Desde la Puerta del Sol

La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos

Actualicemos la Ley de

Memoria Histórica y Democrática

oy martes a las siete de la tarde tendrá lugar en el Casino de Madrid la pre-

sentación de la tercera edición de la obra Por qué el Frente Popular perdió la Gue-

rra Civil (editorial ACTAS) del

prestigioso historiador Pío Moa, que ha

tenido la amabilidad de atender a El

Correo de España sobre algunos de los

temas que aborda en su libro.

¿Por qué decidió escribir un libro so-

bre las causas de la derrota del Frente

Popular?

La cuestión es clave en la política ac-

tual, que por parte de la izquierda, los

separatistas y el PP, se apoya en una

mitificación del Frente Popular, que

propiamente fue un régimen de terror.

Si no saneamos la historia de la false-

dad profesionalizada que sufrimos, esta seguirá envenenando el presente y comprome-

tiendo el futuro. Importa señalar que su falsedad es tan evidente que necesitan rehuir el

debate y refugiarse en una ley de «memoria» de tipo soviético, amenazando despótica-

H Pío Moa: «La ley de “memoria democrática” es

totalitaria e incapaz de sostenerse en un debate libre y serio», Javier Navascués

El gran engaño («The Grand Camuflage», Francisco Núñez Roldán

«Memoria democrática»: la legitimidad de origen del Alzamiento y del Régimen del General Franco, Tomás García Madrid

La hiena comunista y la Cruz de Aguilar de la Frontera, Eduardo García Serrano

Martirizadas y ejecutadas en picaderos: memoria histórica de las víctimas de la persecución religiosa de 1936 en Valencia, ABC

mente a los historiadores serios, que lógicamente discrepan de esa amalgama de embus-

tes.

Usted afirma que es hora de eliminar el término «República» durante la Guerra Civil,

porque eso sugiere continuidad y genera mil distorsiones...

El término República es correcto para el régimen instalado entre abril de 1931 y abril de

1936. Lo que vino después fue un régimen distinto, de Frente Popular, que precisamente

destruyó la legalidad republicana en dos movimientos: la insurrección de octubre de

1934, fracasada pero que dejó a la república malherida, y las elecciones fraudulentas de

1936, que ya destruyeron por completo dicha legalidad. Durante la guerra no hubo

«bando republicano», como

se dice, sino frentepopulista

o propiamente rojo. No

explicar la diferencia es dis-

torsionar de modo radical la

historia.

Y es un libro que enciende el

debate porque considera

que el conflicto «aún no se ha

asimilado».

No se ha asimilado porque

toda la política seguida en

España desde hace bastan-

tes años se basa en la false-

dad de que el Frente Popular defendía la libertad y la democracia, y los nacionales la

tiranía. Fue casi exactamente al revés. Es cierto que el franquismo restringió después las

libertades políticas de los que habían ocasionado la guerra civil, al sublevarse en el 34 y

destruir la legalidad en el 36. Pero, entre otras cosas, permitió una gran libertad perso-

nal, así llamada la que no está reglamentada por el Estado. El Estado franquista siempre

fue muy pequeño, y no pretendía reglamentar hasta los sentimientos de las personas con

leyes totalitarias de «odio» y similares. Ni dictar lo que debían pensar los españoles de

su historia, como las leyes actuales que se dicen democráticas y son precisamente lo

contrario. Es muy importante dis-

tinguir estas cosas para que la

historia no se convierta en un ga-

limatías.

¿Qué supone para usted presen-

tar ya la tercera edición del libro

en un marco como el Casino de

Madrid?

Al margen del problema del vi-

rus, supone la necesidad de ayu-

dar a derrotar las versiones falsa-

rias y calumniosas que tanto daño

actual están causando, con el resurgimiento de odios y de problemas que debían estar

superados, y que de hecho lo estaban hasta que ahora los desarrolla un nuevo Frente

Popular compuesto, como el anterior, de totalitarios, separatistas y golpistas. No debe

olvidarse que Azaña fue un clásico golpista.

Siempre se ha dicho que el Frente Popular perdió la guerra porque sus partidos se dedi-

caron a hacer política mientras Franco hacia la guerra. ¿Está de acuerdo?

Eso es una simplificación muy tosca. Los dos bandos se encontraron con los mismos

problemas: reconstruir el estado, reconstruir el ejército, unificar la acción entre sus dis-

tintos partidos o «familias» –cosa muy difícil tanto en un bando como en el otro–, con-

seguir armas y ayuda de otros países, desplegar una política internacional, etc. Solo que

Franco lo hizo mejor que sus contrarios, y aún así le costó casi tres años vencer al Frente

Popular, con peligro de que la guerra de España se mezclara con la mundial que surgió

solo cinco meses después, y que podría haber dado un giro a todo.

Se suele ocultar la calamitosa gestión económica del Frente Popular durante la Guerra,

con su economía colectivizada, mientras la gestión de Franco económica y financiera du-

rante la Guerra fue muy acertada. No se pasó hambre ni hubo racionamiento en la Zona

Nacional.

