendida práctica de la promoción

10

personalizada de los servidores públicos, estableciendo: un tope al presupuesto para publicidad del 0.05% del gasto corriente de cada órgano; mecanismos para erradicar la censura indirecta; la prohibición de toda forma de propaganda encubierta, y la creación de un Consejo Ciudadano de Supervisión de la Propaganda Gubernamental, en el órgano anticorrupción del Estado Mexicano.

En el actual escenario político, es visible el deterioro de la confianza ciudadana respecto de quienes ejercen la representación popular y, en contraparte, es evidente la madurez política de la propia ciudadanía que demanda la apertura de canales directos de participación y toma de decisiones. En dicho contexto, la revocación del mandato ofrece una ventana de oportunidad democrática para la recuperación de la 9. Revocación de diezmada legitimidad de los poderes del Estado. Mandato Ningún pueblo debe ser obligado a mantener en

el poder a gobernantes que no desea. Por ello, la revocación de mandato es también un instrumento de profunda democracia política para que los gobernantes tengan siempre presente que su elección no es una autorización para el ejercicio discrecional del poder, sino un compromiso permanente de servicio con la ciudadanía.

Concluir el proceso de elaboración, de la legislación, que atienda la problemática que enfrenta el campo mexicano con un enfoque integral y multidisciplinario, preservando las 10. Reforma formas de tenencia y producción social de la

tierra.

Integral para el Fortalecimiento del Es preciso crear desde la legislación un “Fondo Campo de rescate para el campo mexicano”, que canalice mayores apoyos federales a la agricultura social campesina potencializando la productividad de la tierra. Así mismo, es

11

urgente implementar un Plan de rescate para que, bajo la tutela del gobierno federal pero con la coordinación de los tres niveles de gobierno, de manera paulatina y en un plazo no mayor a cinco años, puedan volver a explotar sus tierras aquellos ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios que han sido desplazados por la delincuencia organizada.

En general, es necesario atender el proceso legislativo de reforma integral del campo y del Frente Parlamentario contra el Hambre en la legislación reglamentaria; atender los problemas fundamentales de fuentes de financiamiento, agricultura familiar, extensionismo rural, comercialización y aseguramiento a cosechas.

Cada año por nuestro país transitan de manera irregular miles de migrantes, hombres, mujeres, adolescentes, niños y niñas, la mayoría con la intención de llegar a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, pero en su tránsito por nuestro país son víctimas de graves abusos, como robos, discriminación, extorsiones, secuestros, agresiones físicas, agresiones sexuales y en algunos casos hasta la muerte. En ese grave contexto, las autoridades mexicanas, lejos de ofrecer protección y atención a las personas migrantes, han sido un factor que acrecienta su

11. Reformas en vulnerabilidad, incurriendo en omisiones e,

incluso, fungiendo como cómplices y

Materia

de

encubridores de los grupos delictivos. Protección de los

Una especial relevancia toma el fenómeno de Derechos Humanos

de los Migrantes y las niñas y niños que cada vez con mayor Desplazados frecuencia cursan la ruta migratoria, en muchos

casos no acompañados de un adulto, Internos

exponiéndose a mayores riesgos en su integridad, en una circunstancia de mayor vulnerabilidad de sus derechos.

12

Por ello, el fenómeno migratorio sigue siendo uno de los temas prioritarios en nuestra agenda legislativa. Es preciso proponer reformas que establezcan un esquema efectivo de protección a los derechos humanos de las personas migrantes; es urgente un cambio fundamental en la concepción de la función y el esquema organizativo institucional de la autoridad migratoria mexicana, y es menester concluir la implementación del sistema de protección integral de los derechos de las niñas y los niños en nuestro país, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria.

Aprobar la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno. Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Población y Desarrollo.

Los derechos laborales de la trabajadora o trabajador del hogar, si bien se encuentra regulado en un capítulo de la Ley Federal del Trabajo, su aplicación es nula ya que la mayoría de este tipo de trabajador o trabajadora no

12. Fortalecimiento goza de los derechos a la seguridad social, de los Derechos compromiso que México ha asumido a través Laborales de las del Convenio 189 de la OIT, a la no trabajadoras y los discriminación, a la privacidad, a la no violencia, trabajadores del al salario digno, a la duración de la jornada hogar. laboral, a las vacaciones, al servicio médico, al

aguinaldo.

