agenda de política exterior para la seguridad
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Por mandato de la Constitución de Montecristi, el Ecuador, Estado soberano y democrático, reconoce y garantiza a todas las personas y colectivos, entre otros derechos, los que se refieren a gozar de: una cultura de paz, integridad personal, seguridad humana; protección integral y armonía con el Buen Vivir.TRANSCRIPT
AGENDA DE
POLÍTICA EXTERIORPARA LA SEGURIDAD
Econ. Rafael Correa DelgadoPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
Valm. Homero Arellano LascanoMINISTRO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD
Econ. Ricardo Patiño ArocaMINISTRO DE LA RELACIONES ExTERIORES, COMERCIO E INTEGRACIÓN
Kintto LucasVICEMINISTRO DE RELACIONES ExTERIORES
Jorge Orbe/Eduardo MangasCOORDINACIÓN GENERAL
Eduardo MangasEDICIÓN
Manthra EditoresDISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
2011. Quito - Ecuador
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ÍNDICE
Presentación ............................................................................. 7
Prólogo ...................................................................................... 9
Introducción ....................................................................................11
I.- Marco Normativo y de Planificación .....................................17
II.- Diagnóstico ...............................................................................25
III.- Escenario 2013 .........................................................................28
IV.- Políticas y Estrategias ..............................................................33
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LA SEGURIDAD ES TAREA DE TODOS
Por mandato de la Constitución de Montecristi, el Ecuador, Estado soberano y democrático, reconoce y garantiza a todas las per-sonas y colectivos, entre otros derechos, los que se refieren a
gozar de: una cultura de paz, integridad personal, seguridad humana; protección integral y armonía con el Buen Vivir.
Con los lineamientos y las políticas construidas desde el nuevo enfo-que de la seguridad, hoy entregamos a la ciudadanía el “Plan Nacional de Seguridad Integral” y ocho Agendas de los Ministerios y Secreta-rías que conforman el Sector e incluyen una visión estratégica, en el entendimiento inmutable de que el ser humano es la razón de toda acción estatal.
Esta Planificación, construida desde un enfoque integral, refleja el tra-bajo coordinado, instituido por el Gobierno de la Revolución Ciudadana, que articula políticas transversales alineadas a: La Constitución, La Ley de Seguridad Pública y del Estado y, por supuesto, al Plan Nacional para el Buen Vivir.
Para el Gobierno Nacional, la seguridad es una prioridad, superando concepciones sectarias y planteando el nuevo paradigma de la Seguridad Integral en el Ecuador. Además, se han destinado importantes recursos económicos y humanos para en-frentar con firmeza a la delincuencia.
En respuesta a la voluntad del pueblo ecuatoriano, expresada en las urnas, el 7 de mayo de 2010, al aprobar la Consulta Popular, hoy está en marcha la transformación
total de la justicia, paso gigantesco de lucha contra la impunidad, atrapada en la incapacidad y la corrupción, pues no habrá seguridad mientras no acabemos con la impunidad, que es sinónimo de injusticia.
La Seguridad Integral no se alcanza con esfuerzos aislados, por el contrario, exige el auténtico compromiso de todos y todas, desde los más diversos ámbitos. De la misma manera, es indispensable orientar una inmediata transformación cultural, tendiente a ratificar la convicción de que somos un país de paz y que queremos vivir sin violencia, para precautelar nuestra sana convivencia.
El Plan Nacional de Seguridad Integral constituye un aporte de indiscutible valor para fortalecer la acción del Estado a favor del bien común, mediante la aplicación de lineamientos, objetivos, políticas y estrategias, que materializarán innumerables
anhelos postergados del pueblo ecuatoriano.
Econ. Rafael Correa Delgado
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
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PRÓLOGO
La política exterior de la Revolución Ciudadana es proactiva y propositiva, con posiciones revo-lucionarias en la geopolítica mundial, dirigida
a la construcción de un mundo multipolar. El Ecua-dor no busca complacer a los poderosos plegando sus posiciones de principios a intereses de potencias hegemónicas, económicas o militares. Denuncia y se opone a las agresiones militares y a la manipu-lación política de las organizaciones internacio-nales. Promueve la integración de los pueblos del sur, priorizando la integración de América Latina y el Caribe.
Por tanto, la gestión de la política exterior no ac-túa más al margen de la realidad social, política y económica nacional, ni tampoco busca atender los intereses de grupos económicos o familiares. A partir de 2007 se ha democratizado la gestión de la política exterior, pero aún queda mucho por hacer.
La Cancillería de la Revolución Ciudadana trabaja por acercar la política exterior a las y los ciudada-nos. Entre otras cosas, busca democratizar el servi-cio exterior, orientaciones culturalmente incluyen-tes y de género que aseguren la participación, en igualdad de condiciones, a hombres y mujeres, y que incorpore a poblaciones tradicionalmente ex-cluidas del servicio exterior. De 47 embajadores de la carrera diplomática solamente 5 son mujeres, dos de ellas nombradas por el gobierno de la Re-
volución Ciudadana. De otra parte, no existía ni un solo indígena o afrodescendiente entre los funcio-narios de la carrera diplomática. A partir del año 2011 se solventa esta grave deuda histórica del Es-tado ecuatoriano.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración está al servicio de las instituciones na-cionales para posicionar al Ecuador en el ámbito internacional y al mismo tiempo capitalizar en el exterior la nueva política pública ecuatoriana. Los entes sectoriales cuentan con el apoyo de Cancille-ría, institución que facilita la gestión realizada, en el exterior, por estas instituciones en el ámbito de sus competencias.
Esta Agenda da cuenta de la intrínseca relación con las políticas interrelacionadas y el relaciona-miento y la alineación de la institución al Gabinete de Seguridad.
La Cancillería, así mismo, constituye la voz del Es-tado en la esfera internacional para condenar la injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados, y cualquier otra forma de interven-ción, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o militar; teniendo como uno de sus ejes estratégicos la promoción de la paz, la seguridad y el desarme mundial. Además, tiene la responsabilidad de asegurar los intereses
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nacionales en el plano internacional en temas con repercusiones directas en la seguridad y estabilidad interna: la seguridad económica financiera, acuer-dos y acciones internacionales relacionados con la soberanía energética, la soberanía alimentaria, la soberanía del conocimiento y la agenda internacio-nal del medio ambiente y del cambio climático, en-tre otros temas internacionales que el Estado ecua-toriano considera claves para la Seguridad Integral del país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración ha elaborado una Agenda Estratégica de Política Exterior, con el fin de alinear la política exterior ecuatoriana a los principios constituciona-les y a los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir. La Agenda postula los principios, políticas y estrategias de la política exterior ecuatoriana y realiza, para cada ámbito de trabajo, un análisis político detallado con los argumentos e insumos necesarios para el diálogo político y gestión de la política exterior.
El presente documento constituye una síntesis de dicha Agenda. De este modo, evidencia los linea-mientos centrales para la gestión de la política ex-terior para el período 2011-2013, como parte de la planificación sectorial del Gabinete de Seguridad.
Econ. Ricardo Patiño Aroca
Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración
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INTRODUCCIÓN
La Política Exterior del Ecuador se ha desarrolla-do, en el transcurso de su historia, basada en valores y principios universalmente aceptados y
consagrados en el Derecho Internacional. Sin embar-go, en no pocas ocasiones, la práctica diplomática se ha caracterizado por una actitud pasiva frente a las agendas externas, sobre las cuales no se ha tenido incidencia significativa, lo cual ha promovido políti-cas subordinadas a la lógica establecida por la iner-cia del actual orden económico y político mundial.
Es así como, en el ámbito multilateral, su atención se centró fundamentalmente en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Esta-dos Americanos (OEA) y la Comunidad Andina de Na-ciones (CAN); y, en el ámbito comercial, se privilegió las relaciones con Estados Unidos, la Unión Europea y los países fronterizos.
No obstante, en la actualidad urge otorgar un nue-vo enfoque a la Política Exterior del Ecuador, en el que se destaque una acción diplomática soberana y proactiva, en atención a los postulados establecidos en la Constitución y a los objetivos establecidos en el Plan Nacional para el Buen Vivir y el Plan Nacional de Seguridad Integral.
La paz y la seguridad constituyen objetivos concomi-tantes con el Buen Vivir, ya que difícilmente puede haber desarrollo humano si existe inestabilidad y violencia.
La paz se define como aquella situación que garanti-za a los seres humanos desarrollar y fortalecer todas sus potencialidades; implica un proceso de educa-ción y de afirmación en valores. Supone actuar des-de un conjunto de principios, tales como: la justicia, la equidad, la autodeterminación, la cooperación, la solidaridad; condenando la agresión, la intolerancia, así como la violación a los principios establecidos en el derecho internacional.
De otra parte, la seguridad es una cualidad que se ha ido enriqueciendo con el tiempo. A la antigua idea de entenderla como una representación estric-ta del ámbito militar, se han ido agregando catego-rías que incorporan elementos de carácter econó-mico y social, con inclusión de las y los ciudadanos. Esto ha permitido afianzar una visión más holística y amplia del tema que abarca ámbitos de Justicia y Seguridad Ciudadana, Relaciones Internacionales y Defensa, Política, Justicia Social y Desarrollo Hu-mano, Ambiente y Gestión de Riesgos, y Científica y Tecnológica.
Ecuador conceptualiza la seguridad a partir de una visión humanista que, en primer lugar, consagra la voluntad de construir sociedades signadas por el Buen Vivir, en la dimensión más amplia que el concepto entrega. Aunque se mantienen vigentes las amenazas relacionadas con la seguridad territorial y la soberanía de cada estado y nación, principal-mente por el gran potencial de riquezas que guarda
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nuestro suelo, subsuelo y territorios marítimos, se deben añadir otros objetivos relacionados con ele-mentos que podrían producir inestabilidad y, en ese sentido, poner como componentes centrales de una doctrina de seguridad integral a la defensa de los recursos naturales y humanos, la lucha contra la ex-clusión y la pobreza, el logro de la soberanía alimen-taria y energética y la construcción de un sistema financiero independiente y autónomo de poderes extra regionales.
En esta ruta hacia la seguridad cooperativa, la segu-ridad nacional y regional debe concebirse como un concepto integral a partir del cual la seguridad eco-nómica es condición sine qua non de la seguridad política y condicionada a la justicia social; y nada será posible si no se ubica al ser humano y la natu-raleza como objetivos supremos de los Estados. Esta concepción constituye uno de los fundamentos que priman en la agenda internacional que promueve el Estado ecuatoriano.
La nueva Agenda de Política Exterior busca conso-lidar el cambio estructural que inició la Revolución Ciudadana en el año 2007 en el ámbito de las rela-ciones internacionales, operacionalizando los princi-pios de política exterior, establecidos en el Art. 416 de la Constitución del Ecuador. Estos principios son los siguientes:
1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica y la auto-determinación de los pueblos, así como también la cooperación, integración y solidaridad.
2. Defiende la solución pacífica de las controversias y de los conflictos internacionales, y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos.
3. Condena la injerencia de los Estados en los asun-tos internos de otros Estados, y cualquier otra for-ma de intervención, sea incursión armada, agre-sión, ocupación o bloqueo económico o militar.
4. Promueve la paz, el desarme universal; conde-na el desarrollo y uso de armas de destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones con propósitos militares de unos Estados en el territorio de otros.
5. Reconoce los derechos de los distintos pueblos que coexisten dentro de los Estados, en especial aquellos derechos que hacen referencia a la promoción de mecanismos que expresen, preserven y protejan el carácter diverso de sus sociedades, y rechaza el ra-cismo, la xenofobia y toda forma de discriminación.
6. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especial-mente Norte-Sur.
7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de las personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones asumidas a través de instrumen-tos internacionales de derechos humanos.
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Introducción
8. Condena toda forma de imperialismo, colonialis-mo, neocolonialismo, y reconoce el derecho de los pueblos a la resistencia y liberación de toda forma de opresión.
9. Reconoce al derecho internacional como norma de conducta, y demanda la democratización de los organismos internacionales y la equitativa participación de los Estados al interior de estos.
10. Promueve la conformación de un orden global multipolar con la participación activa de bloques económicos y políticos regionales, y el fortale-cimiento de las relaciones horizontales para la construcción de un mundo justo, democrático, solidario, diverso e intercultural.
