5445-99 sentencia sala constitucional, autonomía municipal

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Autonoma municipal

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    Exp: 94-000757-007-CO-E

    Res: 005445-99

    SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San Jos, a las catorce

    horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve.

    Accin de inconstitucionalidad de la MUNICIPALIDAD DE SAN JOS, representada por

    JOHNNY ARAYA MONGE, vecino de San Jos, cdula de identidad 1-476-624 1-476-

    624 , en su condicin de Ejecutivo Municipal, para que se declare que los artculos 5, 10, 21

    inciso d), 63, 67 prrafo cuarto, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 85, 90, 96 inciso 2), 105, 107, 133, 134,

    139, 140, 149 inciso e), apartes 5 y 6, 184, 186 y Transitorio I. del Cdigo Municipal; los artculos

    7 y 19 de la Ley 6890 del 14 de setiembre de 1983; el Transitorio VIII del Cdigo de Normas y

    Procedimientos Tributarios; los artculos 2 al 5 de la Ley 4340/69, reformada por leyes 5909/76 y

    6026/77; los artculos 2 en relacin con el 102 y 125, 212 inciso a) y 217 inciso b) de la Ley de

    Trnsito por Vas Pblicas Terrestres; el artculo 2 de la Ley General de Caminos Pblicos nmero

    5060/72 y sus reformas; el artculo 13 del Reglamento de la Contratacin Administrativa, Decreto

    Ejecutivo nmero 7576-H/77; la Ley de Planificacin Nacional en general y especficamente sus

    artculos 9 y 10; los artculos 26 inciso b), 27 inciso 1), 98, 99, 100 de la Ley General de

    Administracin Pblica nmero 6227/78; los artculos 10 incisos 1) y 2), 16, 17 inciso 2) y 18 de la

    Ley de Planificacin Urbana nmero 4240/68; y los artculos 3 y 4 de la Ley 5691/75, son

    contrarios a la Constitucin Poltica. Intervienen el entonces Servicio Nacional de Electricidad,

    representado por el Presidente de su Junta Directiva Leonel Fonseca Cubillo, vecino de San Jos,

    cdula 1-284-899 1-284-899 ; el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo,

    representado por el entonces Presidente Ejecutivo Vctor Evelio Castro Retana, vecino de Aserr,

    cdula 1-463-557 1-463-557 ; la Procuradura General de la Repblica, representada por

    el Procurador General Adjunto Farid Beirute Brenes, vecino de San Jos, cdula 1-394-

    673 1-394-673 ; el Ministerio de Hacienda, representado por el entonces titular de esa

    Cartera Francisco de Paula Gutirrez Gutirrez, vecino de Curridabat, cdula 1-372-957 1-

    372-957 ; el Ministerio de Planificacin Nacional y Poltica Econmica, representado por la

    Ministra ad interim al momento del informe Mara Teresa Sols Zamora, vecina de San Jos, cdula

    1-407-239 1-407-239 ; el Instituto de Fomento y Asesora Municipal, representado por

    el entonces Presidente Ejecutivo, Etelberto Jimnez Piedra, vecino de Desamparados, cdula 1-227-

    984 1-227-984 ; el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, representado

    por la entonces Presidente Ejecutiva Anna Gabriela Ross Gonzlez, vecina de San Jos, cdula 1-

    522-814 1-522-814 ; y la Contralora General de la Repblica, representada por el

    Contralor General Luis Fernando Vargas Benavides, vecino de Heredia, cdula 9-007-508.

    Resultando:

    1.- La Municipalidad accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad de las siguientes

    normas jurdicas: A) Del Cdigo Municipal: los artculos 5, 10, 21 inciso d), 63, 67 prrafo cuarto,

    70, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 85, 90, 96 prrafo segundo, 105, 107, 133, 134, 139, 140, 149 inciso e)

    apartes 5 y 6, 184, 186 y Transitorio I. Seala que el artculo 5 es inconstitucional porque sobrepone

    a las competencias municipales las de otros entes descentralizados, con infraccin del artculo 4 del

    mismo Cdigo; y porque se puede entender que cualquier atribucin legal en favor de esos otros

    entes es constitucional sin ningn lmite, lo que violenta el artculo 169 de la Constitucin Poltica.