Se deben fortalecer los mecanismos que permitan de manera efectiva la aplicación y respeto de estos derechos en favor del o la trabajadora del hogar.

Promover la articulación de un Sistema Público Integral de Salud, de acceso universal.

13

Impulsar la minuta en materia de la Ley General para la Salud Alimentaria y la Prevención y Atención Integral de la Obesidad, el Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria, la cual fue remitida a la Cámara de Diputados.

En el tema del seguro de desempleo se debe reencausar la minuta de la Cámara de Diputados, para evitar que el fondeo sea a

partir del fondo de la vivienda. 13. Salud, Seguridad

En el tema de personas adultas mayores, Social y Base de Cotización establecer la pensión en un esquema de financiamiento viable para todos.

Asunto de especial preeminencia es el que tiene que ver con los derechos de las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género garantizar y promover el respeto como sujetos de derecho; es indispensable lograr desmontar la discriminación por preferencia u orientación sexual que prevalece en los diversos Grupos Parlamentarios, así como dictaminar los preceptos para que se reconozcan los derechos de seguridad social de sus cónyuges, es urgente tanto en la Ley del Seguro Social como la Ley del ISSSTE.

Aprobar el proyecto de decreto que reforma el artículo 27, y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social, para que la base de cotización al IMSS sea homóloga al ISR.

Aprobar los proyectos de decreto siguientes:

• Iniciativa con proyecto de decreto por el

14. Bullying que se expide la Ley General para la

Promoción de la Convivencia Libre de Violencia (Violencia Escolar) en el Entorno Escolar y se reforman las

fracciones IX y X del artículo 75 de la Ley General de Educación y el inciso D) del artículo 32 de la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y se adiciona el artículo 149

14

Quáter del Código Penal Federal • Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación.

Es necesario modificar la minuta que pretende cambiar el artículo 16 constitucional para reducir el período de arraigo de 40 a 20 días naturales para el caso de delincuencia organizada. Esto con el fin de que esta figura, en atención a las recomendaciones de organismos internacional en materia de derechos humanos, sea derogada de nuestro 15. Arraigo y sistema jurídico. Resguardo Eliminar del Código Nacional de Procedimientos Domiciliario Penales la medida cautelar, lo anterior por contravenir los principios fundamentales de derecho como el debido proceso y la presunción de inocencia, reconocidos en los Instrumentos Internacionales de protección a los derechos humanos que ya han sido ratificados por México.

Impulsar los proyectos siguientes: • En materia de la Ley Reglamentaria del artículo 1º Constitucional, referente a la prevención, investigación, sanción y reparación del daño por violaciones a Derechos Humanos; así como, la protección de los mismos.

• En materia de la Ley Reglamentaria del Artículo 33 Constitucional, referente a la Facultad del Ejecutivo de la Unión en Materia 16. Derechos de Expulsión de Personas Extranjeras.

Humanos • En materia de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional, relativo a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías. • En materia de la Ley Reglamentaria del artículo 102 apartado B Constitucional, relativo a la facultad otorgada a la Comisión Nacional

15

de Derechos Humanos, para investigar las violaciones graves a los derechos fundamentales.

• En materia de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. (Modificación estructural de la ley, cambio de nombre de la ley). • Respecto a los Derechos Humanos de las Mujeres, concretar reformas en el delito de Feminicidio, Alerta de Violencia de Género y las Órdenes de Protección. Asegurar el pleno respeto de sus derechos sexuales y reproductivos a través de la aprobación de la reforma a la Ley General de Salud correspondiente.

• En materia de la Ley que reconoce los derechos iguales de la Comunidad LGBTTTI, una de las urgencias es que se reconozcan los derechos de seguridad social de sus cónyuges tanto en la Ley del seguro Social como en la Ley del ISSSTE.

• En materia de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

• En materia de desaparición forzada o involuntaria de personas.

• En materia de tortura.