11. Impulsa prioritariamente la integración políti-ca, cultural y económica de la región andina, de América del Sur y de América Latina.
12. Fomenta un nuevo sistema de comercio e in-versión entre los Estados que se sustente en la justicia, la solidaridad, la complementariedad, la creación de mecanismos de control internacional a las corporaciones multinacionales y el estable-cimiento de un sistema financiero internacional, justo, transparente y equitativo. Rechaza que controversias con empresas privadas extranjeras se conviertan en conflictos entre Estados.
13. Impulsa la creación, ratificación y vigencia de instrumentos internacionales para la conserva-ción y regeneración de los ciclos vitales del pla-neta y la biósfera.
La presente Agenda se organiza en trece ejes estraté-gicos, cada uno de los cuales se vincula con los ám-bitos del Plan Nacional de Seguridad Integral, en la forma que se expone en el siguiente cuadro:
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Ámbitos del Plan Nacional de Seguridad Integral Ejes estratégicos de lo política exterior del Ecuador
Justicia y Seguridad Ciudadana Derechos Humanos
Relaciones Internacionales y Defensa
Soberanía Nacional e Integridad Territorial
Integración Latinoamericana y del Caribe
Paz, Seguridad y Desarme
Problema mundial de las drogas
Justicia Social y Desarrollo Humano
Movilidad Humana
Cooperación para el Desarrollo
Plurinacionalidad e interculturalidad
Promoción cultural en el exterior
Ambiente y Gestión de Riesgos Derechos de la naturaleza, ambiente y cambio climático
Científica y Tecnológica
Soberanía energética
Soberanía alimentaria
Soberanía del conocimiento
Para finalizar, es necesario señalar que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, ejecuta los objetivos, políticas y estrategias que derivan de estos ejes estratégicos en tres ámbitos de trabajo: el ámbito bilateral, el multilateral, y el ámbito de servicios migratorios y consulares.
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MARCO NORMATIVO Y DE PLANIFICACIÓN I
Normativa legal y de planificación que rige para la operación y gestión del Ministerio de Rela-ciones Exteriores, Comercio e Integración.
Constitución de la República del Ecuador
InstrumentosInternacionales
Plan Nacional para el Buen Vivir
Plan Nacional de Seguridad Integral
Ley orgánica delServicio Público
Ley orgánica delServicio Exterior
Ley de Seguridad Públicay del Estado
Nos preparamos para ser una institución pública eficiente y que trabaje con calidad.
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TÍTULO VIII: RELACIONES INTERNACIONALES
Capítulo
primero
Principios de
las relaciones
internacionales
Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores (ver Principios enumerados en la introducción).
Capítulo segundo Tratados e instrumentos internacionales
Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.
Art. 418.- A la Presidenta o Presidente de la República le corresponde suscribir o ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales. La Presidenta o Presidente de la República informará de manera inmediata a la Asamblea Nacional de todos los tratados que suscriba, con indicación precisa de su carácter y contenido. Un tratado sólo podrá ser ratificado, para su posterior canje o depósito, diez días después de que la Asamblea haya sido notificada sobre el mismo.
Art. 419.- La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que:
1. Se refieran a materia territorial o de límites.
2. Establezcan alianzas políticas o militares.
3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley.
4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución.
5. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales.
6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio.
7. Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional.
8. Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético.
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Marco Normativo y de Planificación
Capítulo segundo Tratados e instrumentos internacionales
Art. 420.- La ratificación de tratados se podrá solicitar por referéndum, por iniciativa ciudadana o por la Presidenta o Presidente de la República.
La denuncia un tratado aprobado corresponderá a la Presidenta o Presidente de la República. En caso de denuncia de un tratado aprobado por la ciudadanía en referéndum se requerirá el mismo procedimiento que lo aprobó.
Art. 421.- La aplicación de los instrumentos comerciales internacionales no menoscabará, directa o indirectamente, el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, insumos, servicios, ni los avances científicos y tecnológicos.
Art. 422.- No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.
Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. No podrán intervenir jueces de los Estados que como tales o sus nacionales sean parte de la controversia.
En el caso de controversias relacionadas con la deuda externa, el Estado ecuatoriano promoverá soluciones arbitrales en función del origen de la deuda y con sujeción a los principios de transparencia, equidad y justicia internacional.
Capítulo tercero Integración latinoamericana
Art. 423.- La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe será un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos de integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a:
1. Impulsar la integración económica, equitativa, solidaria y complementaria; la unidad productiva, financiera y monetaria; la adopción de una política económica internacional común; el fomento de políticas de compensación para superar las asimetrías regionales; y el comercio regional, con énfasis en bienes de alto valor agregado.
2. Promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio natural, en especial la regulación de la actividad extractiva; la cooperación y complementación energética sustentable; la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua; la investigación, el desarrollo científico y el intercambio de conocimiento y tecnología; y la implementación de estrategias coordinadas de soberanía alimentaria.
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Capítulo tercero Integración latinoamericana
3. Fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales con énfasis en los derechos y regímenes laboral, migratorio, fronterizo, ambiental, social, educativo, cultural y de salud pública, de acuerdo con los principios de progresividad y de no regresividad.
4. Proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la conservación del patrimonio cultural y la memoria común de América Latina y del Caribe, así como la creación de redes de comunicación y de un mercado común para las industrias culturales.
5. Propiciar la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña; la libre circulación de las personas en la región; la implementación de políticas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones de frontera y de los refugiados; y la protección común de los latinoamericanos y caribeños en los países de tránsito y destino migratorio.
6. Impulsar una política común de defensa que consolide una alianza estratégica para fortalecer la soberanía de los países y de la región.
7. Favorecer la consolidación de organizaciones de carácter supranacional conformadas por Estados de América Latina y del Caribe, así como la suscripción de tratados y otros instrumentos internacionales de integración regional.
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE
RELACIONES DIPLOMÁTICASRatificada por el Ecuador mediante Decreto Supremo 1647, publicada en el Registro Oficial No. 376 de 18 de noviembre de 1964.
CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE
RELACIONES CONSULARESRatificada por el Ecuador mediante Decreto Supremo 2830, publicada en el Registro Oficial No. 472 de 5 de abril de 1965.
CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE
EL DERECHO DE LOS TRATADOSRegistro Oficial No. 6 de 18 de marzo de 2005
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PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR
Objetivo 5: Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana
Política 5.1: Ejercer la soberanía y promover la convivencia pacífica de las personas en una cultura de paz
Política 5.4: Promover el diálogo político y la negociación soberana de la cooperación internacional y de los instrumentos económicos.
Política 5.5: Impulsar la integración con América Latina y el Caribe
Política 5.6: Promover relaciones exteriores soberanas y estratégicas, complementarias y solidarias.
Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible
Política 11.7: Promover condiciones adecuadas para el comercio interno e internacional, considerando especialmente sus interrelaciones con la producción y con las condiciones de vida.
Objetivo 12: Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir
Política 12.3: Consolidar la nueva organización y rediseño institucional del Estado que recupere las capacidades estatales de rectoría, planificación, regulación, control, investigación y participación.
LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO
Art. 3.- Ámbito.-
Las disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria, en materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda la administración pública, que comprende: En razón de las especificidades propias de la naturaleza de sus actividades, y la implementación de regímenes particulares que su actividad implica, el Ministerio de Relaciones Laborales establecerá y regulará lo atinente a remuneraciones y supervisará y controlará la aplicación de los regímenes especiales de administración de personal establecidos en las leyes que regulan a la Función Legislativa, Magisterio, Servicio Exterior y a los miembros activos de la Comisión de Tránsito del Guayas; en lo relacionado con el personal ocasional la Función Legislativa observará lo previsto en su ley específica; los docentes del Magisterio y docentes universitarios se regularán en lo atinente a ascensos, evaluaciones y promociones por sus leyes específicas, excluyéndose de dichos procesos al personal técnico docente y administrativo que se regulará por esta ley al igual que se regulará por las disposiciones de este cuerpo normativo el personal administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración y de la Comisión de Tránsito del Guayas.
Art. 83.- Servidoras y servidores públicos excluidos de la carrera del servicio público.-
Exclúyase del sistema de la carrera del servicio público, a: i) Las servidoras y servidores públicos sujetos a la Ley Orgánica de Servicio exterior.
Marco Normativo y de Planificación
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LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO EXTERIOR
Publicada en el Registro Oficial Suplemento 262 de 3 de mayo de 2006
LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADOEl Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración coordinará la cooperación, intercambio de información y operaciones policiales acordadas con otros países, en el marco del respeto a la soberanía nacional y a los derechos de los personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos.
En lo que respecta a prevención y protección de la convivencia y seguridad ciudadanas (Art. 11, Lit. c), todas las en-tidades del Estado están involucradas. El Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI) fija las prioridades y designa las entidades públicas encargadas de su aplicación, de acuerdo al tipo y naturaleza de los riesgos, amenazas o medidas de protección o prevención priorizadas.
En este sentido, cada institución debe estructurar y desarrollar un plan de acción en concordancia con el PNSI, de acuerdo a su ámbito de gestión.
Representaciones de Ecuador a nivel internacional
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DIAGNÓSTICO IIActualmente el mundo enfrenta múltiples
crisis producto de los hábitos de consumo y de los sistemas político y económico impe-
rantes. La crisis mundial es por tanto sistémica, y abarca la economía y las finanzas, los alimentos, la energía y el medio ambiente.
La crisis financiera de los últimos años ha demos-trado fehacientemente que los mercados no son capaces de regularse por sí mismos y que la actual arquitectura financiera internacional no ha sido capaz de prever las crisis y tampoco de brindar respuestas adecuadas para solucionarlas, espe-cialmente a los países en desarrollo. No obstante, el pensamiento neoliberal de “dejar hacer y dejar pasar”, presente aún en los organismos financieros internacionales, impide que la comunidad interna-cional diseñe mecanismos efectivos de regulación.
Además de la crisis financiera y económica, se evidencia una crisis alimentaria, que afecta direc-tamente a los pueblos del sur. En septiembre de 2010, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) informó, en un comunicado de prensa, que 925 millones de personas en el mundo sufrían de hambre, mientras que para el 2002 esta cifra llegaba a 852 millones.
Ello significa que cada año aumenta en más de 10 millones la cantidad de personas con hambre en el mundo.
Sin embargo, la producción mundial de alimen-tos muestra un crecimiento de cerca del 2% anual, mientras que la población lo hace a un ritmo del 1,14%. Por el momento, la crisis alimentaria no está relacionada con la escasez de alimentos; el pro-blema se basa en los mecanismos de producción, distribución y consumo al servicio de grandes cor-poraciones y de intereses financieros especulativos.
De otra parte, el control de las reservas energéti-cas mundiales y el acceso a las fuentes de energía son parte de los conflictos internacionales origi-nados por los intereses económicos y geopolíticos de potencias militares. El Medio Oriente árabe es la zona geoestratégica más importante para la disputa del control energético mundial. Estados Unidos invadió Irak para controlar esas fuentes de petróleo, con el apoyo de los países europeos. Con los mismos propósitos y los mismos aliados, actualmente impulsan la agresión militar en Libia. La crisis energética es una realidad, y por ello se encuentra en escena la lucha por el control de los yacimientos y las vías de distribución (oleoductos
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y gasoductos) entre las principales potencias del mundo.
A la crisis energética contemporánea le acompaña, además, una crisis ecológica, en vista de que los recursos naturales no son suficientes para atender el actual estilo de vida occidental que alienta la globalización. La economía mundial, que tiene a los combustibles fósiles como su base energética, erosiona la vida natural, convirtiendo a los “proyec-tos de desarrollo” de los países en grandes fuentes de contaminación. De allí que, uno de los actua-les dilemas de la humanidad es la dicotomía entre el crecimiento económico y, al mismo tiempo, la
reducción del uso de energía contaminante y la ge-neración de residuos.
El aumento de la presión ambiental en el mundo se debe al crecimiento demográfico, al incremento de los niveles de consumo y al aumento de la urbani-zación; pero también al desarrollo de la actividad industrial, la acuacultura, el manejo inadecuado del suelo y de los recursos hídricos. Las tendencias ambientales globales se caracterizan por la defo-restación y el cambio de uso del suelo que condu-cen a la fragmentación de los ecosistemas natura-les y a la pérdida de biodiversidad.