El Frente Popular prácticamente desarticuló la economía en su zona, creando miseria y

hambre masiva, la mayor de España en el siglo XX. Fue además, como digo, un régimen

de terror incluso entre los mismos partidos de aquel frente, debido a la necesidad de uni-

ficar la acción política y militar, como querían los comunistas, única esperanza que tenían

de ganar. Precisamente los comunis-

tas vieron muy pronto que había que

acabar con las colectivizaciones de-

menciales de anarquistas y sociales-

tas, pero no lo consiguieron del todo.

Franco fue mucho más hábil: consi-

guió esa unidad con muy poca repre-

sión. Y una de sus consecuencias fue

también la económica. En el bando

nacional hubo economía libre, estuvo

bien asegurado el abastecimiento y

no hubo hambre.

Es curioso que se achaque la miseria

económica de los primeros años de la

posguerra a Franco, cuando fue motivada por la absorción de la ruinosa zona roja por la

nacional. Es equiparable a la absorción de la RDA por la RFA, en Alemania, que produjo

serios inconvenientes económicos a la segunda durante unos años.

Es parte de la historia distorsionada que predica el nuevo Frente Popular, para justifi-

carse. España tuvo que afrontar la reconstrucción con medio país desarticulado y arruí-

nado económicamente; luego sufrió las restricciones comerciales impuestas por Inglate-

rra y Usa durante la II Guerra Mundial; luego el maquis y un aislamiento criminal que

pretendía crear una gran hambruna en España. A pesar de todo, España se reconstruyó

muy bien, para las circunstancias, sin deber nada a los ejércitos useño o, indirectamente,

soviético ni a las finanzas useñas, al revés que el resto de Europa occidental. Este fue un

mérito moral y material inmenso, que los «memoriadores» no suelen tener en cuenta.

También nos suelen ocultar las duras declaraciones y reflexiones de personajes como

Azaña o Negrín sobre el papel del separatismo catalán de Companys. Es curioso que las

descalificaciones anticatalanistas de Azaña, Negrín y otros líderes del frente Popular son

más fuertes que las que nunca hizo Franco.

Bueno, entre todos ellos hubo una colaboración intensa desde el principio de la Repú-

blica, pero también fricciones. Durante la guerra las fricciones se hicieron más fuertes,

porque la guerra imponía unidad y dirección de acción, y los separatistas no lo querían

entender y la saboteaban. De hecho, tanto los separatistas vascos como los catalanes

fueron una ayuda muy importante, si bien involuntaria, para que triunfara Franco. Por eso

también su represión en la posguerra fue mucho más benévola que sobre los otros.

Igualmente algunos piensan que el Frente Popular fracasó a la hora de organizar un

ejército revolucionario que fuese eficaz.

Al contrario, gracias sobre todo a los comunistas

se organizó un ejército rojo imitado del soviético

que fue muy difícil de vencer. Lo que fracasó fue

enseguida el ejército inicial basado en las mili-

cias de sindicatos y partidos, y ese fracaso obli-

gó a los comunistas a imponer su línea de acción.

El llamado Ejército Popular de la República (ni

era popular ni de la república) fue una modali-

dad de ejército revolucionario.

Se ha magnificado el suministro de armas de

Alemania e Italia a Franco, ocultando además

que si el frente Popular no recibió tanto arma-

mento de la URSS y otros países fue en gran me-

dida por la eficacia de la Armada Nacional.

En conjunto, el bando rojo recibió un número de

armas muy parecido a los nacionales, y varias de

ellas, como los tanques y los aviones, sobre todo

al principio, superiores a los alemanes o Italia-

nos. Es más, después de la derrota del Ebro, Sta-

lin envió la mayor remesa de armas de la guerra,

que el gobierno de Negrín apenas pudo utilizar

debido a la rapidez del avance nacional en Cata-

luña. Si ese avance hubiera sido lento y las armas

hubieran llegado de lleno, la guerra habría podi-

do prolongarse bastantes meses más e incluso

complicarse con la guerra europea que se ges-

taba ya. Por otra parte es cierto que la Armada

nacional logró capturar muchos envíos soviéti-

cos y obstaculizar otros, actuando hasta en el Bál-

tico y el mar del Norte, lo que influyó en el balance final. Fue un factor importante, del

que se ha hablado muy poco.

Digamos en resumen que la clarificación de la Guerra Civil y del carácter de los conten-

dientes tiene una doble vertiente: la propiamente histórica y la actual política. Es bien

evidente que el presente Frente Popular y sus memoriadores se basan en la falsificación

sistemática. Sus leyes de «memoria» histórica o «democrática» (esto es el colmo del con-

trasentido) demuestran por una parte su carácter totalitario y por otra la debilidad de sus

versiones, incapaces de sostenerse en un debate libre y serio.

(El Manifiesto)

s disculpable que el nombre de Burnett Bolloten no diga nada o casi nada al lector. Bollo-

ten, galés nacido en 1909 y muerto en Estados Unidos en 1987, figura sobre todo como

«periodista» en el artículo que le dedica la insidiosa y muy políticamente correcta Wiki-

pedia.