Además del seguimiento que debe hacerse a las rondas cero y uno derivadas de la reforma energética, también es necesario impulsar un marco jurídico que garantice la protección del 17. Transición medio ambiente en las actividades relacionadas con los hidrocarburos y la minería, a efecto de Energética,

reducir el impacto ambiental de las mismas. Protección del Medio Ambiente y Concretar la dictaminación de una nueva ley Minería minera que mejore la regulación de la actividad con mecanismos de participación ciudadana, de

16

menor temporalidad de las concesiones y de revisión de las causas de revocación de las mismas, especialmente en aquellas que provoquen daños ecológicos y a sus trabajadores.

• Concretar la ley secundaria del Consejo

18. Evaluación de Nacional de Evaluación de la Política Social.

• La vigilancia al uso de programas sociales, Política Social

especialmente en los Estados en donde se llevarán a cabo elecciones.

17

II. AGENDA PROGRAMÁTICA

. Eje 1. Nueva economía, desarrollo sustentable y soberanía energética.

• Se propone repensar la fórmula prevista en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal a fin de integrar los siguientes indicadores y componentes:

1) Población en vivienda sin agua entubada;

2) Población indígena;

3) Población en localidades de menos de 500 habitantes;

4) Población migrante; y,

5) Déficit en peso y talla infantil.

• Promover la conformación de una Banca de Desarrollo para

incentivar la inversión productiva en las regiones de alta marginación, el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, la productividad local, regional y en general la economía productiva.

• Impulsar la reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la

protección al Ambiente para crear un Fondo Verde, cuyo objetivo sería captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales para apoyar la implementación de acciones que se refieran a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente.

• Impulsar un marco jurídico que garantice la protección del medio

ambiente en las actividades relacionadas con los hidrocarburos y la minería, a efecto de reducir el impacto ambiental de las mismas; garantizar mecanismos adecuados para que las poblaciones y

18

comunidades potencialmente afectadas puedan reclamar daños y perjuicios por parte de las empresas participantes y asegurar la restauración del medio ambiente al terminar la actividad.

• Impulsar iniciativa de reforma en materia de Turismo, que regule el

tema de las prácticas monopólicas en temas relacionados con los paquetes “todo incluido” en las cadenas hoteleras, ya que merman la economía del Estado y de la población, enriqueciendo solo a los grandes consorcios extranjeros.

• Impulsar la creación del Consejo Económico y Social como

órgano de consulta de los Poderes de la Unión en materia de Política Económica y Social. Existe una Minuta en la materia que puede ser base de una propuesta nueva de mayores alcances.

Eje 2. Libertades y transversalización de los Derechos Humanos en el Marco Jurídico Mexicano.

• Promover reformas legales para armonizar la legislación secundaria con los Pactos sobre Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer, entre otros.

• Promover la aprobación del proyecto de decreto por el que se

reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres.

• Presentar iniciativa de reforma a la Ley Federal de la Defensoría de

Oficio, para la profesionalización de los defensores de oficio.

• Los casos de albergues como “Casitas del Sur”, “La Gran Familia” y otros más disfrazados de casas-hogar, casas de retiro, anexos o granjas, ha dejado ver la problemática de los diversos albergues de “protección y ayuda a niñas y niños en situación de desamparo, personas adultas mayores, personas con problemas de alcoholismo

19

y drogadicción, lo que ha provocado que se dirija la atención hacia ellos y salga a la luz la gran opacidad con la que han desarrollado sus actividades.

Contrario a lo que ordena la Ley de Asistencia Social, en México no existen instrumentos que permitan generar y transparentar cifras oficiales que establezcan el número de albergues que existen en el país, ni del número de las personas que en ellos se encuentran y menos aún, pero más importante, las condiciones en las que viven y son tratados, de lo que resulta que no hay una legislación efectiva que regule su actividad, por lo que es urgente proponer una legislación que regule de manera eficaz la actividad y funcionamiento de estos albergues.

• Impulsar la aprobación de la Iniciativa con proyecto de Decreto por

el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley de Asistencia Social, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de Deudores Alimentarios.

• Generar una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se

reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de familias reconstituidas.

Eje 3. Estado social y democrático de derecho.