Mesa de Diálogo entre el Canciller del Ecuador Ricardo Patiño y el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas Ban Ki-moon en su visita al Ecuador, febrero 2011.
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Diagnóstico
Los pueblos del mundo requieren respuestas inte-grales para afrontar la crisis sistémica del siglo XXI. El escenario internacional es el ámbito de la búsqueda de soluciones y acuerdos en el marco de las relacio-nes internacionales, para enfrentar las múltiples cri-sis que aquejan a la Madre Tierra.
Un multilateralismo democrático y renovado es fundamental para la solución de los problemas globales que aquejan al país. Sin embargo, las grandes potencias apuestan por el “equilibrio” entre ellas, en el marco de una balanza de po-der, lesionando permanentemente los pocos foros multilaterales existentes.
América Latina y el Caribe, con sus grandes reser-vas energéticas, de biodiversidad y agua, no estará exenta de la disputa de una hegemonía múltiple en el marco de este sistema. La integración y la unión son el único camino para América Latina y el Cari-be en el mundo del mañana.
La Política Exterior ecuatoriana toma en cuenta este balance general de la coyuntura mundial, para definir sus lineamientos estratégicos orientados a la búsqueda de respuestas globales multilaterales y no unilaterales, para los problemas mundiales que aquejan a la humanidad.
Atención al público, Subsecretaria Regional Cuenca.
Entrega del pasaporte ecuatoriano, Guayaquil-Ecuador.
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ESCENARIO 2013IIIEcuador ha consolidado la transformación de su
Política Exterior, y de sus relaciones internacio-nales, rescatando la soberanía y la dignidad de
su pueblo, toda vez que ésta se constituye en un ele-mento de aporte fundamental al mejoramiento de la calidad de vida y reducción de la pobreza de las y los ecuatorianos.
Se ha logrado equilibrar las relaciones internacio-nales. Se han ampliado nuestras redes políticas, comerciales, económicas y sociales, con una mira-da alternativa y complementaria del esquema de integración que el país ha tenido de forma clásica a nivel global.
Hemos fortalecido la acción multilateral y, en com-plemento con la acción bilateral, hemos jugado un papel protagónico en los procesos de integración.
Se ha recuperado la voz del Ecuador en el contexto mundial y se ha impulsado la reinvención de las Naciones Unidas como un foro verdaderamente de-mocrático, en el cual las decisiones fundamentales sean tomadas por la mayoría y no por un grupo privilegiado de países.
Se han posicionado propuestas - país para presen-tar “Informes de Superación de Inequidades” y no solamente “informes de pobrezas”, alrededor de los cuales se negocien los recursos de cooperación al de-sarrollo para disminuir las inequidades en la región.
Ecuador ha mostrado la viabilidad de compromisos políticos ambiciosos para frenar el Cambio Climático, que aporten de manera concreta a la sostenibilidad del medio ambiente, al consolidar la iniciativa Yasuní. Protegemos nuestra inmensa biodiversidad –y los re-cursos genéticos que en ella se encuentran y, de modo especial, defendemos los conocimientos ancestrales de los habitantes de nuestro territorio.
Se han consolidado y fortalecido los procesos de in-tegración regional legitimando su institucionalidad como mecanismos de coordinación, cooperación y solidaridad entre los pueblos, para la construcción de un mundo verdaderamente multipolar como espacio de confluencia armónica entre pueblos y naciones.
Se han promovido Acuerdos para el Desarrollo ba-sados en un comercio justo, que garantizan un inter-cambio equitativo, complementario y que reportan beneficios mutuos, sustentados en la responsabilidad
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social, ambiental e intergeneracional, que no sólo ven como objetivo la apertura arancelaria.
El país ha fortalecido su participación en la UNA-SUR, promoviendo estrategias para el desarrollo humano de nuestros pueblos y la consolidación de la integración social, política, cultural y económica. Se han promovido medidas de fomento de confian-za mutua, la transparencia de los gastos militares, la participación en misiones de paz y la transferen-cia de tecnología en el ámbito de la defensa, para contribuir a la convivencia pacífica entre los Esta-
dos de la región, sin haber descuidado la protección de su soberanía e integridad territorial. El espacio marítimo se ha constituido en un espacio pleno de recursos que el Ecuador potencia y protege.
Se ha fortalecido la Alianza Bolivariana para los Pue-blos de Americana Latina -ALBA- y se ha constituido la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños -CELAC- como alternativas para relaciones comple-mentarias y solidarias entre los miembros de la región y entre estos y el resto del mundo.
Entrada en Vigencia del Tratado Constitutivo y colocación de la primera piedra de la sede de UNASUR en la mitad del mundo, Quito, 11 de marzo de 2011.
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En la región se vive una paz estrechamente vinculada a la lucha por la justicia, al respeto de los derechos humanos, al bienestar integral del ser humano, don-de nuestras relaciones internacionales permiten el de-sarrollo armónico y equilibrado de todos los pueblos de la región, eliminando las asimetrías y las inequida-des, que caracterizan al mundo contemporáneo.
Se ha consolidado el principio constitucional de la movilidad humana, presionando sobre las barreras y los impedimentos, cada vez más grandes, especial-mente en los lugares de destino migratorio de los paí-ses desarrollados. Apoyamos la migración como un derecho que, libre y voluntariamente, permita a las personas desplazarse de un lugar a otro.
Se ha ciudadanizado la diplomacia, permitiendo que las y los ecuatorianos, aquí y en el exterior, entiendan la relevancia de la política internacional del Ecuador, se comprendan sus impactos positivos en nuestras vi-das; en forma particular, nuestros migrantes llegan a las sedes diplomáticas y consulares como a su segun-da casa y reciben atención a sus problemas, buen trato, defensa de sus derechos y el primer apretón de manos de un camino de retorno a su país.
Migrantes: Presentación del Programa “Todos somos Mi-grantes”, ex ministra de la Secretaría del Migrante Lorena Escudero, Ministro de Relaciones Exteriores Ricardo Patiño.
Escuela de Verano: Inauguración de la Primera “Escuela de Verano, el modelo de desarrollo del Buen Vivir ecuatoriano” realizada por el MRECI con la participación de jóvenes de va-rios países del mundo.
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIASIVSoberanía Nacional e Integridad Territorial
La soberanía es el poder legítimo de decisión que tiene un Estado para definir su propio destino. La Constitución del Ecuador establece que “la sobera-nía radica en el pueblo, cuya voluntad es el funda-mento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de parti-cipación directa previstas en la Constitución”.
Es atribución del Presidente de la República “velar por el mantenimiento de la soberanía, de la inde-pendencia del Estado, del orden interno y de la seguridad pública, y ejercer la dirección política de la defensa nacional”. El Jefe de Estado ejerce la re-presentación en el exterior y es el responsable de defender los derechos soberanos del país. Al Ministe-rio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración le compete la defensa en la esfera diplomática, de la personalidad, soberanía, independencia e integri-dad territorial del Estado ecuatoriano. Por su parte, las Fuerzas Armadas, bajo la dirección de su máxi-ma autoridad, el Presidente de la República, tienen también como misión la defensa de la soberanía y la integridad territorial.
En el Art. 276 la Constitución establece que un ob-jetivo del régimen de desarrollo será “Garantizar
la soberanía nacional, promover la integración lati-noamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un sistema democrático y equitativo mundial”. Ecuador tiene como fin superior la construcción de un orden mundial y regional, justo y equitativo.
La interdependencia entre las naciones, el surgi-miento de las distintas expresiones de la suprana-cionalidad, la internacionalización del mercado y de la economía, el auge de las empresas multina-cionales, y el impacto global de las tecnologías y de los medios masivos de comunicación son factores que inciden en la soberanía de los países. El con-cepto de soberanía en el tercer milenio debe acep-tar que la globalización y la supranacionalidad, real y potencial, deben propugnar el logro de la justicia y la equidad global.
Desde esta perspectiva, en un mundo atravesa-do por grandes asimetrías, sólo podemos ejercer nuestra soberanía, participando creativamente en la construcción de un orden mundial justo y equi-tativo, en solidaridad con todos los pueblos de la tierra.
Política
Garantizar la paz y la integridad territorial del Estado ecuatoriano y la defensa de la soberanía nacional.
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Estrategias
1. Ejercer el control efectivo del territorio nacio-nal, sus espacios acuáticos, el mar territorial y el espacio aéreo, previniendo y defendiendo al país ante cualquier tipo de agresión.
2. Asegurar la defensa jurídica de la integridad te-rritorial del Estado ecuatoriano
3. Promover la solución pacífica de las contro-versias internacionales y la no intervención en asuntos internos de otras naciones; el respeto a la soberanía de los Estados y la prohibición del uso o amenaza del empleo de la fuerza.
4. Garantizar la presencia ecuatoriana en la Antárti-da con fines científicos, apoyando el desarrollo de programas de investigación científica en el con-tinente antártico, en aquellas materias de interés para el Ecuador y en cooperación con otros países.
5. Ejecutar con los países vecinos las labores de reparación, reposición y densificación de hitos fronterizos.
6. Defender, en el plano diplomático, la sobera-nía sobre los mares y espacios oceánicos bajo jurisdicción de las leyes ecuatorianas, para que contribuyan al bienestar y desarrollo sustenta-ble del país.
7. Promover acuerdos internacionales e impulsar todas las acciones necesarias para garantizar la soberanía aérea y los derechos espaciales del Ecuador.
8. Fortalecer el Consejo Suramericano de Defensa de UNASUR y fomentar la transparencia de los gastos militares en los países de la región.
Integración latinoamericana
El Art. 423 de la Constitución señala que la integra-ción, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe, será un objetivo estratégico del Estado.
De los 6.900 millones de seres humanos que ha-bitan el planeta, 585 millones viven en América Latina y el Caribe. La población es el más valioso recurso que posee la región, y el protagonista y destinatario de los procesos sociales que en ella se han gestado y se gestarán en el futuro. Se trata de una población relativamente joven (el 29% de ella se encuentra entre 0 y 14 años), asentada mayori-tariamente en zonas urbanas. Tiene una esperan-za de vida de 74,5 años, por encima del promedio mundial de 68 y muy por encima de África y vastas zonas de Asia, e incluso similar a la de países ricos. Sus indicadores de mortalidad infantil y materna, nutrición, alfabetización de adultos y otros, supe-ran el promedio mundial.
La región tiene el 25% de los bosques mundiales, la mayor riqueza en acuíferos en el mundo (Amé-rica del Sur concentra 28% de los recursos hídricos mundiales); la mayor riqueza del mundo en biodi-versidad, equivalente al 40% del total mundial; el 34% de las reservas mundiales de cobre; el 30% de la bauxita; el 41% del níquel y el 29% de la plata.
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A diferencia de los grandes bloques económicos de los países desarrollados, que buscan aprovechar las economías de escala o beneficiarse de un merca-do ampliado, la integración de América Latina y el Caribe es condición de desarrollo y, aún más, de supervivencia de nuestros pueblos. Por lo que la integración no puede reducirse al comercio, ni me-dir sus avances por el crecimiento del intercambio comercial, ni éste puede encerrarse entre las rejas del llamado “libre comercio”.
No se trata de abolir el comercio, sino de reconocer que la verdadera integración no puede equipararse con cualquier clase de comercio. El libre comercio del ALCA, de los Tratados de Libre Comercio, de la OMC, no es más que la añeja fórmula de reclamar libertad de negociación por aquellos países que tienen mayor desarrollo y control oligopólico de el mismo, para penetrar mercados de países de me-nor desarrollo y obtener, para su beneficio, el inter-cambio desigual.
La presente década ha representado para América Latina un período especialmente intenso en exi-gencia de esfuerzos en torno a los procesos de coo-peración e integración regional, tanto desde el ángulo de la teoría y la experimentación, como en lo relativo al debate. El enfrentamiento al proyecto del ALCA y las negociaciones de acuerdos con otras regiones de ma-yor desarrollo, unido a estancamientos y retrocesos en algunos esquemas subregionales, modificaciones en el mapa político del área y los impactos de la crisis internacional han obligado tanto a pensadores como a políticos a una reconceptualización en el marco de
un innovador análisis crítico y propositivo.
