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El propósito de la iniciativa es promover nuevas rutas para contener el avance del fenó-meno de las drogas, más prácticas y efectivas, diferen-tes a la represión a cargo de

las fuerzas de seguridad que no ha rendi-do los resultados esperados. Luego de tres décadas de lucha de la fuerza pública contra las drogas, persiste la escalada criminal y el auge de un negocio ilícito floreciente.

La iniciativa del presidente Pérez Molina (2012-2016) de buscar nuevas rutas para hacer frente al narcotráfico fue asumida por la Sexta Cumbre de las Américas que sesionó en abril pasado en Cartagena, Colombia. El cónclave de los jefes de Estado y de Gobierno turnó el estudio de la política de drogas en el hemisferio a la secretaría general de la Organización de Estados Americanos, cuyos expertos en el tema preparan un informe.

Por su ubicación geográfica, Guatemala es un país de tránsito o “puente natural” entre la producción de estupefacientes de

Sudamérica y el mayor mercado mundial de drogas del norte. Como nación afectada y seriamente amenazada en el corto plazo, promueve la discusión sobre nuevas alter-nativas para abatir el tráfico de drogas.

Desde la perspectiva de Guatemala, se impone entrar en un amplio diálogo orienta-do a revisar las estrategias fallidas y buscar enfoques más sensatos y mejor estructura-dos para enfrentar el flagelo de las drogas.

Líderes políticos, parlamentos, organismos internacionales y expertos en el tema apo-yaron la propuesta guatemalteca del diálo-go sobre la exploración de nuevas rutas de combate a las drogas. Un “grupo de nota-bles”, entre los que figuran el Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Losa, man-datarios, ex presidentes y funcionarios de Naciones Unidas abogan por métodos como la despenalización de las drogas ante los pocos logros de la guerra antinarcóticos.

Luego de 30 años de una orientación pro-hibicionista y punitiva, el fracaso de ésta política generalizada se evidencia con un

crecimiento significativo de la producción, tráfico y consumo de drogas a nivel global, en detrimento de la seguridad de los países y la tranquilidad ciudadana. No se puede postergar el estudio de nuevas formas, más eficaces, de lucha contra las drogas, mientras los traficantes ganan terreno y se consolida su criminalidad.

Ante la expansión del fenómeno de las dro-gas ilícitas –un negocio para la delincuencia organizada transnacional de 350 mil millones de dólares y que provoca miles de muertes al año- es imprescindible tomar decisiones y fomentar políticas para reducir y controlar la producción y el consumo. La estrategia requiere la participación conjunta de los paí-ses y los organismos multilaterales.

El gobierno de Guatemala reafirma su com-promiso de luchar contra el narcotráfico e impulsar esfuerzos para fortalecer una res-ponsabilidad común compartida. El tráfico de drogas y la violencia que genera son una amenaza para el desarrollo y limita las posi-bilidades de convivencia pacífica y demo-crática de los pueblos.

En busca de nuevas rutas para enfrentar el problema de las drogasEL PrESiDENtE DE GUAtEMALA, OttO PérEz MOLiNA, PrOPUSO Abrir UN DEbAtE AL MáS ALtO NiVEL qUE EStUDiE LAS ALtErNAtiVAS DE LUChA CONtrA EL NArCOtráfiCO, UN PrObLEMA qUE GENErA ViOLENCiA y CONSUME iMPOrtANtES rECUrSOS DE LOS PrESUPUEStOS DE LAS NACiONES.

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En Guatemala, la des-nutrición alcanza a la mitad de la población de niños menores de cinco años de edad. El flagelo golpea sobre

todo a la niñez de las zonas rurales del país, excluidas por mucho tiem-po de las políticas públicas de salud, educación y desarrollo.

Atender el problema del déficit de alimentos y superar la amenaza del hambre en un país de 15 millones de habitantes es una prioridad de la administración del presidente Otto Pérez Molina, que impulsa el Pacto hambre Cero.La estrategia avanza en sus obje-tivos de combatir el hambre y pro-mover la seguridad alimentaria y nutricional en 166 municipios –del total de 334- identificados como los más vulnerables.

Las acciones del Pacto hambre Cero se enfocan en reducir en diez por ciento la prevalencia de desnutri-

ción crónica en los niños menores de tres años. La iniciativa busca también reducir la mortalidad entre la niñez menor de cinco años relacionada con la desnutrición aguda, la prevención y atención inmediata de la emergen-cia alimentaria y nutricional.

De acuerdo con los compromisos del Pacto hambre Cero, reconocido en el ámbito internacional por sus alcan-ces, en este –septiembre- el gobier-no emprendió un amplio programa para asistir a más de 53 mil familias pobres que perdieron sus cultivos de maíz, frijol y otros alimentos básicos por la falta de lluvias de la temporada. La sequía impactó en 979 comunida-des de 66 municipios.

Las poblaciones vulnerables fue-ron asistidas con dos mil toneladas de granos proporcionados por la cooperación internacional y las exis-tencias del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación previstas para las emergencias, y un presu-puesto extra de diez millones de

dólares para atender a las familias en riesgo.