Cierto que Bolloten se dedicó de entrada al periodismo, viajando por Túnez, Líbano y Egipto,

hasta dar en Alemania en 1932, donde trabajó free-lance, esto es, por su cuenta, hasta la llegada

de Hitler al poder. En 1936 fue enviado a España por la United Press. Aquí se interesó por nuestro

país, por sus acuciantes problemas políticos, y

claro está, por la guerra que estalló a poco de su

llegada. Ideológicamente republicano de centro,

Bolloten se dedicó a reunir y clasificar todo el ma-

terial que pudo referido al conflicto, en especial

del bando frentepopulista. Consiguió muchísimo,

y a finales de 1938 decidió trasladarse a México.

Allí, ayudado de su esposa Gladys, estudió aún

más a fondo nuestra Guerra Civil, con el añadido

de numerosas entrevistas a muchos de los exilia-

dos protagonistas de la misma. La ingente suma

de material escrito que Bolloten reunió y la gran

cantidad de conversaciones que mantuvo tarda-

ron años en materializarse en el libro que por fin

pudo publicar tras no poco esfuerzo por hallar

editor y que recibió el título que encabeza este

artículo. Fue en 1961, y ya ese mismo año salió en

nuestro idioma. Se tradujo en español por El gran

engaño, y en inglés se llamó en su primera edición

The Great Camouflage. Como subtítulo añadía la

significativa frase: «The Communist Conspiracy in

the Spanish Civil War». La obra tuvo un éxito con-

flictivo, porque en su edición española fue prolo-

gada por Manuel Fraga Iribarne, a la sazón direc-

tor del Instituto de Estudios Políticos, y encima

coincidió en el tiempo con la publicación del sobrevalorado texto de Hugh Thomas sobre nuestra

guerra, texto que durante bastantes años se consideró canónico, sin merecerlo. La traducción del

libro de Bolloten al castellano corrió a cargo de Luis de Caralt, editor catalán, falangista, a cuya

perspicacia editorial, entre otras cosas, se deben casi todas las primeras versiones al español de

las novelas del inmortal Georges Simenon.

El momento de la publicación tildó al libro como producto de la guerra fría, lo cual resultaba

además cierto, sin quererlo quizá, y fue atacado desde su salida al mercado no sólo por los comu-

nistas, sino también por los antianticomunistas, esa panda de exquisitos compañeros de viaje que

E

abundan en cualquier zaquizamí occidental y que se dedica a atacar a quienes atacan a la izquier-

da, sin saber –¿o quizá sí?֪ que son simples mamporreros de los bolcheviques.

Bolloten, por su parte, siguió trabajando en la revisión de su obra durante toda su vida. España y

la guerra que él vivió fueron el tema casi único de su escritura. Había vivido mucho y muy a fondo

en ello. Añadió cantidad de bibliografía, por si hubiera aportado poca, y mantuvo siempre sus

principios básicos, es decir, la revolución dentro de la zona republicana y la preponderancia

comunista a través de Negrín. Y en cuanto al exterior, la añagaza de aparentar un Estado simple-

mente republicano en el sentido cívico del término, tratando de ocultar que en su interior una

revolución social anarco-colectivista disputaba su geografía con la hegemonía nacionalizadora

soviética, no menos activa.

Ya decimos que el libro desató ataques al anticomunismo de Bolloten, incluso rastreras

embestidas personales, aduciendo su no academicismo, por parte de los clásicos profesores que

no venden una escoba de sus sesudos trabajos y se desangran de envidia viendo como un divul-

gador de la historia, que publica textos mejor escritos, más entretenidos y no menos fiables ven-

de muchísimos más ejemplares. (En España, hoy, se dan conocidos ejemplos de esos académicos

odios africanos a tales autores. Los ataques, por ejemplo a Eslava Galán, o Pérez Reverte, entre

otros. Algo parecido también a lo que ha ocurrido con un estudioso como Pío Moa, a quien se vili-

pendia sobre todo en lo personal al no poder rebatir sus datos, como bien indica al respecto el

profesor Stanley Payne).

Pasado el tiempo, las tesis básicas de Bolloten no sólo son básicamente válidas en cuanto al poder

y papel de los comunistas en España, sino que el autor fue el primero, si no en descubrir, sí en

divulgar desde una posición que hoy incluso llamaríamos «progresista», el siniestro papel de

Moscú en hacerse con los resortes de la República en guerra y en aherrojar la revolución colec-

tivizadora que sobre todo los anarquistas esta-

ban llevando o intentando llevar a cabo.

Aquella revolución dentro de la guerra cho-

caba no sólo con lo que quedaba de las dere-

chas, sino con el concepto comunista de na-

cionalización y sobre todo con el poder om-

nímodo del partido en el conflicto español.

Los comunistas pretendían, tal como consi-

guieron luego en la Europa del este tras la

segunda guerra mundial, retrasar la revolu-

ción para acabar controlándola mejor. Bollo-

ten tenía además razón cuando aseguraba que

Negrín, queriéndolo o no, era el hombre de

Moscú. De hecho fue el mejor consenso que

Moscú pudo haber hallado en el momento en otro partido, el PSOE, teóricamente en el poder,

pero con la política apropiada a los propósitos de Stalin.