En la actualidad coexisten los llamados esquemas “tradicionales”, que son los espacios subregionales de Centroamérica (SICA), Caribe (CARICOM), región andina (CAN) y cono sur (MERCOSUR), con los regio-nales de más larga data (ALADI y Asociación de Esta-dos del Caribe), junto a instituciones “de nuevo tipo”, y menos años de vida, como UNASUR y ALBA-TCP.
No existe contraposición alguna entre el ALBA, el espacio suramericano (UNASUR) y el latinoamerica-no de integración (CELAC), aunque sí es posible que progresen con distintos niveles de profundidad en las diferentes esferas, porque las prioridades para cada esquema no son idénticas.
La CELAC representa la superación del fraccio-namiento que hoy todavía prevalece en ALC, y coadyuvará a que se reconozca internacionalmente a la región como un actor cohesionado, con lo cual se incrementa así su capacidad de negociación y su potencialidad económica. La conformación de este nuevo bloque será una contribución significativa a la construcción de un mundo multipolar.
La nueva CELAC puede constituir un espacio amplio de carácter deliberativo y búsqueda de consensos, hacia el objetivo de avanzar paulatinamente a la necesaria reestructuración del actual orden inter-nacional, especialmente en la esfera de las relacio-nes económicas y financieras globales, que incluyen las reformas que requiere el sistema multilateral de comercio y la Organización de las Naciones Unidas.
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La expectativa de que ALC desempeñe un papel más dinámico en pos de un mejor equilibrio entre dife-rentes polos del poder mundial se pondrá a prueba en estos escenarios.
Políticas
1. Fortalecer la unidad política, social y cultural de América Latina y el Caribe, promoviendo un mode-lo solidario de cooperación e integración regional.
2. Impulsar la integración económica regional, equitativa, solidaria y complementaria; la uni-dad productiva, financiera y monetaria; la adopción de una política económica internacio-nal común; el fomento de políticas de compen-sación para superar las asimetrías regionales; y el fortalecimiento del comercio regional.
Estrategias
1. Consolidar la Comunidad de Estados Latinoa-mericanos y Caribeños (CELAC), como una insti-tución que esté en capacidad de intensificar la cooperación, concertación e integración regional e incrementar el poder negociador de sus miem-bros ante terceros, en los espacios multilaterales y otros escenarios internacionales.
2. Impulsar el fortalecimiento del ALBA y de la UNASUR como espacios de convergencia políti-ca, social y económica para la construcción de un mundo multipolar.
3. Analizar la viabilidad y pertinencia del manda-to y estructura de la Organización de Estados Americanos frente a la realidad política y de los procesos de integración por los que atra-viesa América Latina y el Caribe
4. Impulsar una política común de defensa re-gional que consolide una alianza estratégica para fortalecer la soberanía de los países y la región, sin interferencia extranjera.
5. Combatir las concepciones y acciones prácti-cas que tienden a mantener y fortalecer en la región esquemas de cooperación e integración con alta subordinación a intereses externos y que restringen el ámbito de los proyectos inte-gracionistas a la esfera comercial.
6. Promover en los procesos de integración la complementariedad existente entre los paí-ses hermanos de la región y la considera-ción de la cooperación en múltiples esferas, particularmente la financiero-monetaria, la complementariedad productiva, y científico-tecnológica, la defensa del patrimonio natural y cultural, la soberanía alimentaria y energéti-ca, la colaboración en programas sociales y de infraestructura.
7. Impulsar y defender un trato preferencial a los países, territorios y sectores de menor desa-rrollo relativo dentro de los procesos de inte-gración latinoamericanos y caribeños.
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8. Continuar trabajando en la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) de acuerdo a sus objetivos integracionistas en materia co-mercial y económica, tomando en considera-ción la institucionalidad alcanzada por dicha organización frente a los procesos de integra-ción política de América Latina y el Caribe.
9. Establecer una mayor coordinación regional para el tratamiento a la inversión extranjera, así como para instituir mecanismos aconseja-bles de control a las empresas transnacionales, y de regulación de los mercados financieros, es-pecialmente los de carácter especulativo.
10. Apoyar el fortalecimiento de las instituciones financieras regionales que posibiliten reducir la dependencia de los organismos internacio-nales, fortaleciendo las iniciativas regionales en marcha como el SUCRE y el Banco del Sur.
11. Impulsar acuerdos dirigidos a fortalecer la in-fraestructura física y de telecomunicaciones de la región, evaluando cuidadosamente los efec-tos medioambientales.
12. Fortalecer la Comunidad Andina (CAN) como instancia de diálogo, negociación y acuerdos de integración y consolidar la institucionalidad alcanzada hasta la fecha. Utilizar la experien-cia e institucionalidad de la CAN para fortalecer otros procesos de integración regional en mar-cha, especialmente el UNASUR y la CELAC.
Paz, Seguridad y Desarme
El Estado ecuatoriano tiene como uno de sus de-beres primordiales garantizar a sus habitantes la paz, la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. El Art. 5 de la Constitución proclama a Ecuador como un territo-rio de paz. No permite el establecimiento de bases militares extranjeras, ni de instalaciones extranje-ras con propósitos militares, y prohíbe, además, ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Uno de los principales objetivos de la Revolución Ciudadana constituyó en recuperar la soberanía plena del Estado, con la clausura de la Base militar de Manta, sitio estratégi-co que permitió a los Estados Unidos efectuar ope-raciones militares desde el territorio ecuatoriano.
El Art. 11 de la Carta de las Naciones Unidas desig-na a la Asamblea General como responsable princi-pal de mantener la paz y la seguridad en el mundo y consecuentemente, de ser garante de los princi-pios que regulan el desarme y de evitar la escalada armamentística. Por tal motivo, el conjunto de las Naciones que integran este órgano de la ONU ha manifestado en reiteradas ocasiones su preocupa-ción respecto a este serio problema de seguridad global. Ha promovido una serie de medidas condu-centes al desarme en sus diferentes formas.
Entre las más sobresalientes se puede señalar a la creación de la Comisión de Desarme (1952),
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el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nu-cleares (1963), el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) (1968), la Convención sobre Armas Químicas (1992), la Convención sobre Armas Biológicas (1972), la Convención de Ottawa (1997), el Programa de Acción para Prevenir, Com-batir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas ligeras en todos sus aspectos (2001), entre otras.
No obstante lo anterior, las Naciones Unidas no ha sido capaz de detener el desarrollo de la carrera ar-mamentista en el mundo: los gastos militares de los países han aumentado incesantemente y hoy existe cada vez más cantidad de armas en el mundo.
De otra parte, cabe destacar que las fuerzas y ar-mamentos militares se encuentran repartidos de modo desigual en el planeta y, paradójicamente, son precisamente las potencias militares, lidera-das por los cinco Estados con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, las responsables del armamentis-mo global, siendo que en esos países se encuentran ubicadas las más grandes industrias armamentistas del mundo. Algunos de dichos países son los cau-santes del mayor número de crímenes de agresión de la historia, cometidos -muchas veces- en nom-bre de las Naciones Unidas, organización que ma-nipulan en atención a sus intereses geopolíticos y económicos.
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Política
1. Promover la paz y el desarme, condenar y de-nunciar el desarrollo y uso de armas de des-trucción masiva y oponerse a la imposición de bases o instalaciones militares extranjeras que pongan en riesgo la seguridad nacional, regio-nal e internacional.
Estrategias
1. Impulsar la reinversión de las Naciones Unidas como el foro universal y democrático más im-portante para asegurar la paz, la seguridad y la convivencia pacífica entre las naciones.
2. Impedir la utilización de la denominada “res-ponsabilidad para proteger” como el pretexto para agresiones militares y actos que lesionen la soberanía de los pueblos.
3. Denunciar, en todos los ámbitos multilaterales, los crímenes de agresión y actos que violentan la soberanía de otros estados, afectando su se-guridad interna, la paz y seguridad mundial.
4. Denunciar y oponerse a estrategias unilatera-les o de grupos de países que son pretexto de la denominada “guerra contra el terrorismo” o “guerra contra el narcotráfico” y de asun-tos relacionados con su seguridad nacional, intereses geopolíticos o económicos, lesio-nen la soberanía y dignidad de los pueblos.
5. Propugnar el desarme universal de armas nu-cleares, así como la destrucción total de las ar-mas químicas y biológicas.
6. Prevenir conflictos, con el esfuerzo coordinado de cada una de las naciones, priorizando el for-talecimiento de los mecanismos diplomáticos.
7. Impulsar la reducción de los gastos militares globa-les y la inversión de estos recursos para la elimina-ción de la pobreza y el desarrollo de los pueblos.
8. Promover el desarme de armas convenciona-les, mediante mecanismos para reducir la acu-mulación de armas en el mundo y la adopción de instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes que transparentes el gasto militar y eviten el desvío de armas y financiamiento de su adquisición a actores no estatales.
9. Combatir la delincuencia transnacional en to-das sus manifestaciones, promoviendo acciones desde los distintos organismos regionales e in-ternacionales de combate al crimen organizado y de prevención.
10. Desarrollar esfuerzos conjuntos tanto en la UNASUR como en otros organismos de integra-ción, que tiendan a potenciar las capacidades nacionales para combatir el crimen internacio-nal organizado en sus distintas modalidades y formas, estableciendo políticas suramericanas de cooperación en materia de justicia, policía, cárceles y rehabilitación.
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11. Promover una arquitectura flexible del Sistema Regional de Seguridad, basada en principios de seguridad cooperativa, con responsabilidad com-partida, interacción y coordinación permanente entre las instituciones nacionales vinculadas con la Agenda de Seguridad. Priorizar el fortalecimiento del Consejo Suramericano de Defensa de UNASUR.
12. Impulsar acuerdos regionales dirigidos a for-talecer los organismos que conforman las es-tructuras de seguridad de los Estados, para ser más operativos, dinámicos, ágiles, eficientes y efectivos, estableciendo mecanismos concretos y oportunos de intercambio de información e inteligencia estratégica.
13. Desplegar las acciones diplomáticas necesarias para declarar América del Sur, un territorio de paz.
14. Promover la definición y articulación de posi-ciones conjuntas de la región en foros multila-terales sobre defensa.
15. Promover Acuerdos y Convenios internacionales de seguridad, integración y desarrollo fronterizo en términos de reciprocidad, equidad, igualdad y justicia, que permitan trabajar bajo un solo concepto integral de seguridad cooperativa y de responsabilidad compartida, que satisfaga los objetivos nacionales permanentes de los esta-dos suramericanos.
16. Promover políticas globales contra los paraísos fiscales, estableciendo mayores controles al flu-jo de capitales especulativos.
17. Profundizar la cooperación con el Sistema In-ternacional de Rastreo de Armas y Explosivos de la Organización Internacional de Policía Cri-minal (Interpol).
Derechos Humanos
La Constitución establece en su Art. 10 que las per-sonas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, son titulares y gozarán de los derechos garantizados en ella y en los instrumentos interna-cionales.
En el cap. II, la Constitución define los siguientes derechos del Buen Vivir: derecho al agua y a la ali-mentación; derecho a un ambiente sano; derecho a la libertad de comunicación y de información; de-recho al conocimiento y a construir y mantener su propia identidad cultural; derecho a la educación; derecho al hábitat y a la vivienda; derecho a la sa-lud; derecho al trabajo y a la seguridad social.
La Constitución garantiza también un modelo de desarrollo alternativo al hegemónico, cuyos obje-tivos y logros se enmarcan en la acumulación del capital financiero, las inequidades económicas y el empobrecimiento de la mayoría de la pobla-ción mundial. El modelo del Buen Vivir se insta-la, entonces, en el seno del sistema constitucional ecuatoriano.
En el plano, internacional, la tradición de Derechos Humanos inicia con la Carta de Naciones Unidas de 1945, definiéndolos como los “atributos inherentes
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a toda persona humana nacional o extranjera, cual-quier sea su raza, sexo, nacionalidad, religión, deri-vados de su dignidad esencial, que obligan al Estado a respetar y garantizar”.
Los derechos humanos son preceptos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen na-cional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos dere-chos, sin discriminación alguna; este reconocimien-to se basa en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Las principales características que se les atribuyen son: inherentes, universales e inaliena-bles, inviolables e imprescriptibles, indisolubles e indivisibles, irreversibles y progresivos.