• Impulsar una nueva reforma laboral que realmente beneficie a los trabajadores, toda vez que se ha comprobado que la aprobada en 2012 no ha generado ningún beneficio ni a las y los trabajadores, ni a las empresas.

• Para las y los jóvenes del país, promover una ley marco en materia

de protección y garantía de sus derechos y reformar diversos ordenamientos, con el fin de asegurar un costo preferente en los todos los servicios públicos, promover trabajos dignos y bien

20

remunerados, ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en la educación, garantizar el respeto de los derechos sexuales y reproductivos.

• Crear un marco normativo que incluya programas sociales y un

modelo de protección patrimonial a los bienes en apoyo de las personas adultas mayores.

• En relación a los pueblos y comunidades indígenas, impulsaremos

atender la deuda histórica que se tiene con ellos y que en gran medida se buscaba considerar a través de la llamada Ley COCOPA.

• Presentar una iniciativa para crear una Ley General de Desarrollo de

los Pueblos y Comunidades Indígenas que contenga un Fondo compensatorio para los municipios indígenas.

• Garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y

afromexicanas a la autodeterminación y al uso, goce y disfrute de los recursos naturales que hay en sus territorios, para ello se debe impulsar la creación de la Ley Reglamentaria del Artículo 2 Constitucional para privilegiar su derecho a la libre determinación de sus formas de vida.

• Iniciativa para establecer los derechos de las jefas y jefes de familia

en condiciones de vulnerabilidad. Se propone modificar Ley General de Desarrollo Social para incluir un seguro de vida y apoyo mensual en caso de desempleo.

• Seguro Popular para Jóvenes. Se propone modificar los candados

del programa federal denominado “Seguro Popular” para otorgar este beneficio a los jóvenes comprendidos entre los 18 y 25 años de edad, pues sólo el 25% de los jóvenes comprendidos en estas edades son estudiantes y el resto no pueden ser beneficiarios del Seguro Popular.

Eje 4. Nueva relación de México con el mundo.

21

• Promover la aprobación del proyecto de decreto por el que se

reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar que el pleno reconocimiento a la jurisdicción de los tribunales internacionales derivados de los tratados en los que México sea parte, así como la obligatoriedad de sus determinaciones.

• Promover dictamen de rechazo a la regulación que limita la libertad

de expresión en Internet contenida en el Acuerdo Internacional contra la Falsificación (ACTA), firmado por el Ejecutivo Federal.

• Analizar la incorporación de México al Acuerdo de Asociación

Transpacífico (TTP) y exigir al Ejecutivo la observancia de los mecanismos de colaboración entre poderes definidos en la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.

• En el ámbito internacional es de enorme trascendencia impulsar la

firma, aprobación y ratificación de los siguientes instrumentos internacionales interamericanos: la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

• Del Sistema Universal: el Tercer Protocolo de la Convención sobre

Derechos de la Niñez; el Protocolo Facultativo del Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; las Convenciones 138, 156, 183 y 189 de la OIT, entre otros.

• Incrementar la contribución presupuestal de México al Sistema

Interamericano de Derechos Humanos, así como estimular la creación de un sistema de evaluación regional del estado de los Derechos Humanos en el continente americano, en el marco del sistema Interamericano de Derechos Humanos.

• Analizar los convenios bilaterales en materia de aviación tanto con

Estados Unidos como con Canadá.

22

III. AGENDA DE LA GENTE

Derechos del consumidor. Desarrollos comunitarios. Ahorro. Deudas.

I. ECONOMÍA Tarifas de Servicios Públicos (gas, luz, gasolina).

Precios de Bienes y Servicios de Primera Necesidad. Caja de ahorro (Defraudadores) Ingreso Ciudadano Universal.

Especulación

Empleo Estabilidad. Seguridad Social. II. EMPLEO Derechos Laborales.

Prevención. Tejido Social.

III. VIOLENCIA Discriminación. Readaptación Social. Violencia de Género. Acoso Laboral.

23

Contaminación. Desarrollo Sustentable Autogestión de las Comunidades. Separación de Basura y Reciclaje. Calentadores y Celdas Solares. Desechos Sólidos o Peligrosos. Azoteas Verdes Ecoturismo.