De aquellos polvos vinieron estos lodos, y ya en el siglo XXI, hundido el socialismo de Estado en

la mayoría del planeta, la izquierda española ha logrado mantener y expandir la idea de una

República pacífica y democrática contra la que se rebeló una horda de pistoleros uniformados, y

de nada ha servido saber que los frentepopulistas querían hacer en 1936 la revolución a cualquier

precio, como ya intentaron en 1934. También el mito de que durante la guerra seguía siendo la

república un régimen abierto y plural. Nada más lejos de la realidad, ningún timo mayor al res-

pecto.

Por ello pensamos, en la política que hoy se está haciendo en España por parte de la izquierda,

que ese Gran Engaño vuelve a ser una dura realidad, y que con el burdo señuelo de «Jarabe de-

mocrático», «Más democracia», «Más Madrid», «Más su bendita madre»…, lo que se está propi-

ciando es más dictadura izquierdista, más silencio, más control por parte de un Estado que miente

más que respira, y todo ello no ya permitido, sino jaleado, que es lo más triste, por partidos

compañeros de viaje y por un pueblo que estúpidamente los vota y mantiene, y que está siendo

y será el primer perjudicado por la siniestra actuación de los podemitas, con sus analfabetos en-

cumbrados, sus coimas ministeriales y su demagogia. Y como ha ocurrido últimamente en Vene-

zuela, si en España llega a reinar esa letal hibridación de tiranía y miseria, entonces ya será tarde

para que, tanto quienes ayudaron como quienes no supieron o quisieron luchar contra ello, se

den a su vez cuenta de que otra vez habrán sido víctimas del Gran Engaño.

(FNFF)

n estos tiempos de «mentira totalitaria» disfrazada de «memoria democrática»

(sic), en los que se repiten machaconamente mentiras flagrantes hasta conseguir

darles apariencia de verdad, hay que recordar, también machaconamente, lo que

verdaderamente ocurrió.

La infausta ley de «Memoria Histórica» (sic) de 2007 y esta nueva vuelta de tuerca que

llaman «Memoria Democrática» (sic) no son más que una ruin venganza a título póstumo

contra la única persona que ha vencido al comunismo en el campo de batalla y que evitó

que España se convirtiera en un satélite de la URSS, como tantas otras naciones de Euro-

pa, y por tanto habrían utilizado cualquier argumento, por muy falaz que sea, para jus-

tificar semejante atropello, pero lo cierto es que todo este montaje liberticida se basa en

tres patrañas resumidas en el anteproyecto de ley de «Mentira Democrática», a saber:

1. «la Segunda República y sus avanzadas reformas políticas y sociales… fue un proceso

inclusivo, tolerante, de igualdad, justicia social y solidaridad»;

2. durante el «franquismo» «se produjeron de manera sistemática desapariciones forzadas,

ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, políticas de campos de concentra-

ción, trabajos forzados, torturas, violaciones e incluso secuestro masivo de recién naci-

dos»; y

3. Franco llegó a la jefatura del Esta-

do mediante «un golpe de Estado

en julio de 1936» ilegal y carente

de cualquier legitimidad.

Sobre el primer punto (bondades de

la Segunda República) y sobre el se-

gundo (maldades del Régimen de

Franco) no hace falta decir casi nada,

pues para cualquiera que no sea un

ignorante –y más si es un ignorante

lobotomizado por el pensamiento

único imperante– debería estar meri-

dianamente claro que la Segunda Re-

pública fue un periodo liberticida de caos, anarquía y destrucción y que, en el otro

extremo, lo que ahora llaman el «franquismo» fue el periodo de mayor progreso y bienes-

E

tar de los españoles en al menos los últimos 250 años, desde la muerte de Carlos III y –

por supuesto– que nada de lo que cuentan pasó, ni mucho menos. Naturalmente, a esa

masa de la población a la que les han lavado el cerebro y les han idiotizado con la mentira

oficial la verdad les da igual, y cualquier cosa que les digas sobre una y otro no sirve

absolutamente para nada.

El tercer punto, esto es, la supuesta falta de legitimidad del Alzamiento, lo que ellos lla-

man «golpe de Estado», es un asunto en el que hay que hilar un poco más fino, pues en

principio, y sin más análisis, una sublevación militar, aunque esté apoyada por más de la

mitad de la ciudadanía, si tiene el aspecto de un «golpe de Estado» contra la legalidad

vigente. Sin embargo, y como creo que se justifica en este artículo, el Alzamiento y el

Régimen que le siguió fueron absolutamente legítimos –lo que no es ningún «descu-

brimiento»–.

En diciembre de 1938, a pocos meses de terminar la Guerra y cuando ya se había

liberado una gran parte del territorio nacional, el Ministerio de la Gobernación del gene-

ral Franco constituyó una comisión para analizar la legitimidad de los «poderes actuantes

en la República Española en 18 de julio de 1936», esto es, el gobierno, el parlamento y el

resto de las instituciones del Estado republicano que en aquella fecha gobernaban Espa-

ña… o lo que quedaba de ella. Esta Comi-

sión, formada por 22 personas, estaba

presidida por D. Ildefonso Bellón Gómez,

magistrado del Tribunal Supremo e in-

cluía juristas de indiscutible prestigio, ex

ministros, ex diputados, magistrados, ca-

tedráticos (incluidos los decanos de dos

facultades de derecho), académicos, abo-

gados del Estado y letrados del Consejo

de Estado, esto es, un grupo de personas

con altísimos conocimientos en el asunto

que debían estudiar.