El mundo experimente hoy en día violaciones sis-temáticas a los derechos humanos. Las situacio-nes más preocupantes en materia de derechos humanos en el plano internacional se relacionan con abusos en la aplicación de llamada estrategia antiterrorista de algunos países, en particular la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o de-gradantes, así como las detenciones sin juicio y la justicia impartida por comisiones militares espe-ciales. Existen prácticas inhumanas y que atentan contra el marco internacional de derechos huma-nos que son de dominio público, como los casos de Irak y los de la base de ocupación militar en Guantánamo, Cuba.
Política
1. Promover el respeto y plena vigencia del Marco Internacional de los Derechos Humanos e im-pedir su manipulación en el plano internacio-nal con fines políticos.
Estrategias
1. Fortalecer el rol del Consejo de Derechos Hu-manos de las Naciones Unidas, evitando su ma-nipulación con fines políticos.
2. Facilitar la elaboración de los informes nacio-nales de Derechos Humanos de acuerdo a los compromisos establecidos en las convenciones y pactos de Derechos Humanos.
3. Impulsar el debate y los acuerdos regionales so-bre los aspectos positivos y negativos y sobre la pertinencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que incluya opciones de adscripción de sus instituciones a mecanismos regionales de integración de América Latina y el Caribe.
4. Denunciar y oponerse a las acciones de la deno-minada “estrategia global contra el terrorismo” que representen abusos criminales y violacio-nes de derechos humanos, especialmente en contra de la población civil.
5. Promover en el plano internacional el recono-cimiento del Estado Palestino con las fronteras de 1967 y el fin de los abusos y violaciones a los
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derechos humanos de parte de las fuerzas de ocupación. Impulsar acuerdos y medidas que pongan fin al sufrimiento del pueblo palestino y a la violación de sus derechos fundamentales.
6. Fortalecer la Agenda internacional de protec-ción de los derechos de los pueblos indígenas, promoviendo acuerdo binacionales, multina-cionales e internacionales que aseguren las acciones afirmativas necesarias para superar su exclusión de los procesos de desarrollo. El Ecuador trasladará al ámbito internacional sus estrategias nacionales exitosas en este ámbito.
7. Fortalecer la Agenda internacional de pro-tección de los derechos de los pueblos afro descendientes de América Latina y el Caribe, promoviendo acuerdo binacionales, multina-cionales e internacionales que aseguren las acciones afirmativas necesarias para superar su exclusión de los procesos de desarrollo.
El Ecuador trasladara al ámbito internacional sus estrategias nacionales exitosas en este ámbito.
8. Promover la plena vigencia de la Convención so-bre los derechos de las personas con discapacidad, como un instrumento de referencia fundamental para acuerdos regionales e internacionales en este ámbito y para el diseño de políticas nacio-nales que aseguren el pleno goce de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad.
9. Promover el respeto de los derechos de los mi-grantes, impulsando la subscripción de acuer-dos binacionales, regionales y globales que lo garanticen. Entre otras acciones se promoverá la ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos Huma-nos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
10. Fortalecer la Agenda internacional para el avance de las mujeres en los ámbitos económico, productivo y político, impulsando acuerdos internacionales que eliminen las barreras que impiden el desarrollo de la mujer en igualdad de oportunidades en estos ámbi-tos. De manera especial, fortalecer las estrategias in-ternacionales dirigidas a eliminar la violencia contra las mujeres.
11. Promover la construcción de un marco jurídico internacional que asegure el desarrollo integral de las y los jóvenes.
12. Continuar trabajando en el plano internacional por la protección y defensa de los Derechos Hu-manos de la niñez y adolescencia.
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Movilidad Humana
El Art.40 de la Constitución de la República del Ecua-dor reconoce a las personas el derecho a migrar. Ecuador no identifica ni considera a ningún ser hu-mano como ilegal por su condición migratoria.
El Art. 41 de la Constitución reconoce los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instru-mentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garanti-ce el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado res-petará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. No se aplicará a las personas solicitan-tes de asilo o refugio sanciones penales por el he-cho de su ingreso o de su permanencia en situación de irregularidad. El Estado, de manera excepcional y cuando las circunstancias lo ameriten, reconocerá a un colectivo el estatuto de refugiado, de acuerdo con la ley.
El Art. 42 de la Constitución prohíbe todo despla-zamiento arbitrario. Las personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente de las autorida-des, que asegure el acceso a alimentos, alojamien-to, vivienda y servicios médicos y sanitarios. Las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos menores, personas adul-tas mayores y personas con discapacidad recibirán asistencia humanitaria preferente y especializada.
Todas las personas y grupos desplazados tienen derecho a retornar a su lugar de origen de forma voluntaria, segura y digna.
En el numeral 6 del artículo 416, la Constitución del Ecuador “propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las re-laciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur”.
La nueva Constitución elimina el uso de la palabra “migración” o “migrante”, debido a la carga peyo-rativa que tiene, particularmente, en los países de recepción. Los términos “movilidad humana” o de “ecuatoriano/a residente en el exterior”, no solo es un cambio lingüístico, sino una propuesta teórica, política y ética para tratar y entender este tema.
La visión integral y holística que tiene la Constitu-ción para tratar la movilidad humana se desarrolla en cincuenta y siete artículos, en los cuales se plas-ma de manera directa o indirecta el tema de los ecuatorianos en el exterior, de las personas extran-jeras, el refugio, desplazamiento y retorno.
El tema de la movilidad planteado en la Constitu-ción parte de una premisa central que es reconocer a las personas, por primera vez en la historia, el de-recho a migrar. “No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria”. Con lo anterior, se está des-criminali-zando a la movilidad humana e impidiendo que la
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condición migratoria sea motivo de discriminación como actualmente sucede. Con lo cual se intenta impedir prácticas de expulsión del territorio nacio-nal por la condición de indocumentado/a, así como la privación de libertad, por falta de cumplimiento de requisitos administrativos.
En este tema, el Estado ecuatoriano no limita sus acciones a la circunscripción territorial y límites fronterizos, sino que extiende las responsabilida-des hacia las y los ecuatorianos residentes en el exterior. La Constitución reconoce a la familia tras-nacional, es decir a la familia que se caracteriza por la migración de uno o más de sus miembros, pero que mantienen vínculos con los otros de la familia, tanto emocionales, comunicacionales o financie-ros, que se quedaron en el punto de origen.
Su reconocimiento permite el desarrollo de acciones para su protección, especialmente el de niñas, niños y adolescentes, que conforme el art. 45, “... tienen derecho a recibir información acerca de sus proge-nitores o familiares ausentes, salvo que fuera perju-dicial para su bienestar”; de igual manera el Estado protegerá y prestará especial atención a las familias disgregadas por cualquier causa (art. 69, literal 4).
Más que una simple declaración, la Constitución se orienta a una integración latinoamericana, y a en-caminar las rutas concretas para la consecución de este objetivo estratégico, de manera tal que, desa-rrollando legislación armónica, se pueda establecer para el mediano plazo un plan de desarrollo en-tre los pueblos hermanos de la región, en aras de
configurar una comunidad, fundamentada en los principios de solidaridad y complementariedad. Así mismo, se establece la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña, para contribuir a li-berar las limitaciones que existen para el tránsito de compatriotas de la región latinoamericana y ca-ribeña, fomentando el turismo, proyectos educati-vos, culturales y otros intercambios que fortalezcan alianzas sostenibles desde los nuevos paradigmas de convivencia social.
Política
Asegurar la aplicación efectiva en el Ecuador del principio de ciudadanía universal, y promover acuerdos internacionales que asuman esta concep-ción, para garantizar la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero, como elemento transfor-mador de las relaciones desiguales entre los países.
Estrategias
1. Ofrecer asistencia a los residentes ecuatorianos en el exterior y a sus familias, ya sea que éstas residan en el exterior o en el país.
2. Otorgar atención, servicios de asesoría y pro-tección integral a los ecuatorianos en el exte-rior, para que puedan ejercer libremente sus derechos.
3. Promover el análisis y la consideración polí-tica y económica del aporte que brindan los
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migrantes, tanto para los países de origen como de destino, para el desarrollo nacional.
4. Facilitar la reunificación familiar y apoyar el re-torno voluntario.
5. Mantener la confidencialidad de los datos de carácter personal que se encuentren en los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior.
6. Propiciar la afiliación voluntaria al Institu-to Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a los ecuatorianos domiciliados en el exterior.
7. Fortalecer los programas de cooperación hu-manitaria y atención a personas refugiadas y en necesidad de protección internacional.
8. Promover acciones de atención integral a las personas refugiadas y la población extranjera en particular.
9. Promover mecanismos que faciliten la libre mo-vilidad de las personas dentro de la región e incentivar los intercambios turísticos.
10. Promover la política migratoria ecuatoriana en los diálogos multilaterales y bilaterales, expli-cando la tesis de ciudadanía universal, el dere-cho a migrar y la justicia transnacional.
11. Rechazar y denunciar las políticas y prácticas ra-cistas, xenófobas que atentan contra las perso-nas migrantes. Dar atención especial a personas
ecuatorianas en situación de vulnerabilidad, so-bre todo a niños y niñas, adolescentes y mujeres y personas víctimas de trata y tráfico.
12. Promover la participación activa de los ecuato-rianos en el exterior en la vida política y electoral del país, así como fomentar el asociacionismo.
13. Fortalecer la agenda internacional para comba-tir y sancionar los delitos de trata y tráfico de personas.
14. Promover la coordinación y armonización de políticas sociales, especialmente de protección laboral y de seguridad social; e impulsar la coo-peración funcional en el sector de la sanidad, el combate a pandemias u otras enfermedades, así como en la creación de fondos para el fi-nanciamiento de planes vinculados a acciones preventivas de salud y el mejoramiento de los servicios.
15. Fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales con énfasis en los derechos y regíme-nes laboral, migratorio, fronterizo, ambiental, social, educativo, cultural y de salud pública.
16. Impulsar la construcción de la ciudadanía lati-noamericana y caribeña a través de una mayor integración política, social y cultural, así como con políticas que garanticen la libre circulación de las personas en la región; la implemen-tación de políticas de protección de los dere-chos humanos de las poblaciones de frontera y de los refugiados; y la protección común de
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los latinoamericanos y caribeños en los países de tránsito y destino migratorio.
El problema mundial de las drogas
La Constitución de la República del Ecuador esta-blece en su Art. 364 que las adicciones constituyen un problema de salud pública y que al estado le corresponde desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psi-cotrópicas, así como ofrecer tratamiento y rehabi-litación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos.
La Constitución prohíbe su criminalización y la vul-neración de sus derechos constitucionales, con lo cual se direcciona el enfoque de tratamiento tradi-cional del problema mundial de las drogas a proce-sos de prevención integral.
La Convención Única de Estupefacientes de las Na-ciones Unidas (1961), en vigencia desde diciembre de 1964, establece las normas para la fiscalización de las drogas y disposiciones para reglamentar la producción de materias primas para estupefacien-tes. El principio angular de este tratado es limitar el uso de estupefacientes, a fines exclusivamente médicos y científicos, y adoptar las medidas nece-sarias para garantizar la disponibilidad de estupe-facientes con tal fin. No obstante, la Convención Única incorporó un enfoque prohibicionista al uso no médico ni científico de ciertas sustancias.
La UNASUR cuenta con el Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico, mecanismo llamado a fortalecer la estrategia regional mediante una pers-pectiva integral de las políticas para la erradicación de la oferta, producción, tránsito, almacenamiento y para garantizar la seguridad y salud de las personas.
La producción, tráfico y consumo de drogas es un fenómeno que ha trascendido las fronteras de los Estados, y representa un problema de salud pú-blica y de seguridad que afecta a países pobres y ricos, ya que genera el poder económico necesa-rio para promover la corrupción y la criminalidad. Por ello, la Comunidad Internacional ha buscado una respuesta efectiva, a través de la adopción de Instrumentos Internacionales que estructuren acciones, unifiquen iniciativas y establezcan po-líticas concertadas de cooperación y apoyo a los esfuerzos nacionales.