La iniciativa Global Clinton, del expresidente de Estados Unidos, William Clinton, reconoció los avan-ces del Pacto hambre Cero en su meta de reducir los índices de des-nutrición.

El reconocimiento internacional des-taca la coordinación que existe entre las autoridades, la sociedad civil y el sector privado de Guatemala en el esfuerzo por superar el reto del ham-bre pese a las adversidades natu-rales y de insuficiencia de recursos económicos.

La distinción de la iniciativa Global Clinton se oficializó en una cere-monia en Nueva york a la que asis-tieron filántropos de todo el mundo y representantes de organismos internacionales que conocieron la estrategia guatemalteca hambre Cero un apoyo técnico y financiero para Guatemala.

Pacto Hambre Cero, estrategia para los más vulnerablesLA PObrEzA EStrUCtUrAL PADECiDA POr LOS GUAtE-MALtECOS GENErA PrObLEMAS SOCiALES y DE SALUD PúbLiCA, COMO LA DESNUtriCióN qUE AfECtA A UN SEC-tOr SiGNifiCAtiVO DE LA PObLACióN, EN ESPECiAL A LOS NiñOS, LOS MáS VULNErAbLES EN UNA SitUACióN DE fALtA DE ALiMENtOS.

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Seguridad, Justicia y PazGUAtEMALA, qUE SUPEró UN CONfLiCtO ArMADO iNtErNO qUE EN 36 AñOS CAUSó MáS DE 200 MiL MUErtOS y DESAPArECiDOS, EN LA éPOCA DE POStGUErrA SUfrE EL ACCiONAr DE LA DELiNCUENCiA OrGANizADA qUE LAS AUtOriDADES COMbAtEN DE MANErA frONtAL PESE A LA ESCA-SEz DE rECUrSOS.

La violencia en Guatemala es un problema estructural no pasaje-ro y de carácter endémico. Por lo tanto, su tratamiento corres-ponde a un esfuerzo profundo, integral y de largo plazo, impul-

sado por el gobierno.

Para cumplir con las demandas de la pobla-ción de seguridad y justicia se tiene un trabajo constante con base en resultados, así como la colaboración estrecha con la institución responsable de la persecución del crimen y los organismos Judicial y Legislativo.

El gobierno gestionó con éxito ante la

Organización de las Naciones Unidas la prórroga hasta 2015 de la misión interna-cional que colabora con las autoridades de Guatemala en la lucha contra la delincuen-cia organizada y sus estructuras infiltradas en las instituciones del Estado.

Los guatemaltecos respaldan la actitud

firme en el tema de la seguridad del pre-sidente Otto Pérez Molina (2012-2018), general retirado, quien como representante militar fue artífice del acuerdo de paz “firme y duradera”, avalado por Naciones Unidas, que suscribieron el 29 de diciembre de 1996 el gobierno y la guerrilla de Guatemala.

En lo que va de la administración, que asu-mió el 14 de enero de 2012, se registra una serie de significativos golpes al crimen, con base en investigaciones de personal capaci-tado y labores de inteligencia civil.

Autoridades estiman que entre 40 y 60 por cien-to de los delitos en el país están relacionados con hechos del crimen organizado y narcotráfi-co, por lo cual son el objetivo de los programas que se impulsan para la seguridad pública.

Estudios internacionales especializados consideran que un 70 por ciento de la cocaí-na que llega al norte del continente pasa por Guatemala y Centroamérica. La tendencia comienza a cambiar y parte de la droga se queda en el país para consumo, mientras que el narcotráfico instala laboratorios clan-destinos para la producción de drogas sinté-

ticas. Estos hechos inéditos representan un nuevo desafío para el nuevo gobierno.

Las autoridades establecieron seis fuerzas de tarea, grupos de policías e investiga-dores especializados que combaten deli-tos específicos, como muertes violentas, secuestros, asaltos y robo de vehículos y teléfonos móviles, entre otros. En pocos meses desarticularon 80 grupos criminales y ejecutaron las capturas de más de un millar de presuntos delincuentes.

Los grupos especializados contra el crimen apoyan el trabajo habitual de 24 mil agen-tes de la Policía Nacional Civil. A la corpo-ración de seguridad se sumarán al menos diez mil uniformados que se preparan en la Academia y se integrarán a la policía en lo que resta de la actual gestión.

El gobierno estima que cumplirá la meta de bajar en 20 por ciento el índice de muer-tes violentas respecto del número de casos de 2011, cuando instituciones de derechos humanos contabilizaron 19 asesinatos por día. El número de casos se mantuvo en un promedio anual de 5,500 en los últimos cinco

años. Actualmente estos hechos delictivos muestran una reducción del 14 por ciento.

Al asumir en enero se estableció el Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz como el esfuerzo del Ejecutivo por alcanzar, de manera participativa, los compromisos ins-titucionales y sectoriales necesarios para mejorar la seguridad de los ciudadanos, sus bienes y su entorno, fortalecer el sistema de Justicia y concertar acciones que conduz-can a la consecución de la paz y la armonía de los guatemaltecos.