Las conclusiones de esta Comisión, que resumo a continuación, son irrefutables: toda la

estructura del Estado republicano, incluido el gobierno de Manuel Azaña presidido por

Casares Quiroga actuante el 18 de julio de 1936, era «sustancial y formalmente ilegítimos»,

por lo que el Alzamiento, cuyo único objetivo era restablecer la legalidad y terminar con

el caos, fue absolutamente legítimo.

La falta de legitimidad del Estado republicano existente el 18 de Julio se basa, al menos,

en dos hechos incuestionables:

Primero: La proclamación de la Segunda República se hizo de forma ilegal, fue un «hecho

de fuerza», una revolución «fuera de todo cauce constitucional» que nunca fue refrendada

por el pueblo español en un referéndum y, por lo tanto, todo lo que vino después carece

de legitimidad.

El modo en que se proclamó la Segunda República es archiconocido, pero dado que

quieren que nos olvidemos conviene recordarlo. Desde la dimisión del general Miguel

Primo de Rivera en enero de 1930 se vivía en España un ambiente pre-revolucionario,

instigado por los partidos republicanos, marxistas y separatistas. En ese ambiente se

convocan para el 12 de abril de 1931 unas elecciones municipales para elegir unos 80.000

concejales (y en consecuencia alcaldes) en los 9.260 municipios que entonces existían.

Con los primeros resultados de esas elecciones –pues el recuento en aquellos tiempos

era lento y farragoso–, correspondientes sólo a algunas de las grandes ciudades y que

apenas cubría a 5.000 de los 80.000 regidores que había que elegir, entre los que apa-

rentemente había mayoría de partidos izquierdistas y republicanos, el autodenominado

«Comité Político de la República», encabezado por el traidor Miguel Maura Gamazo,

publicó el 14 de abril una nota en la que «atribuía a lo ocurrido la significación de un

plebiscito (en favor de la República) que debía ser inmediatamente acatado», movilizando

así a los afines, que tomaron violentamente las calles ante la pasividad de una buena parte

de las fuerzas de orden público. El gobierno legítimo, presidido por el almirante Juan

Bautista Aznar-Cabañas, no solo no reaccionó sino que cuando el mismo 14 de abril los

miembros de ese comité revolucionario se presentaron en la sede del Ministerio de la

Gobernación (hoy sede de la Comunidad Autónoma de Madrid, en la Puerta del Sol) y

aporrearon las puertas al grito de «Señores, paso al gobierno de la República» les entre-

gó el poder sin más resistencia. Ese mismo día, a última hora de la tarde, Alfonso XIII

renunciaba a la Jefatura del Estado, sin abdicar, y huía hacia el exilio. A continuación, la

práctica totalidad de los miembros de ese comité revolucionario se autonombraron mi-

nistros, por su propia voluntad, sin la más mínima legitimidad de ningún tipo para ello, e

hicieron presidente de ese llamado «Gobierno provisional de la República», y por tanto

primer presidente de la República, a Niceto Alcalá-Zamora y Torres. Por cierto, los resul-

tados de esas elecciones municipales nunca se llegaron a conocer, y la formación de las

corporaciones municipales se hizo, en muchos casos, por la fuerza y sin respeto a los

resultados de las urnas en favor de las candidaturas revolucionarias. Todo muy democrá-

tico y legal, como se ve.

Para hacerlo breve, y saltándome los saqueos, agresiones y numerosos asesinatos de ele-

mentos monárquicos y derechistas, así como el inicio de la quema de iglesias (mayo de

1931), este gobierno autonombrado convocó unas elecciones para cortes constituyentes

«señalándose por Decreto previo (de estos usurpadores) la Ley Electoral que ha de darles

nacimiento y el Reglamento por el que han

de regirse». Las elecciones se celebraron

en junio, en primera vuelta, en un ambiente

revolucionario y de violencia que hizo que

muchas candidaturas «derechistas» ni se

presentaran, prolongándose la segunda

vuelta hasta noviembre, con numerosas

elecciones parciales con fundadas sospe-

chas de fraude. En esas condiciones, la de-

recha consigue apenas 60 escaños de los

470 existentes, y esas Cortes, aplicando –

«marca de la casa»– su rodillo totalitario

aprueban una Constitución en poco más de

un mes, el 9 de diciembre de ese año, cons-

titución que nunca fue refrendada por el pueblo español mediante el correspondiente

referéndum.