La prohibición es el núcleo básico de las políticas públicas domésticas, regionales e internacionales en materia de drogas. La “guerra contra las drogas” es el modo extremo en que se expresa el prohibicionismo. El objetivo de la prohibición es lograr la abstinencia frente a determinadas sustancias psicoactivas y así crear una sociedad libre de drogas. Ello implica, en consecuencia, suprimir el cultivo, la producción, el procesamiento, el tráfico, la distribución, la comer-cialización, la financiación, la venta y el uso de un conjunto específico de sustancias psicoactivas decla-radas ilegales. La “guerra contra las drogas” pone de manifiesto una campaña prohibicionista que bus-ca suprimir, preferentemente con fuertes medidas
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represivas, el fenómeno de las drogas, en cada uno de sus componentes y fases, así esta lucha se torna en un esfuerzo bastante complejo.
En todo el mundo se ha desatado una cruzada con-tra las drogas. Esta “guerra contra las drogas” ha sido asimilada en América Latina hace muchos años. Desde un alineamiento al paradigma punitivo, im-plícito en la cruzada antinarcóticos de los Estados Unidos, que ha promovido una serie de políticas pú-blicas concretas en la región: 1) la erradicación de los cultivos ilícitos; 2) el desmantelamiento de los gru-pos narcotraficantes; 3) la militarización de la lucha antidrogas; 4) la criminalización de toda la cadena interna ligada al negocio de los narcóticos; 5) la apli-cación de la extradición de nacionales –en especial, hacia Estados Unidos-; y 6) el rechazo oficial a cual-quier iniciativa pro-legalización de drogas.
Políticas tales como las relativas a la eliminación de cultivos ilícitos, han tenido repercusiones más allá de las fronteras nacionales. Tal es el caso de las fumigaciones aéreas, denunciadas ante la Corte In-ternacional de la Haya por Ecuador, debido al daño y afección a la salud de las poblaciones y la biodi-versidad, expuestas al glifosato, por las aspersiones en la zona de frontera con Colombia.
En América Latina y el Caribe, Estados Unidos fue modelando y consolidando paulatinamente un régimen hemisférico anti-drogas: las Cumbres de Cartagena, Colombia (1990), y San Antonio, Es-tados Unidos (1992), fueron esenciales a ese fin. Washington consolidó su enfoque regional sobre
el tema diseñando durante las últimas dos déca-das: el Plan Colombia, la Iniciativa Andina, el Plan Mérida, la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe y la Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica.
En el plano global, desde los noventa en adelante, el modelo de prohibición estadounidense fue, de facto, incorporado a plenitud por Naciones Unidas. La influencia más peligrosa ha sido el impulso que este país ha brindado al entrelazamiento entre la “guerra contra las drogas” y la que llaman “guerra contra el terrorismo”.
Un hecho que ha lesionado la cultura, identidad y por ende la soberanía de algunas naciones, es-pecialmente andinas, ha sido la guerra impuesta por la eliminación del cultivo de coca. Los pue-blos, cuya cultura milenaria consideran la hoja de coca como una fuente de alimento y energía, han sido vulnerados por la llamada “guerra contra las drogas”.
Políticas
1. Ejercer la soberanía, resguardar la seguridad na-cional y defender el principio de la no interven-ción, en los acuerdos internacionales y regionales de combate a la producción y tráfico de drogas.
2. Impulsar acuerdos y políticas internacionales que enfrenten el problema de las drogas de manera integral, multidisciplinaria y equilibrada, recono-ciendo su incidencia transfronteriza y respetan-do las tradiciones culturales de los pueblos.
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Estrategias
1. Fomentar acuerdos regionales e internaciona-les para enfrentar el problema mundial de las drogas de manera integral, afrontando los retos estructurales que lo nutren y multiplican.
2. Fortalecer el Consejo Suramericano sobre el Pro-blema Mundial de las Drogas, para desarrollar estrategias regionales dirigidas a combatir la problemática de las drogas de manera integral, superando un enfoque netamente punitivo.
3. Denunciar y oponerse a políticas unilaterales de “guerra contra las drogas” que causen vio-laciones a los derechos humanos, aceleren la degradación ambiental y agredan e irrespeten las culturas ancestrales de los pueblos.
4. Oponerse, en el plano internacional, a la crimi-nalización del cultivo y consumo de la hoja de coca, asegurando el respeto a la identidad cul-tural y derechos fundamentales de los pueblos andinos.
5. Impulsar el análisis y evaluación internacional de la eficacia de las políticas imperantes en ma-teria de drogas acordadas en foros interguber-namentales.
6. Promover el debate internacional a profundi-dad en torno a la problemática mundial de las drogas, que analice la efectividad de las políti-cas prohibicionistas y estrategias internaciona-les en este campo.
7. Promover la consideración y acuerdos globales de la problemática mundial de las drogas como un asunto de salud pública en los polos de con-sumo, y de desarrollo desigual en los centros de provisión y tráfico.
8. Apoyar el desarrollo de la información cientí-fica, que fundamente la acción de los Estados para un adecuado control de la demanda y de la oferta de sustancias estupefacientes y psico-trópicas.
Soberanía Energética
La soberanía energética es la potestad que tiene el Estado ecuatoriano para garantizar los recursos energéticos necesarios para su Buen Vivir. La sobe-ranía energética es un objetivo estratégico estable-cido en el art. 413 de la Constitución del Ecuador, el cual señala que el Estado debe asegurar la eficien-cia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tec-nologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo im-pacto y que no pongan en riesgo la soberanía ali-mentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua.
Al inicio del Gobierno de la Revolución Ciudadana, Ecuador contaba con un sistema energético altamen-te vulnerable al cambio climático y a las variaciones del mercado internacional de combustibles fósi-les, dependencia que por múltiples factores exigía cambiarse a un modelo energético autosuficiente y
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sostenible. A partir de 2007 se inició un vasto progra-ma de penetración de las energías renovables y de consumo eficiente con ahorro energético, lo cual ha sido posible o solamente podrá continuar avanzan-do a través de una adecuada gestión de las relacio-nes internacionales con países socios en esta tarea.
Política
1. Impulsar acuerdos estratégicos dirigidos a ase-gurar la soberanía energética del Ecuador y el establecimiento de políticas globales que pro-muevan la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmen-te limpias y sanas que no pongan en riesgo el equilibrio ecológico mundial.
Estrategias
1. Promover acuerdos internacionales que faciliten el desarrollo energético con tecnologías renova-bles como la eólica, solar, hídrica o geotérmica.
2. Promover estrategias regionales e internaciona-les para el manejo sustentable del patrimonio natural, en especial la regulación de la activi-dad extractiva; la cooperación y complementa-ción energética sustentable; la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua; la investigación, el desarrollo científico y el inter-cambio de conocimientos y tecnologías.
3. Promover programas y proyectos de coopera-ción intergubernamental para establecer un
anillo energético regional, orientado a garan-tizar la soberanía energética latinoamericana.
4. Fortalecer el Consejo Energético de UNASUR, con el impulso de programas regionales en materia de: petróleo, gas, ahorro de energía y energías alternativas, energía eólica, solar e hídrica.
5. Conformar redes de conocimiento y desarrollo tecnológico en la región para promover investi-gaciones e innovaciones orientadas a fortalecer el desarrollo de energías alternativas.
Soberanía Alimentaria
La Constitución establece en su Art. 13 que “las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel lo-cal y en correspondencia con sus diversas identida-des y tradiciones culturales”.
El reconocimiento constitucional al derecho al agua en el artículo 12 representa un aspecto de especial relevancia para el derecho y las políticas naciona-les y compromete al Estado Ecuatoriano a impulsar esta noción en el plano internacional.
En el año 2009 la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimen-taria, la cual la define como “el conjunto de nor-mas conexas, destinadas a establecer en forma so-berana las políticas públicas agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y la adecuada
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conservación, intercambio, transformación, comer-cialización y consumo de alimentos sanos, nutriti-vos, preferentemente provenientes de la pequeña, la micro, pequeña y mediana producción campesina, de las organizaciones económicas populares y de la pesca artesanal, así como, de la microempresa y de la artesanía. Se establece además que el res-peto y la protección de la agro-biodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales, bajo los principios de equidad, solida-ridad, inclusión, sustentabilidad socialy ambiental”.
Una manera de garantizar la soberanía alimentaria es mediante parámetros de eficiencia productiva. Ningún país puede tenerla en todos los productos y por lo tanto debe especializarse, en la medida que no atente a su identidad plurinacional, en aquellos en los que puede ser altamente productivo y con un costo de oportunidad relativamente más bajo de recursos. Debe existir complementariedad entre los Estados y acuerdos internacionales, que garanticen una produc-
ción y distribución de alimentos y que brindando la seguridad alimentaria requerida, aseguren el derecho a la alimentación de los pueblos, su estabilidad social y la estabilidad política a nivel mundial.
Política
1. Promover el derecho a la alimentación, eje de los acuerdos internacionales dirigidos a asegu-rar la soberanía alimentaria del Ecuador y de los países en desarrollo, impulsando acciones dirigidas a preservar y proteger la producción nacional y de países en desarrollo; garantizar el uso y conservación de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura en benefi-cio de los pueblos; el acceso y distribución equi-tativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos; y la defensa de los intereses del Sur en el seno de los organismos interna-cionales vinculados con la agenda global sobre seguridad y soberanía alimentaria.
Estrategias
1. Impulsar iniciativas globales de lucha contra el hambre y la universalización del derecho a la alimentación.
2. Promover acuerdos internacionales dirigidos al reconocimiento del derecho humano al agua, principio fundamental e irrenunciable de los seres humanos.
La política comercial promueve la apertura de nuevos mercados para el Ecuador.
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3. Promover un consenso regional que defina el objetivo prioritario de los procesos de integra-ción, a la soberanía y seguridad alimentaria, y que defina estrategias para reforzar el inter-cambio de productos alimenticios en América Latina y el Caribe.
4. Impulsar acuerdos para la cooperación intergu-bernamental en temas de seguridad y sobera-nía alimentaria.
5. Promover y fortalecer mecanismos de coordi-nación de los países en desarrollo para las ne-gociaciones internacionales vinculadas con la producción y comercialización de alimentos.
6. Conformar una red tecnológica internacional para productos alimenticios y promover la in-vestigación para mejorar la producción de pro-ductos básicos en los países en desarrollo.
7. Fortalecer los organismos regionales e interna-cionales creados para la definición de acuerdos globales y estrategias para la alimentación y la agricultura.
8. Promover acuerdos internacionales que prote-jan la producción agropecuaria y de campesi-nos, pequeños y medianos productores.
Soberanía del conocimiento
El Art. 277 de la Constitución establece que, para la consecución del Buen Vivir, es obligación del Estado
“promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las ar-tes, los saberes ancestrales y en general las activida-des de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada”.
La expresión Soberanía de Conocimiento se de-fine en la autodeterminación que tiene un país para generar procesos sostenibles de conocimien-to, basados en actividades académicas, sociales y científicas que desemboquen en acciones de investigación, desarrollo e innovación para resolver los problemas de la sociedad. Dichos procesos de-ben actuar en calidad de bien público, en función de las necesidades fundamentales de la ciudada-nía, en el marco del respeto y fortalecimiento de los derechos de la naturaleza y los saberes ances-trales, como fortalezas del sistema de desarrollo que persigue el Buen Vivir.
La Conferencia Mundial sobre la Ciencia en su de-claración del uso del saber científico, (18 de julio de 1999), reconoce que los países se encuentran en una situación de interdependencia creciente y que su futuro es indisociable de la preservación de los sistemas de sustentación de la vida en el planeta y de la supervivencia de todas las formas de vida. Las ciencias deben estar por consiguiente al servicio del conjunto de la humanidad y de su compresión respecto a la naturaleza y la sociedad, de una me-jor calidad de vida y un medio ambiente sano y sos-tenible para las generaciones presentes y futuras.
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Política
1. Fortalecer la agenda internacional de investiga-ción e intercambio científico, desarrollo e innova-ción tecnológica, y de difusión y reconocimiento de los saberes ancestrales, con la promoción de acuerdos internacionales que reduzcan progresi-vamente las asimetrías existentes entre naciones en materia de conocimientos, cultura, ciencia, tecnología e innovación.
Estrategias
1. Promover la revisión del marco internacional de derechos de propiedad intelectual para crear un sistema que no obstruya el acceso al saber de los países en desarrollo y que democratice el intercambio de información y conocimientos en beneficio de la humanidad.