    Tambin se seala que en cuanto a las obras y proyectos que all se mencionan, no es cuestin de

    que tales entidades informen y coordinen con las municipalidades, pues a juicio del accionante, toda

    obra o proyecto local, si no es de inters nacional, debe ser ejecutado por la respectiva

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    municipalidad; en cuanto al artculo 10, se seala que los intereses y servicios locales deben ser

    atendidos por la Municipalidad, y por lo tanto, conforme al artculo 169 constitucional, an cuando

    aqulla est de acuerdo en que otras entidades estatales o privadas realicen obras o presten servicios

    locales, no puede ceder una competencia constitucional suya; el artculo 21 inciso d) se impugna

    por cuanto define la competencia del Ejecutivo y del Concejo Municipal, en cuanto a compromisos

    y egresos en razn del monto, con lo que se establece una categorizacin de las municipalidades en

    razn de su presupuesto. En este extremo, se seala que la Constitucin Poltica no tiene

    categorizadas a las municipalidades y por ello, la diferenciacin establecida en la norma impugnada

    no puede darse en nuestro medio; que adems, la norma es irracional, atenta contra la autonoma

    municipal y lesiona los artculos 140 incisos 3) y 18) de la Constitucin, en cuanto otorga

    potestades reglamentarias a la Contralora General de la Repblica; el artculo 63 lo impugna en

    relacin con el Transitorio I., en cuanto permite continuar funcionando a los concejos municipales

    distritales, que fueron declarados inconstitucionales por la Sala Constitucional, solicita que por

    conexidad y consecuencia se declare la inconstitucionalidad de la normativa que intente revivir tales

    concejos; el numeral 67 prrafo cuarto en cuanto seala que la Contralora General de la Repblica

    debe dar su anuencia para la donacin o prstamo no referido a dinero o valores, cuando fuere de

    inters para el cantn y en favor de una institucin estatal, tambin por implicar un control de

    oportunidad que afecta la autonoma municipal; del artculo 70 se cuestiona la frase "si guardan

    proporcin con la situacin econmica de la corporacin", que permite a la Contralora General de

    la Repblica improbar cualquier partida presupuestaria y porque permite, por su redaccin, un

    control de oportunidad contrario a la autonoma poltica de los entes locales; el artculo 71 en

    cuanto establece que para dar en garanta real bienes o derechos municipales, se requiere

    autorizacin de la Contralora General de la Repblica, lo que lesiona la autonoma administrativa

    de las municipalidades, pues dicha autorizacin se otorga o deniega con base en motivos de

    oportunidad; el artculo 74, se indica, lesiona la autonoma municipal, pues cuando se trata de la

    determinacin de las responsabilidades pecuniarias en que incurran los empleados y funcionarios

    municipales en perjuicio de la municipalidad, y con motivo de la custodia o administracin de los

    fondos y bienes municipales, un rgano extrao como la Contralora General de la Repblica, se

    impone a la Administracin Local, a la que ni siquiera deja actuar; en cuanto al artculo 76, se

    seala que es inconstitucional, por hacer diferentes categoras de municipalidades y porque deja en

    manos de la Contralora General de la Repblica y del Instituto de Fomento y Asesora Municipal,

    fijar los salarios de los Ejecutivos y aprobar sus aumentos, lo cual lesiona abiertamente la

    autonoma municipal; el artculo 78 se impugna en cuanto establece una "previa anuencia" de la

    Contralora General de la Repblica para realizar toda clase de contrataciones con entidades

    reconocidas como ajenas al espritu de lucro, lo que implica un control de oportunidad contrario a la

    autonoma administrativa de esos entes. El artculo 79 tambin establece la "anuencia previa" de ese

    rgano contralor, para realizar operaciones con sus inmuebles cuyo valor sea superior a los

    cincuenta millones de colones, monto que, adems, constituye una restriccin irrazonable; el

    artculo 80 se impugna en cuanto permite el control por parte de la Contralora General de la

    Repblica sobre los contratos que la municipalidad realice cuyo valor sea superior a los cincuenta

    millones de colones, a excepcin de los contratos de trabajo, y sobre los acuerdos municipales en

    que se acojan reclamos pecuniarios por un valor de diez mil colones o ms; el artculo 85 se

    cuestiona en cuanto permite a todo organismo que apruebe tasas municipales modificarlas, lo cual

    contraviene tambin la autonoma municipal; en el artculo 90 se dispone que la Contralora General

    de la Repblica debe aprobar los actos de imposicin individual de contribuciones, e inclusive, se le

    permite modificarlos, potestades que son incompatibles con las autonoma administrativa y con la

    potestad tributaria de las municipalidades, en los trminos en que la ha delimitado la Sala

    Constitucional; el prrafo segundo del artculo 96 le otorga a la Contralora General de la Repblica

    potestades para reglamentar los lmites mximos dentro de los cuales deben fijarse las tarifas del

    impuesto de patente, lo que lesiona la autonoma poltica de las municipalidades y las potestades

    reglamentarias del Poder Ejecutivo; el numeral 105 se impugna por estimarse que la autorizacin de

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    la Contralora General de la Repblica para celebrar los emprstitos que realicen las

    municipalidades, se extiende al control de la oportunidad de la operacin; el artculo 107 se

    cuestiona en cuanto permite a la Contralora General de la Repblica modificar los actos

    controlados, lo que se considera inadmisible respecto de entes con autonoma garantizada

    constitucionalmente; en l