No contentos con esa constitución «a medida», pocas semanas antes de su aprobación,

en octubre de 1931 (antes de terminar la segunda vuelta de las elecciones, y por lo tanto

sin la cámara formalmente constituida) aprueban la llamada «Ley de Defensa de la Repú-

blica», que «concede al Gobierno facultades dictatoriales de las que hace amplio uso». Con

esa poderosa e inconstitucional ley comienzan a gobernar del modo más dictatorial

imaginable: «omitidos por inaplicación, o por falta de desenvolvimiento en leyes especia-

les, los recursos por ilegalidad de actos administrativos, incluso los discrecionales, lo que

es constitutivo de excesos o desviación del poder que la Constitución definía; proclamada

la inexistencia de la función judicial como Poder independiente; imposibilitado el Presiden-

te de la República de moverse con libertad en el ejercicio de su función moderadora; caren-

te de realidad el Tribunal de Garantías Constitucionales; con Cámara única que más pare-

cía, en ocasiones, convención que órgano reflexivo con función legislativa; se sintetiza úni-

camente el Estado en un fuerte Poder Gubernativo, del que no son freno, sino prolongación,

las Cortes, sin que la mirada imparcial acierte a descubrir en uno y otro órgano del poder

otros rasgos que los propios de un Estado revolucionario y policíaco, pero no la fisonomía

de un verdadero Estado de Derecho, capaz de ser intérprete y servidor de la Ley y eficaz

garantía de la libertad, la propiedad y los más esenciales derechos del ciudadano».

Esa es, por tanto, el origen de la Segunda República española, increíble modelo de de-

mocracia, libertad, igualdad y fraternidad para toda esta piara de bolivarianos del siglo

XXI.

Y segundo: Por si eso (la ilegalidad en origen de todo el régimen nacido el 14 de abril

de 1931) fuera poco, el gobierno republicano actuante el 18 de julio de 1936, presidido

por Casares Quiroga y siendo presidente de la República Manuel Azaña, salió de unas

elecciones generales, las del 16 febrero de 1936, clamorosamente fraudulentas. Empe-

zando por la campaña electoral y el día de la votación, desarrollada en un ambiente

radicalizado, violento y viciado, que retrajo de las urnas a numerosas «personas de or-

den», especialmente mujeres y ancianos; con más de 40 muertos y casi 100 heridos de

gravedad; con sedes de partidos asaltadas y vandalizadas; con mítines reventados por la

fuerza, etc., etc. y siguiendo

por el falseamiento del censo;

falsificación de actas (no solo

tachaduras, borrones y raspa-

duras, sino directamente susti-

tución de las actas reales por

otras previamente «fabrica-

das»); papeletas que aparecían

a última hora, en bloque, para

decantar el resultado de una

mesa; anulación injustificada

de elecciones en ciertas pro-

vincias; inhabilitación ilegal de

candidatos derechistas; y cuan-

tas artimañas fraudulentas se

puedan imaginar. Por si eso no

fuera suficiente, y para asegu-

rarse el resultado, apenas empezado el recuento forzaron a dimitir al entonces presiden-

te del Gobierno, el «moderado» Portela Valladares, siendo reemplazado por Manuel

Azaña, mandamás del Frente Popular, quien sustituyó inmediatamente –insisto, en pleno

recuento– por elementos afines a las autoridades provinciales responsables del escru-

tinio, de modo que se hicieron con total impunidad con toda la documentación electoral

para manipularla a su conveniencia. De hecho, el resultado final de estas elecciones nun-

ca fue publicado, pero se estima, no solo en el Dictamen aludido sino en numerosos traba-

jos posteriores que al menos 50 de los 279 escaños conseguidos por el Frente Popular,

que les daban la mayoría absoluta (237 escaños), fueron obtenidos ilegalmente. «La in-

constitucionalidad del organismo (el Parlamento) así reunido es indiscutible» concluye el

Dictamen y son «en consecuencia (fueron) ilegítimos (todos) los gobiernos que de él na-

cieron».

Con esta mayoría parlamentaria obtenida ilegalmente, el Frente Popular dio apariencia

«democrática» y dotó de aparente legitimidad a todas sus actuaciones posteriores, inclui-

do el cese del presidente de la República, Alcalá-Zamora, y el nombramiento de Manuel

Azaña, para controlar absolutamente todos los resortes del poder, con la actuación tota-

litaria, revolucionaria e ilegal por todos conocida.

Estas dos realidades objetivas, no opinables, son más que suficientes para legitimar

ampliamente cualquier actuación tendente a restituir el orden y la legalidad, pero hay

otra, profusamente documentada en el Dictamen y aceptada por cualquier que tenga un

mínimo conocimiento de la verdad y del derecho, que es la ilegitimidad en el ejercicio

del poder por parte de los sucesivos gobiernos a partir de febrero de 1936.

Aun en el caso teórico de que la Segunda República se hubiera instaurado de modo legí-

timo y legal (que no es el caso), aun en el caso teórico de que las elecciones de febrero

de 1936 hubieran sido limpias y legales (que no es el caso), y que por tanto los sucesivos

gobiernos nombrados por ese parlamento fueran formalmente legítimos (que no es el

caso), perdieron esa hipotética

legitimidad por un ejercicio

abusivo del poder en contra del

interés general, que es exac-

tamente lo que hicieron, y en

gran abundancia, entre febrero

y julio de 1936, hasta que el Al-

zamiento se hizo inevitable.