2. Impulsar acuerdos internacionales dirigidos al establecimiento de políticas, capacidades e ins-trumentos con miras a la educación de calidad para todos y el aprendizaje durante de toda la vida, promoviendo principios, prácticas y nor-mas éticas pertinentes para el desarrollo cientí-fico y tecnológico.
3. Promover programas de cooperación técnica en atención a las demandas de innovación tecno-lógica del sector público y privado.
4. Desarrollar programas de cooperación técnica internacional para identificar, recuperar, forta-lecer y potenciar los saberes ancestrales.
5. Fomentar la cooperación educativa, cultural, científica, tecnológica y de innovación a nivel in-ternacional y regional. En este ámbito, fortalecer el Consejo Suramericano de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNASUR.
6. Promover acuerdos internacionales que faciliten la integración, movilidad e intercambio acadé-mico, profesional y laboral entre las naciones.
7. Promover y facilitar la colaboración entre uni-versidades, centros de investigación, empresas públicas y privadas con instituciones de otros países, con el fin de intercambiar conocimien-tos científicos y tecnológicos.
8. Promover una agenda internacional respecto del uso de bienes públicos globales, que esta-blezca beneficios para todas las naciones por igual, en especial aquellos que son utilizados con fines tecnológicos, como el fondo de los mares (uso de claves transoceánicos), o las órbi-tas geoestacionarias de los satélites.
9. Fortalecer los organismos multilaterales creados para la educación y el desarrollo de conocimien-tos, asegurando que sus agendas respondan a los intereses de todas las naciones por igual y que coadyuven efectivamente al desarrollo de los pueblos del sur.
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Derechos de la naturaleza, ambiente y cambio climático
El Ecuador plantea en su Constitución, en el artículo 71, un cambio de paradigma en la concepción del desarrollo tradicional hacia el concepto del Buen Vivir, con el que se pretende conjugar los ejes so-cial, ambiental y económico asumiendo responsa-bilidades ambiciosas en términos de conservación y manejo sostenible del ambiente, abriendo nuevos caminos para desplegar una política exterior diná-mica e innovadora que esté orientada a buscar res-puestas a las crisis ambientales del siglo XXI.
Un componente fundamental del nuevo marco ju-rídico es el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza, un hito histórico en el derecho consti-tucional contemporáneo ya que Ecuador es el único en el mundo que los reconoce, definiendo además el Patrimonio Natural como un recurso estratégico para el Buen Vivir, es decir, para el nuevo modelo de desarrollo nacional.
Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. La Constitución establece la obligación del Estado de aplicar medidas de precaución y res-tricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosis-temas o la alteración permanente de los ciclos na-turales. Se prohíbe la introducción de organismos y
material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.
La Constitución instituye que el Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administra-ción, gestión y protección se realizará con responsa-bilidad inter-generacional. Declara la biodiversidad como un recurso estratégico y de interés público la conservación de ella y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país.
El Art. 401 de la Constitución declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. “Excepcio-nalmente, y sólo en caso de interés nacional de-bidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genética-mente modificados. El Estado regulará bajo estric-tas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización”.
La Constitución prohíbe el otorgamiento de dere-chos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo y/o asociado a la biodiversidad nacional. El Estado no se comprome-terá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza.
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La Constitución del Ecuador señala que el patrimo-nio natural comprende, entre otras, las formacio-nes físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige la formulación de derechos y ga-rantías para la protección, conservación, recupera-ción y promoción.
Estos fundamentos constitucionales reafirman la necesidad de consistencia, promoción y liderazgo de la política exterior para establecer un nuevo modelo de desarrollo, amparado en los derechos de la naturaleza para el Buen Vivir.
Políticas
1. Promover el reconocimiento internacional de los derechos de la naturaleza, como marco uni-versal para la protección y aseguramiento de la vida en el planeta, incluyendo la supervivencia de la especie humana.
2. Contribuir al establecimiento de un acuerdo glo-bal que defina compromisos vinculantes sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un período posterior al 2012, en el marco del Protocolo de Kioto, incorporando el concepto de emisiones netas evitadas y el trato especial o la liberación de los derechos de pro-piedad intelectual sobre todos los conocimientos y tecnologías relacionadas con la mitigación y adaptación al Cambio Climático, los derechos de la naturaleza y a la solución de los problemas ambientales globales.
Estrategias
1. Desplegar una diplomacia activa con todos los países y organismos internacionales para lograr un Acuerdo Internacional que establezca el re-conocimiento de los derechos de la naturaleza.
2. Impulsar el desarrollo, la adopción y la transfe-rencia equitativa de tecnologías ambientalmente sanas, incrementando capacidades y estimulan-do el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificar el desarrollo, la adap-tación, la difusión y la transferencia de tecnolo-gías orientadas a la adaptación y mitigación del cambio climático.
3. Promover patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos huma-nos y el bienestar comunitario.
4. Promover un sistema económico internacional favorable y abierto que impulse el Buen Vivir en todos los países, a fin de abordar en mejor for-ma los problemas de la degradación ambiental.
5. Demandar el establecimiento de una nueva ron-da de compromisos vinculantes para el Protoco-lo de Kioto, con metas ambiciosas de reducción de emisiones de los países desarrollados en sus propios territorios, y que establezcan compensa-ciones para evitar emisiones.
6. Promocionar el proyecto Yasuní-ITT, que busca dejar bajo tierra unos 846 millones de barriles
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de crudo, a cambio de la corresponsabilidad y aporte internacional de al menos 3.500 millo-nes de dólares.
7. Fomentar la internalización de los costos am-bientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debida-mente en cuenta el interés público global.
8. Impulsar el diálogo y la solución eficiente de los problemas ambientales que se produzcan a nivel global. Los acuerdos destinados a tratar los pro-blemas ambientales transfronterizos o mundia-les deberían, en la medida de lo posible, basarse en un consenso internacional, pero esto no debe ser la norma que prime, por el bien de los intere-ses de las grandes mayorías del planeta.
9. Promover estudios e investigaciones sobre el cambio climático y sus impactos ecológicos, económicos y sociales. Evaluar la eficiencia de las diferentes políticas para reducir la vulnera-bilidad y/o incrementar la capacidad adaptativa
10. Promover acuerdos regionales orientados a re-ducir la deforestación, estableciendo sistemas de monitoreo satelital a nivel suramericano (y especialmente en la Amazonía) para la protec-ción de bosques contra la limpieza no autoriza-da de tierras para cultivo.
11. Impulsar el comercio regional e internacional de productos orgánicos.
12. Promover el ecoturismo regional e internacional.
13. Planificar la interconexión territorial regional, a través de medios de transporte menos conta-minantes que los de uso intensivo de combus-tibles fósiles.
14. Impulsar las inversiones eco-sustentables, ela-borando reglas de inversión basadas en la responsabilidad corporativa.
Plurinacionalidad e Interculturalidad
Ecuador es un Estado plurinacional e intercultural, que se encuentra en un proceso de construcción de una política pública orientada a fomentar la interculturalidad, sustentada en el respeto a las diversidades a través del reconocimiento y ejerci-cio de derechos individuales y colectivos, para el fortalecimiento de sus identidades, fundadas en sus particulares maneras de entenderse y enten-der el mundo que les rodea y establecer sus pro-pias formas de expresión cultural que se verifican en sus estructuras sociales, jurídicas, sistemas de salud, educación, producción y sus maneras de relacionarse con la naturaleza y otros colectivos, estableciendo relaciones de respeto a la diferencia, en condiciones de igualdad, dentro de un sistema democrático incluyente y participativo.
El Artículo 1 de la Constitución define al Ecua-dor como un Estado constitucional de derechos, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, constituyendo
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el principio jurídico fundamental para la construc-ción de un Estado Intercultural.
La Constitución también establece que los pue-blos y nacionalidades, indígenas, afroecuatorianas y montubias gozarán, sin restricción alguna, de los derechos económicos, sociales, culturales, ambien-tales y políticos de manera individual y colectiva. En este contexto, la interculturalidad se define como el diálogo horizontal y la participación activa de la diversidad, cuya interacción será en igualdad de
derechos y oportunidades, que garantiza la convi-vencia pacífica y el entendimiento entre las diversi-dades socio-culturales.
De igual forma, el Art. 380 de la Constitución esta-blece como responsabilidad del Estado “Velar, me-diante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultu-ral tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria
La política exterior ecuatoriana promueve y defiende la interculturalidad.
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colectiva y del conjunto de valores y manifestacio-nes que configuran la identidad plurinacional, plu-ricultural y multiétnica del Ecuador”.
El reconocimiento del estado Plurinacional, implica reconocer la existencia de diversas nacionalidades y varios pueblos que cohabitan dentro del territorio ecuatoriano. Cada una de ellas se caracteriza por tener un idioma, compartir una historia y constituir-se en espacios territoriales definidos, que a su vez les permite vivir sus particulares formas culturales y construir, fortalecer, recrear y transmitir su cultura.
Política
1. Promover el reconocimiento del Ecuador como un Estado Plurinacional e Intercultural, e impul-sar en la esfera internacional el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica de los pueblos y nacionalidades del mundo.
Estrategias
1. Proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la conservación del patrimonio cultural y la memoria común de América Latina y del Caribe, así como la crea-ción de redes de comunicación e interacción entre los pueblos y nacionalidades de la región.
2. Desplegar, con la participación de las naciona-lidades y pueblos indígena, afroecuatoriano y montubio, una activa diplomacia plurinacional e intercultural, considerando las identidades
diversas y reconociendo sus aspiraciones con el fin de mantener y fortalecer sus identidades, idiomas, religiosidad, saberes y conocimientos ancestrales dentro del marco de los Estados en que viven.
3. Ampliar los espacios de diálogo y canales de co-municación permanentes entre las distintas na-cionalidades y pueblos ancestrales de América Latina y el Caribe.
4. Impulsar acciones afirmativas para incorporar en el servicio exterior, funcionarios y funciona-rias de las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios.
5. Impulsar internacionalmente el conocimiento, la valoración y afirmación de las diversas identi-dades de los distintos pueblos y nacionalidades que conforman el Ecuador, así como también las identidades de las y los ecuatorianos que se encuentran residiendo fuera del país.
6. Promover acuerdos binacionales, regionales e internacionales, que faciliten los contactos y la cooperación entre nacionalidades y pueblos indígenas y afrodescendientes a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del me-dio ambiente.
7. Impulsar programas de cooperación que forta-lezcan y garanticen los derechos de las naciona-lidades y pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios, a sus propias medicinas tradicionales,
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mantener sus prácticas de salud, fortalecer y de-sarrollar sus conocimientos y saberes, lo que in-cluye la conservación de sus plantas, animales y minerales.
8. Generar mecanismos de protección de los cono-cimientos, innovaciones y prácticas ancestrales de los pueblos y nacionalidades, para impedir su apropiación.
9. Contribuir a eliminar toda forma de coloniza-ción externa e interna que intente menoscabar las formas propias de vida y las costumbres de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
10. Promover la participación directa de las naciona-lidades y pueblos en los eventos internacionales o nacionales donde se exponen y manifiestan la diversidad cultural del país.
Promoción cultural en el exterior
La Constitución del Ecuador otorga un lugar prio-ritario a las diversas culturas en la construcción de una sociedad del Buen Vivir. En el Artículo 1 recoge la diversidad del país, al expresar que es un país multiétnico, intercultural y plurinacional.
El Art. 21 señala que “todas las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identi-dad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar di-chas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su
patrimonio cultural; a difundir sus propias expre-siones culturales y tener acceso a expresiones cul-turales diversas”.
De su parte, el Art. 22 destaca que “las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades cul-turales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, lite-rarias o artísticas de su autoría”.
El Art. 23 reconoce que “las personas tienen dere-cho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohe-sión social y promoción de la igualdad en la diversi-dad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con suje-ción a los principios constitucionales”.
El Art. 276 establece que el régimen de desarrollo tiene por objetivo “proteger y promover la diversi-dad cultural y respetar sus espacios de reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural”.
El Art. 377 señala que “el sistema nacional de cul-tura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salva-guardar la memoria social y el patrimonio cultural”.
El Art. 380 establece que “será responsabilidad del Estado promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados y garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la pro-ducción nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva”.