V. SALUD

IV. MEDIO AMBIENTE

Acceso Universal. Cobertura del Seguro Popular. Prevención y Autocuidado. Atención integral de Obesidad, Insuficiencia Renal Crónica, Diabetes, Hipertensión, Cáncer, VIH, Alcoholismo, Drogadicción, Tabaquismo, Trastornos Alimenticios. Hemoderivados, Transfusiones y Bancos de Sangre.

Acceso a la Educación. Calidad en la Educación. Homologación. Regionalización. VI. EDUCACIÓN Alfabetización. Fomento a la Lectura. Orientación Vocacional.

24

Activación del Campo y Apoyo a Productores. Política de Salvaguarda de los Productos Agrícolas Mexicanos. VII. DESARROLLO Plan Emergente de Apoyo al

RURAL, PESCA Y Campo Mexicano y ALIMENTACIÓN Productores.

Ley Reglamentaria del Artículo 4° Constitucional en Materia de Derecho a la Alimentación. Políticade Apoyo a los Pescadores.

Acceso. Preservación. VIII. CULTURA Difusión. Talleres.

Transporte Público. Bicicletas.

IX. MOVILIDAD Carreteras. Tráfico en las Grandes

Ciudades. Cultura Universal del Deporte. Deportivos. Deporte en el Trabajo. X. DEPORTE Deporte en la Escuela. Campañas de Fomento al Deporte.

25

Niñas y Niños. Indígenas. Diversidad Sexual. Personas en Situación de Calle.

XI. GRUPOS SOCIALES Jóvenes. Personas con Discapacidad. Migrantes. Adultas y Adultos Mayores.

Medios Alternativos de Solución de Controversias. Mediación. XII. JUSTICIA Conciliación. Acceso a la Justicia. XIII. GESTIÓN DE Servicios Públicos

GOBIERNO Participación Ciudadana/ Presupuestos Participativos

Acceso a la Tecnología Quioscos Públicos y Gratuitos XIV. TECNOLOGÍA Precios Accesibles Computadoras y Tabletas en Escuelas para Todos.

26

IV. AGENDA POLÍTICA 1. FISCALÍA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Nombramiento del Titular. Pendiente en la Junta de Coordinación Política.

2. FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS

ELECTORALES

Nombramiento del Titular. Pendiente en la Junta de coordinación Política.

3. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Nombramiento de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En sustitución del Ministro Sergio Valls Hernández, quien falleció el pasado mes de diciembre y, En sustitución de la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero y el Ministro Juan N. silva Meza, quienes dejan el cargo el 30 de noviembre de 2015.

4. TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVO

Nombramiento de Magistrado de la Pendiente en comisiones.

27

Sala Superior. El 2 de octubre de 2014 el

Ejecutivo Federal propuso a Carlos Chaurand Arzate.

Nombramiento de Magistrado de la Pendiente en comisiones. Sala Regional. El 28 de abril de 2014 el Ejecutivo

Federal propuso a Raúl Hinojosa Islas

5. TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

Nombramiento de un Magistrado Pendiente en comisiones. Agrario.

6. TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO Nombramiento de Magistrados Numerarios.

cuatro Pendiente en comisiones.

El 23 de octubre de 2013, el Ejecutivo Federal propuso a Rafael Gómez Medina, Lilia del Carmen Flor Rivera Fonseca, María del Mar Salafranca Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo.

7. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Nombramiento de dos Vencimiento: En el mes de comisionadas (mujeres). octubre de 2014.

28

8. PERSONAL DIPLOMÁTICO EMBAJADORES a) Martha Cecilia Jaber Breceda,

en Jamaica y, en forma concurrente, ante la Mancomunidad de las Bahamas; así como representante de México ante la autoridad Internacional de los fondos Marinos con sede en Kingston, Jamaica.

b) Dolores Jiménez Hernández, en la República de Honduras.

c) Sara Valdés Bolaño, en la República Socialista de Vietnam y, en forma concurrente, ante el Reino de Camboya.

d) Francisco Javier Niembro Cibrian, en el Estado de Qatar.