El pacto se fundamenta en acciones que involucran a los sectores sociales y al Estado, con el objetivo de legitimar y via-bilizar las transformaciones para alcanzar mejores niveles de gobernabilidad, seguri-dad y protección frente a la criminalidad, la violencia y la impunidad en el país.Se basa además en el respeto y garantía de los derechos y libertades de las personas y el fortalecimiento de la institucionalidad de los derechos humanos y de los compromisos derivados del acuerdo de paz, como ele-mentos de legitimidad. El pacto se consolida con el fortalecimiento de la democracia.

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Economía, competitividad, desarrollo rural y transparencia GUAtEMALA, LA MAyOr ECONOMíA CENtrOAMEriCANA, CUENtA CON bUE-NAS PErSPECtiVAS DE CrECiMiENtO, PESE A LA CriSiS iNtErNACiONAL. LAS AUtOriDADES DEL SECtOr, qUE PrOyECtAN UN iNCrEMENtO DEL PrODUCtO iNtErNO brUtO DE ENtrE 2.9 y 3.3 POr CiENtO, CONfirMAN UN bUEN DESEMPEñO DE LAS PriNCiPALES VAriAbLES DE LA ECONOMíA NACiONAL y LA EStAbiLiDAD MACrOECONóMiCA.

El reto asumido por el gobier-no del presidente Otto Pérez Molina, en funciones desde enero pasado, es crear las condiciones para un despe-gue de la economía nacional

que además beneficie a la población de esca-sos recursos. La política económica apunta a fomentar las inversiones y la creación de fuentes de empleo, como opciones viables para com-batir la pobreza y contribuir al bienestar de las familias. En el plan figuran las acciones para el desa-rrollo del área rural, que se caracteriza por la pobreza y la pobreza extrema como con-secuencia de la falta de apoyo de sucesivas administraciones. Para impulsar la econo-mía campesina, el actual gobierno lleva adelante un programa de desarrollo rural integral y de inclusión social.

Las acciones principales que se impulsan para el crecimiento económico se incluyen en una estrategia de competitividad, atrac-ción de inversiones, transformación produc-tiva, consolidación del comercio exterior y apertura de nuevos mercados.

En la asignación prioritaria del presupuesto figura la estrategia de desarrollo rural inte-gral, que contempla iniciativas para reacti-

var la economía campesina con el fin, entre otros puntos, de ampliar las oportunidades de la niñez y la juventud para que puedan incorporarse a actividades productivas.

La política económica de competitividad y generación de empleo incluye el apoyo para el campo y la mejora de los ingresos de las familias. Como parte de los objetivos del desarrollo rural integral, se concretaron proyectos de infraestructura y se amplió la asistencia técnica y de insumos, así como la introducción de servicios de agua potable y saneamiento. tanto las acciones de política económica como las sociales –creación de oportunidades- favorecen la productividad del agro nacional.

La institución responsable de la política de competitividad y de fomento de inversiones estimula la economía campesina al facili-tar esfuerzos y alianzas interinstitucionales entre sectores para mejorar las condiciones de competitividad, clima de negocios y atrac-ción de inversiones nacionales y extranjeras en el campo guatemalteco.

En general, las acciones principales que se impulsan para el crecimiento económico se incluyen en una estrategia de compe-titividad, atracción de inversiones, trans-formación productiva, consolidación del comercio exterior y apertura de nuevos mercados.

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El gubernamental Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) identificó posibles inversiones de 27 mil 500 millones de dólares sólo en construcción de infraestructura a ejecu-tar en el corto plazo en sectores como energía, industria petrolera y minería, telecomunicacio-nes, carreteras, puertos y aeropuertos. Guatemala, comenzó a posicionarse como una economía emergente y en esa condición se perfila entre los países de América Latina con crecimiento económico y fuente de atrac-ción de inversiones en los próximos años. El país encabeza el proceso de la Unión Aduanera Centroamericana que se lleva adelante en la región para incrementar el comercio intrarregional y con otras zonas

de los mercados internacionales.

La administración del presidente Pérez Molina estableció un novedoso programa de transparencia y Calidad del Gasto que fija metas de corto plazo para optimizar el manejo de los recursos públicos.

Creó la Secretaría de Control y transparencia, que comenzó a funcionar como institución rectora de la transparencia del Organismo Ejecutivo y que se encarga del control y la fiscalización interna y fija políticas para evi-tar la corrupción, fortalecer la transparencia y la educación legal y de cultura anticorrup-ción.

En la estrategia de la transparencia

destacan los proyectos que se tramitan ante el Legislativo, como la Ley Contra el Enriquecimiento ilícito y la Ley de fideicomisos Públicos, así como las refor-mas a la Ley Orgánica del Presupuesto, Ley de Contrataciones del Estado, Ley de Probidad y responsabilidades de los funcionarios y Empleados Públicos y a la Ley de la Contraloría General de Cuentas, entre otras.

El gobierno de Guatemala también reactivó el programa de libre acceso a la información -de acuerdo con la legislación vigente- y la rendición cuentas al ciudadano y la coor-dinación con los entes responsables de la justicia para lograr un combate efectivo a la corrupción.

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