En los artículos mencionados, se encuentran los li-neamientos fundamentales para orientar una polí-tica cultural nacional y soberana, para que afloren y se hagan realidad las potencialidades creadoras en las diversas manifestaciones culturales del pue-blo ecuatoriano.
Política
1. Promover en la esfera internacional el fortaleci-miento y la afirmación de las identidades diversas que caracterizan al Ecuador como país, en el con-texto de la construcción de un Estado plurinacio-nal e intercultural en el plano internacional.
Estrategias
1. Promover el reconocimiento, la valoración, la protección, la salvaguardia y la apropiación so-cial del patrimonio cultural, material e inmate-rial del Ecuador.
Políticas y estrategias
Congreso de Afrodescendientes de las Américas, Quito, 11 de octubre de 2011.
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2. Estimular la diversidad de las expresiones cultu-rales de las nacionalidades y pueblos del Ecuador.
3. Promover políticas y acciones que fomenten el desarrollo de las industrias culturales con otros países de la región, en el seno del ALBA, UNA-SUR, MERCOSUR, y la CELAC.
4. Diseñar políticas culturales para el fortaleci-miento de la integración cultural de América Latina y el Caribe, con especial énfasis en la in-vestigación, la formación y la creación de fon-dos regionales para el desarrollo de la cultura.
5. Impulsar políticas y acciones para la circulación y consumo de bienes y servicios culturales en la región y en el ámbito global, con la participación de artistas y creadores individuales y colectivos.
6. Establecer convenios y acuerdos bilaterales y multilaterales de protección del patrimonio cul-tural material e inmaterial.
7. Difundir y revalorizar las culturas e identidades del Ecuador y de la población ecuatoriana en el exterior, con énfasis en los países receptores de población migrante.
8. Desplegar una activa diplomacia cultural, con-siderando la cultura como un instrumento de política exterior, con el fin de difundir los valo-res culturales del Ecuador y consolidar relacio-nes sólidas con los demás pueblos del mundo.
9. Fortalecer los mecanismos de integración cul-tural que incluyan temas emergentes como aquellos referidos a la cultura de paz y frontera, migración y medio ambiente, entre otros.
10. Favorecer la libre movilidad de creadores y artis-tas, y la circulación de sus obras a través de la pro-moción de visas y permisos de ágil acceso, como parte de acuerdos bilaterales o multilaterales.
Entrega de la primera visa de regularización a ciudadanos venezolanos.
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11. Incluir el concepto de Diplomacia Cultural en la formación académica de los funcionarios que intervienen en la promoción cultural hacia el exterior.
Cooperación al desarrollo
La Constitución establece en el Art. 11, los princi-pios de soberanía y no injerencia en los asuntos internos del Estado. Estos se constituyen en los re-ferentes claves que deben guiar los lineamientos de política exterior para la cooperación para el desa-rrollo. De su parte, el Plan Nacional para el Buen Vivir se propone como objetivo la construcción de una sociedad que profundice la democracia y am-plíe su incidencia en condiciones de igualdad social y material. Ecuador debe definir el tipo de sociedad y el modelo de desarrollo que desea, sin interferen-cias y condicionamientos de agendas externas.
Es así que el país ha transitado desde el año 2007 de un modelo de desarrollo basado en las indus-trias extractivas, hacia la construcción de un mo-delo postextractivista, en el marco del proceso de integración latinoamericano y de una estrategia de desarrollo endógeno a largo plazo. La Revolu-ción Ciudadana ha recuperado la capacidad de pla-nificación y regulación del Estado, para asegurar la redistribución y el desarrollo territorial equilibrado. Contrario a la agenda neoliberal, el Plan Nacional para el Buen Vivir reconoce en el Estado el principal agente de desarrollo, al igual que los demás actores públicos y privados. En este contexto, la cooperación
internacional viene a ser un complemento a los pla-nes de desarrollo del país.
Los instrumentos internacionales de derechos hu-manos y los acuerdos alcanzados en Programas de Acción de Conferencias Internacionales de las que Ecuador es suscriptor, también constituyen signifi-cativos referentes para el manejo de la política ex-terior en materia de cooperación para el desarrollo.
Entre estos acuerdos se encuentra la Declaración de París sobre la eficacia de la cooperación, la cual constituye una herramienta sustancial para exigir de los socios internacionales la implementación de los principios en ella establecidos de Apropiación, Armonización, Alineación, Gestión Orientada a Re-sultados y Mutua Responsabilidad, para racionali-zar la cooperación y promover un diálogo basado en la soberanía y mutuo respeto. Estos principios buscan que los países cooperantes se alineen a las prioridades y necesidades definidas por cada país en su estrategia de desarrollo, mediante el diálo-go y que trabajen conjuntamente para definir una agenda nacional de eficacia de la cooperación.
La cooperación internacional no reembolsable debe contribuir a un proceso de desarrollo que tenga como ejes la sustentabilidad ambiental y las equidades de género, generacional, intercultural y territorial, y que permita avanzar hacia una reali-zación integral de los derechos humanos, recono-cidos en la Constitución Política del Ecuador y en los tratados y convenios internacionales de los que el Ecuador es parte, como un paso fundamental en
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el proceso de realización de la justicia en todas sus dimensiones.
En 2010 se cumplieron 40 años desde que se es-tableció, en la Resolución 2626 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la meta internacio-nal para que los países desarrollados proporcionen el 0,7% de su ingreso nacional como AOD (“Ayuda” Oficial al Desarrollo). A partir de entonces, hasta la actualidad, los países miembros del Comité de Ayu-da para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no han logrado superar, el 0,36 % de su PNB. En 2008, esta meta llegó apenas al 0,31 % en promedio mun-dial. En el año 2010, de acuerdo al Informe de la OECD, solamente Dinamarca, Suecia, Noruega, Luxemburgo y Holanda cumplieron el compromiso de destinar el 0,7 %. Los Estados Unidos de Amé-rica, destinan el 0,18 %, Bélgica 0,50 %, Alemania 0,36 % y España 0,32 %. Dos países que actualmen-te se encuentran invirtiendo importantes sumas de recursos en la agresión a Libia junto a los Estados Unidos, Francia e Italia, invirtieron en el año 2010 el 0,44 % y 0,20 % respectivamente.
Los países cooperantes, destinan montos exiguos si se les compara con los gastos militares mundiales. En efecto, mientras en 2009 la AOD a nivel mundial alcanzó los 107 mil millones de dólares, el gasto militar global llegó a 1,5 billones de dólares, equi-valente a 4.200 millones de dólares diarios; lo que significa que en el mundo, por cada dólar de AOD se gastan 14 dólares en gasto militar.
La agenda de desarrollo del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) se encuentra permanentemente en construcción, ya que en parte depende del debate intergubernamental en el seno de la ONU, especial-mente la Asamblea General, el ECOSOC (especificar siglas) y las Juntas Ejecutivas de las agencias, fondos y programas. Estas organizaciones están supuestas a brindar asistencia técnica y financiera a los Esta-dos para asegurar el diseño y ejecución de políticas nacionales en sintonía con los acuerdos globales alcanzados en el seno de la ONU. Sin embargo, el mecanismo de financiación de estos organismos hace que sus agendas dependan de las voluntades políticas de sus donantes principales, es decir, de aquellos países que de acuerdo a sus intereses polí-ticos nacionales están dispuestos a financiarlas.
Existe resistencia para lograr acuerdos globales so-bre mecanismos de financiación alternativos, tanto para las operaciones de la agenda de desarrollo de la ONU como del funcionamiento de la organiza-ción en su conjunto. Mecanismos tales como el es-tablecimiento de impuestos a ciertas transacciones globales, o cualquier otra iniciativa no es admiti-da, su discusión es bloqueada, asegurando así la dependencia de las operaciones del SNU a la los donantes tradicionales.
Los ODM han sido colocados en el centro de la atención y del mandato de estas organizaciones y constituyen además, el marco general que guía la cooperación para el desarrollo de países donantes. Al respecto, se debe señalar que los ODM carecen
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de un enfoque histórico para situar conveniente-mente la problemática del subdesarrollo. No se puede olvidar que el subdesarrollo es el resultado de un proceso histórico y del funcionamiento del sistema económico, político y social, en su dimen-sión interna e internacional, lo que ha determinado la criticidad en la generación de las problemáticas que atacan los ODM.
Política
1. Promover una agenda internacional de coope-ración para el desarrollo que asegure el respeto a la soberanía y las prioridades nacionales de las naciones en vías de desarrollo, que contri-buya al fortalecimiento y democratización del multilateralismo y que fortalezca la coopera-ción solidaria Sur – Sur.
Estrategias
1. Impulsar mecanismos de financiación alter-nativa a las donaciones bilaterales voluntarias para el financiamiento de las operaciones de la agenda de cooperación para el desarrollo del Sistema de las Naciones Unidas, con el fin de eliminar la dependencia de sus programas a in-tereses políticos de países donantes.
2. Asegurar que las operaciones del Sistema de las Naciones Unidas responda a los intereses nacio-nales y que se valoren y promuevan, por igual, los mandatos de todas sus organizaciones, en
respeto a las decisiones intergubernamentales tomadas a nivel global.
3. Promover que los objetivos de desarrollo que se acuerden en las organizaciones multilatera-les contengan un enfoque histórico que ayude a situar las problemáticas, y que tomen en cuenta acciones dirigidas a combatir sus causas en los sistemas económico, político y social, tanto a nivel nacional como internacional.
4. Impulsar la construcción de un nuevo sistema de gobernanza de la cooperación internacional, que reconozca la contribución de los países en desarrollo como proveedores por excelencia de bienes públicos globales, condición sine qua non para continuar en la senda del desarrollo, tanto del norte como del sur.
5. Impulsar acuerdos internacionales y políti-cas nacionales que aseguren que los recursos provenientes de la empresa privada nacional e internacional, así como los canalizados por or-ganizaciones no gubernamentales, contribuyan a los objetivos de desarrollo nacional. La coope-ración internacional de las ONG será prioritaria en zonas deprimidas donde existen mayores inequidades regionales con relación a la media nacional. Los espacios de coordinación con las ONG estarán encaminados a mejorar la gestión por resultados y generar capacidades locales de eficacia y eficiencia.
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El Pasaporte ecuatoriano permite viajar sin necesidad de visa a los países miembros de la Comunidad Andina y UNASUR (ex-cluyendo Guyana y Surinam).
6. Coordinar y alinear a nivel nacional, las actividades de los donantes, de acuerdo al marco jurídico na-cional, y en función de los objetivos de desarrollo establecidos en la Constitución y de los objetivos y políticas del Plan Nacional para el Buen Vivir.
7. Institucionalizar mecanismos de rendición de cuentas de las entidades receptoras de asistencia técnica y fondos de la cooperación internacional no reembolsable, cuyos resultados deberán de-mostrar eficacia institucional en el uso de dicho apoyo.
8. Promover acuerdos entre países de renta media a nivel regional e internacional para la búsqueda de estrategias de colaboración Norte-Sur y Sur-Sur en atención a las sus necesidades particulares.
9. Promover el fortalecimiento de una agenda regional de integración y de cooperación lati-noamericana y caribeña, y, de relacionamiento y cooperación de la región con países africanos y demás países del sur.
10. Impulsar los siguientes temas prioritarios para la gestión de la Cooperación Internacional en
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el Ecuador: desarrollo humano, desarrollo cien-tífico-tecnológico, desarrollo de capacidades productivas para micro, pequeñas y medianas empresas, medio ambiente y cambio climático, así como emergencias y desastres. Como ejes transversales se deberá considerar la acción po-sitiva de género, etnia y población con capaci-dades especiales.
11. Impulsar programas de cooperación internacio-nal que permitan fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, con el fin de contribuir al desarrollo de centros de investigación, pro-mover la transferencia e innovación tecnológica y la formación del personal científico y técnico. Impulsar métodos de investigación e interacción internacional de científicos, profesores y exper-tos; promover y desarrollar cooperaciones en la creación de universidades de futuro y mecanis-mos para la creación de zonas económicas de desarrollo.
12. Fomentar nuevos modelos de gestión de la Cooperación Internacional, en especial los Pro-gramas de Apoyo Presupuestario, la Coopera-ción Triangular, la Cooperación Sur – Sur, y la Cooperación Descentralizada.
Políticas y estrategias