CONSULES GENERALES: a) Alejandra García Williams, en

Sacramento, California, Estados Unidos de América.

b) Carolina Zaragoza Flores, en Laredo, Texas, Estados Unidos de América.

c) Carlos González Gutiérrez, en Austin, Texas, Estados Unidos de América

d) Oscar Rodríguez Cabrera, en Houston, Texas, Estados Unidos de América.

Pendiente en Comisiones. Pendiente en Comisiones.

29

9. ORGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ELECTORAL CAMPECHE Nombramiento de Magistrado Electoral. GUERRERO. Nombramiento de Magistrado Electoral.

En sustitución de Gloria Vilmary Pérez Escobar, quien renunció el 14 de octubre de 2014. Por sentencia de la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, se revoca el acuerdo de designación de Paulino Jaimes Bernardino, como Magistrado Electoral.

SONORA Por sentencia de la Sala Superior

Nombramientode Magistrado del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, se revoca el Electoral.

acuerdo de designación de José

Ricardo Bonilla Fiambres, como Magistrado Electoral.

10. PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

Nombramiento del Titular. La actual concluye el cargo el 28 de abril de 2015. 11. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA Nombramiento de dos integrantes de la Junta de Gobierno.

En sustitución de: Enrique de Alba Guerra, cuyo cargo venció el 31 de diciembre de 2014, y de Eduardo Sojo Garza Aldape, quien deja el cargo el 31 de diciembre de 2015.

30

12. INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN Y EL AHORRO BANCARIO

(IPAB) Nombramiento de dos integrantes de la Junta de Gobierno.

En sustitución de: Luis Miguel Montaño Reyes, cuyo cargo venció el 31 de diciembre de 2014 y Oscar Guillermo Levín Coppel, quien deja el cargo el 31 de diciembre de 2015.

13. ORGANISMO GARANTE DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (IFAI)

Nombramiento de 10 consejeros del Consejo Consultivo.

14. BANCO DE MÉXICO

Nombramiento del Presidente del Ensustituciónde Agustín Banco de México. Guillermo Carstens Carstens,

quien deja el cargo el 31 de diciembre de 2015.

15. CONSEJO DE LA JUDICATURA

Ampliación del Consejo de la Previa aprobación de la iniciativa Judicatura de reforma constitucional por el

que se amplía su integración

31

16. COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS Nombramiento de dos comisionados (as) de la comisión Nacional de Hidrocarburos

Uno en sustitución de Guillermo Domínguez Vargas, que renunció el pasado 15 de Enero. Según el Cuarto Transitorio de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia energética Los comisionados de la CNH y de la CRE en funciones, incluidos sus Presidentes, continuarán en su encargo hasta la conclusión del periodo para el que fueron nombrados.

Adicionalmente la Ley1 establece que en caso de producirse una vacante el Senado designará a la persona para terminar el periodo por el que fue nombrado a quién sustituya, de la terna que presente el Ejecutivo, por votación calificada, pudiendo ser designada por única ocasión al término de ese periodo. En este caso el renunciante concluía su

1 Artículo 6.- Los Comisionados serán designados por períodos escalonados de siete años de sucesión anual, que iniciarán a partir del 1 de enero del año correspondiente, con posibilidad de ser designados, nuevamente, por única ocasión por un período igual. La vacante que se produzca en un cargo de Comisionado será cubierta por la persona que designe el Senado de la terna propuesta por el Titular del Ejecutivo Federal, en términos del presente artículo. Si la vacante se produce antes de la terminación del período respectivo, la persona que se designe para cubrirla durará en su encargo sólo el tiempo que le faltare desempeñar a la sustituida, pudiendo ser designada por única ocasión al término de ese período. Para nombrar a cada Comisionado, el Presidente de la República someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Comisionado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Comisionado la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada también, ocupará el cargo de Comisionado la persona que dentro de dicha terna designe el Presidente de la República.

32

encargo en Mayo de 2016.

En Mayo de 2015 la Comisionada Alma América Porres termina el periodo por el que fue nombrada, pudiendo ser designada por un nuevo periodo.

Finalmente, un Grupo de Trabajo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para dar seguimiento a los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, que no han sido suscritos por el Estado Mexicano, y en consecuencia falta su aprobación por parte del Senado.

33