La lista de arbitrariedades, ile-

galidades y desmanes es inter-

minable. Empezando por una

amplísima ley de Amnistía,

aprobada el mismo 19 de fe-

brero, ignorando su preceptiva

aprobación por el Parlamento;

obligando a los «patronos» a readmitir a los empleados despedidos por cualquier causa,

incluso la más justificada, con indemnizaciones por el tiempo no trabajado; instituyendo

los Tribunales Populares; restituyendo el parlamento catalán al efecto de designar al

gobierno de la Generalidad, para que puedan volver a proclamar la república catalana

y la rotura de la unidad de la Patria; realizando colectivizaciones y expropiaciones de

tierras sin ningún soporte legal y mucho menos constitucional y en general sin ningún

tipo de indemnización; anulando sentencias firmes de los Tribunales; restituyendo los

Jurados Mixtos de Trabajo, que dejaban de estar presididos por jueces y pasaban a ser

presididos por elementos nombrados arbitrariamente por el poder ejecutivo; coaccio-

nando a jueces y magistrados, exigiéndoles responsabilidades por sentencias ya dicta-

das, que eran «revisadas» por «tribunales» integrados por miembros de los partidos del

Frente Popular y de las organizaciones sindicales; consintiendo, cuando no alentando, el

vandalismo, los asaltos, incautaciones, destrozos e incendios de centros políticos, igle-

sias, conventos, establecimientos públicos y privados de toda índole y domicilios parti-

culares. Esto es lo que hizo el ilegal gobierno de la República entre febrero y julio de

1936.

En definitiva, y como acertadamente resume el Dictamen, la «ilegitimidad (sobrevenida)

aparece notoria como derivada de la supresión, en cuanto a su funcionamiento normal, de

los órganos constitucionales en que descansaba todo el equilibrio del régimen: las Cortes,

por el fraude deliberado cometido en cuanto a la representación; el Tribunal de Garantías,

por su virtual inexistencia […]; y finalmente, la Presidencia de la República, como conse-

cuencia de la arbitraria y, por su forma, inválida destitución, acordada por las Cortes el 7

de abril de 1936» por lo que «el Estado existente en España el 18 de julio de 1936 perdió

todo derecho de mando y soberanía, al incurrir en el caso flagrante de desviación de móvi-

les del Poder, claramente apreciado desde que el 19 de febrero de aquel año se transformó,

de Estado normal y civilizado, en instrumento sectario puesto al servicio de la violencia y

del crimen» para concluir que «el Glorioso Alzamiento Nacional no puede ser calificado, en

ningún caso, de rebeldía, en el sentido jurídico penal de esta palabra, representando, por

el contrario, una suprema apelación

a resortes legales de fuerza que en-

cerraban el medio único de resta-

blecer la moral y el derecho, des-

conocidos y con reiteración vio-

lados».

Nada que añadir

1. Componentes de la Comisión: Ildefonso Bellón Gómez, ma-

gistrado del Tribunal Supremo (Presidente); Adolfo Pons y

Umbert, presidente de la Real

Academia de Jurisprudencia y académico de la de Ciencias Morales y Políticas, ex diputado; Joaquín Fernández Prida, catedrático de Derecho Internacional, ex minis-

tro de Estado; Antonio Goicoechea y Cosculluela, presidente de la Real Academia

de Ciencias Morales y Políticas, ex ministro de Gobernación, ex diputado, ex senador, ex gobernador del Banco de España, oficial letrado del Consejo de Estado; Adolfo

Rodríguez Jurado, ex diputado, presidente fundador de la Unión Nacional de Abo-

gados, de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla; Federico Castejón y Mar-

tínez de Arizala, catedrático de Derecho Penal en la Univ. de Sevilla, magistrado del

Tribunal Supremo; Álvaro de Figueroa y Torres, Conde de Romanones, ex presiden-

te del Gobierno, del Congreso y del Senado, ex alcalde de Madrid, ex ministro de

Instrucción Pública, de Justicia y de Estado, ex diputado, presidente de la Real Aca-demia de Bellas Artes; Abilio Calderón Rojo, ex ministro de Fomento, ex diputado;

José María Trías de Bes, catedrático de Derecho Internacional en la Univ. de Bar-

celona, ex diputado; Manuel Torres López, decano de la Facultad de Derecho de la

Univ. de Salamanca; Salvador Bermúdez de Castro O’Lawlor, ex ministro de Estado,

ex diputado, académico de la de Ciencias Morales y Políticas; José Manuel Pedregal

y Sánchez-Calvo, ex ministro de Hacienda, ex diputado; José María Cid Ruiz Zo-

rrilla, ex ministro de Comunicaciones y de Obras Públicas, ex diputado, abogado del

Estado; Wenceslao González Oliveros, catedrático de Filosofía del Derecho en la

Univ. de Salamanca; Rafael Aizpún Santafé, ex ministro de Justicia y de Industria y

Comercio, ex diputado; José Gascón y Marín, ex ministro de Instrucción Pública y

Bellas Artes, ex decano de la Facultad de Derecho de la Univ. de Madrid, de la Real

Academia de Ciencias Morales y Políticas y de la de Jurisprudencia y Legislación, ex diputado; Eduardo Aunós Pérez, ex ministro de Justicia y de Trabajo, Comercio e

Industria, ex diputado; Santiago Fuentes Pila, ex diputado; Romualdo de Toledo y

Robles, ex diputado; Rafael Matilla Entrena, delegado de Justicia y Derecho de la

Provincia de Madrid; Rafael Garcerán Sánchez, secretario del Servicio Nacional de

Justicia y Derecho; José Luis Palau y Martí Alay, capitán del Cuerpo Jurídico Militar

(Secretario).

2. Todos los entrecomillados en cursiva, si no se indica otra cosa, son transcripción

literal del Dictamen de la mencionada Comisión.

3. Véase, por ejemplo, 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular.

Manuel Alvarez Tardío y Roberto Villa García. Ed. Espasa. 2017.

(El Correo de España)

e me llena la boca de mierda al nombrarla y las manos se me quedan frías como

navajas al escribir su nombre, pero es una penitencia que debo cumplir. Se llama

Carmen Flores y es la hiena comunista que, desde la alcaldía de Aguilar de la Fron-

tera, ha ordenado arrancar la Cruz que iluminaba a este pueblo cordobés. Ha arrancado

la Cruz y la ha arrojado a un vertedero como se tira una inmundicia.

Carmen Flores es una erupción de odio. Es una bestia comunista, el recipiente de todos

los crímenes perpetrados con la hoz y el martillo contra la Cruz que se alzó en el Calvario.

Carmen Flores, heredera y discípula

de los que fusilaron a Cristo en el Cerro

de los Ángeles, vive amortajada en sus

espejismos revolucionarios que bailan

sobre la sangre coagulada de sus cien-

tos de millones de víctimas, como se

mece la soga en el escotillón de la hor-

ca esperando la gravidez del mártir

que la tense. No hubo ni habrá Cruces

para ellos, solo el polvo del silencio y

el hielo del miedo sobre los osarios del

genocidio comunista. Por eso las hienas comunistas como Carmen Flores, que son las

mascotas de los asesinos de la libertad y de la dignidad de los hombres, arrancan las

Cruces y las arrojan a los vertederos buscando el olvido y el silencio que se maman de

las ubres del miedo y que convierten a los hombres y a las naciones en rebaños de Gulag,

que en el apoteosis de la esclavitud creen alcanzar el éxtasis de la libertad arrancando

Cruces y profanando tumbas, quemando iglesias e irrumpiendo desnudas, como las pu-

tas de Babilonia, en la Eucaristía sacándose rosarios de la vagina y vomitando consignas

de burdel contra la Madre de Dios y contra su Hijo martirizado en la Cruz.

S

¿Y nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Hay ausencias que sólo se revelan por sus conse-

cuencias: la impunidad de las hienas comunistas como Carmen Flores. Ausentes y atra-

pados en un cepo de cobardías, merecemos la respuesta de Cristo a Ahasverus, el judío

errante que le negó un cazo de agua a Jesús camino del Calvario, increpándole «¡anda,

anda y vete!». El Nazareno, flagelado y sediento, cargado con la Cruz que Carmen Flores

ha arrancado, le contestó: «Yo ando porque debo morir. Tú, hasta mi vuelta, andarás sin

morir». Así andamos nosotros, como zombis errantes, por negarle un cazo de valor y

lealtad a la Cruz y colmar los cálices de los comunistas con nuestro silencio y nuestro

miedo. Con nuestra tibia cobardía.

ueron presbíteros, religiosas y laicos que fueron asesinados durante la Guerra

Civil a manos del bando republicano. Este martes, la archidiócesis de Valencia

conmemorará la festividad litúrgica de los 233 mártires de la persecución religiosa

de 1936 que fueron beatificados por el papa San Juan Pablo II en el año 2001, de los que

226 son valencianos.

Por este motivo, las parroquias de la diócesis acogerán la celebración de actos litúrgicos

en recuerdo de los beatos con la inclusión de las oraciones propias y otros textos en su

memoria, siguiendo este año todas las medidas de seguridad con motivo de la pandemia,

según explican desde la delegación de Liturgia del Arzobispado.

Entre las víctimas se encuentran numerosas mujeres, como las doce religiosas que fueron

cargadas en un camión con la excusa de llevarlas a una guardería de niños evacuados, y

fueron martirizadas todas juntas en el

Picadero de Paterna (Valencia), el 24

de noviembre de 1936.

Su expediente, al igual que el listado

de todos los mártires valencianos de

la persecución religiosa de 1936, se

puede consultar en la página web de

El Vaticano.

Por su parte, en la Catedral de Valen-

cia, quedará expuesto también este

martes el relicario donde se veneran

los restos de los mártires, en la capilla

de San Jacinto, en la Girola de la Seo.

Igualmente, esta conmemoración «se celebrará de forma más significativa en aquellas

iglesias y comunidades religiosas que guardan una vinculación especial y más directa

con los beatos mártires, por ser su lugar de nacimiento, o de ejercicio del ministerio de

los mártires, de su martirio o, en todo caso, de su sepultura», atendiendo a las medidas

sanitarias.

F

San Juan Pablo II, al elevar a los altares a los mártires valencianos, determinó que su fiesta

litúrgica se celebrase cada 22 de septiembre por ser la fecha en la que se produjo el

mayor número de martirios de los nuevos beatos.

Así, el Papa decretó «que la Iglesia local de Valencia recordase la memoria de estos

mártires, uniendo la alegría a la gran acción de gracias que toda la Iglesia eleva al Padre

por Jesucristo, nuestro Salvador».